CONFLICTO COMPETENCIAL. PUEDE CONFIGURARSE ENTRE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y OTRA JURISDICCIONAL, PARA RESOLVER UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 2/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO (PRESIDENTA) Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 2/2024, entre los sustentados por el Séptimo Tribunal Colegiado y el Sexto Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar, si es posible considerar actualizado mediante un ejercicio interpretativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un conflicto competencial entre una autoridad administrativa y una jurisdiccional.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Mediante oficio 10370/223 (sic) el Pleno del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció ante el extinto Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, la posible contradicción de criterios sustentada entre el indicado Tribunal Colegiado al resolver el conflicto de competencia ********** y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el conflicto de competencia **********.
4. Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la posible contradicción de criterios suscitada, se registró con el número ********** de la estadística del extinto Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, y fue turnada a la Ponencia correspondiente.
5. Los Tribunales Colegiados contendientes informaron que los criterios sostenidos respectivamente, se encuentran vigentes, asimismo, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que durante los últimos seis meses no encontró radicada alguna contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el denunciado.
6. Mediante oficio ********** signado por el secretario de Acuerdos del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro- Norte y Centro-Sur y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, remitió a este Pleno Regional, la contradicción de criterios 90/2023 de su estadística.
7. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios; ordenó su registro con el consecutivo 2/2024; solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informaran si los criterios de la posible contradicción se encuentran vigentes y que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de cada uno de los asuntos involucrados, así como la de aquéllos de los que éstos hayan derivado; también, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País que guarde relación con la temática planteada en este asunto, aunado a que se realizó el turno electrónico de éste.
8. Mediante oficio 1112/2024, de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito hizo saber que puso las actuaciones respectivas a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y a través del comunicado 1450/2024, de dos de febrero de la referida anualidad, comunicó que se encuentra vigente el criterio que sostuvo al dictar sentencia en el conflicto competencia 5/20223.
9. Por oficio DGCCST/X/137/02/2024, de doce de febrero de dos mil veinticuatro, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
10. Mediante oficio 3626/2024 de tres de abril de la anualidad que transcurre, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito comunicó que se encuentra vigente el criterio que sostuvo al dictar sentencia en el conflicto competencial 7/2023, y en proveído de veintiséis de marzo del año en curso dictado por el este Pleno Regional, se indicó que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que se encontraba vinculado el conflicto competencial 7/2023, del índice del órgano jurisdiccional citado en primer término.
11. Mediante auto de cinco de abril dos mil veinticuatro, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Civil y Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que trata de una denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados por el Séptimo Tribunal Colegiado y por el Sexto Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que se encuentran dentro de la región Centro-Sur.
III. LEGITIMACIÓN
13. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por parte legitimada, esto es, por el Pleno del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
15. Primer criterio contendiente. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció y resolvió el conflicto competencial **********, suscitado entre la Unidad de Substanciación de Responsabilidades de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el procedimiento de Responsabilidad Administrativa ********** **********, con los antecedentes relevantes que se relatan a continuación.
16. Mediante auto de diez de junio de dos mil veintidós, la Unidad de Substanciación de Responsabilidades de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, admitió a trámite el informe de presunta responsabilidad administrativa, por lo que integró el expediente **********, en el que una vez celebrada la audiencia inicial de uno de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó su remisión al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para que conociera del procedimiento de responsabilidades correspondiente, en virtud de tratarse de una falta grave.
17. Por proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, devolvió el expediente a la autoridad sustanciadora, para efecto de regularizar el procedimiento y realizar los emplazamientos a los presuntos responsables.
18. A través del oficio **********, la autoridad administrativa manifestó ante el órgano jurisdiccional que carecía de facultades para analizar la actuación de la autoridad substanciadora por encontrarse en un plano de igualdad, por lo que debía continuar con el procedimiento correspondiente.
19. El tres de abril de dos mil veintitrés, la autoridad resolutora proveyó en relación con el escrito de manifestaciones de la sustanciadora y acordó que debía estarse a lo decretado el doce de diciembre de dos mil veintidós.
20. El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la titular de la Unidad de Substanciación de Responsabilidades de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, planteó conflicto competencial en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
21. El Conflicto fue turnado al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrado con el número de expediente ********** y, previo requerimiento, en acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite.
22. El treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, resolvió que no existía conflicto competencial, bajos los argumentos torales siguientes:
• En primer orden, precisó las particularidades del procedimiento de responsabilidad administrativa, en tratándose de una falta grave y/o cometida por un particular; así como la naturaleza de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en su carácter de resolutora y de la Unidad de Substanciación de Responsabilidades de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, como substanciadora.
