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Modo: Corpus Pro

MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. LA RESTRICCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO LES ES APLICABLE CUANDO HAYAN OBTENIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU BAJA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 377/2019. · Registro digital (IUS): 29371
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRA
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Pág. 4391.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 377/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; JAVIER LAYNEZ POTISEK MANIFESTÓ QUE HARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: SONIA PATRICIA HERNÁNDEZ ÁVILA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito, sin que resulte necesaria la intervención del Pleno para dirimir el punto jurídico.

Asimismo, acorde a la tesis P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal que se lee bajo el rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II,(2) de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del general secretario de la Defensa Nacional, siendo este último parte en los asuntos aquí denunciados.

TERCERO.—Procedencia. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227 de la Ley de Amparo, se infiere que la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito requiere como presupuesto que las sentencias en que los criterios discrepantes fueron emitidos tengan la naturaleza de ejecutorias.

En ese contexto, del estudio preliminar efectuado a las ejecutorias que forman la presente denuncia, se encuentra la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el recurso de revisión incidental **********/2019.

De su lectura se desprende que en dicha ejecutoria se resolvió revocar la interlocutoria recurrida y conceder la suspensión definitiva de la ejecución del acto reclamado, consistente en la baja del quejoso como miembro del Ejército y Fuerza Área Mexicanos, resolución que no formará parte de esta contradicción, por no ser una resolución definitiva que resuelva el fondo del asunto, pues el objeto del incidente de suspensión únicamente consiste en mantener viva la materia del juicio y evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto reclamado.

En efecto, de conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador deberá proveer sobre la suspensión solicitada y ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden al momento de la presentación de la demanda, además de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho afectado, en caso de ser material y jurídicamente posible.

Asimismo, el artículo 131, párrafo segundo, del propio ordenamiento prevé la imposibilidad de que, con motivo de la medida cautelar, se constituyan derechos a los quejosos con los que no contaban antes de la presentación de la demanda.

Por ende, de la interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que la facultad restitutoria en la suspensión procede únicamente respecto de derechos que estén incorporados a la esfera jurídica de quienes la solicitan con anterioridad a la tramitación del incidente, pues lo establecido en el último numeral mencionado revela la intención de evitar que, so pretexto de la concesión de una medida cautelar, se otorgue al quejoso el goce de una prerrogativa de la que no era titular.

Tan es así que en el artículo 77 de la misma ley se reconoce que, de tener razón el particular en el fondo, los efectos de la concesión del amparo serán la restitución en el pleno goce del derecho afectado o la vinculación a la responsable para que observe el derecho cuya omisión se reproche, por lo que es materia de la sentencia del expediente principal fijar los extremos sobre cómo deberán restituirse los derechos indebidamente afectados a los justiciables y no del incidente de suspensión, ya que el objeto de esa medida únicamente consiste en mantener viva la materia del juicio y evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto reclamado. Consecuentemente, en ese supuesto la denuncia respectiva, por lo que, hace a esta resolución debe declararse improcedente.

CUARTO.—Antecedentes de los criterios opositores. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito conoció del amparo en revisión 197/2015, con los siguientes antecedentes:

1. ********** fue miembro por dieciocho años del Ejército Mexicano, con el grado de sargento primero auxiliar oficinista.

2. A partir del trece de enero de dos mil doce, se le diagnosticó lumbociatalgía e inició tratamiento médico; sin embargo, la Oficina Legal del Hospital Central Militar emitió certificado en el que avaló que se encontraba sana, sin que se le incapacitara para el servicio de las armas o limitara su actividad funcional militar.

3. El treinta y uno de octubre de dos mil doce, a través de oficio SRH-PM, le fue notificado a la quejosa el Acuerdo 89747 de veinticuatro de octubre de dos mil doce, por el que se inició el procedimiento administrativo para determinar la procedencia de causar baja del instituto armado, por estimarse de innecesarios sus servicios, de conformidad con el artículo 170, fracción II, apartado E, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

4. El veintisiete de febrero de dos mil trece, mediante oficio SRH-PM-4551, le fue notificado a la quejosa el Acuerdo 22922, de veinticuatro de febrero de dos mil trece, emitido por el secretario de la Defensa Nacional, en el que se ordenó la baja de la quejosa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por no ser necesarios sus servicios, perdiendo sus derechos adquiridos en virtud del tiempo de servicios, así como el uso de condecoraciones o distintivos, en términos del artículo 170, fracción II, apartado E, de dicha ley.

