PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL ADICIONAR REQUISITOS PARA EL VIUDO EN RELACIÓN CON LOS EXIGIDOS A LA VIUDA PARA SER BENEFICIARIOS DE AQUÉLLA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 445/2011. DELEGADO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y OTRA. 13 DE JULIO DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HUGO ALEJANDRO BERMÚDEZ MANRIQUE. SECRETARIO: JESÚS ALEJANDRO JIMÉNEZ ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Estudio del asunto. Por cuestión de método se analizarán de manera conjunta los agravios hechos valer tanto por la autoridad recurrente Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, como por la diversa, director de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la misma entidad, dada su estrecha relación, resolviendo la cuestión efectivamente planteada, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.(6)
Los agravios son inoperantes en una parte e infundados en otra.
En el agravio denominado "primero" de sendos escritos, las recurrentes hacen valer violaciones de carácter formal que, en esencia, consisten en que el Juez transgredió en su perjuicio los principios de exhaustividad y congruencia, ya que únicamente consideró que al reclamarse la inconstitucionalidad de una ley se actualizaba la excepción al principio de definitividad, pero omitió considerar que cuando paralelamente el quejoso aduzca violaciones indirectas y directas a la Constitución se deben agotar los medios de defensa que establezcan las leyes.
Aducen que el a quo soslayó lo hecho valer en los informes justificados, en el sentido de que en la especie se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados por el quejoso podían ser modificados, revocados o nulificados mediante el juicio contencioso administrativo, además de que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, en su artículo 17, fracción VII, establece como competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado conocer de los juicios en donde se reclame la negativa del otorgamiento al cónyuge supérstite de la pensión por causa de muerte, acto -a juicio de la recurrente- que podría afectar el interés jurídico del quejoso.
Lo anterior es inoperante.
Con tales planteamientos, las recurrentes no combaten una de las razones torales que, por sí misma, es eficaz para sostener el sentido del fallo reclamado, ni expresan causa de pedir que permita identificar los motivos concretos por los que estiman incorrecta la determinación que emitió el Juez de Distrito en el considerando quinto de la sentencia recurrida, en el sentido de declarar que, en la especie, el quejoso no se encontraba obligado a agotar los recursos o medios de impugnación previos al juicio de garantías.
Como premisa de dicha determinación, tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia en el sentido de que si bien los agravios no requieren expresarse bajo fórmulas sacramentales o rigorismos excesivos, sí deben contener, por lo menos, la causa de pedir, es decir, la identificación de la parte del fallo que se considera ilegal y las razones de dicha ilegalidad; lo que se justifica porque conforme a la técnica del juicio de amparo, es al recurrente a quien corresponde demostrar por qué estima ilegal la resolución que recurre.
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO."(7)
Ahora bien, en el caso se destaca, en primer lugar, que el Juez de Distrito desestimó la hipótesis de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, director de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con apoyo en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, y al efecto sostuvo que, en el caso el justiciable no estaba obligado a agotar el principio de definitividad previo al juicio de amparo, en virtud de que señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 95, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su reforma y primer acto concreto de aplicación de esa norma en su esfera jurídica individual, y el concepto de violación del quejoso estaba encaminado en ese sentido, por tanto, se erigía una excepción a dicho principio de definitividad y hacía procedente el juicio de garantías.
Esto revela que la premisa normativa que sirvió al juzgador para efectuar el análisis sobre la improcedencia del juicio, se hizo consistir en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo; de ahí que si las recurrentes se manifiestan inconformes con esta determinación, debieron abocarse a combatirla y desvirtuarla a partir de la misma línea de razones seguida por el Juez, pues en caso contrario sería declarada firme y subsistente para regir el sentido del fallo.
