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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO COMPETENCIAL INEXISTENTE. CAMINO PROCESAL A SEGUIR CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO SUSTENTA SU DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA EN EL HECHO DE HABER SIDO SEÑALADO, ENTRE OTROS, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, Y EL ACTO RECLAMADO NO SE ENCUENTRA CLARAMENTE PRECISADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 66/2023. · Registro digital (IUS): 31946
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-11-24
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEGUND
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo III, Pág.3020.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 66/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES (PRESIDENTE), QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.

III. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materia Penal es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

13. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

IV. LEGITIMACIÓN

14. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

15. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, previo a hacer una breve relatoría del marco procesal y de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas, debe precisarse que de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que el punto divergente entre éstos, es el relativo a determinar cómo debe resolver un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se genera la idea de que existe un conflicto competencial respecto de una demanda de amparo en la que se señala como autoridad responsable al Juez de Distrito al que por razón de turno tocó conocer del asunto, pero sin que esté claramente determinado el acto que se le reclama.

16. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el acuerdo de presidencia de dos de agosto del año en curso, de manera preliminar se consideró diverso tema de contradicción; toda vez que los autos de presidencia no causan estado,(3) por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquéllos.

a) Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 46/2022.

17. Marco procesal. Mediante escrito presentado electrónicamente el trece de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados entre otros, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Sexto), Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Séptimo), así como a los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas; y como actos reclamados a éstos, los consistentes en la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales.

18. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz (no señalado como autoridad responsable), quien en proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, declinó la competencia por cuestión de territorio al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, al considerar que era el más cercano al Primer Circuito donde se encontraban internos los quejosos (Ciudad de México).

19. El secretario encargado del despacho del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero (no señalado como autoridad responsable), no aceptó la competencia planteada, en razón de que el juzgado declinante se declaró legalmente incompetente, únicamente bajo la premisa de que los juzgados más cercanos al lugar en que tendrían ejecución los actos reclamados, se encontraban en el Estado de Tamaulipas; esto, sin haber prevenido a los quejosos a efecto de que en un plazo de cinco días precisaran cuál era el acto en concreto que reclamaban, a fin de verificar si los Jueces señalados como responsables intervinieron o no en la emisión o ejecución de los mismos, y así, estar en aptitud de determinar lo relativo a su competencia. Por tal motivo, ordenó la devolución del expediente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz.

20. El siete de noviembre de dos mil veintidós, el indicado Juzgado Segundo de Distrito insistió en declinar competencia y elevó el asunto a conflicto competencial. Por lo que, ordenó remitir los autos del juicio de amparo indirecto **********, al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito.

21. Por acuerdo de presidencia dictado el diez de noviembre de dos mil veintidós, el citado Tribunal Colegiado de Circuito admitió dicho conflicto competencial y lo registró bajo el número 46/2022.

22. Consideraciones que sustentan el criterio. En sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, resolvió que sí existía conflicto competencial y que correspondía el conocimiento del asunto a un Juez diverso a los contendientes, esto es, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en turno, por los siguientes motivos:

23. En atención a la naturaleza de los actos reclamados, los cuales consisten en cuestiones vinculadas con órdenes de traslados de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión y su reubicación a otro dormitorio.

24. Asimismo, indicó que respecto a los diversos actos reclamados, como son ataques y actos de coacción, intimidación, discriminación, violación al principio pro persona y restricción de comunicación, son de naturaleza positiva; por lo cual, es evidente que son actos que tienen ejecución material en el lugar en el que los quejosos se encuentran recluidos (Ciudad de México).

25. Precisó que la regla de competencia por territorio a la que se debe acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.

26. Señaló que no es impedimento que todos los Jueces de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, hayan sido señalados como autoridades responsables; toda vez que, de la demanda de amparo no se aprecia qué acto en específico es el que se les reclama; por tal motivo, no se actualiza la excepción a la regla general de competencia territorial que prevé el artículo 38 de la citada ley.

27. Manifestó que es aplicable por analogía al caso, lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el conflicto competencial 11/2019; el cual refiere que, para estimar válida la postura de un órgano para declinar competencia en favor de otro, sólo se deben alegar aspectos de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio y grado.