5. Inconforme, **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y de diversos integrantes de la Cuarta Región Militar, entre otros, por la aplicación del artículo 170, fracción II, apartado E, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al considerarla inconstitucional.

6. Del amparo conoció el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, bajo el número de expediente 737/2013.

7. En sentencia de veintiuno de marzo de dos mil trece, el Juez de Distrito determinó "... que en el caso, se transgredieron en perjuicio de la quejosa sus derechos de igualdad y no discriminación que proscribía la Constitución Federal, así como los diversos tratados internacionales invocados ... ya que la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto al iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo tendiente a determinar la procedencia o improcedencia de que la impetrante causara baja del servicio castrense, actuó en forma por más discriminatoria hacia la quejosa, en razón de su género y estado de salud."

8. En ese sentido, el a quo concedió el amparo solicitado, para efecto de que la autoridad responsable general secretario de la Defensa Nacional, entre otras cosas: dejara insubsistente el procedimiento administrativo de baja incoado a la quejosa; y, ordenara reinstalarla en su cargo, porque a los militares no les es aplicable la prohibición absoluta de reincorporación al servicio, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal.

9. En contra de la referida resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo el número de expediente 197/2015.

10. Posteriormente, en ejecutoria de catorce de enero de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado resolvió en materia de la revisión confirmar la sentencia recurrida; y, conceder el amparo a la quejosa en los mismos términos que fueron plasmados en la sentencia constitucional, los cuales se tradujeron para que la autoridad castrense responsable:

"a) Deje insubsistente el procedimiento administrativo de baja incoado a la militar **********, ...

"b) Deje insubsistente los acuerdos ... con los que ordenó, respectivamente, el inicio del referido procedimiento y la baja en el activo de la militar;

"c) Ordene reinstalar a la quejosa en su cargo, porque a los militares no les es aplicable la prohibición absoluta de reincorporación al servicio, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución;

"d) Ordene pagar a la demandante los haberes dejados de percibir desde que se decretó la baja, ...; y,

"e) Promueva, respete, proteja y garantice el derecho al trato digno de la quejosa, brindándole los medios necesarios para gozar del mayor nivel de estabilidad y seguridad como mujer y madre dentro del Instituto de Armas, de ser posible, con la obligación de realizar un análisis de razonabilidad en el que dilucide si, en el caso, el problema de salud de la demandante le permite o no desplegar con solvencia la actividad para la cual fue contratada o nombrada y, en su caso, brindarle alternativas de empleo dentro de la estructura de la Secretaría de Estado, que respete las condiciones en que desarrollaba sus servicios."

QUINTO.—El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció del amparo en revisión **********/2016, el cual tiene los siguientes antecedentes

1. En acta de ocho de agosto de dos mil quince, levantada por el Consejo de Honor del Ejército Mexicano, se resolvió respecto del comportamiento observado de **********, como soldado de Infantería, en la que se determinó que éste incurrió en mala conducta y, en consecuencia, se propuso su baja de dicha institución armada al secretario de la Defensa Nacional.

2. Mediante resolución contenida en el oficio **********, de veintinueve de octubre de dos mil quince, suscrito por el secretario de la Defensa Nacional, se decretó la baja de ********** como miembro del Ejército Mexicano por haber incurrido en "mala conducta".

3. Mediante oficio **********, emitido el treinta de octubre de dos mil quince por el director general de Infantería, se dio la ejecución material del procedimiento; y, dentro de dicho procedimiento administrativo que le fue instaurado, se determinó la mala conducta del mismo, y, con ello, su baja del Ejército.

4. Inconforme, **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y de diversos integrantes del Consejo de Honor, entre otros, por la emisión del acta y oficio en los que se ordenó su baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por su mala conducta.

5. Del amparo conoció el Juez Séptimo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente **********/2015.

6. Posteriormente, mediante sentencia emitida el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el Juez resolvió: sobreseer y no conceder el amparo solicitado, por lo que se refiere a la baja decretada en perjuicio del quejoso y su ejecución material.