En ese contexto, se advierte que en el agravio en estudio, las autoridades recurrentes sólo se limitan a manifestar que la aludida hipótesis de improcedencia sí se actualizó en la especie, ya que los actos reclamados por el quejoso a través del juicio de garantías pueden ser modificados, revocados o nulificados mediante el juicio contencioso administrativo, además de que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, en su artículo 17, fracción VII, establece como competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado conocer de los juicios, como el que se trata en lo particular; que a su juicio, se está en presencia de un acto que podría afectar el interés jurídico del quejoso y el mismo es impugnable ante el aludido tribunal y, si no se hizo valer ahí, se tiene que el quejoso no respetó el principio de definitividad; así como que el a quo omitió considerar que cuando paralelamente el quejoso aduzca violaciones indirectas y directas a la Constitución se deben agotar los medios de defensa que establezcan las leyes.
Sin embargo, nada dicen las recurrentes en relación con uno de los razonamientos torales del fallo, consistente en la configuración de una excepción al principio de definitividad, por el hecho de que en el juicio se reclamó la inconstitucionalidad de normas con motivo de su primer acto de aplicación, que sustentó en la tesis que identificó, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; entonces, es clara su inoperancia, al no proporcionar las bases o elementos suficientes para analizar la legalidad de tal consideración del a quo.
Por otra parte, las recurrentes aducen en su agravio "segundo", en esencia, que es errónea la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 95, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, en razón de que el a quo pasó inadvertido que el varón y la mujer no se encuentran en idénticas situaciones y, por tanto, no deben ser tratados iguales, ya que sólo tienen en común que comparten una misma naturaleza genérica que es la pertenencia al género humano; pero en lo que corresponde a sus características esenciales (cualidades como pueden ser las biológicas, físicas, psicológicas y estructurales) son diferentes y, por ende, la igualdad no debe interpretarse como un valor absoluto entre ambos sexos, pues resulta incongruente que en la totalidad de los aspectos jurídicos y sociales se les impusiera las mismas obligaciones y derechos sin distinción, dado que en el sentido de las garantías consagradas en los artículos 1o. y 4o. constitucionales tienen como objeto colocar a los individuos en condiciones de acceder a idénticos derechos, con el objetivo principal de anular la situación de desigualdad manifiesta.
También sostienen que, contrario a lo determinado por el a quo, los requisitos establecidos en el artículo tildado de inconstitucional no se fijaron de manera injustificada sino acorde con la realidad que actualmente se vive en el Estado, pues existen marcadas diferencias de índole cultural y se han asignado de forma adicional actividades distintas en razón de género; tales como el asociar al hombre con la función de proveedor y a la mujer con el trabajo doméstico y la maternidad, lo que evidencia que el primero únicamente labore de forma extradoméstica, contrario a la mujer que desarrolla trabajo fuera y dentro del hogar; así como que la participación de la mujer en el ámbito laboral es inferior a la del hombre ya que persisten brechas salariales y patrones socioculturales que designan a ésta como la principal responsable del cuidado de la familia, lo que se traduce en una distribución desigual de las actividades domésticas y las colocan en desventaja, pues las oportunidades para que los hombres y mujeres se desarrollen de forma integran y equitativa no se reflejan en la realidad, lo que hizo necesario que la legislación (como la reclamada), desarrolle la potencialidad de grupos humanos más vulnerables.
No asiste razón jurídica a las autoridades revisionistas, pues en el contexto del acceso a la seguridad social en el Estado de Nuevo León, tanto hombres como mujeres se encuentran en una misma situación jurídica, objetivamente definida por la ley en función del periodo mínimo de cotización exigidas para ser beneficiario de una pensión por viudez y, por ende, es injustificado que el artículo 95, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, los someta a un trato distinto basado en la edad, en el goce de una incapacidad y en la dependencia económica; de ahí que se considere que dicho precepto vulnera los artículos 1o. y 4o. de la Carta Magna, como con acierto lo sostuvo el a quo.
Para justificar jurídicamente esta determinación, es imprescindible partir de la redacción de los preceptos aludidos, los cuales a la letra dicen:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
"...
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
"Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. ..."
A este respecto, se tiene también como punto de partida, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencias en el sentido de que la garantía de igualdad pugna por un trato idéntico ante situaciones similares o comparaciones iguales, y aunque el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador.