28. El citado conflicto competencial dio origen a la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), con registro digital: 2020659, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE."

29. Consideró que dicho criterio es aplicable por analogía al caso, pues lo relevante es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió los elementos que se deben considerar para estimar válida la postura de un órgano para declinar competencia en favor de otro; es decir, que sólo se aleguen aspectos de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio y grado.

30. Precisó que atendiendo a tales razonamientos, el Juez de Distrito de la Ciudad de México es el competente para conocer del asunto, pues aun cuando en la demanda estén señalados como autoridades responsables todos los Jueces de dicha ciudad, es que al estar definido que los actos consistentes en órdenes de traslado y demás actos positivos reclamados son competencia de la materia penal, por principio de necesidad de impartición de justicia es necesario que conozca y resuelva el asunto un Juzgado de Distrito en materia penal del lugar en donde se encuentran recluidos los quejosos.

31. De ahí que, atendiendo al criterio sentado por el Máximo Tribunal en el conflicto competencial 11/2019, lo procedente es que, en principio, el juzgador que conozca del asunto prevenga a los quejosos, a fin de que éstos aclaren cuál es el acto que, en específico, sin ambigüedades ni generalidades, reclaman a cada uno de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y de los demás Estados de la República mencionados en la demanda, y posteriormente, una vez que cuente con los elementos de información necesarios, analice si verdaderamente ese acto reclamado es atribuible a los juzgadores, inclusive a él mismo, previo a determinar que en la especie se actualiza el caso de excepción previsto en el numeral 38 de la Ley de Amparo.

32. Finalmente precisó que el señalamiento como autoridad responsable a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, entre otros juzgadores federales, no es motivo suficiente para que, de manera inicial, se rechace la competencia por materia y territorio que les corresponde; antes bien, consideró prudente que, en lo aplicable, el que conozca de la demanda por turno observe las directrices planteadas en el criterio aislado que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el conflicto mencionado. Aplicó la tesis aislada I.5o.A.1 K (11a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 2023614, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PASOS A SEGUIR CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO CONOCE, POR RAZÓN DE TURNO, DE UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AL NO ACTUALIZARSE DICHA FIGURA [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXIX/2019 (10a.)]."

b) Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el conflicto competencial 22/2022.

33. Marco procesal. Mediante escrito presentado vía electrónica, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados entre otros, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Sexto), Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Séptimo), así como a todos los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí, excepto los de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; y como actos reclamados a éstos, los consistentes en la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales.

34. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala (señalado como autoridad responsable), quien en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, la registró con el número **********, y en atención a la urgencia del asunto, resolvió respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en: discriminación, intimidación y violación al principio pro persona; asimismo, ordenó ratificar la demanda de amparo y previno a la parte quejosa para que, entre otras cosas, manifestaran los hechos, omisiones o abstenciones de los antecedentes de los actos reclamados, la calidad de procesado o sentenciado, la autoridad de la cual se encontraban a disposición y el número de expediente relacionado con los actos reclamados.

35. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, atento al planteamiento formulado por el defensor de la parte quejosa, en relación a que el indicado Juzgado de Distrito fue señalado como autoridad responsable ordenadora, determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno, por tratarse de uno de los Jueces que como excepción no fue señalado con dicho carácter; esto, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Amparo.

36. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, radicó el expediente con el número **********, y no aceptó la competencia planteada; por lo que devolvió los autos al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.

37. El doce de mayo de dos mil veintidós, el indicado Juzgado Tercero de Distrito planteó la existencia del conflicto competencial y ordenó remitir los autos del juicio de amparo indirecto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno.

38. Correspondió conocer de dicho conflicto al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y mediante acuerdo de presidencia dictado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y lo registró bajo el número 22/2022.

39. Consideraciones que sustentan el criterio. En sesión de catorce de julio de dos mil veintidós, determinó que sí existía conflicto competencial y declaró legalmente competente a un Juez diverso a los contendientes, esto es, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por los siguientes motivos:

40. Indicó que dicha competencia deriva del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados tienen ejecución, tratan de ejecutarse, se están ejecutando o se han ejecutado en la Ciudad de México, donde se encuentran recluidos los quejosos.

