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Modo: Corpus Pro

SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL (ACTUALMENTE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN RELATIVO NO ES ACTO IRREPARABLE NI CAUSA AFECTACIÓN EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 211/2010. · Registro digital (IUS): 22422
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 841.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 211/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.

MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

SECRETARIO: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que participaron en la solución de uno de los asuntos respecto de los que se hace dicha denuncia y, por ende, están facultados para hacerlo en términos de la fracción XIII del artículo 107 constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Criterios contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 196/2010-2795, en la parte conducente, señaló:

• Que lo procedente era confirmar la sentencia recurrida en la cual el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías, por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados de las autoridades responsables consistentes en el acuerdo de uno de diciembre de dos mil nueve, dictado en un procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal de la Procuraduría General de la República, a través del cual se desecharon diversas probanzas ofrecidas en ese procedimiento, así como por el artículo 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en virtud de que el juicio de amparo se promovía en contra de un acto intraprocesal en el cual si bien se había aplicado un precepto reglamentario, dicha aplicación no producía una afectación de imposible reparación o en grado predominante o superior para hacer procedente la instancia constitucional.

• A fin de llegar a tal determinación, el Tribunal Colegiado en comento señaló que tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 43, 44, 47 y 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se advierte: "... que el procedimiento de separación de un miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal consta de una serie de etapas o fases procesales, concatenadas entre sí, y que se siguen en forma de juicio. Esto es así, pues no es hasta que se agotan en su integridad las fases que lo componen, en las que se otorga el derecho de defensa al interesado, y en las que está involucrada una contienda sujeta a la decisión jurisdiccional de quien se pide la declaración del derecho, que puede emitirse la resolución definitiva en la que, en su caso, se decrete la separación."

• Precisó que lo anteriormente destacado tiene relevancia en el caso concreto, pues: "... si en términos de lo que dispone el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución definitiva con la que culmine un procedimiento seguido en forma de juicio, resulta entonces que el presente juicio es improcedente respecto de todos aquellos actos que, formal o materialmente, forman parte del procedimiento de separación seguido en contra del quejoso.", siendo uno de esos actos intraprocesales el acuerdo de uno de diciembre de dos mil nueve, dictado en el procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, a través del cual se desecharon diversas probanzas ofrecidas por el quejoso.

• Sin embargo, precisó el Tribunal Colegiado, existe una excepción al principio de definitividad, relacionada con la causa de improcedencia analizada por el a quo, consistente en que si el acto emitido dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin ser el definitivo, constituye el primer acto de aplicación de un ordenamiento general en perjuicio del promovente y se reclama éste también, en ese supuesto el juicio de amparo procede contra ambos actos, siempre y cuando, además, se acredite que esa aplicación ocasiona una imposible reparación en la esfera jurídica del quejoso.

• Bajo esta consideración, se indicó que la aplicación del artículo reclamado 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en el auto de uno de diciembre de dos mil nueve: "... no le ocasiona al quejoso un perjuicio de imposible reparación en el conjunto de sus derechos, o bien, una afectación en grado predominante o superior, pues aunque en él la responsable hubiera decidido desechar diversas probanzas, tal hecho únicamente afectaría un derecho procesal cuya violación puede ser remediada en el caso de que el promovente obtuviera una resolución favorable en el procedimiento administrativo instaurado en su contra."

• Finalmente, el Tribunal Colegiado señaló que la anterior conclusión demostraba: "... el error en el que incurre el recurrente al sostener que el acuerdo reclamado le ocasiona un perjuicio de imposible reparación ya que de no obtener resolución favorable en el procedimiento entonces no podrá ser reinstalado en el cargo que ocupa en términos de lo que prescribe el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, toda vez que esa afirmación parte del supuesto de que el desechamiento de las pruebas que ofreció traerá como consecuencia necesaria e ineludible que la resolución sea contraria a sus intereses, hecho que no es dable presumir por esa sola circunstancia."

