COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMÓ LA QUE CALIFICÓ DE LEGAL UNA ORDEN DE TRASLADO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 28/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE MARZO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DEL MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ (PRESIDENTE). DISIDENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.
III. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.
11. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 2, del Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 9, 11 y 18, párrafo primero, del citado Acuerdo General 67/2022.
IV. LEGITIMACIÓN
12. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito, a saber, el Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, resulta necesario realizar una breve relatoría del marco procesal y de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas. Debe precisarse que, de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que el punto divergente entre éstos, es el relativo a determinar si la resolución que confirma la determinación que calificó de legal el traslado del quejoso, constituye un acto declarativo, a efecto de establecer cuál es el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo.
14. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el acuerdo de presidencia de veintiséis de enero del año en curso, se señaló de forma preliminar diverso tema de contradicción, a saber: "Determinar si el traslado (ejecutado) de un sentenciado a un diverso Centro de Reinserción Social del que se encontraba, es un acto que requiere ejecución material o no"; toda vez que, los autos de presidencia no causan estado,(3) por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquéllos.
a) Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 23/2023.
15. Marco procesal. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado al Coordinador General de Centros Federales y otras autoridades, consistente en el traslado a diverso Centro de Reinserción Social.
16. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, la registró con el número **********, y la requirió para que aclarara diversos puntos de su demanda; por lo que, una vez que desahogó dicha prevención, en diverso auto de diez de agosto siguiente, por una parte, desechó parcialmente la demanda de amparo respecto a algunos actos reclamados y por otra, la admitió respecto al acto consistente en la resolución emitida por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, que confirmó la determinación dictada por el Juzgado Decimosexto Penal de la Ciudad de México, que calificó de legal el traslado de la parte quejosa, del Centro Varonil de Reinserción Social en ********** al Centro Federal de Readaptación Social **********. Asimismo, dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, ordenó emplazar al tercero interesado, solicitó informe justificado a la autoridad responsable y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
17. El dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de ley, en la que determinó que no era competente para resolver el juicio de amparo por razón de territorio, y declinó competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno.
18. Tocó conocer de dicho asunto al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, quien mediante proveído de siete de noviembre siguiente, lo registró con el número de expediente **********, y no aceptó la competencia declinada a su favor, por lo que, ordenó devolver los autos a su lugar de origen.
19. Conflicto competencial: El Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, insistió en su incompetencia, por lo que, por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, ordenó remitir el conflicto competencial suscitado, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno.
20. Por acuerdo de presidencia de veintinueve de noviembre de ese año, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, admitió dicho conflicto competencial y lo registró bajo el número 23/2023, de su índice.
21. Consideraciones que sustentan el criterio. En sesión de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, resolvió que era legalmente competente, por razón de territorio, el Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto **********, de su índice, por los siguientes motivos:
22. Señaló que, para determinar la competencia en el conocimiento de los juicios de amparo, por razón de territorio, debía atenderse a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone:
"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda.
"Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."
23. Indicó que, el legislador federal previó en la Ley de Amparo tres reglas fundamentales y específicas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales y, en consecuencia, dirimir un conflicto competencial por razón de territorio; a saber:
a) La primera radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; lo que necesariamente presupone que el acto reclamado después de su emisión requiere de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora.
b) La segunda, constituye una variante de la anterior, pues parte también del supuesto que el acto reclamado tenga ejecución material y señala que, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.
c) La tercera, establece que, cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
24. Estableció que esta última regla, adoptada a partir del tres de abril de dos mil trece, con la entrada en vigor de la Ley de Amparo, cambió radicalmente la fijación de la competencia establecida en torno a los actos que no requieren ejecución material, pues conforme al párrafo tercero del artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, se preveía ésta a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción residiera la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada; lo que incluso, así se establece en el criterio aislado de la Séptima Época, registro 237830, emitido por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139-144, Tercera Parte, materia común, página 45;(4) así como de la diversa tesis aislada de la Sexta Época, registro 265054, emitida también por la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXXII, Tercera Parte, materia común, página 31.(5)
25. En ese sentido, refirió que conforme a las reglas previstas por la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo biinstancial, se fija en función de la naturaleza del acto que se señale como reclamado en la demanda de amparo.
26. Así las cosas, destacó que contrariamente a lo indicado por los Jueces de Distrito, el acto reclamado en el caso en concreto consistente en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal **********, que confirmó la determinación de treinta y uno de enero de ese año, dictada en la causa penal **********, por el Juez Interino Décimo Sexto Penal de la Ciudad de México, que calificó de legal el traslado del sentenciado, del Centro Varonil de Reinserción Social en ********** al Centro Federal de Readaptación Social **********, por su naturaleza, era un acto declarativo, ya que no requería ejecución material.
