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Modo: Corpus Pro

CONDECORACIÓN DE PERSEVERANCIA A LOS MILITARES. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS VIOLA EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 996/2023. · Registro digital (IUS): 33472
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-15
Promovente: ALBERTO ENRIQUE MACÍAS MARTÍNEZ Y OTROS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.677.

AMPARO EN REVISIÓN 996/2023. ALBERTO ENRIQUE MACÍAS MARTÍNEZ Y OTROS. 22 DE MAYO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Tema: Determinar si el artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es violatorio del principio de presunción de inocencia al establecer que se pierde el derecho a la condecoración de perseverancia en la clase que corresponda, si durante el lapso para su obtención, el militar interrumpe sus servicios por haber estado sujeto a un proceso penal en el que se pronuncie sentencia que declare extinguida la acción penal por prescripción o extinguida la pena por el mismo motivo.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintidós de mayo de dos mil veinticuatro emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 996/2023, interpuesto por el quejoso Alberto Enrique Macías Martínez y las autoridades responsables, Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 615/2022.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

ANTECEDENTES

1. PRIMERO. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. Alberto Enrique Macías Martínez, es militar con Grado de Sargento Primero Oficinista. El nueve de junio de dos mil catorce, el Juez Quinto Militar adscrito a la Primera Región Militar libró una orden de aprehensión en su contra en el expediente 390/2013, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho y uso de documento falso, previstos en los artículos 222, fracción I, 246, fracción VII, y 243, del Código Penal Federal, en aplicación supletoria de los diversos 57 y 58 del Código de Justicia Militar.

2. El veintitrés de julio de dos mil catorce se ejecutó la orden de aprehensión por cuanto al quejoso, y en la misma fecha se celebró audiencia en la que rindió su declaración preparatoria.

3. El veintiséis de julio de dos mil catorce, el Juzgado Quinto Militar adscrito a la Primera Región Militar resolvió la situación jurídica del quejoso, decretando su formal prisión por los delitos de cohecho y uso de documento falso.

4. El uno de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado Quinto Militar cesó en sus funciones, declinando la competencia a favor del Juzgado Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, el cual aceptó la competencia del expediente 390/2013 y dictó el auto de formal prisión.

5. Posteriormente, el quejoso Alberto Enrique Macías Martínez promovió incidente de desvanecimiento de datos, el cual le fue negado por auto de nueve de septiembre de dos mil dieciocho, al considerar que los datos de cargo aún no se habían desvanecido plenamente.

6. En contra de esa determinación el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, integrándose el expediente 840/2018 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México, quien concedió el amparo solicitado.

7. En cumplimiento, el Juez Militar determinó que, con las pruebas aportadas durante la etapa de instrucción, se desvanecieron los datos respecto al ilícito de uso de documento falso y se concedió la libertad; pero se negó por lo que hace al delito de cohecho.

8. Inconforme con la libertad concedida por el delito de uso de documento falso, el Agente del Ministerio Público Militar adscrito al Juzgado, interpuso recurso de apelación, el cual resolvió el Tribunal Superior Militar revocando dicha libertad.

9. En contra de la resolución del Tribunal Militar de Alzada, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto 466/2019, radicado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien negó la suspensión definitiva y en contra de esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el cual concedió la suspensión.

10. En cumplimiento, el Tribunal Superior Militar dejó sin efectos su resolución y en su lugar, confirmó la interlocutoria de nueve de septiembre de dos mil dieciocho y concedió la libertad respecto al delito de uso de documento falso, dejando subsistente el proceso por el delito de cohecho.

11. El treinta de junio de dos mil veintiuno, el quejoso planteó incidente de libertad absoluta por considerar que operaba en su favor la prescripción de la acción penal, por lo que en auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, el Juez de la causa resolvió decretar la libertad, la cual fue controvertida por el Ministerio Público Militar ante el Tribunal Superior Militar.

12. Con motivo de lo anterior, el dos de septiembre de dos mil veintiuno la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional reincorporó a Alberto Enrique Macías Martínez a sus actividades.

13. El quejoso solicitó la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase, en virtud de que ingresó al Ejército Mexicano el día uno de julio de mil novecientos noventa y nueve, por lo que al día uno de julio del año dos mil diecinueve, cumplía veinte años de servicio. Esta solicitud la presentó a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional.

14. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, los Directores Generales de Justicia Militar y de Administración, ambos de la Secretaría de la Defensa Nacional, notificaron al quejoso la negativa para beneficiarse de la condecoración por perseverancia al considerar que si bien, no recibió una sentencia condenatoria, también lo es que la libertad que le fue concedida derivó de la prescripción de la acción penal, por lo que no podía ser beneficiario de dicha condecoración en términos de la fracción V, del artículo 61, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

15. SEGUNDO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil veintidós, Alberto Enrique Macías Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos siguientes:

(...).

III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

1. Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

2. Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional.

3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

5. Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

IV. ACTOS RECLAMADOS:

Al Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional le reclamo: La emisión y contenido del oficio número 150 de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, a través del cual consideró y determinó que no es procedente conceder y otorgar al suscrito la perseverancia de tercera clase.

Al Director General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional: La negativa ficta para conceder y otorgar al suscrito la perseverancia de tercera clase.

Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos le reclamo: La promulgación de la fracción V, del artículo 61 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, porción normativa que reclamo como inconstitucional.

A las Cámaras de Diputados y Senadores ambos del H. Congreso de la Unión les reclamo: La discusión y aprobación de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, específicamente de la fracción V, del artículo 61; la cual reclamo como inconstitucional.

(...).

16. TERCERO. Trámite y resolución del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, registró el expediente bajo el número 615/2022 y admitió a trámite la demanda.

17. El treinta de junio de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional y la sentencia relativa se terminó de engrosar el veintiocho de septiembre de ese año; mediante la cual se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal y se ordenó al Director General de Justicia Militar dejar insubsistente el oficio 16041 de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, para que en su lugar dictara otro, sin aplicar el artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

18. CUARTO. Interposición y trámite de los recursos de revisión. Inconformes con la sentencia de amparo, el quejoso, por conducto de su autorizado en términos amplios; y las autoridades responsables Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el Subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, interpusieron recursos de revisión.

19. De esos medios de impugnación conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual, por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, los admitió a trámite y los registró con el número de expediente 520/2022.

20. En sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado resolvió en términos generales lo siguiente:

a) Desestimó el agravio relativo a que la sentencia de la Jueza de Distrito no fue exhaustiva, ya que la juzgadora sí analizó todas las causas de improcedencia hechas valer.

b) Confirmó el sobreseimiento en el juicio, respecto de los actos reclamados al Director General de Administración, en relación con la emisión de los oficios ciento cincuenta, de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós y dieciséis mil cuarenta y uno de veintitrés de ese mes y año; así como la emisión del oficio ciento cincuenta atribuido al Director General de Justicia Militar, ambos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

c) En relación con la constitucionalidad del artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, determinó que carecía de competencia legal, por lo que ordenó la remisión de los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

21. QUINTO. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Alto Tribunal ordenó el registro del asunto con el número 996/2023 y lo turnó a la Ponencia del señor Ministro Alberto Pérez Dayán para su resolución.

22. Por auto de quince de febrero de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala instruyó el avocamiento del presente asunto y ordenó enviar los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

23. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos.

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA

24. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver este recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, tercero y la actualización de la salvedad prevista en el Punto Quinto, fracción I, inciso B), del Acuerdo General Plenario 1/2023, toda vez que se interpone contra una sentencia dictada por una jueza de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó el artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, porque al respecto no existe precedente, además no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

26. Dichos presupuestos no serán materia de análisis por esta Segunda Sala, debido a que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto, en los considerandos segundo y tercero, respectivamente, determinó que los recursos de revisión fueron interpuestos dentro del plazo legal y por parte legitimada.

III. CONSIDERACIONES PREVIAS

27. Para el estudio y resolución del tema que aquí nos ocupa, se estima conveniente citar a continuación, brevemente, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa y los razonamientos de la sentencia de amparo.

28. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó en su demanda de amparo lo siguiente:

• El artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos transgrede los derechos consagrados en los artículos 1, 5, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el precepto combatido prevé que el personal militar que se encuentre sujeto a un proceso penal, con independencia de que se haya resuelto la prescripción de la acción penal, no tendrá derecho al otorgamiento de la condecoración de perseverancia.

