SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. LOS NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A SUS ELEMENTOS DE POLICÍA VIAL O ESPECIALISTAS OPERATIVOS, DEBEN FUNDARSE EN LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA. SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. LOS NOMBRAMIENTOS POR TIEMPO DETERMINADO DE POLICÍAS VIALES O ESPECIALISTAS OPERATIVOS, AFECTADOS DE NULIDAD POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN, NO PRODUCEN CONSECUENCIAS POSTERIORES A LA SEPARACIÓN DEL CARGO CON MOTIVO DE SU TERMINACIÓN.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. LOS NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A SUS ELEMENTOS DE POLICÍA VIAL O ESPECIALISTAS OPERATIVOS, DEBEN FUNDARSE EN LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. LOS NOMBRAMIENTOS POR TIEMPO DETERMINADO DE POLICÍAS VIALES O ESPECIALISTAS OPERATIVOS, AFECTADOS DE NULIDAD POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN, NO PRODUCEN CONSECUENCIAS POSTERIORES A LA SEPARACIÓN DEL CARGO CON MOTIVO DE SU TERMINACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 2 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. DISIDENTE: ROBERTO CHARCAS LEÓN. PONENTE: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del dos de octubre de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver los autos, del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 4/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Incompetencia legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio 33/2017, de once de enero de dos mil diecisiete, dirigido al presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el propio tribunal al resolver el amparo en revisión 262/2015 y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar los amparos en revisión 246/2015 y 397/2015.
En proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió el oficio de que se trata, ordenó formar el expediente impreso y electrónico correspondiente a la contradicción de tesis 12/2017 y declaró carecer de competencia legal para conocer de la contradicción de tesis indicada, habida cuenta que los órganos contendientes son Tribunales Colegiados del mismo Circuito y especialidad, por lo que ordenó la remisión de las constancias respectivas a este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por ser el competente para conocer del asunto.
Esa determinación fue comunicada mediante oficio SGA-IX-4594/2017, y recibida el trece de febrero de dos mil diecisiete por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito -lugar de residencia de este Pleno de Circuito-.
SEGUNDO.-Trámite del asunto. Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se avocó al conocimiento del asunto y, por ende, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis bajo el expediente número 4/2017, en términos de lo previsto, en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(1)
En el mismo acuerdo, se solicitó a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitiera copia certificada de las sentencias dictadas en los amparos en revisión 246/2015 y 397/2015, y a la vez, informara si el criterio sustentado en dichos asuntos materia de la denuncia de contradicción de tesis, se encontraba vigente, o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; y, asimismo, se giró oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia o no de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.
Por oficio 317, suscrito por la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitió copia certificada de las ejecutorias solicitadas, informando que el criterio ahí sustentado, se encuentra vigente.(2)
Por auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio CCST-X-98-03-2017, de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) en el que comunicó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis, dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis, radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema de esta ejecutoria.
Turnados los autos para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, mediante sesión de treinta de junio de dos mil diecisiete, este Pleno de Circuito, por mayoría de cinco votos,(4) determinó rechazar la propuesta inicial; y, por ende, en la misma sesión de Pleno, se decidió returnar los autos para la reelaboración del proyecto al Magistrado Juan José Rosales Sánchez, lo cual se acordó en proveído de cuatro de julio del año en curso;(5) y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia legal. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios, sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan dichas tesis y las consideraciones que, respectivamente, sustentaron las sentencias dictadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 262/2015; y por el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, en los amparos en revisión 246/2015 y 397/2015.
• Amparo en revisión 262/2015, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Contexto: **********, habiéndose desempeñado como "especialista operativo" de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, le fue notificada la separación de su cargo por haber concluido el término fijado en su nombramiento por tiempo determinado, sin habérsele instaurado el previo procedimiento, conforme a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, la cual no prevé la conclusión del servicio policial por terminación del nombramiento, sino por incumplir con los requisitos de permanencia, responsabilidad o baja por renuncia, siendo inaplicables la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Antecedentes:
En ese contexto, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco y otras autoridades, consistentes en:
"La conclusión del nombramiento que el quejoso (sic) tenía hasta el treinta de septiembre de dos mil catorce, como policía vial dependiente de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, sin haber sido sometido previamente a un procedimiento administrativo de separación o remoción, y la consecuente sujeción a la legislación aplicable en caso de obtener sentencia favorable en el presente juicio de amparo, específicamente el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, esto es, que se le impida recibir el pago de sus percepciones ordinarias, así como que no pueda ser reinstalado o reincorporado a dicho cargo."
El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien negó el amparo solicitado, bajo la consideración de que la conclusión del servicio profesional de la quejosa como especialista operativo de seguridad pública, se dio por terminación de su nombramiento por tiempo determinado, al tenor del artículo 83 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco;(6) entonces, las responsables no tenían porqué instaurarle un previo procedimiento administrativo de separación.
