PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SU OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA, Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE DIECINUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, CARLOS RONZON SEVILLA, GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA; VOTARON CON SALVEDADES LOS MAGISTRADOS ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, GASPAR PAULÍN CARMONA, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ. DISIDENTES: MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ Y SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. PONENTE: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL. SECRETARIA: SILVIA MARTÍNEZ ALDANA.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
PRIMERO.—Mediante oficio presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano colegiado, en auxilio del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al resolver los amparos en revisión 680/2017 y 134/2017, respectivamente.
SEGUNDO.—En proveído de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito radicó la contradicción de tesis con el expediente PC01.I.A.32/2017.C, y la admitió a trámite.
TERCERO.—Mediante acuerdo de uno de marzo del dos mil dieciocho, se turnó el asunto al Magistrado Francisco García Sandoval, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que formulara el proyecto de resolución.
CUARTO.—Con motivo del dictamen elaborado por el ponente, mediante acuerdo de once de abril siguiente, el presidente del Pleno solicitó diversas constancias a los Jueces Octavo y Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quienes dictaron las sentencias recurridas en los amparos en revisión RA. 134/2017 y 153/2017 (cuaderno auxiliar 680/2017), respectivamente. El ponente tomó la anterior determinación con el objeto de constatar que los tribunales contendientes hubiesen considerado los mismos elementos al dictar sus respectivas ejecutorias.
QUINTO.—Una vez recabadas las constancias (copias certificadas de las solicitudes elevadas al director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, demanda de amparo, audiencia constitucional, y sentencia de amparo), en acuerdo de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito turnó nuevamente el expediente virtual al referido ponente para que formulara el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—COMPETENCIA. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
No pasa inadvertido que la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, dispone:
"Artículo 41 Ter. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Plenos de Circuito para:
"I. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer."
De lo anterior se advierte que los Plenos de Circuito son competentes para resolver las contradicciones de tesis "de jurisprudencia" que se susciten entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, sin referir a los criterios aislados, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, dicha disposición debe interpretarse armónica y sistemáticamente con lo dispuesto en el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 107 constitucional, y en el artículo 225 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."
Los preceptos transcritos disponen que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias o discrepantes, los Plenos del Circuito correspondiente decidirán el que deba prevalecer como jurisprudencia; por lo que si dichos preceptos no limitan las facultades decisorias de los Plenos a dirimir divergencias plasmadas en criterios expuestos formalmente, mediante una redacción especial, en la que se distinga rubro, texto y datos de identificación ni a aquellos que conforme a lo dispuesto en los artículos 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, sean de aplicación obligatoria, debe interpretarse que la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atribuye competencia a los Plenos de Circuito para dirimir criterios aislados divergentes sustentados por los Tribunales Colegiados de los respectivos Circuitos en los asuntos sometidos a su potestad.
Estimar lo contrario impediría abordar el estudio de temas sustentados en criterios aislados, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos.
Es aplicable a lo anterior, en lo conducente y por las razones que lo informan, la jurisprudencia P/27/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."(1)
No es óbice a la anterior determinación, el hecho de que uno de los criterios contendientes haya sido emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, pues lo hizo en auxilio del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, porque la competencia para conocer de las contradicciones de tesis se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado integrante del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que asume la jurisdicción del tribunal al que auxilia y, por ende, la competencia se da en la medida en que la decisión del tribunal auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial de este Pleno de Circuito.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo II, febrero de dos mil quince, página 1656, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.—LEGITIMACIÓN. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que la formuló el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, es decir, por uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante, en conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.—REQUISITOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN. Primero, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para determinar el criterio que, en su caso, sustentará este Pleno, conforme con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
De esta forma, para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado supuestos jurídicos esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones distintas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, salvo que éstos resulten relevantes para la resolución del asunto.