• Dicha porción normativa es claramente discriminatoria, pues no obstante que no existe una sentencia condenatoria, permite que la autoridad restrinja derechos al quejoso por el mero hecho de haberse encontrado sujeto a un proceso penal.

• La norma vulnera el derecho a recibir el fruto del trabajo, que en este caso es un incremento en la percepción salarial, con base en los años de antigüedad que el interesado tenga en el Instituto Armado sin que, para ello, exista una resolución judicial que específicamente señale el derecho a recibir tal beneficio o el de haber interrumpido el tiempo del servicio, máxime cuando no existió una sentencia condenatoria.

• Las autoridades Legislativas y del Ejecutivo Federal, al intervenir en la discusión y promulgación de la norma impugnada, no señalaron las razones del porqué aún en los casos en donde opere la prescripción de la acción penal, finalmente imponen una sanción, como lo es el no poder acceder al beneficio que la propia Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece, es decir, la exposición de motivos careció de una fundamentación, motivación y total desapego a los principios procesales, pues el individuo que se ubique en dicha hipótesis queda en absoluto desamparo normativo sin que se trate de una cuestión atribuible a dicho gobernado, vulnerando así, los artículos 14 y 16 del Pacto Federal.

• La norma impugnada violenta el artículo 20 constitucional, pues una de las premisas en el derecho penal es la presunción de inocencia, sin embargo, la porción normativa controvertida impone sanciones y restringe derechos, aún y cuando el gobernado no haya recibido una sentencia condenatoria.

• En este sentido, la prescripción es la pérdida del derecho procesal para imputar una responsabilidad penal y así lo resolvió en su momento el Juez de la causa, conforme a lo dispuesto por el artículo 100 del Código Penal Federal,(1) que señala que la prescripción extingue la acción penal y las sanciones.

• Como se aprecia, del contenido del artículo 100 citado, la prescripción no sólo impide al juzgador de la causa analizar la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, sino que también impide que en su caso, se imponga alguna sanción derivada de la acción penal o bien de la conducta que en su momento se atribuyó al sujeto activo; no obstante, de los actos reclamados, la Dirección General de Justicia Militar y de Administración le niega un derecho, a pesar de que por disposición de una norma general se establece la prohibición de cualquier sanción.

29. Sentencia recurrida. La jueza de Distrito concedió el amparo respecto del artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al considerar que transgrede el derecho a la presunción de inocencia establecido en el numeral 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las siguientes consideraciones:

• Del artículo 20, inciso B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Dicho precepto constitucional resguarda de forma expresa el principio de presunción de inocencia, pues éste revela que el gobernado no se encuentra obligado a demostrar que su conducta es inocente previa imputación de una conducta delictiva, por ende, corresponde al Ministerio Público probar los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del acusado.

• Ahora bien, el Pleno del Máximo Tribunal del país sostuvo que dicho principio de presunción de inocencia debe ser aplicable en todos los procedimientos en los que el gobernado resienta el poder correctivo del Estado, y de cuyo resultado pueda derivar una pena o sanción.

• En esa guisa, determinó que el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador con ciertos matices y modulaciones, tomando en consideración la calidad de inocencia que le debe ser reconocida al gobernado en todo procedimiento que pueda conllevar a una pena o sanción; lo que hace patente la carga procesal de la autoridad de acreditar los elementos de la conducta punible, lo que apoya en las tesis de rubros: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”(2) y “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES”.(3)

• Por otra parte, al resolver los amparos en revisión 352/2016,(4) 374/2016(5)

• 256/2017,(6) 485/2017,(7) 434/2017,(8) la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, estableció la importancia de hacer patente la distinción que existe entre el procedimiento administrativo sancionador, en comparación con el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en el servicio de carrera. Así, precisó que los requisitos de ingreso y permanencia son la materialización del artículo 123, Apartado B, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, pues a través de éstos se constituye el marco laboral administrativo que rige la función de seguridad pública con el Estado y sus integrantes.

