ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y/O DE SUS MUNICIPIOS. LA RETENCIÓN DEL PAGO O LA OMISIÓN DE OTORGAR LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 15 DE ABRIL DE 2019. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JESÚS DE ÁVILA HUERTA, FILEMÓN HARO SOLÍS, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. AUSENTE: JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: ROBERTO CHARCAS LEÓN. PONENTE: SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO. SECRETARIOS: LUIS ERNESTO VELA PADILLA Y CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión del quince de abril de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis número 21/2018; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.
Mediante oficio número 372/2018, los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio que sustentó dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión 515/2017, y el diverso sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión 893/2017 de su índice.
SEGUNDO.—Trámite de la contradicción de tesis.
Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho,(1) el entonces Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrada con el número de expediente 21/2018.
En el mismo acuerdo se tuvo por recibida copia certificada de la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito denunciante, así como del escrito de agravios y la sentencia recurrida; y, se tuvo como posible punto de contradicción entre los criterios sustentados por el Sexto y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el determinar si el reclamo de los elementos de seguridad pública, consistente en la omisión de pago de estímulos económicos y otras prestaciones, constituyen o no actos de autoridad para efectos del juicio de amparo y dependiendo de su resultado, si son susceptibles de combatirse en el juicio constitucional, o bien, en el juicio contencioso ordinario ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
Asimismo, se solicitó a la presidencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitiera copia certificada del amparo en revisión 893/2017 (sentencia recurrida, escrito de agravios y ejecutoria que resolvió el recurso), e informara si el criterio sustentado en dicha ejecutoria, materia de la denuncia de contradicción, se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
Además, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia o no de alguna contradicción de tesis que guardara relación con la temática planteada en la presente, radicada ante el Alto Tribunal del País; y, finalmente, que se comunicara a todos los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito sobre la admisión del asunto.
En proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho,(2) se tuvo al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitiendo (entre otras constancias) copia certificada de la ejecutoria que le fuera solicitada e informando que el criterio ahí sustentado se encuentra vigente.
Por auto de presidencia de cinco de noviembre de dos mil dieciocho,(3) se tuvo por recibido el oficio **********, de la encargada del despacho de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto.
Por último, mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve,(4) se turnaron los autos de la presente contradicción de tesis a la Magistrada Silvia Rocío Pérez Alvarado, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Número 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince, mismo que a la fecha ha tenido diversas reformas y adiciones; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del propio Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III,(5) de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes están legalmente facultados para hacerlo en términos de los preceptos legales antes citados.
TERCERO.—Posturas contendientes.
En principio, cabe precisar que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis, en los siguientes términos:
"Presidente del Pleno en Materia
"Administrativa del Tercer Circuito
"Presente:
"Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, los Magistrados integrantes de este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Óscar Naranjo Ahumada (presidente), Mario Alberto Domínguez Trejo y Silvia Rocío Pérez Alvarado, comparecemos a denunciar la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por este tribunal, al resolver en las sesión de trece de noviembre de dos mil diecisiete, el amparo en revisión 515/2017, ello en relación con el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el diverso de su índice 893/2017.
"Este órgano colegiado, al resolver, por unanimidad, el amparo en revisión 515/2017, confirmó el sobreseimiento decretado por el juzgado primigenio en el juicio de amparo indirecto del cual derivó el citado medio de impugnación, por considerar este órgano jurisdiccional que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 1o. y 5o. de la Ley de Amparo en correlación con el arábigo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que el acto que se le reclamó a la Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, consistente en la privación del pago del estímulo económico mensual, no es acto de autoridad para efectos del amparo, en razón de que conforme al precepto constitucional 123, apartado B, fracción XIII, dispone que los elementos de seguridad pública se regirán por sus propias leyes, de las que se puede advertir que no obstante la relación de naturaleza administrativa que tienen los cuerpos de seguridad pública con el Estado, se consideró una relación de coordinación, equiparada a una patronal que, por tanto, debía demandarse en sede ordinaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco; asimismo, acorde a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el diverso 67, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se sigue que cuando se tratan de actos de las autoridades estatales y municipales y su relación administrativa con sus cuerpos de seguridad pública, resulta procedente el juicio en materia administrativa ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, para dirimir la controversia proveniente de una prestación de sus servicios en su condición de servidor público, y no a través del juicio de amparo.
"En cambio, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 893/2017, ante un supuesto de similar naturaleza, entre otros resolutivos, revocó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo y otorgó la protección constitucional al quejoso, al considerar que no se actualizó la causa de improcedencia que surge de la interpretación conjunta de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción II, y 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, como se estimó en la sentencia recurrida; al establecer ese órgano colegiado, que si bien es verdad que en contra de los actos reclamados, el quejoso estaba en aptitud de promover el juicio contencioso administrativo, previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, también lo es, que dicho medio de defensa es optativo para los particulares agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, debido a que se actualiza una excepción al principio de definitividad, puesto que el artículo 67, fracción II, de la invocada ley, exige mayores requisitos para la suspensión que los establecidos en la Ley de Amparo.
