Corpus
Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL EXIGIR MÁS REQUISITOS PARA EL VIUDO EN RELACIÓN CON LOS EXIGIDOS A LA VIUDA PARA SER BENEFICIARIOS DE AQUÉLLA, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 134/2012. · Registro digital (IUS): 24191
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y OTRAS.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Pág. 1782.

AMPARO EN REVISIÓN 134/2012. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y OTRAS. 16 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS. SECRETARIO: EDGAR HUMBERTO MUÑOZ CASTILLO.

CONSIDERANDO:

SEXTO. No será materia de estudio en la presente ejecutoria, el sobreseimiento decretado en el considerando tercero, por negativa de actos en relación con la autoridad denominada director general, en su carácter de representante legal y consejero directivo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.

Decisión que se adopta, en razón de que el peticionario de garantías -que es a quien le pudiera perjudicar-, no se agravia respecto de dicha determinación.

Avala lo así razonado, la jurisprudencia 1a./J. 62/2006, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES."(5)

SÉPTIMO. Los agravios propuestos por la delegada del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, son infundados del primero al cuarto e inoperante el quinto, por las siguientes consideraciones jurídicas:

En su primer agravio, la recurrente plantea que el juzgador no advirtió que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados por el quejoso pueden ser modificados, revocados o nulificados mediante la promoción del juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León dado que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, en su artículo 17, fracción VII, establece como competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, conocer de los juicios en los que, como en el caso, el quejoso reclame la negativa de otorgársele, en su carácter de cónyuge supérstite, la pensión por causa de muerte de su esposa.

Así, aduce que si el quejoso no hizo valer tal medio de defensa legal establecido a su favor (juicio contencioso administrativo, artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León), antes de acudir al juicio de garantías, debe considerarse que no se ha respetado el principio de definitividad que rige en materia de amparo y, ante tales circunstancias, lo conducente es decretar la improcedencia de la acción de amparo solicitada.

Bien, el tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo,(6) dispone que cuando contra el primer acto de aplicación de una ley proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que hay excepciones al principio de definitividad, como puede ser que no exista la obligación de agotar, antes de acudir al juicio de amparo, los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad.

Tiene aplicación al caso en estudio, la tesis 2a. LVI/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."(7)

Del criterio anterior se colige que no existe obligación de acatar el principio de definitividad, en la vía indirecta, entre otros casos, cuando se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, o en el diverso aspecto de que se trate de casos en los que se reclamen violaciones directas a la Constitución.

En otras palabras, si el acto reclamado lo constituye una ley en sí misma considerada y su acto de aplicación, el agraviado no está constreñido a agotar ningún recurso, juicio o medio de defensa legal que se establezca para atacar el acto de autoridad, pues, sin acudir a ningún otro conducto ordinario de impugnación, puede ocurrir directamente al amparo.

En atención a lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que es infundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad recurrente, en razón de que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, era optativo para el quejoso reclamar la inconstitucionalidad de la ley con motivo de su primer acto de aplicación, o bien, agotar el recurso ordinario procedente en contra de aquél, de manera que si optó por lo primero, no operaba el principio de definitividad.

Por tanto, es inconcuso que contrario a lo expuesto por la autoridad, en el particular no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.(8)

Por otra parte, dentro del primer agravio se esgrime que el Juez Federal violentó el principio de exhaustividad previsto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que se estima que debió agotar el principio de definitividad y que, por ende, se actualizaba la causal de improcedencia mencionada anteriormente, en virtud de que procede el juicio de nulidad en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, dado que la parte quejosa hizo valer al mismo tiempo violaciones directas e indirectas al Pacto Federal.

Como se ve, la autoridad recurrente pretende que por haberse impugnado de manera simultánea la legalidad del acto de aplicación reclamado, esto es, la negativa de otorgársele en su carácter de cónyuge supérstite la pensión por causa de muerte de su esposa, por parte del quejoso, éste tenía la obligación de agotar previamente el juicio contencioso administrativo, porque en su concepto se trata de la reclamación de violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal.

Tal pretensión es infundada, pues parte de la premisa desatinada de equiparar las violaciones directas a la Constitución con la reclamación de la inconstitucionalidad de una ley.

En efecto, en la práctica forense jurisdiccional se han identificado las violaciones directas a la Constitución como aquellas que infringen palmariamente una disposición de la Carta Magna, y casuísticamente se han identificado, entre otras, la violación a la garantía de audiencia y a la ausencia de fundamentación y motivación.

En estos supuestos, la propia Ley de Amparo ha establecido que no se tiene la obligación de agotar previamente al juicio de amparo los recursos ordinarios, pues si no se tuvo la audiencia que le permitiera al gobernado conocer el tipo de juicio que se le sigue, tampoco está en aptitud de saber qué recurso ordinario debe interponer; igualmente, cuando se ignora la fundamentación y motivación de un acto de autoridad, tampoco se tiene la certeza del recurso que deba intentarse, atento a que se desconoce cuál es la ley que rige el acto.

