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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO COMPETENCIAL. EXISTE CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO BASA SU DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA EN EL HECHO DE QUE FUE SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO JUNTO CON OTROS JUECES DE DISTRITO, AL TRATARSE DE UNA INCOMPETENCIA FUNCIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 21/2023. · Registro digital (IUS): 31631
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-08-04
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO, EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo III, Pág.2517.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 21/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO, EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 9 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE) Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: MAGISTRADO JESÚS RAFAEL ARAGÓN. SECRETARIO: LUCINO CORDERO ESTUDILLO.

II. COMPETENCIA.

14. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios, derivada de resoluciones emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado con el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados todos del Vigésimo Séptimo Circuito, que forman parte de la Región en que este Pleno ejerce jurisdicción.

III. LEGITIMACIÓN.

15. La denuncia de la posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo pues en el caso fue realizada por la Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien declaró que carecía de competencia legal para conocer de las demandas de amparo indirecto que dieron origen a los conflictos competenciales 46/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito 44/2022 y 43/2022, de los del índice del Primer y Tercer Tribunales Colegiados, ambos del citado Circuito, respectivamente.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

16. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer el que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al dictar sentencia.

17. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al resolver el conflicto competencial 46/2022, suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, determinó que era inexistente el conflicto competencial planteado por la Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, el cual debía resolverse en términos de los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 de la Ley de Amparo, pues la titular del aludido juzgado estableció que los quejosos lo señalaron como autoridad responsable respecto de los actos consistentes en violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales; lo cual, a criterio del Tribunal Colegiado, resultaba insuficiente para determinar que carecía de competencia legal para resolver el juicio de amparo, virtud que, el hecho de que se le incluyera en el capítulo de autoridades responsables, no era determinante para estimar que debía tenérsele con ese carácter, en tanto tiene que vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pues lo contrario implicaría dejar en manos del justiciable la autoridad a la que por dolo o equivocación, le correspondería el conocimiento de su demanda.

18. Sostuvo que, al no existir un punto concreto de jurisdicción por el que el Juzgado de Distrito declinante se declarara incompetente, lo procedente era determinar que no existía el conflicto competencial planteado, por lo que devolvió las constancias al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, para los efectos legales que correspondieran.

19. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, al resolver el conflicto competencial 44/2022, suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, estableció que para resolver sobre la existencia del conflicto competencial era necesario realizar pronunciamiento en bloques temáticos sobre las reglas generales y especiales de competencia en el juicio de amparo; el derecho humano de acceso a la justicia y el principio de imparcialidad; y la solución del problema jurídico.

20. Una vez efectuado dicho análisis, con relación a la solución del problema jurídico, estimó que con el fin de privilegiar lo previsto en el artículo 17 constitucional, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita e imparcial, y evitar que se generen conflictos competenciales cuyo trámite únicamente provoca una dilación injustificada en la resolución de los juicios principales, consideró necesario establecer una metodología para casos en que se turne a un órgano jurisdiccional una demanda de amparo, donde se le designe como autoridad responsable, siendo las directrices siguientes:

"1. El órgano jurisdiccional que conozca del asunto, de ninguna manera, ni de forma inmediata, debe declinar competencia en favor de otro órgano jurisdiccional en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, por el hecho de haber sido señalado como autoridad responsable.

"2. Al momento de proveer sobre la demanda de amparo, el órgano jurisdiccional está obligado a realizar un análisis integral del escrito respectivo, considerando las propias constancias que para tal efecto sean exhibidas junto con la misma.

"3. Si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá proveer sobre la demanda, previa certificación, precisando que al no existir acto que se le reclame, no puede ser considerada como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal, ni competencial, para que pueda conocer de la litis constitucional.

"4. Si como resultado de la revisión de la demanda, existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, deberá prevenir a la parte quejosa a efecto de que, dentro del plazo de cinco días, precise cuál es el acto en concreto que se le reclama, con apercibimiento que de no ser el caso, no se tendrá como autoridad responsable al órgano jurisdiccional que conoce del asunto y se continuará con el procedimiento del mismo.