"Consecuentemente, se estima que el posible punto de contradicción de tesis es el relativo a determinar que, si no obstante que la relación sea de naturaleza administrativa, el pago de prestaciones, cambio de funciones y demás situaciones que surjan a partir de la relación de los cuerpos de seguridad pública con el Estado, son de coordinación o supra subordinación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto.
"Por tanto, con fundamento en los artículos 225, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, procede denunciar la posible contradicción de criterios.
"Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta consideración. ..."
Luego, para efectos de identificar si en el caso existe la oposición de criterios denunciada, es conveniente establecer los antecedentes de cada uno de los casos antes citados y, reproducir lo considerado en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Primer supuesto.
Deriva del amparo en revisión 515/2017 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del cual destacan los siguientes antecedentes:
• **********, como policía adscrita a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, promovió juicio de amparo indirecto, reclamando de dicha autoridad, así como de las diversas Pagaduría y Dirección de Recursos Humanos, dependientes de aquella institución, el acto consistente en "la privación del pago relativo al estímulo económico mensual, por la cantidad de **********", desde el mes de mayo de dos mil dieciséis.
• El conocimiento del asunto, por razón de turno, correspondió al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco (actual denominación); y, una vez admitida a trámite la demanda, se le asignó el número de expediente 1017/2017.
• Seguidos los trámites correspondientes, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete se celebró la audiencia constitucional, y en la misma fecha, se dictó las sentencia correspondiente, que concluyó con el siguiente punto resolutivo:
"ÚNICO.—Se sobresee en el presente juicio promovido por **********, contra el acto reclamado en el considerando segundo, por los motivos expresados en los considerandos tercero y último de esta sentencia."
Ahora bien, para llegar a esa decisión, el resolutor federal se apoyó toralmente en las siguientes consideraciones:
• Por una parte, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, decretó el sobreseimiento en el juicio por inexistencia de los actos atribuidos a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la pagaduría del propio ente, ante la negativa expresa que respecto de los mismos manifestaron las mencionadas autoridades en sus informes de ley, sin que la quejosa las desvirtuara.
• En otro aspecto, se tuvo como cierto el acto reclamado respecto de la autoridad Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco; sin embargo, el juzgador de amparo estimó que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1o., fracción I y 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo; ello, porque a su juicio, el acto que se atribuyó a la citada Dirección de Recursos Humanos, relativo a la privación a la quejosa del pago del estímulo mensual por **********, que se le dejó de pagar desde el mes de mayo de dos mil dieciséis, no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
• Lo anterior, dijo, ya que dicho acto no surge dentro de una relación de supra a subordinación y, por ende, no se trata de actos de autoridad susceptibles de ser impugnados a través del juicio de amparo, ello, porque aunque tal retención se haya ordenado por la autoridad responsable Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ésta nace por la relación que existe entre el Estado y su empleado, por lo que es incuestionable que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la autoridad responsable (patrones) señalada por el quejoso no tiene ese carácter, dado que en el caso concreto actúa como patrón en una relación de coordinación y no en un plano de supra a subordinación como autoridad investida de imperio.
• Que, por tanto, al surgir los actos reclamados dentro de una relación contractual entre particulares, no puede resolverse la controversia planteada a través de la vía de amparo, porque éste es un medio extraordinario de defensa; más bien, añadió el juzgador de amparo, los actos reclamados, deben someterse a la potestad jurisdiccional común que de acuerdo a la legislación aplicable deba conocer de la posible retención de la porción salarial aludida; y que, por tanto, no existe acto de autoridad que transgreda las garantías individuales del quejoso, pues, esto requiere indefectiblemente que la relación jurídica entablada en que surja el acto de autoridad sea de supra a subordinación, para que de esta forma el acto de autoridad pudiera anularse, mediante una sentencia concesoria de amparo.
• La anterior decisión la apoyó en las jurisprudencias 2a./J. 34/2002 y III.4o.T. J/3 (10a.), que respectivamente sustentaron la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito, de rubros: "SALARIO. EL PREMIO POR PRODUCTIVIDAD O BONO DE LOGRO DE OBJETIVO, ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO."(6) y "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN."(7)
Inconforme con la sentencia anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento, por razón de turnó, correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de toca 515/2017; y una vez concluido el trámite, se resolvió mediante ejecutoria de trece de noviembre de dos mil diecisiete, bajo los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO.—Se confirma la sentencia recurrida.
"SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1017/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con las consideraciones expresadas en esta ejecutoria."
Para arribar a esa decisión, el Sexto Tribunal Colegiado de este Circuito en Materia Administrativa contendiente, se apoyó en las siguientes consideraciones:
"... Como se anticipó, son infundados los sintetizados agravios esgrimidos por la recurrente.