En relación con lo anterior, se afirmó que: "Inclusive, en estricto sentido, la alegada infracción en la que incurrió la responsable al desechar las pruebas ofrecidas por el promovente puede ser reparada por el órgano jurisdiccional o judicial ante el que se impugne su separación como miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, ya que, de ordenarse su admisión, el referido Consejo de Profesionalización se encontrará obligado a valorarlas para emitir una nueva resolución sobre el particular, con independencia de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.". Por tanto, se afirmó que no existían bases para argumentar que las posibles violaciones cometidas en el acuerdo reclamado son irreparables.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, al resolver el amparo en revisión ARA. 902/2009, estableció esencialmente lo siguiente:

• Que lo procedente era confirmar la sentencia recurrida, en la que se desestimó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados de las autoridades responsables consistentes en el acuerdo de treinta de marzo de dos mil nueve, dictado en un procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal de la Procuraduría General de la República, a través del cual no se admitieron diversas probanzas ofrecidas en ese procedimiento, así como por el artículo 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en virtud de que el juicio de amparo se promovió contra un acto que contiene una ejecución de imposible reparación y de afectación predominante o superior.

• Para arribar a tal conclusión, el Tribunal Colegiado señaló que de conformidad con la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, la regla general consiste en que procede el juicio de garantías contra la última resolución con la cual culmine el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con la posibilidad de combatir en ese momento las violaciones procesales ahí cometidas, si por virtud de ellas el quejoso hubiere quedado sin defensa, sin embargo, señaló, esta regla general admite algunas excepciones, entre ellas, la que se desprende de la fracción IV del indicado numeral, en relación con los actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación. De acuerdo con estas reglas, indicó que: "... las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en sus derechos sustantivos o causan un agravio en extremo grave, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo."

• Bajo estas consideraciones, el Tribunal Colegiado de mérito estableció que: "... en el presente caso debe indicarse que el acto reclamado contiene una ejecución irreparable en perjuicio del quejoso ya que afecta su esfera jurídica en un grado predominante o superior, el cual debe determinarse objetivamente tomando en cuenta: I. La institución procesal que está en juego; II. La extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica; y, III. Los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, en caso de que la afectación se impugnara a través del juicio de garantías."

• Tal conclusión fue afirmada por el Tribunal Colegiado en virtud de considerar que el acuerdo reclamado, mediante el cual no se admitieron las pruebas que ofreció la parte quejosa, se trata de un acto intraprocesal preparatorio al dictado de la resolución final dentro del procedimiento administrativo, que depara al quejoso consecuencias que le afectarían en un grado predominante o superior, pues la no admisión de pruebas: "... se traduciría en una situación que afectaría el resultado de la resolución que se dictara en dicho procedimiento ..."

• A fin de explicar dicha conclusión, el órgano jurisdiccional de alzada tomó en consideración el contenido del artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal, del que se desprendió que los servidores públicos ahí señalados pueden ser: "... a) Separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones; o bien, b) Removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Además prevé que si dicha responsabilidad fuera impugnada y la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido."

• Conforme a esta consideración, se indicó que en el caso el quejoso se ubicaba dentro de los servidores públicos previstos en la norma constitucional aludida, al cual se le seguía un procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia con fundamento en los artículos 44 y 45 de la abrogada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, procedimiento en el cual: "... podría ser separado del cargo, por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en la referida dependencia, de conformidad con el normativo 43, fracción II, inciso a), de la citada ley ...".

• En este contexto, se precisó que el acuerdo reclamado sí se traduce en una afectación exorbitante dentro del procedimiento, dada la trascendencia que implica el desahogo de las pruebas de descargo para el procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de justicia que se le instruye al impetrante de garantías "... ya que el no desahogo de tales probanzas influiría en el resultado de la resolución que se dictara en dicho procedimiento, porque constituye la única oportunidad procesal para que el quejoso pudiera obtener una resolución favorable a sus intereses (violación procesal que está en juego); lo anterior, sin prejuzgar sobre el valor probatorio que la autoridad resolutora pueda darle o no a tales probanzas, sino en la medida que ésta deba brindar al quejoso una debida y adecuada defensa durante el procedimiento administrativo de mérito."