41. Asimismo, señaló que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional al sistema penal, de diecinueve de junio de dos mil once, no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales, en particular, a los Jueces en materia penal; de igual forma definió que, cualquier controversia respecto al traslado del sentenciado, correspondía a los Jueces de Distrito en Materia Penal y no Administrativa.

42. Manifestó que no es impedimento que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México hayan sido señalados como autoridades responsables; toda vez que el primer presupuesto que debe colmarse para que se estime actualizada la excepción a la regla general de competencia territorial, que prevé el artículo 38 de la Ley de Amparo, es que haya claridad en cuanto a la existencia de un acto reclamado atribuido a un Juez de Distrito; lo que no acontece en el particular, ya que de la demanda de amparo no se aprecia qué acto en específico es el que se les reclama a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

43. Puntualizó que es aplicable al caso, únicamente por el criterio que contiene, la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2020659, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE."

c) Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 101/2023.

44. Marco procesal. Mediante escrito presentado vía electrónica, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados entre otros, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Sexto), Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Séptimo), así como a los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas, y como actos reclamados a éstos, los consistentes en la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales.

45. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán (señalado como autoridad responsable), quien en proveído de dieciséis de abril de dos mil veintitrés, la registró con el número **********; además, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en poner en riesgo la salud, vida e integridad de la parte quejosa, para el efecto de que el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, –lugar en el cual se encontraban recluidos los quejosos–, se abstuviera de generar actos discriminatorios, represalias, intimidatorios o ataques, para que de inmediato cesara cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.

46. Asimismo, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del asunto, en tanto a que fue señalado como autoridad responsable; por lo que declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, en turno.

47. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur (no señalado como autoridad responsable), con residencia en La Paz, radicó el asunto con el número **********, y no aceptó la competencia declinada; por lo que ordenó devolver los autos al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán.

48. El ocho de mayo de dos mil veintitrés, el indicado Juzgado Cuarto de Distrito insistió en declinar competencia y elevó el asunto a conflicto competencial; por lo que ordenó remitir los autos del juicio de amparo indirecto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Culiacán, Sinaloa.

49. Mediante acuerdo de presidencia dictado el doce de mayo del año en curso, el citado Tribunal Colegiado admitió a trámite dicho conflicto y lo registró bajo el número 101/2023.

50. Consideraciones que sustentan el criterio. En sesión de siete de junio de dos mil veintitrés, determinó que sí existía conflicto competencial y declaró legalmente competente al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, por los siguientes motivos:

51. Precisó que es indudable que en la especie se actualiza la segunda hipótesis prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo; toda vez que los quejosos en su escrito de demanda señalaron como autoridades responsables a todos los Jueces de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, así como a los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas; con excepción de los ubicados en los Estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. 52. Por tal razón indicó que debía conocer del amparo indirecto, el Juzgado de Distrito de Amparo especializado en la materia o con competencia mixta, más cercano al del Juzgado de Distrito a quien hubiera correspondido conocer del asunto si no hubiere sido señalado como autoridad responsable.

53. Lo anterior, en virtud de que los demás Jueces señalados con ese carácter, eventualmente se convertirán en parte del juicio de amparo respectivo; por lo que no podría conocer de la demanda de amparo un Juez de Distrito que haya sido señalado como autoridad responsable y tener el doble carácter (parte procesal y Juez de Control constitucional).

54. Asimismo refirió que a los Jueces de Distrito que se señalan como responsables, se les reclaman cuestiones genéricas, que de no relacionarse con aspectos concretos, no constituirían en esencia actos reclamados, sino argumentos de inconformidad contra actos no precisados.

55. Por otra parte, señaló que no era aplicable al caso lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el conflicto competencial 11/2019; ya que el señalamiento de una autoridad como responsable, –a diferencia de un Tribunal Colegiado– sí es un tema de competencia tratándose de Jueces de Distrito y ese criterio se aplica exclusivamente a Tribunales Colegiados de Circuito.

