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Modo: Corpus Pro

ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 297/2012. · Registro digital (IUS): 23809
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, Pág. 535.

AMPARO EN REVISIÓN 297/2012. 6 DE JUNIO DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: EVERARDO MAYA ARIAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve de junio siguiente en el Diario Oficial de la Federación, en atención a que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, cuya materia administrativa es especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. No es el caso de hacer pronunciamiento alguno sobre la oportunidad del recurso de revisión, pues de tal aspecto se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto. (foja 54 del cuaderno de amparo)

TERCERO. En su recurso de revisión el presidente de la República sostuvo que la sentencia es ilegal, esencialmente, por lo que sigue:

Agravio primero

La parte recurrente, esencialmente, aduce que resultan inoperantes los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, ya que hace depender la inconstitucionalidad del artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, partiendo de situaciones hipotéticas y particulares; de tal suerte que, al sustentarse la alegada violación constitucional en tales circunstancias, ello es suficiente para que se desestimen los argumentos relativos.

Agravio segundo

1. La autoridad recurrente, esencialmente, aduce que el Juez Federal no toma en cuenta que las cuotas no se destinan exclusivamente con el otorgamiento de la pensión a cada trabajador, es decir, no atienden a un beneficio específico e individualizado, sino que, en términos de los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en un porcentaje determinado también se usan para financiar seguros, préstamos, subsidios y servicios.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos de la Ley del Seguro Social y en el artículo 123, apartado A, fracciones XII, XIV y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las aportaciones de los trabajadores y del Estado sirven para financiar en su conjunto el sistema de seguridad social, y no sólo para pagar pensiones a los trabajadores.

3. Que la finalidad del pago de aquellas aportaciones estriba en integrar un patrimonio unificado guiado por un principio de solidaridad, garantizando el otorgamiento de las prestaciones constitucionales mínimas respectivas a todos los trabajadores, sin distingo de nivel salarial o antigüedad, fijando límites y topes para la distribución equitativa de las cargas económicas y evitar disparidades en el reparto de los beneficios para los derechohabientes; de ahí la necesidad de fijar un tope máximo de diez salarios mínimos de las pensiones de jubilación y viudez compatibles.

4. Que la base para otorgar las prestaciones económicas serían el sueldo básico y el cómputo de años de servicios, estableciendo un límite tanto para el sueldo como para el otorgamiento de los beneficios; estableciendo así, en un sistema solidario, un fondo colectivo financiado por las contribuciones respectivas, cuyo origen no puede distinguirse.

5. Que el artículo declarado inconstitucional no viola la garantía de seguridad social, porque no limita el derecho a percibir ambas pensiones, sino que fija un límite a la obtención de ambas por una sola persona, en atención, precisamente, al sistema de cargas y beneficios del sistema solidario de pensiones.

6. Que si bien el artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional no fija límites para calcular pensiones, sino que únicamente establece los elementos mínimos de seguridad social (otorgamiento de pensiones), ello es propio de la ley secundaria, como lo hizo el legislador, al establecer en los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que no se podrá rebasar del tope máximo de diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y que será el sueldo básico hasta por la suma cotizable para determinar pensiones compatibles.

La autoridad recurrente apoyó sus señalamientos en el voto particular del señor Ministro ponente José Fernando Franco González Salas, en el amparo en revisión 956/2010.

CUARTO. En virtud de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que no advertía de oficio ni del examen de los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, la actualización de alguna causa de improcedencia que impidiera el estudio del artículo reclamado, estimó agotado el análisis de los temas de procedencia y sobreseimiento del juicio de garantías.

Por otra parte, el referido Tribunal Colegiado dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para conocer sobre la constitucionalidad del artículo 51, fracción III, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, sobre la premisa de que no existía jurisprudencia; en consecuencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordará el estudio de la inconstitucionalidad del precepto mencionado.

QUINTO. En el primero de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, presidente de la República, esencialmente, aduce que resultan inoperantes los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, ya que hace depender la inconstitucionalidad del artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, partiendo de situaciones hipotéticas y particulares.

Esos motivos de agravio son infundados.

No obstante lo anterior, en oposición a lo esgrimido por el recurrente, la lectura del escrito inicial de demanda atinente permite advertir que, a efecto de demostrar la inconstitucionalidad del artículo reclamado (51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), ********** sostuvo, entre otros argumentos, esencialmente, que:

- El precepto combatido violentaba el derecho de seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, y fracción XXIX del apartado A de la Constitución Federal, al establecer que el pago de la pensión no podía exceder la cuota máxima de diez veces el salario mínimo (primer concepto de invalidez);

- La inconstitucionalidad del precepto en cuestión estriba en que se suma el monto de las pensiones por jubilación y por viudez a las que tiene derecho (segundo concepto de invalidez); y,

- Las pensiones de viudez y jubilación no se excluyen entre sí, pues tienen distintos orígenes, cubren riesgos diversos y tienen autonomía financiera.

