ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO CONSTITUYEN LA EMISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO DEL CONCEPTO DE AGUINALDO A TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SÉPTIMO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE DICIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS A FAVOR DE LOS MAGISTRADOS EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER, MARÍA DE LOURDES JUÁREZ SIERRA, LOURDES MINERVA CIFUENTES BAZÁN, ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ, GENARO RIVERA, LAURA SERRANO ALDERETE, MARTÍN UBALDO MARISCAL ROJAS, NOÉ HERRERA PEREA, MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FELIPE EDUARDO AGUILAR ROSETE, NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA, JOSÉ GUERRERO LÁSCARES, HÉCTOR ARTURO MERCADO LÓPEZ Y ALICIA RODRÍGUEZ CRUZ. DISIDENTES: ARTURO CEDILLO OROZCO, IDALIA PEÑA CRISTO Y TARSICIO AGUILERA TRONCOSO. PONENTE: NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de este Pleno.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
TERCERO.—Criterios contendientes.
Primer criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de tres de mayo de dos mil dieciocho, resolvió en el juicio de amparo RA. 26/2018, lo siguiente:
"PRIMERO.—Presentación de la demanda de amparo indirecto. Por escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y respecto del acto siguiente:
"‘Autoridades responsables: a) Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; b) Director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Actos reclamados: A) Del secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la emisión y expedición de los «Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017», publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primero de diciembre de dos mil diecisiete, específicamente de quien se le reclama la inconstitucionalidad del contenido normativo en sus artículos décimo quinto, vigésimo quinto, y vigésimo sexto, fracción III.—B) Del director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la aplicación y pago del aguinaldo en base a los «Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes al ejercicio fiscal 2017», con las atribuciones que tiene de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en sus fracciones V y XV, y que tiene como obligación conducir y vigilar el pago de remuneraciones y liquidaciones al personal, la aplicación de descuentos y retenciones procedentes, distribución de cheques y en su caso, la tramitación y pago de salarios caídos y otros que ordene la autoridad competente, previa consulta con la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, y de conformidad a las disposiciones emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México, del contenido del numeral vigésimo sexto, en sus fracciones I, II de los «Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondientes al ejercicio fiscal 2017», materia de impugnación.
"‘En la demanda de amparo, la parte quejosa estimó violados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 16, 123, apartado B, 127, fracciones I, V y VI, y 133 constitucionales; convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación del que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación, y a eliminar cualquier forma de discriminación; Convenio Internacional del Trabajo Número 111, relativo a la discriminación en materia de empleo.’
"SEGUNDO.—Incompetencia. Por razón de turno conoció del asunto el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por auto de veintiocho de diciembre dos mil diecisiete, lo registró con el número estadístico P. 1681/2017-III, y se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías por razón de materia, por lo que ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno (foja 62 y siguientes del cuaderno de amparo indirecto).
"TERCERO.—Trámite del juicio de amparo indirecto. El Juez Noveno de Distrito en materia de Trabajo en la Ciudad de México, por auto de tres de enero de dos mil dieciocho, aceptó la competencia, admitió a trámite la demanda de garantías, la registró con el número estadístico P. 3/2018, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 76 y siguientes del expediente de amparo indirecto).
"Seguido el juicio por sus etapas procesales, el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional; se emitió sentencia en la cual se resolvió lo siguiente (foja 137 vuelta):
"‘ÚNICO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra actos del secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y el director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia.’
"CUARTO.—Trámite del recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior **********, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el doce de marzo de dos mil dieciocho, y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el quince siguiente.
"Del citado recurso correspondió conocer a este Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual, por auto de presidencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, lo admitió a trámite y registró con el número estadístico RA. 26/2018; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos.
"CUARTO.—Turno del expediente a ponencia. Por auto de once de abril de dos mil dieciocho, se turnó el expediente al Magistrado José Luis Caballero Rodríguez, titular de la ponencia C de este órgano colegiado.
"CONSIDERANDO:
"PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida en audiencia constitucional por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, que radica donde ejerce jurisdicción este tribunal.
"SEGUNDO.—Oportunidad de la interposición del recurso. La promoción del medio de defensa que hace valer ********** es oportuna, en razón de que la sentencia recurrida se notificó a la recurrente el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (foja 138 del expediente de amparo indirecto), la notificación surtió efectos el veintisiete siguiente, conforme a lo previsto por el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo. El plazo correspondiente inició el veintiocho de febrero y feneció el trece de marzo de la anualidad que transcurre, sin considerar tres, cuatro, diez y once de marzo, pues corresponden a sábados y domingos.
"Por tanto, es pertinente la presentación del recurso de revisión, en razón de que se efectuó ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el doce de marzo de dos mil dieciocho, en términos de lo dispuesto por los artículos 22 y 86 de la Ley de Amparo vigente. El cómputo de mérito se ejemplifica con el recuadro siguiente:
Ver cómputo
"TERCERO.—Legitimación. El recurso se presentó por parte legítima, pues **********, autorizado por el quejoso, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, según se advierte del acuerdo de tres de enero de dos mil dieciocho, visible a foja 76 y siguientes del juicio de amparo indirecto 3/2018, en el que se emitió la resolución recurrida.