"En efecto, como lo estableció el Juez de Distrito, en el caso concreto, el acto reclamado en el juicio de amparo, consistente en la privación del pago de la cantidad de **********, por concepto de estímulo económico mensual, a partir del mes de mayo de dos mil dieciséis; no resulta ser un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
"Ello es así, habida consideración que, si bien, acorde a lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,(8) así como 3 y 4 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco,(9) se advierte, en lo que aquí interesa, que los integrantes de la Fiscalía General del Estado, se reputan como servidores públicos, entre otros, aquellos elementos operativos que integran dicha institución; asimismo, que las relaciones jurídicas de los ministerios públicos, peritos y los elementos operativos de las instituciones policiales se regirán por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la referida Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y demás disposiciones legales aplicables; de los que se advierte que la relación de los elementos operativos con la Fiscalía General del Estado, es de naturaleza administrativa; lo cual no está a debate.
"Sin embargo, debe destacarse que conforme a lo dispuesto por los artículos 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,(10) en correlación con el 67, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco,(11) se colige que, tratándose de actos de las autoridades estatales y municipales, relativos a la relación administrativa con sus cuerpos de seguridad pública, resulta procedente el juicio en materia administrativa ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
"Conforme a lo anterior, el acto reclamado en el juicio de amparo, consistente en la privación del pago de la cantidad de **********, por concepto de estímulo económico mensual, a partir del mes de mayo de dos mil dieciséis, al derivar de la relación administrativa que tienen los elementos operativos con el Estado (equiparada a un patrón), a través de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, resulta incuestionable que dicha controversia proveniente de una pretensión derivada de la prestación de sus servicios en su condición de servidor público, debe reclamarse en sede ordinaria ante el Tribunal de lo Administrativo, no a través del juicio de amparo, en atención a la naturaleza excepcional de dicho medio de control constitucional.
"Por tanto, resulta correcto el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la privación del pago de la cantidad de **********, por concepto de estímulo económico mensual, a partir del mes de mayo de dos mil dieciséis, que se atribuyó a la autoridad responsable Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por no ser acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, con base en la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, 1o. y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, en correlación con el 103, fracción I, constitucional.
"Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 77/2004,(12) emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y contenido:
"‘SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.—El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: «POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.», estableció que los miembros de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en consideración que la Constitución y las leyes secundarias del Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la justicia.’
"En relación con los criterios que invoca la recurrente, de rubros: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].’; ‘AGENTES DE LA POLICÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN. EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II, INCISO L), DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE DICHA ENTIDAD, AL CONSIDERARLOS COMO TRABAJADORES DE CONFIANZA TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 4 DE MAYO DE 2011).’; ‘MIEMBROS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO. SU ADSCRIPCIÓN COMO «POLICÍAS» ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU PERTENENCIA A ESAS CORPORACIONES Y, POR ENDE, SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, NO OBSTANTE QUE DEMUESTREN REALIZAR FUNCIONES DE ASESORES JURÍDICOS O AYUDANTES EJECUTIVOS O QUE TIENEN EL CARÁCTER DE PERSONAL DE CONFIANZA.’; ‘AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’; ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL LAUDO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA ENTIDAD, AUNQUE TENGA EL CARÁCTER DE DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN Y SE LE HAYA CONDENADO A CUBRIR CIERTAS PRESTACIONES INHERENTES A LA RELACIÓN LABORAL.’ y ‘ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA.’
"Al respecto, debe establecerse que tales criterios son inaplicables, por no estar encaminados a cuestionar el sentido del fallo recurrido, sino a evidenciar aspectos que no están a debate, como la naturaleza administrativa de la relación de los elementos de las corporaciones de seguridad pública con Estado, así como a la procedencia del pago reclamado; mas no atañen a la causa de sobreseimiento con base en la cual el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al considerar que el acto reclamado no era de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que debería reclamarse en la vía jurisdiccional ordinaria, en atención a la naturaleza excepcional del juicio de amparo.
"No se desatienden los argumentos esgrimidos por la recurrente en cuanto al fondo del asunto, en que sostiene, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que invoca, la procedencia del pago del estímulo mensual reclamado; sin embargo, tales aspectos constituyen la materia de los conceptos de violación esgrimidos, los cuales afirma no fueron analizados por parte del Juez de Distrito; empero, tampoco le asiste razón, por ser inoperante tal planteamiento en la medida que el sobreseimiento del juicio impide el estudio de aquéllos.
"Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 52/98,(13) emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, misma que no se opone a la vigente Ley de Amparo, de rubro y contenido:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO.—Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.’
"Finalmente, es oportuno puntualizar que, si bien, los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues estimar lo contrario equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.
"Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.),(14) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de título, subtítulo y texto:
"‘DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.—El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28823-f9f1e176/elementos-operativos-de-las-instituciones-de-seguridad-publica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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