De lo referido es dable desprender, en lo que interesa, que la quejosa realizó planteamientos en los que, por principio de cuentas, contrastó el precepto legal combatido con un artículo de la Constitución Federal, indicando cuál era la garantía o derecho que, en su opinión, se violaba y, además, expresó las razones medulares por las que estimó que se actualizaba la vulneración correspondiente, a saber, que se sumaban dos pensiones (a las que, por cierto, se refiere el precepto tildado de inconstitucional, como se verá más adelante) que no eran excluyentes.

En esta lógica, es claro que, con independencia de que a lo largo de los planteamientos atinentes haya hecho referencia a situaciones que le afectaban en lo particular (lo que se entiende lógico, en virtud de que en la demanda se precisó que se combatía la ley a partir de un acto de aplicación),(1) sí esgrimió algunas consideraciones para contrastar el contenido de la norma impugnada, con el de la Ley Suprema, siendo éstos los que fueron analizados por la Juez de Distrito en la sentencia de amparo.(2)

Así las cosas, es dable concluir que, contrariamente a lo aducido por el recurrente, la quejosa no basó la inconstitucionalidad del artículo combatido en situaciones particulares e hipotéticas, sino en planteamientos mediante los que pretendió acreditar que dicho precepto era contrario a una disposición contenida en la Ley Fundamental y, en este escenario, como se adelantó, lo conducente es declarar infundado su agravio.

Enseguida, se abordan los argumentos contenidos en el segundo de los agravios.

Esos agravios se estiman infundados.

Lo anterior, toda vez que la Juez de Distrito emisora de la resolución sujeta a revisión, para declarar fundados los conceptos de violación y hacer la declaración de la inconstitucionalidad planteada, se apoyó en el criterio emitido por esta Segunda Sala, al resolver, en sesión de dos de marzo de dos mil once, por mayoría de cuatro votos, el amparo en revisión 956/2010, en el que sostuvo que el artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, contraviene la garantía de seguridad social contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, porque restringe el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario a recibir íntegramente la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea al caso, cuando la suma de ésta y la de pensión por jubilación que disfruta rebasa los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización, en el artículo 15 de la misma ley.

De la ejecutoria de referencia derivó la siguiente tesis, en cuyo texto quedó precisado como artículo 51, párrafo segundo, de la ley relativa:

"ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL, CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 17/2010, de rubro: ‘PENSIONES COMPATIBLES. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA ABROGADA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, QUE FIJA SU MONTO MÁXIMO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD SOCIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL.’; porque de una nueva perspectiva sobre el contenido del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a que no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida, se sigue que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase los 10 salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley, viola la garantía de seguridad social y el principio de la previsión social citados, porque desatiende las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora; 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas."(3)

Pues bien, esta Segunda Sala estima que las razones que sostuvo al resolver el amparo en revisión 956/2010 y que sirvieron de base al Juez de Distrito para declarar inconstitucional el artículo 51, segundo párrafo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, son similares y válidas para el presente asunto, en el que se cuestiona la constitucionalidad de ese precepto, que limita el derecho a recibir una pensión por jubilación y una por viudez, a que ambas no excedan del límite de diez veces el salario mínimo, lo que constituye una reiteración sobre el problema de constitucionalidad planteado.

Por su centralidad para la resolución del presente asunto, procede reseñar los razonamientos relevantes de la ejecutoria referida:

"... resulta útil acudir nuevamente al contenido de la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 1927/2006, en sesión de siete de marzo de dos mil siete, donde se destaca el proceso legislativo del cual derivó el apartado B del artículo 123 constitucional.

"En la iniciativa de reforma constitucional, a la cual se le dio lectura en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el siete de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, en la parte que interesa para resolver este asunto, es del tenor siguiente:

"‘La adición que se propone al Texto Constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal como los de sus familiares; jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo, escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así como las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el periodo de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia.’

"En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo de esa Cámara, al cual se le dio lectura el diez de diciembre siguiente, en lo que interesa, se dice:

"‘2. Las comisiones dictaminadoras consideran absolutamente justificadas las adiciones al artículo 123, materia de la iniciativa. Siguiendo la tradición establecida por el Constituyente de 1917 y a fin de enriquecer las garantías sociales que nuestra Constitución consagra, se elevan a la categoría de norma constitucional disposiciones que tienden a garantizar el respeto de los derechos inherentes a los servidores del Estado, limitando el poder público en sus relaciones con ellos a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de seguridad social con el mismo propósito.’