56. Lo anterior, máxime que, en dicho conflicto competencial, al Tribunal Colegiado requirente se le señaló como autoridad responsable, sin atribuirle acto alguno en específico; en cambio, manifestó que en el asunto en cuestión sí se señala al Juez responsable algo que se le reclama; que si bien en estricto sentido es un motivo de inconformidad y no una norma, acto o abstención, es revelador de la posibilidad de que la parte quejosa atribuya la comisión de esa ilegalidad en un acto del Juez que por error no se precisó en la demanda, pero que puede ser identificado en el cumplimiento a la prevención.

57. Puntualizó que es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 88/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 173362, de rubro: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO."

d) Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el conflicto competencial 10/2022.

58. Marco procesal. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, el once de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados entre otros, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Sexto), Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Séptimo), así como a los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí, excepto los de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, y como actos reclamados a éstos, los consistentes en la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales.

59. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza (señalado como autoridad responsable), quien en proveído de once de marzo de dos mil veintidós, la registró con el número **********; y, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto; por lo que declinó la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno.

60. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas (no fue señalado como autoridad responsable), no aceptó la competencia declinada; por lo que ordenó devolver los autos al Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza.

61. El doce de abril de dos mil veintidós, el indicado Juzgado Quinto de Distrito insistió en declinar competencia y planteó la existencia del conflicto competencial; por lo que ordenó remitir los autos del juicio de amparo indirecto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en turno.

62. Correspondió conocer de dicho conflicto al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y mediante acuerdo de presidencia dictado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y lo registró bajo el número 10/2022.

63. Consideraciones que sustentan el criterio. En sesión de siete de julio de dos mil veintidós, determinó que no existía conflicto competencial, atento a los siguientes razonamientos:

64. El Juez declinante no aduce carecer de competencia objetiva por motivo de materia, grado o territorio; la razón que sostiene para no conocer del asunto, se sustenta esencialmente en que se le atribuye el carácter de autoridad responsable, circunstancia que de ninguna manera representa una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto.

65. En los casos en que en una demanda de amparo indirecto se señala como autoridad responsable al Juez de Distrito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto –como en el caso acontece–, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia de tal juzgador, es necesario que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo tramitado ante el mismo órgano.

66. Esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento como actos reclamados los consistentes en la discriminación y la violación al principio pro persona e inaplicabilidad de criterios internacionales; pues en el caso a estudio, el Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la demanda de amparo indirecto.

67. Tiene aplicación analógica el precedente aislado emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2020659, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE."; aun cuando hace referencia a los casos en que exista un conflicto entre Tribunales Colegiados para conocer de un amparo directo, lo relevante es que el Alto Tribunal dejó sentado que los elementos que deben tomarse en cuenta para estimar válida la postura de un órgano para declinar competencia en favor de otro, deben versar sobre aspectos de jurisdicción objetiva (materia, territorio o grado); y la circunstancia en aquellos casos en que se turne a un Tribunal Colegiado de Circuito una demanda de amparo directo, donde se le designe como autoridad responsable, no es determinante para que se considere incompetente, pues la incompetencia debe partir de datos objetivos y no del señalamiento que realice el justiciable, ya que ello permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del amparo directo.

68. Señaló que comparte el precedente aislado I.5o.A.1 K (11a.), emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 2023614, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PASOS A SEGUIR CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO CONOCE, POR RAZÓN DE TURNO, DE UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AL NO ACTUALIZARSE DICHA FIGURA [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXIX/2019 (10a.)]."

69. En consecuencia, en aras de dar celeridad y evitar más dilaciones, envió directamente los autos al Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza (Juez declinante), para que asumiera el conocimiento del asunto, y en un primer momento analizara si el libelo constitucional cumplía o no los principios establecidos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los elementos establecidos en el diverso 108 de la Ley de Amparo; y en el eventual supuesto de que el libelo constitucional cumpliera los elementos de legalidad, requiriera a los quejosos a fin de que aclararan cuál es el acto que en específico reclamaban de cada uno de los Jueces de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza y de los diversos Jueces Federales residentes en las entidades federativas que se mencionaban en el escrito inicial y de manera específica de ese juzgador constitucional; así también, para que bajo protesta de decir verdad manifestaran los antecedentes de tales actos y, una vez que contara con la información necesaria, analizara si verdaderamente los actos reclamados son atribuibles a dichos juzgadores, inclusive a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31946-f1d44cfd/conflicto-competencial-inexistente-camino-procesal-a-seguir-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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