• Precisó, que con motivo de la reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince, específicamente de los artículos 73, fracciones XXIX-H y XXIX-V, se estableció la facultad del Congreso de la Unión de expedir una ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para imponer sanciones a servidores públicos por responsabilidades administrativas calificadas como graves, así como a los particulares participantes en actos vinculados con dichas responsabilidad; así como la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para fincar las responsabilidades administrativa de los servidores públicos, sus obligaciones, así como las sanciones aplicables.
• Además, consideró que el artículo 109, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las faltas administrativas graves deben ser investigadas por la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos en la entidades federativa, pero la resolución corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa competente.
• El dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se publicó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que se determinó la forma de substanciar los procedimientos relativos a faltas no graves o cometidas por particulares.
• Puntualizó, que el once de mayo de dos mil diecinueve, fue publicada la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativa del Estado de Jalisco y, además, se reformó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
• Razonó, que de la normatividad local antes precisada, se advierte que el procedimiento de responsabilidad administrativa se integra con las etapas de (i) investigación, (ii) substanciación y (iii) resolución, esta última, corresponde al tribunal competente en caso de faltas graves o cometidas por particulares.
• Consideró, que una vez sustanciado el procedimiento hasta el cierre de la audiencia inicial, si se trata de una falta grave o cometida por algún particular, el expediente debe ser remitido al tribunal competente; empero, cuando se trata de una falta no grave, el procedimiento continúa ante la misma autoridad substanciadora.
• Precisó que cuando el tribunal competente recibe el expediente, debe verificar que la falta sea considerada como grave, si no lo es, devuelve los autos a la autoridad substanciadora; en caso de sí se trate de una falta grave, notifica a las partes la radicación del expediente y, posteriormente, emite el acuerdo de admisión de pruebas, las demás diligencias y etapas conducentes, con el objeto de declarar cerrada la instrucción y emitir la resolución procedente; la cual, admite el recurso de apelación tratándose de los imputados, mientras que, en su caso, la autoridad cuenta con el recurso revisión.
• Ponderó que, en caso de faltas graves y/o cometidas por particulares, se encomendó la resolución a un órgano jurisdiccional.
• Por lo anterior, no puede existir un conflicto de competencia, en virtud de que el resolutor en caso de faltas graves y/o cometidas por un particular es un órgano jurisdiccional, mientras que la otra autoridad con facultad para resolver en relación con faltas no graves, es de naturaleza administrativa.
• Indicó que, con fundamento en los artículos 106 de la Constitución Federal; 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35 del Código Federal de Procedimientos Civiles; y, el punto quinto del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los conflictos de competencia se generan entre órganos judiciales pertenecientes a los mismos o distintos órdenes jurisdiccionales; por lo que si el conflicto se suscita entre una autoridad judicial y otra de índole administrativa, será inexistente.
• Al caso citó la tesis I.5o.A.11 K (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE EL PLANTEADO ENTRE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y UN ÓRGANO JURISDICCIONAL.", así como el criterio contenido en la tesis la tesis II.3o.A.107 A (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyo rubro es "CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE EL QUE SE PLANTEA ENTRE LA TESORERÍA DE UN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y UNA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER Y RESOLVER UN RECURSO INTERPUESTO EN SEDE ADMINISTRATIVA."
• Además, invocó la jurisprudencia 46/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA JUDICIAL. NO PUEDE PRODUCIRSE ENTRE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS."
• Puntualizó que los argumentos de la Unidad de Substanciación de Responsabilidades de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en el sentido de que no existe recurso alguno en contra de la decisión que adopte el órgano jurisdiccional, no pueden hacer procedente un conflicto de competencia.
• Estimó también, que para los casos de discrepancia en cuanto a la calificación de la conducta, cuando la autoridad jurisdiccional considere que es no grave, bajo su más estricta responsabilidad, devolverá el expediente para que se continúe el trámite correspondiente; por lo que aún en caso de dicha discrepancia, al existir solución legal, no podría configurarse un conflicto de competencia.
23. Segundo criterio contendiente. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció del conflicto competencial 5/2023 y los antecedentes del caso son los que se relatan a continuación.
24. En auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la titular de la Unidad de Sustanciación de Responsabilidades de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, admitió a trámite el informe de presunta responsabilidad administrativa, en el expediente **********.
25. Una vez desahogada la audiencia inicial, remitió los autos a la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que, por turno, correspondió el conocimiento del caso a la Segunda Sala Unitaria del aludido Tribunal, órgano que mediante proveído de cinco de julio del mismo año, requirió a la autoridad remitente del expediente para que acreditara la personalidad ostentada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, tendría por no presentado el procedimiento.