"5. Por otra parte, si surge la duda sobre si en realidad lo que la parte quejosa persigue al señalarla como responsable es plantear una recusación, deberá prevenirse a la parte promovente, a efecto de que aclare su petición, y en su caso, exponga las razones por las que lo sustenta, pues de ser así, deberá proceder en términos de lo que disponen los artículos 59 y 60, de la Ley de Amparo; sin embargo, de no ser esa la intención de la parte quejosa y de no advertir una causa de improcedencia que se actualice de forma notoria y manifiesta, admitirá a trámite el juicio.

"6. Lo anterior, salvo que se estime la actualización de una regla general o especial de competencia de las contempladas en la Ley de Amparo que deba ser atendida, pues en ese supuesto, procederá en su caso a remitir los autos correspondientes al órgano jurisdiccional que se estime competente, quien tendrá la oportunidad de pronunciarse en los términos que prevé la legislación aplicable, siendo que al hacerlo, deberá tener en cuenta la competencia objetiva para conocer del asunto, recordando que el sólo hecho de ser señalada como responsable, no es suficiente en sí mismo para estimar que no pueda conocer del asunto, pues para que se justifique la incompetencia del órgano jurisdiccional, es menester que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante la misma autoridad jurisdiccional.

"Esto, sin perjuicio de que una vez admitida la demanda y dictada la suspensión definitiva, ante nuevos elementos que le sean allegados, estime conveniente remitir los autos a quien considere competente en términos de lo que prevé la Ley de Amparo."

21. Estableció que, la metodología precisada, no contraviene lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA.", pues la misma deberá ser aplicada una vez analizada la competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales intervinientes, lo que conlleva partir del supuesto de que la competencia especial tiene un carácter de excepción y no de regla, porque no debe olvidarse que la regla especial de competencia prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, prevé un supuesto excepcional de competencia, el cual a diferencia del ordinal 37, debe ser armonizado a la luz del arábigo 17 constitucional, que prevé el derecho fundamental de acceso a la justicia, así como con las causas de impedimento establecidas en el arábigo 51 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes no puedan escoger a voluntad el órgano jurisdiccional que conozca de su juicio, ni que éstos se desahogan sin motivo de los asuntos de su competencia, con grave perjuicio al interés público sobre la pronta y expedita administración de justicia; posteriormente procedió al análisis del fondo del conflicto competencial y determinó que la competencia del asunto se surtía a favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a quien le correspondía conocer del asunto de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, al considerar que era el más próximo al lugar donde podrían tener ejecución, traten de ejecutarse o se estén ejecutando los actos reclamados; por lo que no era posible aplicar la regla especial de competencia prevista en el ordinal 38 de la legislación en comento, virtud que, para que tal decisión estuviera justificada el acto reclamado debía derivar de un procedimiento ordinario federal, o por lo menos de un procedimiento diverso al juicio de amparo, tramitado ante el mismo órgano jurisdiccional.

22. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al resolver el conflicto competencial 43/2022, suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, determinó que existía el conflicto competencial, ya que las posturas contendientes evidenciaban que ambos Juzgados de Distrito consideraban carecer legalmente de competencia para conocer del juicio de amparo promovido por los quejosos contra las autoridades y actos que se precisaban en la demanda, por lo que el asunto derivaba de un conflicto competencial suscitado entre Jueces de Distrito por razón de territorio.

23. Señaló que, con relación a la declinación de competencia y remisión del asunto, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, era legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, virtud que, al ser señalado como autoridad responsable, así como diversos Jueces de Distrito de diferente ámbito territorial, esa circunstancia obligaba acudir a la regla prevista en el artículo 38 de la referida ley, que dispone que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un Juez de Distrito, otro del mismo Distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca, por lo que afirmó que era competente el Juez Federal del Circuito que territorialmente se ubicara más cercano al lugar donde se ejecutaran los actos reclamados, sin poder tomar en cuenta a los Jueces de Distrito señalados en la demanda de amparo al haberles atribuido los actos reclamados y tener el carácter de autoridades responsables; por lo que estableció que la competencia se surtía a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero.