27. Bajo ese contexto, precisó que por su naturaleza los actos declarativos son aquellos que se concretan a reconocer una situación existente, pero sin que signifique modificación de derechos o de situaciones existentes. Así como también, son esos en que la autoridad resuelve una situación jurídica, sin que la situación en sí misma produzca consecuencia o efectos que se traduzcan en hechos o indique actos de ejecución.
28. Puntualizó que si bien el acto reclamado trae consigo efectos consistentes en que el quejoso siga interno en el centro penitenciario en el que actualmente se encuentra y no en el que se encontraba, dichos efectos no pueden considerarse como un acto de ejecución.
29. Es decir, los actos "negativos" con "efectos positivos", producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existentes; en cambio, los actos declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. En el caso a estudio, mencionó que el acto reclamado tenía el carácter de declarativo, ya que no presentaba principios de ejecución material, esto es, no traía aparejada ejecución al ser de naturaleza declarativa, entendiéndose como tal, aquel acto en que para perfeccionarse y crear plenamente sus consecuencias jurídicas, no requiere de ejecución material alguno.
30. En consecuencia, determinó que el conflicto competencial se debía resolver con la regla que se establece en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, que especifica que cuando el acto reclamado no requiera ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
31. En apoyo a lo anterior, citó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de la Novena Época, registro 169343, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 225, materia penal, de rubro y texto siguientes:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno."
32. Por tanto, determinó que la competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso, radicaba en el Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
b) Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 25/2023.
33. Marco procesal. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la parte quejosa por conducto de su defensor público, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado al Magistrado del Tribunal de Alzada Unitario de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal **********, por medio de la cual confirmó la determinación de seis de diciembre de ese mismo año, emitida en la carpeta judicial **********, en la que se calificó de legal el traslado de la quejosa del Centro Femenil de Reinserción Social en ********** al Centro Federal de Readaptación Social **********.
34. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la registró con el número **********, y giró exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio de sus labores, comisionara a un Actuario de su adscripción a efecto de que se constituyera en el lugar en donde estaba interna la quejosa, para que ratificara su demanda.
35. El cuatro de mayo del mismo año, la admitió, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción.
36. Mediante proveído de doce de mayo siguiente, al advertir que el juicio de amparo se encontraba relacionado con el diverso **********, del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, al derivar de la misma carpeta judicial, determinó declinar competencia por conocimiento previo a su favor, y ordenó remitirle los autos del juicio constitucional.
37. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, se avocó al conocimiento del asunto y lo registró con el número de expediente **********, de su índice; asimismo, convalidó las actuaciones realizadas por su homólogo declinante, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y dio la intervención que le corresponde al representante social de su adscripción.
38. El veinte de junio siguiente, se celebró la audiencia de ley, en la que determinó declinar competencia por razón de territorio, a favor del Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno.
39. Mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, registró el juicio de amparo con el número **********; sin embargo, no aceptó la competencia planteada, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia; por lo que, ordenó devolver los autos a su lugar de origen.
40. Conflicto competencial: El Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, insistió en su incompetencia, por lo que, por auto de trece de noviembre de ese mismo año, ordenó remitir el conflicto competencial suscitado, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno.
41. Por acuerdo de presidencia de diecisiete de noviembre siguiente, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, admitió dicho conflicto competencial y lo registró bajo el número 25/2023, de su índice.
42. Consideraciones que sustentan el criterio. En sesión de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, resolvió que era legalmente competente, por razón de territorio, el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto, por los siguientes motivos:
43. Estimó que, el acto reclamado consistente en la resolución que analizó la legalidad de la determinación que calificó de legal el traslado de la peticionaria de amparo, llevaba implícito el mandamiento de traslado que constituye la causa de pedir en el contradictorio constitucional y se traducía en un acto de tracto sucesivo que comenzó a ejecutarse en la Ciudad de México (lugar en el que se encuentra ubicado el Centro Femenil de Reinserción Social en **********) y terminó de ejecutarse en el Centro Federal de Readaptación Social **********.
44. Ahora bien, argumentó que la competencia es un límite al ejercicio de la jurisdicción, pues se trata de la suma de facultades que otorga la ley a las autoridades para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de conflictos.
45. Dicho presupuesto procesal constituye una cuestión de orden público, traducido en la aptitud que tiene un Juez o Tribunal para ejercer válidamente la función jurisdiccional; esto es, establece una condición esencial para que se pueda constituir y desarrollar válidamente el proceso, al permitir distribuir entre los diversos órganos judiciales del Estado la tarea de juzgamiento o de impartición de justicia.
46. Asimismo, afirmó que resultaba aplicable la tesis con registro digital 257883, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, materia común, volumen LXXIX, primera parte, página nueve.(6) 47. De igual forma, señaló que la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal prevé la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer del juicio de amparo en los siguientes términos:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; ..."
