AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DE RESOLVER SOBRE UNA SOLICITUD DE PENSIÓN SE TRATA DE UN ACTO QUE TIENE EJECUCIÓN MATERIAL, ACORDE CON EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE RESOLVER SOBRE UNA SOLICITUD DE PENSIÓN. SE SURTE EN FAVOR DEL JUZGADO DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA PERSONA SOLICITANTE.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 132/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. DISIDENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente; por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Segundo Circuito, comprendidos en la Región Centro-Norte, en el que ejerce su jurisdicción este pleno, aunado a que corresponden a la materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por la persona titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2023 en sesión de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.
4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar el conflicto competencial 7/2023, en sesión de dos de febrero de dos mil veintitrés.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2023, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar el conflicto competencial 7/2023.
7. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
8. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:
Ver información
10. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales, a partir de una exposición argumentativa, se pronunciaron sobre la competencia por razón de territorio del juzgado de distrito para conocer de una demanda de amparo en la que la persona quejosa reclamó la omisión de una autoridad de resolver sobre su solicitud de pensión.
11. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque interpretaron y aplicaron el artículo 37 de la Ley de Amparo que prevé las reglas para definir la competencia de los juzgados de distrito por razón de territorio en supuestos fácticos similares, en los cuales las personas quejosas reclamaron la falta de resolución de la solicitud de su pensión, específicamente, de la emisión del dictamen respectivo, según se desprende de los capítulos de actos reclamados y de antecedentes de las demandas de amparo.
12. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo, pues mientras uno, resolvió que el acto reclamado tiene ejecución material por lo cual corresponde conocer de la demanda al juzgado de distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio de la persona solicitante; el otro, estimó que carece de ella y que debe conocer de la demanda el juzgado ante quien se presentó la demanda.
13. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se encuentra colmado, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes,(5) cabe la pregunta siguiente: ¿Cuál es el juzgado de distrito competente por razón de territorio para conocer de la demanda en la que se reclama la omisión de resolver una solicitud de pensión conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo?(6)
14. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Segundo Circuito.
V. Estudio
15. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de jurisprudencia P./J. 44/2001,(7) de rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN.", estableció que en materia judicial, la competencia es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina y que de ello deriva la regla de que si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir.
16. El Alto Tribunal acotó que la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia (territorial, por materia, por grado, auxiliar y concurrente) y, destacó, en lo que interesa, que la competencia territorial es la que distribuye las facultades para juzgar, o sea, para decir el derecho, entre diversos órganos jurisdiccionales, según diferente asignación de límites geográficos.
17. Específicamente, tratándose de los juzgados de distrito, su competencia para conocer del juicio de amparo indirecto deriva del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que esa clase de juicios se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases que prevé, entre las que destaca la relativa a que se interpondrá ante el juzgado bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, como se advierte de su reproducción:
"Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...
"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia"
18. En los artículos 49, 56, 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece la competencia por materia de los juzgados de distrito para conocer de los juicios de amparo y en el numeral 37 de la Ley de Amparo,(8) se fijan las reglas de competencia por territorio –que es el punto que interesa en este asunto–, a partir de tres supuestos, a saber:
I. El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
II. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juzgado de distrito ante el que se presente la demanda.
III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juzgado de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.(9)
19. Sobre la interpretación de estas reglas, el Máximo Tribunal ha sentado consistentemente el criterio de que la ejecución a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, no es una condición exclusiva de los actos positivos, sino que también puede estar presente en los actos negativos y en los actos omisivos, pues comprende los efectos que puedan derivar de ellos.
20. Así, el Máximo Tribunal, en la ejecutoria de la cual derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 179/2009,(10) de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO. SI EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE ELLA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, REALIZADOS POR MEDIO DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO, DEBERÁ REMITIRLO AL QUE, SIENDO COMPETENTE, ESTÉ MÁS PRÓXIMO A SU RESIDENCIA.", sostuvo, al interpretar el texto constitucional y el texto del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada –que también recogía la distinción entre actos que tienen ejecución material y aquellos que carecen de ella–, que la ejecución material comprendía los alcances materiales de los actos, cuando dijo:
"La norma constitucional establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, ello con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva, siendo que el artículo 36 de la Ley de Amparo concreta estas reglas de competencia en los siguientes términos:
"‘Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
"‘Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
"‘Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’
"Esta norma reglamentaria alude a ‘ejecución material’ como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por tanto, la citada expresión debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico.