No obstante, no es posible equiparar este tipo de violaciones con la reclamación de inconstitucionalidad de una ley, pues con esta pretensión lo que se plantea es que la ley aplicada es contraria al orden constitucional, en cuanto alega que viola o conculca las garantías individuales que la Constitución consagra a favor de los gobernados.

En estos casos, la potestad de no acudir a la jurisdicción ordinaria, previamente a intentar el juicio de amparo, se funda en el carácter extraordinario de la reclamación, pues en el Estado de Nuevo León no existe ningún órgano jurisdiccional ante quien pueda ventilarse la inconstitucionalidad de una ley, salvo que dichos órganos ejerzan un control de convencionalidad ex officio, hipótesis diversa a la aquí tratada.

Apoya lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente:

"REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. AMPARO. NO ES NECESARIO AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS QUE ESTABLECEN CONTRA LOS ACTOS DE APLICACIÓN. Cuando se combate por su inconstitucionalidad un reglamento administrativo expedido por el presidente de la República con fundamento en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal, el que constituye, dados sus caracteres de generalidad y abstracción, una ley desde el punto de vista material, y al mismo tiempo se impugnan los actos de aplicación del mismo, no es necesario agotar previamente los recursos ordinarios procedentes, para acudir al juicio de amparo, porque las autoridades comunes carecen de competencia para resolver si una ley es o no contraria a la Constitución General de la República, lo que es cuestión de la incumbencia exclusiva de la Justicia Federal."(9)

Luego, es factible que a la par de la reclamación de la inconstitucionalidad de una ley, se hagan valer conceptos de violación en contra de los actos de aplicación por vicios propios; esto es, por violaciones de legalidad en ellos mismos, lo cual incluso ha sido institucionalizado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que establece el orden en que deben analizarse los conceptos de violación cuando se reclame la inconstitucionalidad de la ley, así como los actos de aplicación por vicios propios, según se aprecia de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada."(10)

En este mismo sentido es inaplicable, en beneficio de la recurrente, la tesis 2a./J. 111/2005, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.", ya que la misma prevé, como salvedad para la impugnación del juicio de amparo, que tratándose de una resolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no se actualice alguna excepción al principio de definitividad, cuestión que, en el caso, sí existe.

De igual forma, devienen inaplicables las tesis que cita en su agravio, toda vez que, como se vio, en el caso se actualiza una excepción prevista al principio de definitividad, como es la reclamación de la inconstitucionalidad de leyes y no el diverso supuesto de violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal.

Por tanto, este cuerpo colegiado estima que es legal el proceder del Juez de Distrito y, por ende, apegada a derecho la resolución constitucional que desestimó la actualización de la causal de improcedencia invocada por la autoridad recurrente, pues como se vio, al impugnarse por el quejoso la inconstitucionalidad de los artículos 95, fracción III y 105, fracción II, incisos a, b y c, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, como contraventor de la garantía de igualdad y de seguridad social, era optativo para el quejoso reclamar dicha inconstitucionalidad con motivo del primer acto de aplicación, o bien, agotar el recurso ordinario procedente en contra de aquél, de manera que si optó por lo primero, no operaba el principio de definitividad.

Por otra parte, en el segundo agravio expresado por la delegada del Gobernador Constitucional del Estado, se dice que es errónea la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 95, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, en razón de que el Juez Federal pasó inadvertido que el varón y la mujer no se encuentran en idénticas situaciones y, por tanto, no deben ser tratados como iguales, ya que sólo tienen en común que comparten una misma naturaleza genérica que es la pertenencia al género humano, pero en lo que corresponde a sus características esenciales (cualidades como pueden ser las biológicas, físicas, psicológicas y estructurales), son diferentes y, por ende, la igualdad no debe interpretarse como un valor absoluto entre ambos sexos, pues resulta incongruente que en la totalidad de los aspectos jurídicos y sociales se les impusiera las mismas obligaciones y derechos sin distinción, dado que en el sentido de las garantías consagradas en los artículos 1o. y 4o. constitucionales se tiene como objeto colocar a los individuos en condiciones de acceder a idénticos derechos, con el objetivo principal de anular la situación de desigualdad manifiesta.

También sostiene que, contrario a lo determinado por el juzgador, los requisitos establecidos en el artículo tildado de inconstitucional no se fijaron de manera injustificada sino acorde con la realidad que actualmente se vive en el Estado, pues existen marcadas diferencias de índole cultural y se han asignado de forma adicional actividades distintas en razón de género, tales como asociar al hombre con la función de proveedor y a la mujer con el trabajo doméstico y la maternidad, lo que evidencia que el primero únicamente labore de forma extradoméstica contrario a la mujer que desarrolla trabajo fuera y dentro del hogar; así como que la participación de la mujer en el ámbito laboral es inferior a la del hombre, ya que persisten brechas salariales y patrones socioculturales que designan a ésta como la principal responsable del cuidado de la familia, lo que se traduce en una distribución desigual de las actividades domésticas que las colocan en desventaja, pues las oportunidades para que los hombres y mujeres se desarrollen de forma íntegra y equitativa no se reflejan en la realidad, lo que hizo necesario que la legislación (como la reclamada), desarrolle la potencialidad de grupos humanos más vulnerables.