• Así, concluyó que la finalidad del procedimiento que se sigue ante el incumplimiento a los requisitos de permanencia no es punitiva, sino únicamente tiende a separar al servidor público que incumple con los requisitos para permanecer en el cargo, lo cual, se relaciona con una circunstancia que determina la subsistencia de la relación laboral administrativa y, por ello, no es punitiva, en consecuencia, tampoco son aplicables los principios del derecho penal. Las consideraciones anteriores, dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 162/2017 (10a.) de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN Y POLICÍAS FEDERALES MINISTERIALES, POR NO ACREDITARSE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESULTA INAPLICABLE ESE PRINCIPIO.”.(9) • Posteriormente, al analizar la contradicción de tesis 448/2016 de la que derivó el criterio anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que, efectivamente, el incumplimiento de los requisitos de permanencia no constituye propiamente un procedimiento administrativo sancionador. Por lo que el derecho a la presunción de inocencia no puede aplicarse directamente y, por ende, un servidor público de esa característica no puede invocar en un trámite de separación la protección de la presunción de inocencia, porque la finalidad de dicho procedimiento no es sancionarlo por alguna conducta que haya realizado, sino verificar que cumple con los requisitos de permanencia en el cargo, es así que concluyó que el principio de presunción de inocencia es aplicable sólo en procedimientos en los que se hace manifiesta la facultad punitiva del Estado.

• El principio de presunción de inocencia consiste en impedir que fuera del proceso penal se aplique cualquier tipo de medida desfavorable asociada al simple hecho de que una persona esté sujeta a proceso, evitando así que a través de esas medidas se haga una equiparación entre imputado y culpable en ámbitos extraprocesales. Estas consideraciones dieron lugar a la tesis de jurisprudencia P./J. 30/2018 (10a.), de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE REALIZARSE UNA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL REQUISITO DE PERMANENCIA EN EL CARGO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 34, FRACCIÓN II, INCISO E), EN RELACIÓN CON EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN I, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, INCISO A), EN RELACIÓN CON EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A EFECTO DE QUE NO VULNEREN ESTE DERECHO.”.(10)

• Aún y cuando en el caso no se está en presencia de un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio que revele la facultad punitiva del Estado; lo cierto es que, lo resuelto en el proceso penal que se le siguió al accionante de amparo por los delitos de cohecho y uso de documento falso irradia desfavorablemente a éste para efectos del reconocimiento de la condecoración de perseverancia y que por tanto, asiste razón al justiciable en cuanto sostiene que el artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es trasgresor del derecho fundamental establecido en el numeral 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la medida ahí prevista, conculca el derecho fundamental de presunción de inocencia.

• El tratamiento anterior se puede corroborar con lo establecido en los artículos 18, fracción VII(11) y 19(12) de la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pues de éstos se deriva que se deducen en el tiempo de servicios aquellos militares que hayan sido sujetos a proceso penal en que se declare extinguida la acción penal por la prescripción de la pena, empero, no será así cuando exista una sentencia absolutoria.

• En esa tesitura, es claro que por el sólo hecho de no existir una sentencia de fondo que le absuelva del delito por el que se le procesó, no obstante, esté extinguida la responsabilidad del acusado y la acción penal, extraprocesalmente se trata como responsable del delito.

• En el caso, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Director General de Justicia Militar, una vez que quede firme la sentencia, deje insubsistente el oficio dieciséis mil cuarenta y uno, de veintitrés de febrero de dos mil veintidós y en su lugar, dicte otro en que, atendiendo a las consideraciones vertidas en la sentencia, resuelva la solicitud del justiciable relacionada con la condecoración de perseverancia de tercera clase, sin aplicar el artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

IV. AGRAVIOS

30. Debido a que el tribunal colegiado que conoció previamente de los recursos de revisión interpuestos agotó el estudio de los agravios relacionados con los aspectos de improcedencia del juicio, esta Sala se ocupará únicamente de los argumentos relativos a la constitucionalidad del precepto reclamado. Al respecto, los agravios expuestos por las partes en sus recursos fueron del tenor siguiente:

A. QUEJOSO:

• No es lo mismo declarar que una norma reglamentaria no es respetuosa de la garantía constitucional, a señalar que específicamente dicha norma es inconstitucional. La jueza de Distrito fue omisa en declarar la inconstitucionalidad de la porción normativa.

• La concesión del amparo no sólo debe ser para un efecto que le permita a la autoridad responsable corregir o subsanar la violación que le fue reclamada, sino que la sentencia de amparo debe guardar congruencia entre los razonamientos y los efectos, a la luz de la causa de pedir planteada.