(Énfasis añadido de origen)
48. Indicó que, del citado precepto deriva la competencia constitucional de los Juzgados de Distrito para conocer del juicio biinstancial promovido contra actos en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado; la cual fue materializada en la ley secundaria reglamentaria en su artículo 37.
49. Precisó que, del citado numeral se aprecian tres reglas fundamentales a efecto de establecer la competencia "genérica" de los Jueces de Distrito para conocer de los sumarios constitucionales, las cuales se enuncian a continuación:
50. Primera. En el primer párrafo se determina la competencia del Juez Federal con base en que, ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
51. Puntualizó que, esa hipótesis atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya emitido dicho acto, ya que el parámetro del legislador de forma general es la propia ejecución, con independencia del ente estatal que lo haya ordenado. En este supuesto se requiere que el acto destacado solo tenga su realización en un circuito; de ese modo, dijo que el elemento a considerar para fijar la competencia de los Jueces de Distrito es, específicamente, la ejecución del acto reclamado en el juicio de amparo.
52. Segunda. Refirió que, en el segundo párrafo prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia; esto es, si el acto puede tener ejecución en más de un Distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue en otro, entonces el Juez Federal ante el que se presente la demanda será el competente para conocerla; para lo cual se requiere que el acto de cumplimiento pueda realizarse en diversas circunscripciones territoriales o se haya materializado y producido efectos en dos diversos.
53. Tercera. Mencionó que, en el último párrafo de la porción legal en estudio se dispone que en el supuesto que la resolución reclamada en el juicio constitucional carezca de ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda. En otras palabras, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el competente es aquél que haya elegido el solicitante de derechos fundamentales para la promoción de la demanda.
54. Enfatizó que, lo que subyace de esas reglas es la necesidad para determinar la competencia del Juez de Distrito por razón del territorio, de atender a la naturaleza jurídica del acto; esto es, si tiene ejecución unívoca, plural o si carece de ella.
55. En ese tenor, con base en la naturaleza jurídica de la resolución que constituye el acto reclamado, consideró que, se actualizaba la segunda regla prevista en el artículo 37, en cita, que dispone: si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
56. Al efecto, destacó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 90/2007, sostuvo que en la orden de traslado de una persona, desde su inicio hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes a su traslado, por lo que evidentemente se trata de un acto de tracto sucesivo.
57. Por lo que, atendiendo a la naturaleza jurídica de tal orden, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución.
58. En tal caso, señaló que el Máximo Tribunal del País, sostuvo que compete conocer del juicio de amparo al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Asimismo, indicó que de la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia 35/2008, con registro digital 169343, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, julio de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, de rubro y texto siguientes:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno."
59. Bajo ese contexto, puntualizó que el acto reclamado comenzó a ejecutarse en la Ciudad de México, pues es el sitio en el que se ubica el Centro Femenil de Reinserción Social en **********, sin embargo, la quejosa fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social **********, por lo que, apreciaba que el mandamiento reclamado se ejecutó en ese centro de reclusión antes de la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de abril de dos mil veintitrés).
60. Así, concluyó que de conformidad con lo señalado en el artículo 37 de la ley de la materia, son competentes para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de los Juzgados de Distrito de esas dos jurisdicciones, por lo que, ese conflicto por territorio debía decidirse en favor del que previno.
61. En sintonía con lo anterior, argumentó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 322/2017, determinó que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en el que se reclama el traslado de un interno de un centro de reclusión a otro –que corresponde a un diverso Distrito Judicial– y que ya se ejecutó, se surtía a favor del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda de amparo, por ser un acto de tracto sucesivo y, por tanto, aplicable la regla prevista en el artículo 37, párrafo segundo de la ley de la materia.
62. Refirió que en dicha ejecutoria, en la parte conducente, se precisó qué sucede cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, o bien, está totalmente ejecutada:
"Esa circunstancia de ningún modo quita a ese acto de autoridad el ser de tracto sucesivo, pues en atención a su naturaleza jurídica es de los que requieren ejecución material, la cual, como se señaló in supra, se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin.
"Esta última condición, relacionada con la esencia misma del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia.
"Atento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, si la orden de traslado debe tener ejecución, trata de ejecutarse, se está ejecutando o se ejecutó en un solo Distrito Judicial, del asunto conocerá el juzgado que ejerza jurisdicción en dicho lugar.
"Sin embargo, si la citada ejecución debe comenzar en un Distrito Judicial y continuar ejecutándose en otro, la competencia territorial para conocer del caso corresponderá a los juzgados de Distrito con jurisdicción en cualquiera de esos lugares, a prevención, en términos de lo previsto en su párrafo segundo, inclusive, si el traslado está totalmente ejecutado, pues su consumación no modifica su natur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32483-7fe7b965/competencia-para-conocer-del-amparo-indirecto-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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