Son orientadores a lo anterior, los criterios de rubros siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(3)
CUARTO.—CONSIDERACIONES DE LAS SENTENCIAS. Para determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, se resumen las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Se precisa que de la ejecutoria dictada por este tribunal, no se aprecia cuál fue el carácter con el que los quejosos elevaron solicitud al director de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, motivo por el cual se recabaron las constancias antes referidas al Juez de Distrito. De éstas se advierte que todas las solicitudes las signaron dichos peticionarios en su carácter de agentes de la Policía de Investigación, salvo uno de ellos, que lo hizo como jefe de grupo de la Policía de Investigación.
Ahora bien, al resolver el amparo en revisión RA. 134/2017, en sesión de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dicho tribunal analizó el agravio propuesto por el director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el que alegó que no le revestía el carácter de autoridad en los casos en que los empleados de esa dependencia (no precisó los puestos de los solicitantes), solicitan la regularización de distintas prestaciones laborales con apoyo en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El Tribunal Colegiado consideró ineficaz dicho argumento, para lo cual:
a. Estimó que el artículo 8o. constitucional tutela el derecho fundamental de petición, y reconoce la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por algún gobernado, de manera pacífica y respetuosa.
b. Refirió que el Máximo Tribunal, en diversos criterios, ha sostenido que, con independencia de la naturaleza de la relación que exista entre un determinado empleado público y el particular que eleva la petición, ésta debe contestarse en observancia al mencionado derecho de petición, cuando se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Invocó las jurisprudencias 2a./J. 122/2016 (10a.)(4) y 2a./J. 66/2016 (10a.).(5)
c. Que como el propio recurrente reconoció que era un funcionario o servidor público de dicho órgano o dependencia pública, entonces, con independencia de las cuestiones que, en específico, se solicitaran en los escritos de petición materia del juicio de amparo, el propio servidor estaba obligado a observar el derecho fundamental de petición y, por ende, sí tenía el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.
Finalmente, desestimó el diverso agravio en el que se alegó violación al principio de definitividad; tema ajeno a esta contradicción.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN (EN APOYO DEL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO).
La resolución dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México analizó los actos reclamados, consistentes en la omisión del referido director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de contestar las solicitudes formuladas por diversos agentes del Ministerio Público (4), un agente de la Policía de Investigación y un oficial secretario del Ministerio Público.
Al resolver el amparo en revisión RA. 153/2017 (cuaderno auxiliar 680/2017), en sesión de once de octubre de dos mil diecisiete, el referido tribunal:
1. Resumió los agravios en donde se adujo, esencialmente, que debió sobreseerse en el juicio, ya que el Juez omitió estudiar la naturaleza jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuyo titular no detentaba un poder público, sino sólo un nombramiento para desempeñar ese cargo. Que el Juez soslayó que la relación entre la dependencia y los solicitantes era de coordinación, al no ostentar aquélla tal poder público; de ahí que no tuviera el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; y que se precisó incorrectamente el acto reclamado, pues a través de éste no se ejerció un derecho de petición, sino una solicitud de prestaciones, en un plano de igualdad procesal, en consecuencia, no se vulneraba el derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional.
2. El tribunal consideró fundados dichos agravios:
a. Acudió a la doctrina jurisprudencial relativa a las relaciones de coordinación y supra a subordinación, a la normativa constitucional y legal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y a las peticiones concretas de los solicitantes (un oficial secretario del Ministerio Público y diversos agentes de la propia institución), relacionadas con diversas prestaciones apoyadas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
b. Con base en lo anterior, concluyó que la solicitud cuya omisión de respuesta se reclamó, se dirigió a la procuraduría en su calidad de patrón, por ende, debido a que lo solicitado por el quejoso tenía su origen en una prestación derivada de la remuneración por prestar sus servicios para una dependencia del Estado, entonces, la omisión de respuesta no constituía un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo.