• Lo anterior se afirmó de esa forma, porque: "... el análisis inmediato y en forma excepcional de tales probanzas, genera la posibilidad de que el quejoso controvierta oportunamente en el procedimiento administrativo de origen las causas por las cuales se le pretende separar del cargo, y de que, eventualmente, no sea separado del mismo (que implica la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica). Pues de lo contrario, dada la particularidad del asunto, si fuera adversa al quejoso la resolución definitiva que se dicte en ese procedimiento (que se decida separar del cargo de **********), aun cuando éste impugnara tal determinación a través del medio de defensa que proceda, combatiendo junto con ella las violaciones procesales respectivas y, eventualmente, obtuviera sentencia favorable en la que se ordenara reponer el procedimiento, para que le fueran aceptadas dichas probanzas (alcances vinculatorios de la sentencia que se llegara a conceder), el único beneficio que, en su caso, obtendría el quejoso sería que se le pagara indemnización y demás prestaciones a que tuviere derecho, empero no así, que la autoridad administrativa resolutora ordenara su permanencia en el cargo de **********, de conformidad con lo dispuesto en el normativo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal."

• Así las cosas, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, concluyó con lo siguiente: "Motivo por el cual de permitir que no se admitan las pruebas ofrecidas por el quejoso en el procedimiento de origen, sí se afectarían directamente sus derechos fundamentales tutelados por la Constitución Federal (garantía de adecuada defensa de sus derechos previa al acto privativo). Lo que se justifica en función de la naturaleza y singularidad del proceso administrativo de origen, en virtud de que la eficacia (que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera) de las pruebas ofrecidas por el impetrante, sólo puede darse en una sola ocasión previo al acto privativo (separación del cargo), conforme lo expuesto en párrafos que anteceden, ya que posterior a ello, el único beneficio que podría obtener el quejoso, consistiría en una eventual indemnización y el pago de las demás prestaciones a que tuviere derecho. Luego, a pesar de que el acto reclamado no es la última resolución en el procedimiento administrativo de origen, sin embargo, éste sí constituye el acto de aplicación del artículo 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, además de que, conforme lo ya expuesto, tiene la característica de un acto de imposible reparación, en consecuencia, se actualiza la excepción a la regla general contenida en el numeral 114, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que debe considerarse que dicho acto es susceptible de reclamarse en amparo; de ahí que no le asista razón a la autoridad recurrente."

CUARTO. Existencia de la contradicción. El análisis de las ejecutorias antes sintetizadas, pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, en virtud de lo siguiente:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que no constituye un acto de imposible reparación, ni ocasiona una afectación predominante o superior, el que se desechen al quejoso diversas pruebas ofrecidas en el procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal de la Procuraduría General de la República seguido en su contra, con apoyo en el artículo 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en virtud de que tal hecho únicamente ocasiona una afectación procesal cuya violación puede ser remediada en caso de que obtenga una resolución favorable en ese procedimiento administrativo, con independencia de lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, toda vez que el desechamiento de pruebas no trae como consecuencia necesaria e ineludible la emisión de una resolución contraria a sus intereses, aunado a que esa violación puede ser reparada por el órgano jurisdiccional o judicial ante el cual se impugne esa determinación, pues de ordenarse la admisión de pruebas desechadas, el Consejo de Profesionalización se encontrará obligado a valorarlas para emitir una nueva resolución sobre el particular, independientemente de lo señalado en la norma constitucional de mérito.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región señaló que sí constituye un acto de imposible reparación que ocasiona una afectación predominante o superior, el que se desechen al quejoso diversas pruebas ofrecidas en el procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal de la Procuraduría General de la República seguido en su contra, con apoyo en el artículo 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, puesto que la no admisión de esas pruebas afectará el resultado de la resolución que se dicte en el procedimiento, dado que es la única oportunidad procesal para que el quejoso pueda obtener una resolución favorable a sus intereses, sin que pueda repararse una separación del cargo decretada por esa situación al quejoso, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, ya que aun cuando se impugnara esa determinación desfavorable a través del medio de defensa pertinente, combatiendo las violaciones procesales respectivas y, eventualmente, obtuviera sentencia favorable en la que se ordenara reponer el procedimiento para que le fueran aceptadas las pruebas antes no aceptadas, el único efecto que en su caso obtendría el quejoso sería que se le pagara una indemnización junto con las demás prestaciones que le corresponden, pero no que la autoridad administrativa ordenara su permanencia en el cargo conforme la normatividad constitucional mencionada.