"Por el contrario, el acto reclamado de orden declarativo en su contenido no goza de esas características ni tiene consecuencias materiales, ya que se trata de una mera cuestión jurídica en la que se evidencia, explica o resuelve un punto dudoso o ambiguo, como se advierte del siguiente criterio:
"‘ACTOS DECLARATIVOS. Por actos declarativos deben entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes.’ (Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, volumen LIV, página 501)."
21. De similar modo, pero ya interpretado el artículo 37 de la ley vigente, en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.),(11) de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.", sostuvo que el citado precepto alude a la ejecución material, como criterio único de asignación de la competencia por territorio a los juzgados de distrito para conocer de los juicios de amparo; asimismo, que la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real, como se advierte de la parte conducente de la resolución que enseguida se copia:
"El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reza lo siguiente: (se transcribe)
"... El precepto constitucional reproducido, prevé la competencia territorial de los Jueces de Distrito, por lo que establece al efecto que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse.
"Lo anterior, tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva.
"El artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, concretiza estas reglas constitucionales de competencia, al disponer: (se transcribe)
"... Dicho precepto, alude a ‘ejecución material’, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real."
22. El anterior criterio fue reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar que la omisión de brindar atención médica a personas privadas de su libertad por parte de autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, en razón de que existe un vínculo indisoluble entre la obligación del Estado de proporcionar atención médica, la omisión de proporcionar ese servicio y la afectación del derecho fundamental a la salud al no hacerlo.
23. A partir de esa consideración, la sala determinó que se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de la demanda de amparo en que esa omisión se reclame, el juzgado de distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluida la persona quejosa, como se desprende de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.),(12) que enseguida se reproduce:
"OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA.
"De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo."
24. En la ejecutoria de la que derivó esa tesis, el Máximo Tribunal explicó que los actos omisivos o abstenciones son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber constitucional o legal de hacer, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado, de manera que, para que exista la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, como se observa de la parte conducente del fallo que dice lo siguiente:
"... los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión."
25. En la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.),(13) el Alto Tribunal sostuvo que la omisión de dictar sentencia en un proceso penal en un plazo razonable, se trata de un acto con ejecución material porque se vulnera el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso y, por lo tanto, opera la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, es competente el juzgado de distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, como se advierte del contenido de la tesis que enseguida se reproduce: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL).
"Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal.
"Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto.
"Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia –por razón de territorio– está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario."
26. En ejecutoria de la que surgió esta tesis de jurisprudencia, en lo que interesa, se dijo:
"Las disposiciones citadas permiten establecer que las autoridades jurisdiccionales en materia penal tienen la obligación constitucional, convencional y legal de dictar sentencia en un plazo razonable. Por lo anterior, la no emisión de sentencia en un proceso del orden penal efectivamente tiene naturaleza jurídica de omisión, pues no se cumple con una obligación determinada.
"Ahora, esta obligación se constituye, a su vez, como una garantía procesal en la medida que con ello se tutelan los derechos de acceso efectivo a la justicia, de manera pronta y expedita, previsto en el numeral 17 Constitucional. Por lo que al tenor del derecho de acceso a la justicia, se busca que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, pues una demora prolongada puede llevar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales.
"Con base en lo anterior, tenemos que la omisión de dictar sentencia en el proceso penal si bien es un acto omisivo, lo cierto es que trae aparejada una ejecución material. Ello en la medida que, con la omisión del juez de dictar sentencia en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Esto es, el omitir dictar sentencia, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados.
"Razón por la cual no puede afirmarse que la omisión de dictar sentencia es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con la omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Si ello no fuera así, la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de dictar sentencia en el proceso penal no involucraría un ‘hacer’, que es dictar sentencia lo más pronto posible.
"De esta manera llegamos a la conclusión de que la omisión de dictar sentencia en el proceso penal, si bien es un acto omisivo –por no cumplirse con una obligación determinada– lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que nos encontramos ante un acto omisivo con efectos positivos."
27. En la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.),(14) el Alto Tribunal estableció que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada es un acto que tiene ejecución material –porque genera consecuencias positivas en el plano fáctico, al paralizar el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento–, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual resulta competente para conocer de la demanda el juzgado de distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada, como se advierte de la tesis de jurisprudencia que es del siguiente tenor:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.
"Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo –por no cumplirse con una obligación determinada–, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37.
"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada.
"Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo."
28. En este caso, el Alto Tribunal indicó que el acto tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber cons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32176-e019c419/amparo-indirecto-la-omision-de-resolver-sobre-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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