"CUARTO.—Acto reclamado. El Juez dictó la sentencia recurrida en los términos siguientes:
"‘SEGUNDO.—Precisión del acto reclamado y su existencia. El artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: «Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado ...».—De conformidad con lo anterior, se tiene que en el presente juicio de amparo, el acto reclamado consiste en: Del secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la emisión y expedición de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de diciembre de dos mil diecisiete, específicamente y de quien se reclama la inconstitucionalidad del contenido normativo en sus artículos décimo quinto, vigésimo quinto, y vigésimo sexto, fracción III.—Del director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la aplicación y pago del aguinaldo, en base a los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, con las atribuciones que tiene, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en sus fracciones V y XV.—Es aplicable a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Novena Época, cuyos rubro y texto dicen: «ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.» (se transcribe).—El apoderado de la Defensoría Jurídica de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, rindió su informe justificado, reconoció parcialmente cierto el acto reclamado, bajo el argumento de que únicamente emitió lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de diciembre de dos mil diecisiete, empero, no cuenta con las facultades necesarias para aplicar y abstenerse de aplicar los lineamientos que se expiden con otras dependencias gubernamentales, ya que únicamente se le faculta para determinar y liberar el presupuesto para el pago de los mismos.—En tal virtud, y dado que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que a la autoridad responsable, Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, únicamente se le reclamó la emisión y expedición de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en consecuencia, se tienen por ciertos los actos a ella reclamada.—Por otra parte, se tienen por ciertos los actos reclamados al director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al así haberlo reconocido al rendir su informe justificado.—TERCERO.—Causales de improcedencia. Este Juzgado Federal considera que se actualiza una causal de improcedencia, la cual se analiza de oficio por ser de orden público y de estudio preferente conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 814, consultable en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: «IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.».—Así, de la lectura de la demanda de amparo, a criterio de este órgano jurisdiccional, se advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.—Lo anterior, porque los dispositivos antes invocados –en su orden– establecen: (se transcriben).—Ciertamente, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que por «autoridad responsable» se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; para lo cual, debe aclararse que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general.—Sobre el tema de que se trata, el Máximo Tribunal considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.—De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación.—De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas.—La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.—En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social.—Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.—En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior.—Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 479, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917–septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Cuarta Sección – Partes en el juicio de amparo, página quinientos veinte, que es del rubro siguiente: «AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.».—En esas condiciones, es posible afirmar que los «actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo» son solamente aquellos que implican la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, que esa relación tiene su nacimiento en una norma general, por lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.—En la especie, del examen integral de la demanda de amparo se advierte que la aquí quejosa reclamó la emisión, expedición y aplicación de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de diciembre de dos mil diecisiete, atribuidos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y al director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.—De lo anterior, resulta manifiesto que la relación entre la promovente del amparo y a quienes considera autoridades responsables, es de naturaleza laboral, es decir, la que existe entre un trabajador y el equivalente a un patrón.—En ese tenor, es necesario traer a contexto el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el cual establece: (se transcribe).—A su vez, los artículos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señalan: (se transcribe).—De los preceptos transcritos se advierte que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para la cual afirma laborar la quejosa, es una dependencia del Ejecutivo encargada del despacho de los asuntos que al Ministerio Público atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, su propia Ley Orgánica y demás disposiciones legales aplicables, para el trámite de los asuntos que competen al Ministerio Público, para lo cual la actuación de la procuraduría se regirá por los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos.—Su titular es el procurador general de Justicia de dicha entidad, quien ejerce las atribuciones conferidas al Ministerio Público de la Ciudad de México para investigar y perseguir los delitos conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones legales aplicables de acuerdo con los principios ya mencionados.—Para el ejercicio de sus funciones, así como el despacho de los asuntos de su competencia, la procuraduría se integra con diversas unidades administrativas.—En esa medida, en sus relaciones externas, es decir, las que entabla con sujetos ajenos a su organización, puede actuar con un doble carácter; uno, que se da en el mismo plano que los particulares cuando obra y se obliga por medio de actos jurídicos bilaterales, en ejercicio de sus atribuciones; y dos, como autoridad, cuando despliega actos inherentes al ejercicio de la función de investigación y persecución de delitos.—Sin embargo, en sus relaciones internas, sus actos no tienen la característica de actos de autoridad, pues las relaciones que establece con sus empleados serán de coordinación, ya que actuará en un plano similar al de particular, por tener el carácter de patrón.—Así, los actos impugnados consistentes en la emisión, expedición y aplicación de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de diciembre de dos mil diecisiete, específicamente del contenido normativo en sus artículos décimo quinto, vigésimo quinto, y vigésimo sexto, fracción III, no pueden considerarse como actos de autoridad al devenir del ámbito del derecho laboral.