26. El veintidós de agosto siguiente, la autoridad remitente manifestó ante el órgano jurisdiccional, que no tenía la obligación de acreditar su personalidad al tratarse de un hecho notorio; además de que no era parte en algún procedimiento.
27. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, hizo efectivo el apercibimiento, por lo que ordenó la devolución del expediente de responsabilidad administrativa y el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, declaró que la determinación descrita causó estado.
28. Con base en lo anterior, la titular de la Unidad de Substanciación de Responsabilidades de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, planteó un conflicto de competencia mediante oficio de veintiuno de abril de dos mil veintitrés.
29. Por auto de veintiséis de abril siguiente, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano al que correspondió conocer del conflicto, lo admitió a trámite y el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emitió la sentencia correspondiente, con base en las siguientes consideraciones medulares:
• La autoridad administrativa, al plantear el conflicto de competencia, argumentó que la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no debía requerir acreditar la personalidad por no tener competencia material para tal efecto, por lo que debe resolverse cuál es la autoridad competente.
• Los actos relativos al procedimiento de responsabilidad administrativa, son actos entre autoridades por haberse dictado entre dos entes públicos, por lo que deben cumplir la fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aplicación de la jurisprudencia P./J. 15/200517, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRÁNSITO. EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, ESTADO DE MORELOS, AL REGULAR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO PÚBLICO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES TIENE FUNDAMENTO EN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL."
• Además, en términos de los principios que rigen al sistema Anticorrupción, en el que se establecen y regula las acción relativas la coordinación entra las autoridades, éstas colaboran entre sí para el funcionamiento del sistema estatal; por lo que invocó la jurisprudencia PC.I.A. J/31 A (11a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, "SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. LE REVISTE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y PUEDE SER EMPLAZADO POR CONDUCTO DE SU COMITÉ COORDINADOR." • El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, omitió considerar que la Auditoría Superior de la entidad, es un diverso ente público con quien colabora en la sustanciación de un procedimiento de responsabilidades, pero el órgano jurisdiccional le dio un trato de parte en dicho procedimiento, al prevenirle para que acreditara la personalidad ostentada.
• La Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no considera como parte del procedimiento a la autoridad substanciadora, por lo que, en todo caso, si la autoridad jurisdiccional consideraba que carecía de competencia para conocer del caso, debía plantearlo en esos términos.
• En el momento en que la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco determinó que la autoridad administrativa no cumplió con el requerimiento que le fue ordenado, no tomó en consideración las manifestaciones por ésta vertidas, por lo que pasó por alto la obligación de fundar y motivar su decisión, lo que debía hacer en virtud de que se trataba de un acto de colaboración entre autoridades.
• Así, en virtud de que la Segunda Sala Ordinaria no se pronunció en relación con la continuación del procedimiento de responsabilidad administrativa, implica una negativa competencial y, en esa medida, se determina la existencia del conflicto correspondiente.
• Al tratarse de un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido por causa grave, son competentes las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para resolverlo en primera instancia, en aplicación de la jurisprudencia P./J. 23/200721, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE COMPETENCIAS. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU TRANSGRESIÓN."
• Añadió, que al corresponder el conocimiento al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, debe dar a la Auditoría Superior de la entidad un trato entre autoridades, por lo que, con libertad de jurisdicción, debe pronunciarse en cuanto a la substanciación del procedimiento, sin devolver los autos ni prevenir ociosamente; cuando un caso se encuentra dentro de su jurisdicción competencial debe conducirse dentro de los parámetros establecidos en la ley, conforme al criterio contenido en la tesis I.4o.A.1 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS SIMPLE. SUS DIFERENCIAS PARA EFECTOS DEL AMPARO."
• Bajo ese contexto, determinó existente el conflicto de competencia correspondiente y declaró competente a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
V. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
30. El objeto de la resolución de una contradicción, consiste en unificar los criterios contendientes a fin de abonar al principio de seguridad jurídica; de ahí que sea imperativo establecer si ésta se configura, en tanto que, sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo para determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.
31. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
32. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, Agosto de 2010, página 7, de contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
33. Por ende, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:
a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
34. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Marzo de 2010, página 122, que a continuación se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
35. A partir de los lineamientos expuestos para determinar cuándo existe una contradicción entre criterios, enseguida se emprende el análisis relativo, en torno al caso que nos ocupa.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32562-6add3d84/conflicto-competencial-puede-configurarse-entre-una-autoridad-administrativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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