c. Anotó que la procuraduría, en sus relaciones externas, es decir, las que entabla con sujetos ajenos a su organización, puede actuar con un doble carácter: en el mismo plano que los particulares, que se da cuando obra y se obliga por medio de actos jurídicos bilaterales, en ejercicio de sus atribuciones; y como autoridad, cuando despliega actos inherentes al ejercicio de la función de investigación y persecución de delitos.
d. En cambio, las relaciones que la dependencia establece con sus empleados serán de coordinación, ya que actuará en un plano similar al de particular, por tener el carácter de patrón, pues el numeral 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, confiere atribuciones para contratar personal humano que labore y desempeñe las funciones subordinadas encomendadas a dicho ente, por conducto de su director general de Recursos Humanos, quien planeará, coordinará, dirigirá y evaluará la administración de los recursos humanos de la Procuraduría, e instrumentará y garantizará la aplicación de los sistemas y procedimientos para su desarrollo y superación integral, en congruencia con las directrices, normativa interna y la que emita el Gobierno de la Ciudad de México; actividades que se rigen por la ley burocrática o en la ley administrativa correspondientes, dependiendo del tipo de nombramiento que ostente el servidor público y la naturaleza de las actividades que desempeñe, ya sea de mera operatividad o de seguridad pública. A partir de ello, las acciones, a solicitud de los propios servidores, o la misma procuraduría, pueden ser revisadas por el tribunal burocrático o administrativo competente, según corresponda.
e. Derivado de lo anterior, estableció que la omisión reclamada no podía considerarse como un acto de autoridad que violentara en perjuicio de los quejosos el derecho de petición establecido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, pues ocurrió en un entorno de coordinación que impide tener a la recurrente como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; de ahí la improcedencia del juicio.
f. Indicó que, si bien, en términos del artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se podía señalar como responsable a un particular; sin embargo, ello se justificaba únicamente cuando éste realizara "actos equivalentes" a los de una autoridad, supuesto legal que no podía extenderse a aquellos actos de particulares susceptibles de ventilarse en una instancia común, pues no podía soslayarse que la propia Constitución, a cuya luz debía verse la ley secundaria, establecía la procedencia del amparo contra actos de "autoridad".
g. Finalmente, señaló que no era obstáculo a lo anterior que los quejosos fueran empleados del Gobierno (agentes del Ministerio Público y oficial secretario del Ministerio Público) que se encuentran excluidos del régimen laboral establecido en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la tesis de jurisprudencia 24/1995,(6) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ello sólo implicaba que la relación con el empleador (Estado) fuera de naturaleza administrativa, lo que en modo alguno permeaba el origen de la petición hecha, esto es, la fuente de lo solicitado, pues era remunerativa, atento al servicio prestado y, en esa medida, la omisión de la responsable carecía de las características propias de un acto de autoridad. Máxime que no se estaba en el supuesto de que el acto reclamado fuera alguna orden de baja o separación del cargo.
QUINTO.—EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. De lo narrado con antelación, se ve que los Tribunales Colegiados referidos sostuvieron criterios divergentes en cuanto a:
• Determinar si la omisión de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (Dirección General de Recursos Humanos), de contestar una solicitud de pago de prestaciones por los agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación, es o no un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto.
El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que, con independencia de la naturaleza del vínculo existente entre los solicitantes y la autoridad señalada como responsable, por tratarse de un órgano del Estado, ésta se encuentra inexcusablemente obligada a contestar la petición, pues el derecho fundamental tutelado en el artículo 8o. constitucional, debe satisfacerse; por consecuencia, se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto.
En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región (en apoyo del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito) sostuvo lo contrario, pues para determinar si la omisión reclamada era susceptible de constituir un acto de autoridad para efectos de determinar la procedencia del amparo, analizó el vínculo existente entre la dependencia y los quejosos; posteriormente, determinó que la solicitud se refería a prestaciones derivadas de la relación administrativa que unía a los peticionarios con la dependencia, a quien le resultaba el carácter de patrón, por ende, era una relación de coordinación. A partir de ello, estableció que el juicio de amparo indirecto era improcedente.