Lo anterior, porque la designación de los elementos operativos, adscritos a la Secretaría de Vialidad del Estado de Jalisco, constituyen actos administrativos condicionados, también conocidos como actos condición, en los que concurre la voluntad del Estado y la del particular que acepta el nombramiento, "cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones entre el Estado y empleado, sino condicionar el cargo a las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal de los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del poder público, el cual por sus caracteres se considera un acto condición".(7)
Bajo tales premisas, el Juez de amparo, razonó que al concluir el nombramiento de la quejosa como "elemento operativo" de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, y al tratarse de un "acto condición", no tenían porqué extendérsele mayores prerrogativas, conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco,(8) sino, únicamente, las expresamente señaladas en su nombramiento.
Y, de ahí que, contrario a lo estimado por quejosa, el hecho de contar con un nombramiento por tiempo determinado, no implicaba adquirir el derecho de permanecer en su cargo por tiempo indefinido, hasta en tanto se le siguiera un procedimiento de separación, "sino que dichos derechos se contraen al cumplimiento de las condiciones y temporalidad en él asentadas".
Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 104/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS AGENTES NO SON CONTRATOS DE TRABAJO SINO ‘ACTOS CONDICIÓN’."(9)
Inconforme con esa decisión, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de toca 262/2015, resuelto mediante ejecutoria de uno de diciembre de dos mil dieciséis, en la que revocó el fallo recurrido y otorgó la protección constitucional solicitada, para el efecto de que:
"... la autoridad responsable, ante la baja injustificada de la servidora pública quejosa, proceda en términos del artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, esto es, que ante la prohibición constitucional de reinstalar o reincorporar a los miembros de las instituciones policiales, la responsable asuma la obligación de pagar la indemnización de tres meses de salario, más veinte días por año de servicio y, demás, prestaciones a que la quejosa tuviera derecho."
Para resolver en ese sentido, el Tribunal Colegiado se apoyó en las siguientes consideraciones torales:
** En principio, precisó que en la sentencia recurrida, se pasó por alto que el nombramiento de la servidora pública quejosa, se fundó en una legislación inaplicable, como lo es la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues aunque ésta rige las relaciones laborales entre el Estado y sus empleados, los elementos de seguridad pública, se encuentran en un régimen distinto de exclusión, como lo dispone el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
** Con base en ello, y luego de puntualizar que el nombramiento de la quejosa (según oficio en el que se comunicó su terminación), se fundó en el artículo 3o., fracción II, inciso b), así como en los numerales 3o. y 5o., fracción III, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, estableció que dichos preceptos legales no son aplicables para los miembros de las instituciones de seguridad pública, cuya relación con el Estado, se rige por su legislación especial, esto es, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.
** Así, con apoyo en lo previsto por el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo,(10) determinó que el actuar de las responsables fue ilegal, porque la incorporación de la agraviada al servicio de seguridad pública, se sustentó en "un nombramiento (acto condición) que, como se vio, se encuentra viciado por sustentarse en normas inaplicables"; siendo relevante que ese actuar ilegal "trascendió al sentido del acto que ahora se reclama, pues, precisamente, la decisión que asumió la responsable, esto es, dar de baja al quejosa como especialista operativo, se apoyó, esencialmente, en los términos en que se encuentra redactado dicho nombramiento, para lo cual argumentó que el nombramiento, se otorgó por tiempo ‘determinado’."
** Bajo esa tónica, resolvió que la decisión que se revisa fue desacertada, porque el antecedente directo del acto reclamado (acto condición) es inconstitucional, en tanto que está viciado por apoyarse en disposiciones normativas inaplicables; y, que estimar lo contrario "permitiría que la autoridad responsable aprovechara en su beneficio, el vicio en que ella mismo incurrió al otorgar el nombramiento por tiempo determinado, dado que, con base en dicho documento legal, daría por terminada la relación administrativa que tiene con la policía vial, sin responsabilidad alguna para el Estado, lo que, por otra parte, alentaría el actuar arbitrario de la autoridad, al permitir la separación, baja o cese de los elementos policiacos, al margen de los procedimientos de separación y remoción que se prevén en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco".
** Esa conclusión la sustentó en la jurisprudencia 565, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: "ACTOS VICIADO, FRUTOS DE."(11)
** Finalmente, el propio órgano colegiado señaló que en similares términos, se pronunció al resolver los amparos en revisión 298/2016 y 191/2016, en las sesiones de veintitrés de junio y cinco de julio de dos mil dieciséis, respectivamente.
• Amparo en revisión 246/2015, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Contexto: **********, como "policía vial" de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, le fue notificada su separación por haber concluido el término fijado en su nombramiento por tiempo determinado, sin habérsele instaurado el previo procedimiento establecido por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, además de no ubicarse en ninguno de los supuestos de conclusión del servicio previstos en el artículo 83 de dicha legislación.