7. En contra de la resolución emitida por el a quo, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente **********/2016; a su vez, el secretario de la Defensa Nacional interpuso recurso de revisión adhesiva.

8. Mediante ejecutoria de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado determinó dejar firme el sobreseimiento; revocar la sentencia recurrida; y, conceder el amparo solicitado por el quejoso, para efecto de "... que las autoridades responsables queden obligadas a resarcir íntegramente el derecho del que se vio privado el promovente del amparo, debiendo pagarle la indemnización constitucional relativa, la cual engloba el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a que pudiera tener derecho conforme a la legislación aplicable y, desde luego, también deberá anotarse en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, que fue separado de manera injustificada, en la inteligencia de que la concesión del amparo que se obsequia, de ninguna manera conlleva su reinstalación en el puesto que ocupaba como soldado de Infantería del Ejército Mexicano, al existir prohibición constitucional expresa para ello."

9. Las consideraciones relevantes que llevaron a dicha determinación fueron las siguientes:

• Que "... este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que ... contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, en el caso concreto sí resultaron vulneradas las formalidades esenciales del procedimiento, así como los principios de debido proceso y legalidad, desde el momento en que no fue correctamente emplazado a la audiencia en la que se celebraría el Consejo de Honor que se comenta, en la forma prevista por la normatividad aplicable ...

• Por ello, el Tribunal Colegiado determinó: "... revocar, en lo que fue materia de revisión, la negativa de amparo decretada en la sentencia que se revisa y, en su lugar, conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso ..."

• Pues, "... que con la sola demostración de la ilegalidad procesal ... el solicitante de amparo obtendrá el mayor beneficio que puede alcanzar, por tratarse de un miembro del Ejército, respecto del cual existe prohibición constitucional expresa para reinstalarlo ..."

• "... que en el caso es improcedente reinstalar al quejoso u ordenar la reposición del procedimiento relativo, ... porque cuando acontece, como en la resolución reclamada, que se decreta la separación laboral de algún miembro de un cuerpo de seguridad o policiaco, y se advierte que durante el procedimiento respectivo fueron cometidas algunas violaciones de carácter formal o procesal, ... al no ser procedente su reinstalación ... sino solamente constreñir a la autoridad responsable a resarcir íntegramente el derecho del que se vio privado, necesariamente deben precisarse los efectos de la concesión del amparo ..."

• Que "... es factible concluir, que los efectos de la concesión del amparo contra la resolución que decretó la baja del quejoso como soldado de Infantería del Ejército Mexicano, exclusivamente debe constreñirse a ordenar el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones inherentes, pues se trata de una prerrogativa que necesariamente debe otorgarse a los militares, al evidenciarse que la separación resultó injustificada."

• Que "en efecto, el aludido criterio resulta aplicable por analogía tratándose de militares, porque en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, claramente se establece la misma prohibición de reinstalar en su puesto, además de los miembros de los cuerpos de seguridad o instituciones policíacas, a los militares, marinos y miembros del servicio exterior, entre otros servidores públicos; de tal suerte, que válidamente puede acogerse la destacada interpretación para resolver lo procedente a los efectos de la concesión de amparo en el presente supuesto."

• Y, que: "por ello, no es procedente ordenar la reposición del procedimiento ..."

• "En consecuencia, para reparar de manera integral el derecho violado, ante la imposibilidad de regresar las cosas al estado en que se encontraban, dada la restricción constitucional establecida en el artículo 123, fracción XIII, apartado B, para reincorporar al quejoso como soldado de Infantería del Ejército Mexicano, lo procedente es obsequiarle la protección constitucional, única y exclusivamente para el efecto de que las autoridades responsables queden obligadas a resarcir íntegramente el derecho del que se vio privado el promovente del amparo, debiendo pagarle la indemnización constitucional relativa ..."

SEXTO.—El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito conoció del amparo en revisión **********/2017, el cual tiene los siguientes antecedentes

1. Mediante oficio emitido el diez de diciembre de dos mil quince, se convocó a **********, asistir a la reunión que se llevaría a cabo por el Consejo de Honor, misma en la que se determinó su mala conducta y, por ello, solicitar su baja ante la superioridad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

2. Inconforme, el quejoso promovió amparo indirecto en contra de diversos integrantes del Consejo de Honor, la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros, por el procedimiento administrativo y la resolución que determinó su baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

3. De la referida demanda conoció el Juez Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en el Estado de Coahuila, bajo el número de expediente **********/2015.