Así, ambos tribunales analizaron elementos jurídicos similares, pero llegaron a conclusiones diferentes.
Por un lado, el primero de dichos órganos estimó que bastaba considerar que la omisión de brindar la respuesta respectiva se trataba de una petición formulada a un ente del Estado; y sin considerar el vínculo entre los solicitantes y el ente de Gobierno.
En cambio, el segundo de los mencionados sí consideró relevante la naturaleza de la relación, y determinó que es de coordinación, por tratarse de prestaciones relacionadas con el vínculo de trabajo, por ende, dicha omisión de respuesta no era un acto de autoridad reclamable en amparo.
Así, la materia de la contradicción se centra en dirimir si la omisión de contestar la solicitud de pago de prestaciones a favor de servidores adscritos a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (agentes del Ministerio Público y agentes de la Policía de Investigación), es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto.
No se inadvierte que en el caso analizado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, uno de los solicitantes fue un oficial secretario; sin embargo, el diverso Tribunal Colegiado no analizó solicitud alguna relacionada con un servidor público de esa naturaleza (oficial secretario), por lo que no es materia de esta contradicción resolver si las omisiones con motivo de las solicitudes que presentan los oficiales secretarios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México son o no actos de autoridad.
En el caso del primer órgano colegiado, se trata de agentes policiales; mientras que en el del segundo, de agentes del Ministerio Público; sin embargo, ello no implica imposibilidad de analizar el punto de contradicción, pues la relación que une a ambos grupos con el Estado es idéntica, como más adelante se verá.
SEXTO.—RESOLUCIÓN DE LA CONTRADICCIÓN.
Para resolver la presente contradicción debe señalarse que el estudio se hará en dos apartados. En el primero, se analizará el derecho fundamental de petición y la posibilidad de impugnar en amparo la omisión de responderla. En el segundo, los casos en que dicha dependencia puede o no ser considerada como autoridad para tales efectos.
1. Análisis del derecho fundamental de petición
El derecho de petición está reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:
"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
"A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."
La lectura del precepto constitucional mencionado revela que el derecho de petición se sustenta en la obligación que tienen todos los funcionarios y empleados públicos de contestar, en breve término, cualquier solicitud que formulen los particulares por escrito, de manera pública, pacífica y respetuosa.
En relación con la procedencia del amparo respecto de la omisión de dar contestación a una solicitud elevada en estos términos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sólo surge esta posibilidad cuando la solicitud se eleva al ente público en su carácter de autoridad, es decir, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, lo que excluye la posibilidad de que se reclame cuando se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho privado.(7)
Así, en los juicios de amparo indirecto en los que se reclame violación al artículo 8o. constitucional, debe ponderarse si el vínculo entre las partes se da en un plano de coordinación o de supra a subordinación. Sólo en el supuesto de que se actúe en este último, podrá existir la obligación constitucional del funcionario de responder a la solicitud. En el caso de que el vínculo sea de coordinación, la omisión respectiva debe resolverse a través de las instancias ordinarias conducentes.
En ese sentido, para determinar la procedencia del amparo en los casos en que se reclame la omisión de dar respuesta a una solicitud, es necesario que se analice el vínculo entre las partes, pues, como se indicó, no es el carácter de órgano del Estado el que determina la procedencia del amparo, sino que pueda establecerse que se formuló en una relación de supra a subordinación.
Del mismo modo, debe destacarse que la materia de la petición no es un aspecto relevante para determinar la procedencia del juicio.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no es de trascendencia el contenido de la solicitud, ni si la omisión de su respuesta impacta en diversos derechos, pues lo que se pretende tutelar, a través de la promoción del amparo, es que se respete el derecho fundamental de petición, es decir, que se brinde la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28132-520938c7/procuraduria-general-de-justicia-de-la-ciudad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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