Antecedentes:
En ese contexto, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que enseguida se enuncian:
"III. Autoridad o autoridades responsables. Como autoridades ordenadoras: a) El director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado.-b) El gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.-c) El director del Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’.-d) El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.-e) El Congreso del Estado de Jalisco.-f) El titular de la Secretaría de Movilidad, con domicilio en la Avenida Alcalde no. 1351, esquina Avenida Circunvalación del Norte, de la Colonia Jardines Alcalde de Guadalajara, Jalisco.-Como autoridades ejecutoras: g) El director de Recursos Humanos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Alcalde no. 1351, esquina Avenida Circunvalación del Norte, de la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara, Jalisco.-IV. Acto reclamado.-De las autoridades señaladas en los incisos a), b), c), d) y e), se les reclama, en lo que respecta a las atribuciones legales que a cada una de ellas les corresponde: La expedición, aprobación, promulgación, refrendo, publicación y orden de ejecución de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.-De la autoridad ordenadora señalada en el inciso f), le reclamo ordenar al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, que diera por concluido mi nombramiento de Policía Vial, por lo que también le reclamo que por virtud de la conclusión de mi cargo tendré que sujetarme a las consecuencias que prevé tal legislación, como lo es, que pese a que pudiera obtener sentencia favorable en este juicio de amparo, se me impida que me paguen las percepciones ordinarias que pudieran darse en el inter, así como que no sea reinstalado o reincorporado en dicho cargo.-De la autoridad ejecutora, es decir, del director de Recursos Humanos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, reclamo: 1) No permitirme, a partir del 1 de octubre de 2014, seguir realizando mi labor como policía vial, sin que se me haya sujetado, previamente, a un procedimiento administrativo de separación o remoción para dar fin a la relación administrativa que tenía con la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.-2) Privarme de mi empleo como Policía Vial sin sujetarse a las reglas que para tal fin establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco."
El Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien por turno, correspondió conocer de la demanda, en su oportunidad dictó la sentencia relativa en la que, por una parte decretó el sobreseimiento en el juicio; y por otra, negó el amparo solicitado.
El sobreseimiento se decretó, respecto de la impugnación del artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco,(12) por actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque el quejoso -según el Juez de Distrito- no acreditó en qué medida se afectaban sus derechos; además de que dicha disposición normativa, reviste la característica de heteroaplicativa y, por ende, requería de diversas condiciones para su individualización, a fin de impugnarla en la vía de amparo.
En cuando a la negativa del amparo, el propio Juez de Distrito se apoyó en la consideración de que en términos del artículo 83 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, si la conclusión del servicio profesional del elemento operativo quejoso, se dio por terminación de su nombramiento por tiempo determinado; entonces, las responsables no tenían porqué instaurarle un previo procedimiento administrativo de separación.
Lo anterior, porque los nombramientos de los elementos operativos adscritos a la Secretaría de Vialidad del Estado de Jalisco, constituyen actos administrativos condicionados, también conocidos como actos condición, conformados con la concurrencia de voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento "cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones entre el Estado y empleado, sino condicionar el cargo a las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal de los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del poder público, el cual, por sus caracteres, se considera un acto condición".(13)
Bajo tales premisas, el propio Juez de amparo razonó que al concluir el nombramiento del quejoso como "policía vial" de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, y al tratarse de un "acto condición", no tenía porqué extendérsele mayores prerrogativas, conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco,(14) sino, únicamente, las expresamente señaladas en su nombramiento.
Y, de ahí que, el hecho de contar con un nombramiento por tiempo determinado, no implicaba que el quejoso, adquiriera el derecho de permanecer en su cargo por tiempo indefinido, hasta en tanto se le siguiera un procedimiento de separación, ya que "dichos derechos se contraen al cumplimiento de las condiciones y temporalidad en él asentadas".
Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 104/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS AGENTES NO SON CONTRATOS DE TRABAJO SINO ‘ACTOS CONDICIÓN’."(15)
Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número del toca 246/2015, resuelto en sesión de veintiséis de mayo de dos mil quince, confirmando la sentencia sujeta a revisión, por las razones siguientes:
** En primer término, el Tribunal Colegiado, estableció la firmeza del sobreseimiento decretado, respecto del acto reclamado, consistente en el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, porque el recurrente no impugnó esa determinación.
** En cuanto a la negativa del amparo, desestimó por ineficaces los agravios del quejoso-recurrente, porque, contrario a su pretensión, la decisión del juzgador de distrito, resultó objetivamente correcta, pues si la conclusión de su servicio como policía vial fue la terminación de su nombramiento expedido por tiempo determinado, éste no podía ampliarse por la sola pretensión del servidor.