4. Y, mediante sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el a quo resolvió sobreseer; y, conceder el amparo solicitado por el quejoso.

5. En contra de la anterior resolución, el delegado de la Secretaría de la Defensa Nacional interpuso recurso de revisión. Del recurso conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, bajo el número de expediente **********/2017.

6. En ejecutoria de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado determinó modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso, al estimar que la orden de baja impugnada resulta injustificada, al apoyarse en un procedimiento viciado de origen, esto es, que el procedimiento administrativo que le fue instaurado adoleció de vicios desde su origen.

7. En ese sentido, el Tribunal Colegiado estableció que "... los alcances del otorgamiento del amparo conllevan que la autoridad responsable efectúe el pago de la respectiva indemnización, y demás prestaciones a que se tenga derecho, ..."

8. Asimismo, determinó modificar la sentencia recurrida para efectos de que:

"1) Subsista la baja del ahora quejoso como cabo de infantería del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

"2) La autoridad responsable deberá fijar un monto de indemnización, conforme a los mecanismos que, en su caso, prevean las leyes internas; o bien, atienda a los parámetros señalados en el artículo 123 de la Carta Magna, que resulta aplicable, como base mínima, y demás prestaciones a que tenga derecho.

"3) Hacer del conocimiento al Registro Nacional de Seguridad Pública, el quejoso fue dado de baja de manera injustificada, para los efectos de la anotación en el expediente personal del mismo."

9. El órgano colegiado, en los alcances que le brindó a la ejecutoria estableció, entre otras cosas, que "... la autoridad responsable deberá fijar un monto de indemnización, conforme a los mecanismos que, en su caso, prevean las leyes internas; o bien, atienda a los parámetros señalados en el artículo 123 de la Carta Magna, que resulta aplicable, como base mínima, y demás prestaciones a que tenga derecho."

Ello, al estimar que el Juez de Distrito "... omitió considerar lo ... atinente a la restricción constitucional de volver las cosas al estado que se encontraban antes de la violación, esto es, que no debió ordenar reponer el procedimiento administrativo de baja.

"En efecto, es de suma importancia tomar en cuenta, la prohibición contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Carta Magna, en el sentido de que no podrán ser reincorporados al servicio, los miembros de los cuerpos de seguridad pública, en atención a que se busca proteger y preservar los intereses fundamentales sobre el particular ..."

SÉPTIMO.—El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito conoció del amparo en revisión **********/2019, el cual tiene los siguientes antecedentes:

1. El siete de abril de dos mil dieciocho, el secretario de la Defensa Nacional dictó el acuerdo **********, mediante el cual ordenó la baja de **********, del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber observado mala conducta, determinada por el Consejo de Honor en el procedimiento administrativo que le fue instaurado al soldado.

2. Inconforme, el militar presentó amparo indirecto en contra del secretario de la Defensa Nacional y del Comandante del Octogésimo Segundo Batallón de Infantería, por la resolución que ordenó su baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

3. De la demanda conoció el Juez Sexto de Distrito, con sede en la Ciudad de Uruapan, Michoacán, bajo el número de expediente **********/2018; y, mediante sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió conceder el amparo solicitado, lo cual no implicó la reinstalación del quejoso a su cargo como soldado de Infantería del Ejército Mexicano, al estimar que la no reinstalación en el cargo constituye una restricción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en la que se establece la prohibición absoluta de reinstalar a los militares, marinos y demás miembros de los cuerpos de seguridad.

4. En contra de la referida resolución, el secretario de la Defensa Nacional, por medio de su representante, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, bajo el número de expediente **********/2019.

5. Mediante sentencia de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado determinó: en materia de la revisión confirmar la sentencia recurrida.

OCTAVO.—Punto de contradicción. En el caso se actualiza la contradicción de tesis denunciada.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada P. V/2011, visible en la página 7, Tomo XXXIV, julio de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta(3) se pronunció en el siguiente sentido:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE AUN CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO.—Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, determinó que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho; sin que para determinar su existencia el esfuerzo judicial deba centrarse en detectar las diferencias entre los asuntos, sino en solucionar la discrepancia. Asimismo, en la tesis P. XLVII/2009, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.’, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que ante situaciones en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a dar certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. En esa medida, puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes deriven de problemas jurídicos suscitados en procedimientos o juicios de naturaleza distinta, siempre y cuando se trate, precisamente, del mismo problema jurídico."