24. Determinó que lo anterior ponía de manifiesto la existencia de un conflicto competencial, virtud que ambos juzgadores declararon carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida en contra de las citadas autoridades responsables.

V. CONSIDERACIÓN PREVIA.

25. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.

26. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. VIII/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, diciembre de 1993, visible en la página 41, registro digital: 206390, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así."

27. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, consultable en la página 319, registro digital: 190917, de contenido siguiente:

"EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.

28. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los órganos colegiados debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de criterios es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.

29. En esa guisa, si el objeto de la contradicción de criterios es la unificación de los mismos, y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los requisitos siguientes:

30. a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

31. b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

32. c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

33. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.",(1) en la que se sostiene que para que se actualice la contradicción de tesis (o bien criterios), basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

34. La pregunta a la que debe darse respuesta en este apartado consiste en lo siguiente:

¿Existe contradicción en los criterios sustentados por los órganos contendientes?

35. La respuesta a esta interrogante es positiva, pues en el presente asunto sí se cumplen los requisitos de existencia de la contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo y el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados de Circuito, ambos del mismo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, de acuerdo a lo siguiente:

36. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional, los órganos contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

37. Lo anterior, porque los tribunales contendientes efectuaron un análisis respecto a la existencia de un conflicto competencial cuando un Juez de Distrito basa su incompetencia legal en el hecho de que en la demanda de amparo se le señaló como autoridad responsable junto con otros Jueces de Distrito virtud que, la titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, manifestó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto porque fue señalado con el carácter de autoridad responsable.

38. En ese contexto, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al resolver el conflicto competencial 46/2022, suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, determinó que era inexistente el conflicto competencial planteado por la Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, el cual debía resolverse en términos de los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 de la Ley de Amparo, pues el titular del aludido juzgado estableció que los quejosos lo señalaron como autoridad responsable respecto de los actos consistentes en violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales; lo cual a criterio del Tribunal Colegiado resultaba insuficiente para determinar que carecía de competencia legal para resolver el juicio de amparo, virtud que, el hecho de que se le incluyera en el capítulo de autoridades responsables, no era determinante para estimar que debía tenérsele con ese carácter, en tanto tiene que vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pues lo contrario implicaría dejar en manos del justiciable la autoridad a la que por dolo o equivocación, le correspondería el conocimiento de su demanda. 39. Sostuvo que, al no existir un punto concreto de jurisdicción por el cual la Jueza de Distrito declinante se declarara incompetente, lo procedente era determinar que no existía el conflicto competencial planteado, por lo que devolvió las constancias al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, para los efectos legales que correspondieran.

40. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, al resolver el conflicto competencial 44/2022, suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, estableció que para resolver sobre la existencia del conflicto competencial era necesario realizar pronunciamiento en bloques temáticos sobre las reglas generales y especiales de competencia en el juicio de amparo; el derecho humano de acceso a la justicia y el principio de imparcialidad; y la solución del problema jurídico.

41. Una vez efectuado dicho análisis relativo a las reglas generales y especiales de competencia en el juicio de amparo; el derecho humano de acceso a la justicia y el principio de imparcialidad, respecto al rubro solución del problema jurídico, estimó que con el fin de privilegiar lo previsto en el artículo 17 constitucional, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita e imparcial, y evitar que se generen conflictos competenciales cuyo trámite únicamente provoca una dilación injustificada en la resolución de los juicios principales, consideró necesario establecer una metodología para casos en que se turne a un órgano jurisdiccional una demanda de amparo, donde se le designe como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional de manera inmediata no debe declinar competencia en favor de otro órgano jurisdiccional en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo; que debe analizar la demanda de amparo, junto con sus anexos, y si de la revisión obtiene que no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá proveer sobre la misma, precisando que no puede ser considerada como autoridad responsable, y no existe impedimento para que pueda conocer de la litis constitucional; que si existe duda, deberá prevenir a la parte quejosa a efecto de que precise cuál es el acto en concreto que se le reclama; que el solo hecho de ser señalada como responsable, no es suficiente en sí mismo para estimar que no pueda conocer del asunto.