• De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo no deben quedar a criterio de la autoridad responsable bajo un hipotético beneficio, sino que debe ser un hecho fáctico a fin de evitar que la autoridad insista bajo un argumento distinto. Por lo que la concesión del amparo debió otorgarse de manera lisa y llana.

B. SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL:

• La A quo considera de manera incorrecta que los conceptos de violación del quejoso son atinados al expresar que el artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, vulnera el principio de presunción de inocencia y de legalidad, ya que en su caso, en el proceso penal que enfrentó el amparista, se declaró prescrita la acción penal y, a pesar de ello, dicho numeral le impone sanciones administrativas como lo es la pérdida del beneficio de la condecoración de perseverancia, aunque no existe sentencia condenatoria en su contra.

• La jueza pierde de vista que al tenor del contenido del oficio dieciséis mil cuarenta y uno, de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, el proceso penal que se siguió al quejoso fue en el año dos mil catorce, es decir, bajo el esquema del sistema mixto inquisitivo, por lo que no es válido ni legal el argumento consistente en que el numeral 20, apartado B, fracción I de la Carta Magna, haya vulnerado en perjuicio del quejoso el principio de presunción de inocencia, pues tal principio no tenía aplicación en ese año.

• Es incorrecto que la jueza de Distrito equipare las sanciones penales con las sanciones administrativas, ya que la negativa para no otorgarle la condecoración de Tercera Clase, no fue como consecuencia de una sanción administrativa por alguna conducta que haya cometido y mucho menos por haber resultado responsable, sino como consecuencia de la situación en que se colocó el quejoso; es decir, por el hecho de no haber trabajado durante el tiempo que duró su procedimiento penal pues, en tal lapso, no laboró de manera continua, sino que una vez terminado su proceso penal por la causa que haya sido, reanudó sus servicios viéndose éstos interrumpidos.

• No hay que perder de vista que precisamente el numeral de la Ley de Ascensos y Recompensas que se cita, prevé el reconocimiento a los militares que de manera ininterrumpida han prestado sus servicios a favor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y no como el quejoso que los interrumpió por haber sido procesado penalmente independientemente de su responsabilidad o no.

• Por lo que resultan inaplicables los criterios jurisprudenciales que cita la jueza de origen para otorgarle al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal. Asimismo, resulta ilegal su máxima de que “el principio de presunción de inocencia consiste en impedir que fuera del proceso penal se aplique cualquier tipo de medida desfavorable asociada al simple hecho de que una persona esté sujeta a un proceso”, ya que no es una norma sancionadora, sino simplemente contempla los casos y condiciones que se requieren para que el personal militar que trabaja ininterrumpidamente a favor del Ejército y Fuerza Aérea se haga de una distinción por medio del otorgamiento de una condecoración y por tanto, sería injusto, contrario a derecho e incluso inmoral, que se le otorgara una recompensa a todos por igual, independientemente que unos hayan tenido un tiempo de servicios prestados al Instituto Armado de manera ejemplar, que a otros que se colocaron en una situación adversa a la ley penal.

• No es procedente la concesión del amparo al considerar la A quo que el artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos vulnera el principio de presunción de inocencia, debido a que como se expone en el agravio que antecede, dicho numeral, lo que prevé es precisamente una recompensa a favor de los militares que nunca y por ningún motivo han interrumpido sus servicios castrenses.

C. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN:

• La parte quejosa no tiene afectación en su esfera jurídica respecto de los actos que reclama a esta Soberanía, puesto que ésta ha actuado conforme a las facultades conferidas por la Constitución.

• La sentencia combatida carece de un análisis profundo y correcto, que abarque todos los objetivos y enfoques del sistema judicial mexicano, lo anterior porque al quejoso se le respetó en todo momento su derecho a la presunción de inocencia y sus derechos fundamentales.

• El artículo combatido se encuentra dirigido a los militares con la finalidad de reconocer su perseverancia en el desempeño de sus funciones, por lo que, si algún militar interrumpe la prestación de sus servicios por los motivos regulados en éste, es una situación que no implica que se haya violado en su perjuicio el derecho fundamental de presunción de inocencia.

• La Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dota de un marco jurídico más justo y equitativo a sus miembros, por ello se legisló cumpliendo con todos los requis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33472-bdf4b0a1/condecoracion-de-perseverancia-a-los-militares-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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