PENSIONES POR VIUDEZ Y JUBILACIÓN. EL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR SU DISFRUTE SIMULTÁNEO E INTEGRALMENTE, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
AMPARO EN REVISIÓN 266/2016. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRO. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA. SECRETARIO: JUAN VELARDE BERNAL.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En la sentencia recurrida, después de desestimar las causas de improcedencia invocadas por las responsables, la a quo abordó, en primer, lugar los planteamientos en que la quejosa sostuvo que el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contraviene el diverso 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, y los declaró fundados.
Para arribar a esa determinación analizó el contenido del precepto reclamado, del cual advirtió, que en su segundo párrafo se prevé una limitante, consistente en que si existen diversas pensiones y éstas son compatibles, la suma de las cantidades que se entreguen por esos beneficios no puede exceder de diez veces el salario mínimo.
Sobre esta base, determinó que dicha restricción se opone a la Constitución Federal, en virtud de que las pensiones por jubilación y viudez tienen orígenes distintos, debido a que la primera se genera diariamente con motivo de los servicios prestados por el empleado, y la segunda es resultado de la muerte del trabajador que cotizó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de ahí que no se justifica la restricción del pago de diez veces el salario mínimo entre ambas pensiones.
Apoyó su determinación en la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)."
Asimismo, precisó que si bien tal criterio hace referencia al artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, lo cierto es que resulta aplicable al caso, debido a que el precepto reclamado reproduce la prohibición que aquél prevé.
Consecuentemente, concedió el amparo contra la norma reglamentaria reclamada, haciendo extensiva la protección contra el oficio **********, de nueve de mayo de dos mil dieciséis, para el efecto de que la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lo deje insubsistente, y emita otro en el cual ordene cubrir íntegramente a la quejosa el importe total de las cantidades por concepto de pensión por jubilación y de viudez, así como las diferencias que por ese ajuste resulten.
Por un aspecto de orden lógico en el estudio, primero se analizan los agravios del Presidente de la República, al estar dirigidos a defender la constitucionalidad del precepto reglamentario impugnado y, después, de ser el caso, los del encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al defender la legalidad del acto concreto de aplicación.
El Presidente de la República aduce que fue ilegal que la juzgadora haya sustentado su decisión en el criterio previsto en la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, sólo establece los derechos mínimos de la seguridad social.
Refiere que los procedimientos, requisitos y modalidades deben ser desarrollados en leyes secundarias, como la ley que rige al instituto responsable o la normatividad reclamada, por lo que si un particular pretende obtener los beneficios que genera la pensión por viudez, debe satisfacer las condiciones que prevé el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Diverso Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Precisa que la restricción aplicada a los montos que la promovente percibe por concepto de jubilación y pensión por viudez, no transgrede el principio de seguridad social.
Añade que es impreciso el argumento de la quejosa, relativo a que los derechos previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal son irrestrictos, en razón de que no se advierte ese aspecto en tal disposición; máxime que la limitación que reclama no la priva de un haber pensionario.
Insiste en que las pensiones por viudez y jubilación son incompatibles; de ahí que la suma de éstas no pueda exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo.
Con la finalidad de dar solución a los planteamientos de la inconforme, conviene precisar que, contrario a lo que refiere, el hecho de que la Juez Federal haya dado noticia en la sentencia, de la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad del artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, no vuelve ilegal el fallo recurrido.
Así se sostiene, toda vez que la juzgadora, al abordar el tema de constitucionalidad del artículo 12 del reglamento reclamado, concluyó que, al establecer una limitación al derecho a percibir de manera íntegra las pensiones por viudez y jubilación, cuando su monto total rebase los diez salarios mínimos, transgrede el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional.
Lo anterior, en virtud de que ambos derechos tienen orígenes diferentes, cubren distintos riesgos y guardan plena autonomía financiera; de ahí que no exista justificación constitucional válida para restringir la posibilidad de gozar de los beneficios de la seguridad social, conjunta e integralmente.
En ese sentido, resultan infundados los agravios en estudio, al alegar que la concesión del amparo está sustentada exclusivamente en la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que de la lectura de los razonamientos que rigen el fallo combatido, se pone de manifiesto que, en realidad, la a quo expuso una serie de argumentos, si bien orientados por el criterio del Alto Tribunal, son suficientes y autónomos para sostener la inconstitucionalidad del precepto reglamentario reclamado.
Además, en opinión de este órgano judicial, los motivos dados por la Juez Federal son acertados.
Se afirma lo anterior, porque el artículo 12, párrafo segundo, del reglamento reclamado es contrario al diverso 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, al restringir injustificadamente el derecho de los gobernados a recibir simultáneamente una pensión por viudez y otra por jubilación, cuando su importe rebase los diez salarios mínimos, puesto que ambas prerrogativas tienen orígenes diferentes, cubren distintos riesgos y guardan plena autonomía financiera.
Máxime que, contrario a lo sostenido por el recurrente, en otra parte de los agravios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que ese precepto reglamentario es inconstitucional, al violar el derecho a la seguridad social, criterio que se encuentra reflejado en la tesis aislada 2a. CXII/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 1191 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas», cuyo contenido establece:
"ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida; de ahí que el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación cuando la suma de ambas rebase el monto equivalente a 10 veces el salario mínimo, viola el derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador; 2. Cubren riesgos diferentes, toda vez que la pensión por viudez protege la seguridad y el bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas."