Es infundado el agravio, en razón de que en el contexto del acceso a la seguridad social en el Estado de Nuevo León, tanto hombres como mujeres se encuentran en una misma situación jurídica, objetivamente definida por la ley en función del periodo mínimo de cotización exigido para ser beneficiario de una pensión por viudez y, por ende, es injustificado que el artículo 95, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Nuevo León, los someta a un trato distinto basado en la edad, en el goce de una incapacidad y en la dependencia económica; de ahí que se considere que dicho precepto vulnera los artículos 1o. y 4o. de la Carta Magna, como con acierto lo sostuvo el Juez de Distrito.

Para justificar jurídicamente esta determinación, es imprescindible partir de la redacción de los preceptos constitucionales aludidos, que señalan:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

"...

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

"Artículo. 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. ..."

A este respecto, se tiene también como punto de partida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencias en el sentido de que la garantía de igualdad pugna por un trato idéntico ante situaciones similares o comparaciones iguales, y aunque el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador.

Los criterios a que se ha hecho referencia fueron emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."(11)

"IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado."(12)

En efecto, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta paridad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado; en otras palabras, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

Lo anterior ha sido sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País en la tesis aislada 1a. CXXXVIII/2005, de rubro y texto siguientes:

"IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO. El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones, y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de ‘términos de comparación’, los cuales, así como las características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la determinación del punto desde el cual se establece cuándo una diferencia es relevante será libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá sentido cualquier juicio de igualdad."(13)

Expuesto lo anterior, corresponde ahora transcribir el precepto reclamado de inconstitucional, específicamente en sus fracciones I y III, que son las que contienen las situaciones cuyo tratamiento se reclama como inequitativo:

"Artículo 95. El orden para gozar de las pensiones por causa de muerte, será el siguiente:

"I. La esposa supérstite sola o en concurrencia con los hijos si los hay; o estos solos cuando sean menores de dieciocho años de edad y hasta los veinticinco años, siempre y cuando reúnan los requisitos que se señalan en el artículo 5, fracción VI, incisos b), c), d) y e) de esta ley. También los mayores de dieciocho años solos que estén incapacitados total y permanentemente para trabajar;

"...

"III. El esposo supérstite solo o en concurrencia con hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones a que se refiere la fracción I, siempre que aquél contase con sesenta o más años de edad o esté incapacitado total y permanentemente para trabajar y hubiere dependido económicamente de la servidora pública o pensionista; ..."

El artículo reproducido, tal como lo expuso el Juez Federal, prevé la existencia del derecho a la pensión de viudez tanto para la cónyuge supérstite del varón, como para el cónyuge supérstite de la mujer; empero, dicha norma prevé dos requisitos adicionales al varón: 1) su edad (60 años o más) o incapacidad total y permanente para trabajar; y 2) la dependencia económica de la acaecida.

En ese sentido, es acertada la determinación del Juez al referir que la decisión del legislador de otorgar el derecho a la pensión de viudez, añadiendo requisitos para el viudo en relación con los exigidos a la viuda, transgrede la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer, puesto que otorga un trato distinto a los beneficiarios de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que ello se encuentre justificado en razones objetivas; contraviniendo de esa manera el artículo 4o. constitucional y desatendiendo las jurisprudencias que quedaron transcritas en párrafos que anteceden.

Igual consideración se tiene respecto de que la distinción aludida, en la norma analizada genera una discriminación de género, ya que al encontrarse en situaciones de igualdad ambas personas, éstas deberán ser tratadas de manera igual y no se les debe privar de un beneficio o bien cargar un perjuicio desigual e injustificado, como en la especie resultan la obligación de acatar requisitos adicionales para el cónyuge supérstite.

En efecto, no hay que soslayar que la imposición de los requisitos añadidos en comento es una forma de discriminación hacia los gobernados y, por ende, de dar un trato desigual a los ciudadanos ubicados en una misma situación jurídica, máxime que la privación del derecho en mención se hizo sin expresar una razón válida, apta para justificarla, lo cual la torna en inconstitucional, porque del texto del precepto cuestionado no se advierte la existencia de elemento alguno para validar la adición de requisitos cuestionada.

No obsta para arribar a las consideraciones expuestas en esta sentencia, el hecho de que la recurrente abunde respecto del tema controvertido, refiriendo que los requisitos de la norma tildada de inconstitucional se fijaron acorde con la realidad que en la actualidad se vive en el Estado, respecto a diferencias de índole cultural y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24191-c0e2546f/pension-por-viudez-el-articulo-95-fraccion-iii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.