Como se advierte, los tribunales contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, que constituye la materia de la presente contradicción, consistente en determinar si la no admisión o el desechamiento de pruebas en el procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal en la Procuraduría General de la República, constituye o no un acto de imposible reparación, o de afectación predominante o superior, para la procedencia del juicio de garantías en el que se impugne esa situación como el primer acto de aplicación de una norma general cuya constitucionalidad igualmente se reclama.

No constituye un obstáculo para estimar actualizada la existencia de la presente contradicción, la circunstancia de que los Tribunales Colegiados hayan resuelto los asuntos que les correspondió conocer con apoyo en la anterior Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vigente hasta el veintinueve de mayo de dos mil nueve, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en vigor a partir del día siguiente, abrogando aquélla; lo anterior, en atención a que como se verá en el desarrollo de esta resolución, el contenido de los numerales derogados que rigen el procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, se repitió en los vigentes.(1)

QUINTO. Estudio de fondo. El criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, es el que esta Sala determina al tenor de las siguientes consideraciones:

Ante todo, es conveniente precisar que el juicio de amparo contra leyes tramitado en la vía indirecta, encuentra sustento en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que a la letra expresa:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia."

Por su parte, la Ley de Amparo reitera y amplía esa disposición en su artículo 114, fracción I, el cual señala:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso."

De las disposiciones indicadas se desprende que el juicio de amparo indirecto contra leyes puede promoverse cuando se reclamen leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, ya que la ley no establece distinción en cuanto a la naturaleza de la disposición general reclamada, máxime que en la parte final de la citada fracción, se alude genéricamente a que la ley puede reclamarse cuando "por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso."

Ahora bien, cuando como en el caso la ley se reclama con motivo del primer acto de aplicación, la procedencia del juicio de garantías no es irrestricta, sino que deben observarse ciertas reglas y principios fundamentales sobre los cuales ha sido estructurado el juicio de amparo, máxime si ese acto de aplicación proviene de una actuación dictada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin constituir la resolución definitiva.

En tal supuesto, el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación dentro de un procedimiento, procede en la vía indirecta siempre y cuando cause un perjuicio de imposible reparación, en aplicación de la fracción II, en relación con la IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, que disponen:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo.

"En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de éstas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;

"...

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."

La relación entre las fracciones aludidas la ha sostenido esta Sala, estableciendo que aun cuando la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio, es decir, la fracción II de dicho numeral, pues lo que se pretende es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo indirecto sin necesidad de esperar la resolución definitiva.(2)

Los procedimientos en forma de juicio seguidos por autoridades distintas de los tribunales, a que hace referencia el párrafo segundo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, son tanto aquellos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como los procedimientos mediante los que prepara una resolución definitiva con intervención del particular, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues la expresión "procedimiento en forma de juicio", debe ser comprendiendo en su aspecto amplio.(3) Caso este último en el que se encuentra el procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal de la Procuraduría General de la República, como más adelante se advertirá.

Como se adelantó, para la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, cuando el acto de aplicación proviene de una actuación dictada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin constituir la resolución definitiva, no basta la acreditación fehaciente de esa aplicación, sino que, además, es necesario que ese acto intraprocesal cause un perjuicio irreparable. En este supuesto, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos.(4)

Bajo este tenor, a fin de resolver si la no admisión o el desechamiento de pruebas en el procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal de la Procuraduría General de la República, constituye o no un acto de imposible reparación, o de afectación predominante o superior, para la procedencia del juicio de garantías en el que se impugne esa actuación intraprocesal como acto de aplicación de una norma general, resulta conveniente advertir lo que este Alto Tribunal ha sostenido en relación con los actos de ejecución irreparable.

Para este fin, es provechoso advertir lo que disponen los artículos 107, fracción III, inciso b), primera parte, de la Constitución Federal, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo. Los citados numerales son del siguiente tenor:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"...

"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan."

Ley de Amparo

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."

Por ejecución de imposible reparación, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural favorable a sus pretensiones; de manera que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22422-faa28210/servicio-de-carrera-de-procuracion-de-justicia-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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