"En la discusión del dictamen de referencia intervino el senador Rodolfo Brena Torres quien, en lo interesante, manifestó lo siguiente:

"‘... Actualmente, en mil novecientos cincuenta y nueve, la revolución establece constitucionalmente garantías mínimas a los servidores del Estado; garantías que podrán ampliarse, pero nunca restringirse, por posteriores leyes secundarias que emanen del Congreso de la Unión. ...’

"En el dictamen elaborado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al que se le dio lectura en la sesión ordinaria celebrada el veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, entre otras cosas, se razonó lo siguiente:

"‘Al efecto, el señor presidente de la República indica que ha sido de su preocupación mantener y consolidar los ideales revolucionarios, cuyo legado ha recibido con plena conciencia y responsabilidad por todo lo que representa para el progreso de México dentro de la justicia social, que los trabajadores al servicio del Estado no habían disfrutado con plenitud de todas las garantías sociales consagradas en la Constitución General de la República para los trabajadores del campo y de la industria privada; que si bien es cierto que es de distinta naturaleza la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus patrones, respecto de los servicios públicos con el Estado, también lo es que el trabajo no constituye una simple mercancía, sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre y que la adición que propone el Texto Constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y consagra las bases mínimas de protección social que aseguran, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de su familia ... Es pues, de gran trascendencia la iniciativa que se nos presenta a estudio y consideramos que debe ser aprobada por esta asamblea. Pero estimamos que es indispensable dejar precisado, como lo hace el señor presidente en su exposición de motivos, que las adiciones y reformas que se proponen al artículo 123 se refieren a los trabajadores al servicio del Estado, dentro de cuya denominación de «trabajadores» se comprenden a todos los que tienen una designación legal como tales, cualesquiera que sea la forma de ella, por lo que motiva que se hagan algunas modificaciones por estas comisiones unidas, al texto de la iniciativa presidencial, como a las llevadas a cabo por el honorable Senado de la República. En la fracción XI, que trata de la seguridad social se usa en sus incisos b, d, e y f, el concepto «empleo público», que se presta a diversas interpretaciones, y, congruentes con la exposición de motivos de la iniciativa presidencial proponemos que se sustituya ese concepto por el de «trabajadores»; en esas condiciones, queda claramente establecido que los beneficios a favor de los servidores públicos son para todos aquellos que se encuentren al servicio del Estado, operando dicha sustitución en las fracciones que usan el término «empleados». Consecuentemente con lo expresado en el párrafo anterior, no estimamos adecuado el empleo de la palabra «empleados» que agregó al enunciado del apartado B, el Senado de la República, el cual seguramente lo incluyó por haberse usado ese vocablo en los incisos citados de la fracción XI de ese apartado de la iniciativa presidencial. Respetando, de consiguiente, el resto de la redacción propuesta por el Senado, deben quedar, en opinión de esa comisión redactados los enunciados que se mencionan de la siguiente manera. ...’

"La reforma al artículo 123 constitucional y, por ende, la creación del apartado B del mismo se publicó en el Diario Oficial de la Federación del cinco de diciembre de mil novecientos sesenta; el precepto indicado, en lo interesante, es del tenor siguiente:

"‘Art. 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"‘...

"‘B. Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabajadores:

"‘...

"‘XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

"‘a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. ...’

"De la lectura del precepto constitucional preinserto y del proceso legislativo deriva lo siguiente:

"a) Que en él se instituyeron no sólo las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino también el principio de previsión social, que obliga establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a la familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos.

"b) Se previó a nivel constitucional la protección para dichos trabajadores y sus familiares en caso de invalidez, vejez y muerte.

"c) Se elevaron a rango constitucional las disposiciones orientadas a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares, y adoptar bases mínimas de seguridad social con igual propósito.

"d) Las garantías sociales establecidas en el precepto en comento podrán ampliarse, pero nunca restringirse.

"De acuerdo a todo lo anterior, se establece que la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, como garantía social constitucionalmente reconocida, también está dirigida a sus familiares; por ello, a éstos tampoco se les puede reducir o restringir la garantía de referencia.

"Los artículos 1o., fracción I, 3o., fracción VIII, 5o., fracción V, 16, párrafos primero y segundo, fracciones III y IV, 21 fracciones III y V, 42, fracción II, 48, 73, 74, 75 y 76 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado son del tenor siguiente:

"‘Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República; y se aplicará:

"‘I. A los trabajadores al servicio civil de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal que por ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su régimen, así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros; ...’

"‘Artículo 3o. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros, prestaciones y servicios:

"‘...