Desde diversa óptica, el Presidente de la República alega que la decisión adoptada por la a quo es ilegal, ya que para hacer efectivos los derechos sociales que prevé el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, es necesario observar las disposiciones secundarias, entre ellas, el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precepto que dispone la manera en que se otorgará la pensión por viudez.
Explica que, si la quejosa tiene derecho a un beneficio de seguridad social de ese tipo, y al mismo tiempo por jubilación, es evidente que existe una incompatibilidad de pensiones que sujeta a un tope máximo de diez salarios mínimos el monto de ambas, ya que se atiende al hecho de que el sistema de esos beneficios es un sistema solidario de reparto, bajo el cual se constituye un fondo para atender las jubilaciones de todos los trabajadores retirados, lo que no significa que se viole el principio de seguridad social.
Insiste en que las aportaciones que se hacen por los trabajadores y el Estado tienen como finalidad financiar un sistema de seguridad social en su conjunto, y no un beneficio específico e individualizado a favor de los trabajadores, que derive únicamente en el otorgamiento de una pensión para cada empleado, ya que las cuotas pagadas tienen por objeto constituir un patrimonio general unificado a un fin de solidaridad.
Argumenta que el hecho de que la norma establezca términos y condiciones para la compatibilidad de las pensiones, no puede estimarse violatorio de la garantía a la seguridad social, en virtud de que, conforme al régimen de reparto que rige al instituto, no se restringe el derecho a recibir otras pensiones, sino que se establecen términos para su disfrute, atendiendo a una racionalidad que deriva de la viabilidad financiera del sistema de seguridad social en su conjunto.
La síntesis de los agravios que antecede pone de manifiesto que se trata de diversas razones que vierte el inconforme para sostener la constitucionalidad del artículo 12 del reglamento reclamado; sin embargo, como acertadamente lo resolvió la Juez Federal, dicho precepto es inconstitucional, al restringirle al gobernado su derecho a recibir, simultáneamente, una pensión por viudez y otra por jubilación, cuando su importe rebase los diez salarios mínimos, violando así su derecho a la seguridad social; por tanto, deben desestimarse.
Máxime que el criterio sobre la inconstitucionalidad de esa disposición reglamentaria, fue sostenido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, al emitir la tesis aislada 2a. CXII/2014 (10a.).
Además, a juicio de este órgano colegiado, contrario a lo que sostiene el recurrente, con la declaratoria de inconstitucionalidad de ese precepto reglamentario no se pone en peligro la estabilidad económica o viabilidad financiera del fondo de pensiones que administra la entidad, pues, como se indicó, tales prestaciones cuentan con plena autonomía financiera para que sean cubiertas oportunamente, ya que el pago que se otorga al beneficiario por viudez deriva de las aportaciones que realizó el trabajador fallecido; mientras que la pensión que se genera por jubilación se origina de las cuotas que enteró el trabajador en activo.
SEXTO.-Desde diversa perspectiva, el encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado alega que la a quo no tomó en consideración el argumento que expuso en su informe justificado, relativo a que la actuación de la jefa de dicho departamento fue en cumplimiento a lo que establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Refiere que la quejosa es beneficiaria de dos pensiones, una por jubilación y otra por viudez; sin embargo, la suma de ambas excede el monto equivalente a diez veces el salario mínimo que prevé dicho artículo.
Sostiene que ese precepto se encuentra vigente y no ha sido declarado inconstitucional; de ahí que la responsable está vinculada a aplicarlo.
De lo expuesto se advierte que los planteamientos del inconforme están dirigidos a demostrar que el acto de aplicación de la norma reclamada es acorde con el marco legal aplicable, toda vez que la responsable actuó de conformidad con lo dispuesto en el reglamento cuestionado, el cual es obligatorio en razón de que no ha sido reformado o declarado inconstitucional.
A fin de resolver lo conducente, conviene destacar que, a pesar de que el precepto combatido por la quejosa se encuentra vigente y, por ende, rige la actuación de la autoridad administrativa, lo cierto es que, en virtud de lo resuelto por la juzgadora, en el sentido de que es contrario al orden constitucional, al restringir injustificadamente el derecho a percibir integralmente las pensiones por jubilación y viudez (determinación que fue confirmada por este órgano judicial en el considerando que antecede), en vía de consecuencia, esa decisión comprende al acto de aplicación, por lo que la responsable deberá ajustar su resolución a los términos de la sentencia.
Se concluye de esa forma, toda vez que la circunstancia de que una norma se encuentre vigente, no implica necesariamente que su contenido sea acorde con los postulados establecidos en la Constitución Federal; de ahí que cuando se controvierta su regularidad, vía juicio de amparo, y se otorgue a favor del gobernado la protección de la Justicia Federal, la autoridad administrativa quedará obligada a inaplicar su contenido, no obstante que, al emitir el acto reclamado, no existía algún pronunciamiento al respecto; de ahí lo infundado de los argumentos en estudio.
En mérito de lo expuesto, al desestimarse los agravios de los inconformes, lo que se impone es, en la materia del recurso, confirmar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto que reclamó del Presidente de la República, consistente en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del oficio **********, de nueve de mayo de dos mil dieciséis, emitido por la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México de dicho organismo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Joel Carranco Zúñiga (presidente) y Carlos Ronzon Sevilla, así como de Luis Felipe Hernández Becerril, secretario en funciones de Magistrado, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 73, fracción II, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que se ubique en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 553.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27028-df6f6945/pensiones-por-viudez-y-jubilacion-el-articulo-12 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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