** Luego, conforme al numeral 26, fracción II, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y atendiendo al concepto "policía", el tribunal razonó que los elementos que integran dicha corporación, desempeñan una actividad administrativa que tiene carácter policial, puesto que su objetivo es salvaguardar el orden público y la paz social en la comunidad, así como el interés de la sociedad; y que al tener ese carácter de institución policial, sus elementos se rigen por el régimen de excepción, previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
** Así, de la intelección de los artículos 3o., fracciones XI y XXIII, 26 y 83 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, precisó que:
"Del primero de los preceptos antes transcritos, se desprende que los elementos operativos, son los integrantes de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y peritos del instituto jalisciense de ciencias forenses, a quienes se les atribuya ese carácter, mediante nombramiento, instrumento jurídico equivalente expedido por autoridad competente o realicen funciones de operadores o supervisores en los centros de comunicación o cabinas de radio de las instituciones de seguridad pública o lleven a cabo funciones operativas; que los nombramientos se definen como un acto administrativo condicionado (acto condición), el cual, no se considera como contrato de trabajo ni un acto expedido con fundamento en las leyes que rigen la relación laboral del Estado con sus empleados servidores públicos, en virtud de la excepción constitucional, establecida en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, que establece que los grupos ahí señalados, se rigen por sus propias leyes; del segundo de ellos, se advierte que, los cuerpos de seguridad pública, también se integran por los elementos operativos de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco (ahora de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco), de conformidad con su ley y su reglamento; luego, del tercero de los numerales copiados, se tiene que la conclusión del servicio profesional de los elementos ejecutores de las instituciones de seguridad pública, se da por la terminación del nombramiento o por la cesación de los efectos del mismo al actualizarse alguno de los supuestos descritos en éste, como son: separación por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia; remoción por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o, en el caso de los policías, incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; también, es posible que se dé la baja por renuncia, muerte o incapacidad permanente; por jubilación o retiro."
** Asimismo, consideró que en términos del numeral 26, fracción III, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública el Estado de Jalisco, los cuerpos de seguridad pública también se integran por los elementos operativos de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco (ahora de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco), de conformidad con su ley y su reglamento.
** También puntualizó que lo establecido por el artículo 83 de la ley de seguridad en consulta, pone en evidencia que la conclusión del servicio profesional de los elementos ejecutores de las instituciones de seguridad pública se da por la terminación del nombramiento o por la cesación de los efectos del mismo al actualizarse alguno de los supuestos descritos en la disposición normativa de referencia.
** Bajo esa tónica, concluyó que las designaciones de elementos de los distintos cuerpos de seguridad, entre otros cargos públicos, constituyen actos administrativos condicionados, también conocidos como actos condición, en virtud de que no se concretan, mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato, porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales.
** Y que, por tanto, esos nombramientos son actos diversos en cuya elaboración concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones recíprocas, sino condicionar la existencia del acto administrativo, del que deriva el cargo a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los derechos y obligaciones que les corresponden, de manera que esta modalidad (actos administrativos condicionados), representa una expresión de la voluntad de la administración pública, mediante resolución, que se caracteriza porque su validez o extinción, se relaciona, necesariamente, con acontecimientos futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se subordina, tanto el valor, como la subsistencia del acto.
** También destacó que, con base en el nombramiento del quejoso como policía vial por tiempo determinado, y el oficio mediante el cual se le comunicó la conclusión de su servicio por terminación de su nombramiento, se evidencia que la razón por la cual concluyó la prestación de sus servicios fue la finalización del periodo por el cual fue designado.
** De ahí que a juicio del órgano colegiado, ello no implicaba que las responsables, tuvieran la obligación de llevar a cabo el procedimiento de separación respectivo, y en su caso, otorgar al quejoso la indemnización que pretende, toda vez que no se actualizó ningún supuesto de cesación que originara tal actuación, por ser incuestionable que al acordar que el nombramiento sería por tiempo determinado, no podía ser reducido por la parte patronal ni ampliado por la sola pretensión del servidor; y, en consecuencia, resolvió que los actos reclamados no eran violatorios de derechos fundamentales, negando el amparo solicitado.
** En apoyo a sus consideraciones, citó la jurisprudencia 1a./J. 104/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS AGENTES NO SON CONTRATOS DE TRABAJO SINO ‘ACTOS CONDICIÓN‘."
En similares términos se resolvió el amparo en revisión 397/2015, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis.
En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis, consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica.(16)
Así, para determinar si en la especie existe o no esa contradicción, será necesario analizar, detenidamente, cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.
Al efecto, para la existencia de la contradicción de tesis, se requiere la concurrencia de los requisitos que a continuación se precisan:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27570-a86be9e9/secretaria-de-movilidad-del-estado-de-jalisco-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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