42. Indicó que esa metodología no contraviene lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA.", pues la misma debe ser aplicada una vez analizada la competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales intervinientes, lo que conlleva partir del supuesto de que la competencia especial tiene un carácter de excepción y no de regla, porque no debe olvidarse que la regla especial de competencia prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, prevé un supuesto excepcional de competencia, el cual, a diferencia del ordinal 37, debe ser armonizado a la luz del arábigo 17 constitucional, que prevé el derecho fundamental de acceso a la justicia, así como con las causas de impedimento establecidas en el artículo 51 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes no puedan escoger a voluntad el órgano jurisdiccional que conozca de su juicio, ni que éstos se desahogan sin motivo de los asuntos de su competencia, con grave perjuicio al interés público sobre la pronta y expedita administración de justicia.

43. Posteriormente procedió a analizar el fondo del conflicto competencial sometido a su potestad, determinando que la competencia del asunto se surtía a favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a quien le correspondía conocer del asunto de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, al considerar que era el más próximo al lugar donde podría tener ejecución, trate de ejecutarse o se estén ejecutando los actos reclamados; por lo que no era posible aplicar la regla especial de competencia prevista en el ordinal 38 de la legislación en comento, virtud que, para que tal decisión estuviera justificada el acto reclamado debía derivar de un procedimiento ordinario federal, o por lo menos de un procedimiento diverso al juicio de amparo, tramitado ante el mismo órgano jurisdiccional.

44. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al resolver el conflicto competencial 43/2022, suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, determinó que existía el conflicto competencial, ya que las posturas contendientes evidenciaban que ambos Juzgados de Distrito consideraban carecer legalmente de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por los quejosos contra las autoridades y actos que se precisaban en la misma, por lo que el asunto derivaba de un conflicto competencial suscitado entre Jueces de Distrito por razón de territorio.

45. Señaló que, con relación a la declinación de competencia y remisión del asunto, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, era legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, virtud que, al haber sido señalado como autoridad responsable, así como diversos Jueces de Distrito de diferente ámbito territorial, esa circunstancia obligaba acudir a la regla prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, que dispone que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un Juez de Distrito, otro del mismo Distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera el más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca, por lo que afirmó que era competente el Juez Federal del Circuito que territorialmente se ubicara más cercano al lugar donde se ejecutaran los actos reclamados, sin poder tomar en cuenta a los Jueces de Distrito señalados como autoridades responsables; por esa razón determinó que la competencia se surtía a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero.

46. Que lo anterior ponía de manifiesto la existencia de un conflicto competencial, virtud que ambos juzgadores declararon carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida en contra de Jueces de Distrito.

47. Segundo requisito: punto de toque de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes, existió un punto de toque respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico, debido a que los órganos colegiados se pronunciaron con relación a la existencia de un conflicto competencial cuando el Juez de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto si en el mismo es señalado como autoridad responsable junto con otros Jueces de Distrito.

48. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito estimó que no, ya que examinó el supuesto en el que el Juez de Distrito al declarar carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto, no adujo carecer de competencia por motivo de materia, grado o territorio, sino la razón que precisó para no conocer del juicio de amparo, fue que se le señaló con el carácter de autoridad responsable, lo cual no representaba una cuestión que determinara la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refería a un punto jurisdiccional en concreto.

49. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito a pesar de considerar que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, de ninguna manera debe declinar competencia en favor de otro órgano jurisdiccional en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, por el hecho de haber sido señalado como autoridad responsable; que debe analizar la demanda de amparo, junto con sus anexos, y si de la revisión obtiene que no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá proveer sobre la misma, precisando que no puede ser considerada como autoridad responsable, y no existe impedimento para que pueda conocer de la litis constitucional; que si existe duda, deberá prevenir a la parte quejosa a efecto de que p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31631-ab472aec/conflicto-competencial-existe-cuando-un-juez-de-distrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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