Del criterio transcrito se desprende que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho; sin que para determinar su existencia el esfuerzo judicial deba centrarse en detectar las diferencias entre los asuntos, sino en solucionar la discrepancia; también que ante situaciones en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a dar certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico.

En el caso, según quedará demostrado, los órganos jurisdiccionales cuyos criterios dieron lugar al presente asunto sostuvieron posturas disímiles sobre un punto concreto de derecho, por lo que se actualiza la contradicción de tesis.

Con el objeto de demostrar este aserto es necesario mencionar que de lo expuesto en los considerandos cuarto a séptimo de la presente resolución se aprecia que en un primer momento los juzgadores conocieron de los juicios de amparo indirecto promovidos por diferentes quejosos pertenecientes al Ejército y Fuerza Área Mexicanos, y quienes impugnaron las resoluciones que determinaron su baja del ejército mexicano.

Es así que, en un segundo momento al resolver los juicios de amparo, dos Jueces sostuvieron la legalidad del acto reclamado, negando la protección constitucional solicitada y los otros dos otorgaron el amparo contra la resolución que ordenó su baja del ejército mexicano y para el efecto de que se dejará insubsistente, así como todo lo actuado en el procedimiento instaurado en su contra y se les reincorporara en el servicio.

Determinaciones que fueron impugnadas en revisión tanto por los quejosos como por la autoridad castrense responsable, de estos asuntos conocieron el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Octavo Circuito; y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, cuyos integrantes al resolverlos fueron coincidentes en confirmar o declarar la ilegalidad de la resolución que determinó la baja de los quejosos en el Ejército y Fuerza Área Mexicanos, sin embargo, no fueron coincidentes al momento de fijar los efectos de la protección constitucional otorgada, como a continuación se acreditará.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 197/2015, determinó en la parte que interesa:

"...

"Por todo lo expuesto, se concluye que deviene infundado lo aducido por la recurrente.

"En mérito de las consideraciones expuestas, ante lo ineficaz del agravio aducido por la recurrente se impone confirmar la sentencia que se revisa y conceder el amparo a la quejosa en los términos que fueron plasmados en la sentencia constitucional."

Términos que se reproducen y que son del tenor siguiente:

"... En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente:

"- El general secretario de la Defensa Nacional:

"a) Deje insubsistente el procedimiento administrativo de baja incoado a la militar **********, sargento primero auxiliar oficinista adscrita al Cuartel General de la Cuarta Región Militar, en Monterrey, Nuevo León;

"b) Deje insubsistente los acuerdos números ********** y **********, de veinticuatro de octubre de dos mil doce y veinticuatro de febrero de dos mil trece, con los que ordenó, respectivamente, el inicio del referido procedimiento y la baja en el activo de la militar;

"c) Ordene reinstalar a la quejosa en su cargo, porque a los militares no les es aplicable la prohibición absoluta de reincorporación al servicio, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución;

"d) Ordene pagar a la demandante los haberes dejados de percibir desde que se decretó la baja, esto es, a partir del uno de marzo de dos mil trece; y,

"e) Promueva, respete, proteja y garantice el derecho al trato digno de la quejosa, brindándole los medios necesarios para gozar del mayor nivel de estabilidad y seguridad como mujer y madre dentro del Instituto de Armas, de ser posible, con la obligación de realizar un análisis de razonabilidad en el que dilucide si, en el caso, el problema de salud de la demandante le permite o no desplegar con solvencia la actividad para la cual fue contratada o nombrada y, en su caso, brindarle alternativas de empleo dentro de la estructura de la Secretaría de Estado, que respete las condiciones en que desarrollaba sus servicios."

En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********/2017, en sesión de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, decidió:

"... En las relatadas condiciones, se modifica la sentencia impugnada, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, para los efectos siguientes:

"1) Subsista la baja del ahora quejoso como cabo de infantería del Ejército y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29371-7d9063f5/miembros-del-ejercito-y-fuerza-aerea-mexicanos-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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