"‘VIII. Seguro por causa de muerte; ...’

"‘Artículo 5o. Para los efectos de esta ley, se entiende:

"‘...

"‘V. Por familiares derechohabientes a:

"‘La esposa, o a falta de ésta, la mujer con quien el trabajador o pensionista ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores o con la que tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la prestación. ...’

"‘Artículo 16. Todo trabajador incorporado al régimen de este ordenamiento, deberá cubrir al instituto una cuota fija del ocho por ciento del sueldo básico de cotización que disfrute, definido en el artículo anterior.

"‘Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma:

"‘...

"‘III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;

"‘IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta ley; ...’

"‘Artículo 21. Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta ley cubrirán al instituto, como aportaciones el equivalente al 17.75% del sueldo básico de cotización de los trabajadores.

"‘...

"‘III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;

"‘...

"‘V. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta ley; ...’

"‘Artículo 42. Cuando fallezca un pensionado por incapacidad permanente, total o parcial, se aplicarán las siguientes reglas:

"‘...

"‘II. Si la muerte es originada por causas ajenas a las que dieron origen a la incapacidad permanente, sea total o parcial, se entregará a los familiares señalados por esta ley y en su orden el importe de seis meses de la asignada al pensionista, sin perjuicio del derecho de disfrutar la pensión que en su caso le otorgue esta ley.’

"‘Artículo 48. El derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esta ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.’

"‘Artículo 73. La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al instituto por más de quince años, o bien acaecida cuando haya cumplido 60 o más años de edad y mínimo de 10 años de cotización, así como la de un pensionado por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, según lo prevenido por esta ley.’

"‘Artículo 74. El derecho al pago de la pensión por causa de muerte se iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la pensión.’

"‘Artículo 75. El orden para gozar de las pensiones a que se refiere este artículo será el siguiente:

"‘I. La esposa supérstite sola si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de 18 años o que no lo sean pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta 25 años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo remunerado; ...’

"‘Artículo 76. Los familiares derechohabientes del trabajador fallecido, en el orden que establece el artículo 75 de esta ley, tienen derecho a una pensión equivalente al 100% de la que hubiese correspondido al trabajador en los términos de los artículos 57 y 63, o del artículo 83 en el caso del servidor público fallecido a los 60 años o más de edad con un mínimo de 10 años de cotización.

"‘Los familiares derechohabientes del pensionista fallecido, en el orden establecido en el artículo 75, tienen derecho a una pensión equivalente al 100% del importe de la pensión que venía disfrutando el pensionista.’

"El contenido normativo de los numerales preinsertos permite formular las premisas siguientes, relevantes para la solución de este asunto:

"I. Los derechos derivados de la ley en comento corresponden a los trabajadores en activo y los pensionados al servicio del Estado y a los familiares derechohabientes de unos y de otros.

"II. El seguro por causa de muerte es obligatorio.

"III. El trabajador incorporado al régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cubrirá a éste una cuota fija del 8% del sueldo básico respectivo, la cual se aplicará, entre otras cosas, para cubrir el pago de las pensiones.

"IV. Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de la ley de la materia aportarán el 17.75% del sueldo básico de cotización de los trabajadores, parte del cual se aplicará para cubrir los servicios de atención para el bienestar de los pensionistas e, incluso, se destinará para pagar a éstos la pensión relativa.

"V. Para tener derecho a la pensión por viudez se requiere que el trabajador o trabajadora que estuviere en activo hayan cotizado al instituto por más de quince años, independientemente de la edad de aquéllos, o que cuando haya acaecido la muerte de los mismos hayan cumplido 60 o más años de edad y 10 años de cotización.

"VI. El derecho a recibir las pensiones por causa de muerte del trabajador o del pensionado, por causas ajenas al servicio, nace al momento de ocurrir el fallecimiento relativo, y su pago se iniciará a partir del día siguiente de la muerte de la persona que haya originado la pensión.

"VII. Tienen derecho al pago de la pensión por viudez, entre otros, la esposa supérstite y la concubina, siempre que estén en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 75 preinserto.

"VIII. Las beneficiarias citadas en el inciso precedente tienen derecho a la pensión por viudez de un 100% de la que legalmente hubiere correspondido al trabajador fallecido.

"...

"Pues bien, las consideraciones precedentes permiten a esta Segunda Sala concluir, bajo una nueva perspectiva del problema de constitucionalidad planteado, que el artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, contraviene la garantía de seguridad social contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, porque restringe el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario a recibir íntegramente la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea al caso, cuando la suma de ésta y l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23809-ec086217/issste-el-articulo-51-segundo-parrafo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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