—Ahora bien, es de destacar, que la dependencia local, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de patrón, constituye un organismo que tendrá la facultad de contratar personal humano que labore y desempeñe las funciones subordinadas encomendadas a dicho ente, y para tal efecto, el director general de Recursos Humanos será quien planeará, coordinará, dirigirá y evaluará la administración de los recursos humanos de la procuraduría e instrumentará y garantizará la aplicación de los sistemas y procedimientos para su desarrollo y superación integral, en congruencia con las directrices, normatividad interna, y la que emita el Gobierno de la Ciudad de México.—Aquí, cabe precisar que las funciones del director general de Recursos Humanos, se rigen por lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que dispone lo siguiente: (se transcribe).—Del precepto transcrito se aprecia, que la función del director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se conforma por acciones dirigidas al personal de la propia procuraduría en el desarrollo de sus funciones, las cuales se rigen además por lo contenido ya sea en la ley burocrática o en la ley administrativa correspondiente, dependiendo del tipo de nombramiento que ostente el servidor público y la naturaleza de las actividades que desempeñe, ya sea de mera operatividad o de seguridad pública; y tales acciones, a solicitud de los propios servidores o la misma procuraduría, pueden ser revisadas por el tribunal burocrático o administrativo competente, según corresponda, a fin de que se subsanen las omisiones de las partes o se revise el actuar contrario a la ley y demás normas de trabajo o administrativas.—En ese tenor, el acto reclamado consistente en la aplicación de los lineamientos por medio de los cuales se paga el concepto de aguinaldo a que tienen derecho los trabajadores, atribuido al director general de Recursos Humanos de la citada procuraduría, al originarse de la relación laboral existente entre la quejosa y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de patrón, no puede considerarse como acto de autoridad, puesto que el pago de aguinaldo fue reclamado por la trabajadora en su calidad de empleada de dicha procuraduría; lo cual pone en evidencia que dicho planteamiento ocurrió en un entorno de coordinación que impide tener a las mencionadas autoridades como responsables para efectos del juicio de amparo.—Por otra parte es menester mencionar, se le confiere a los actos señalados como reclamados una naturaleza de índole laboral no sólo por el vínculo de trabajo existente entre las partes, sino también porque las distintas disposiciones que concurren o fundamentan el texto de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de diciembre de dos mil diecisiete, con base en la cual, le fue pagado el aguinaldo a la aquí quejosa; incursionan en el campo del derecho del trabajo.—En ese contexto no es óbice que la quejosa reclame no sólo la aplicación, sino también la emisión y expedición de los multicitados lineamientos, específicamente, en sus artículos décimo quinto, vigésimo quinto, y vigésimo sexto, fracción III, relativos al pago de aguinaldo, por considerarlos inconstitucionales, pues se insiste dicha impugnación se hace depender de un acto meramente laboral, al provenir de un vínculo de trabajo entre la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y sus servidores públicos, además, los preceptos en cuestión, solamente regulan cuestiones laborales, provenientes de una serie de obligaciones que como dependencia gubernamental tiene que cumplimentar frente a sus trabajadores y en beneficio de éstos.—En tal sentido, los actos consistentes en la emisión y expedición de los citados lineamientos, reclamados al secretario de Finanzas, al provenir de la obligación de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuyo objetivo es garantizar el pago de las prestaciones laborales a que tiene derecho su personal, no puede considerarse como un acto de autoridad, tal como ocurre con el acto reclamado destacado, consistente en el consecuente pago de aguinaldo, en aplicación de los lineamientos citados, el cual corresponde a una impugnación hecha al director general de Recursos Humanos, como parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en su calidad de patrón, con la intención de que a través de ellos se obtenga el pago de una prestación en los términos que considera la quejosa, tiene derecho en su carácter de servidor público adscrito a esa institución de procuración de justicia.—Dicho de otra manera, los actos impugnados no pueden considerarse como de autoridad, puesto que lo reclamado por la quejosa, en su calidad de empleada de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el cual, esencialmente, pide se le pague en forma correcta el aguinaldo a que tiene derecho; proviene de un planteamiento que ocurrió en un entorno de coordinación que impide tener a dichas dependencias como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo de ahí la improcedencia del mismo.—Luego, es válido concluir, los actos reclamados se atribuyen a autoridades, director general de Recursos Humanos, que como parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, actúan frente al personal de la dependencia en su calidad de patrón, o bien, en cumplimiento de un deber como ocurre con el secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, obligación que necesariamente se relaciona con el vínculo laboral reconocido; y, en ese sentido, toda vez que la naturaleza del acto reclamado destacado (pago correcto de aguinaldo), deviene del ámbito del derecho laboral, trasciende de forma tal que la inconformidad alegada por la quejosa, debe ventilarse en un juicio laboral ante la autoridad correspondiente, ello de conformidad con el artículo 124, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.—Así, como se dijo en párrafos que anteceden, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen que el juicio de amparo sólo podrá ser procedente contra actos de autoridad, así como contra los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general; en ese sentido, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, entonces éste resulta improcedente.—Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, del mes de febrero de 1997, página 118, registro: 199459, de rubro y texto siguientes: «AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.» (se transcriben).—Y en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Tomo 2, del mes de enero de 2013, página 734, registro: 2002585, que a la letra dispone: «ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.».—
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29299-80d74f3d/acto-de-autoridad-para-efectos-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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