Los criterios a que se ha hecho referencia fueron emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos son los siguientes:
"IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."(8)
"IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado."(9)
En efecto, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta paridad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado; en otras palabras, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.
Lo anterior ha sido sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal en la siguiente tesis aislada:
"IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO. El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones, y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de ‘términos de comparación’, los cuales, así como las características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la determinación del punto desde el cual se establece cuándo una diferencia es relevante será libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá sentido cualquier juicio de igualdad."(10)
Expuesto lo anterior, corresponde ahora transcribir el precepto legal reclamado por la quejosa, específicamente su fracción III, que es la que contiene la situación cuyo tratamiento se reclama como inequitativo:
"Artículo 95. El orden para gozar de las pensiones por causa de muerte, será el siguiente:
"...
"III. El esposo supérstite solo o en concurrencia con hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones a que se refiere la fracción I, siempre que aquél contase con sesenta o más años de edad o esté incapacitado total y permanentemente para trabajar y hubiere dependido económicamente de la servidora pública o pensionista; ..."
El transcrito dispositivo, como bien lo expuso el a quo, prevé la existencia del derecho a la pensión de viudez para el cónyuge supérstite de la mujer; empero, dicha norma prevé dos requisitos adicionales al varón: 1) su avanzada edad (60 años o más) o incapacidad total permanente para trabajar; y 2) la dependencia económica de la acaecida.
En esa tesitura, es acertada la determinación del Juez, al referir que la decisión del legislador de otorgar el derecho a la pensión por viudez añadiendo requisitos para el viudo en relación con los exigidos a la viuda, transgrede la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer, puesto que impone al varón mayores requisitos para obtener dicha pensión, no obstante que está colocado en igualdad de circunstancias que la viuda, pues de igual manera aquél integra una familia con la asegurada o pensionada y contraviniendo de esa manera el artículo 4o. constitucional y desatendiendo las jurisprudencias que quedaron transcritas en párrafos que anteceden.
Igual consideración se tiene respecto de que la distinción aludida en la norma analizada genera una discriminación de género, ya que al encontrarse en situaciones de igualdad ambas personas, deberán ser tratadas de manera igual, y no se les debe privar de un beneficio o bien cargar un perjuicio desigual e injustificado, como en la especie resultan la obligación de acatar requisitos adicionales para el cónyuge supérstite.
En efecto, no hay que soslayar que la imposición de los requisitos añadidos es una forma de discriminación de los gobernados y, por ende, de dar un trato desigual a los ciudadanos ubicados en una misma situación jurídica, máxime que la privación del derecho en comento se hizo sin expresar una razón válida, apta para justificarla, lo cual la torna en inconstitucional, porque del texto del precepto cuestionado no se advierte la existencia de elemento alguno para validar la adición de requisitos cuestionada.
No obsta para arribar a las consideraciones expuestas en esta sentencia, el hecho de que la recurrente, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, abunde respecto del tema controvertido refiriendo que los requisitos de la norma tildada de inconstitucional se fijaron acorde con la realidad que en la actualidad se vive en el Estado, respecto a diferencias de índole cultural y la asignación de actividades distintas en razón de género, tales como el asociar al hombre con la función de proveedor y a la mujer con el trabajo doméstico y la maternidad, lo que evidencia que el primero únicamente labore de forma extradoméstica, contrario a la mujer que desarrolla trabajo fuera y dentro del hogar; así como que la participación de ésta en el ámbito laboral es inferior debido a brechas salariales y patrones socioculturales que la designan como la principal responsable del cuidado de la familia, lo que se traduce en una distribución desigual de las actividades domésticas y las colocan en desventaja.
Lo anterior es así, porque además de que dichas situaciones y circunstancias específicas, en las que se pretende hacer descansar el tratamiento diferenciado, son de carácter subjetivo y, por ende, ineficaces para poner de manifiesto que las situaciones comparables entre el servidor público o pensionista varón, y la servidora pública o pensionista mujer son distintas, lo cierto es que dicha distinción no existe, pues ambos mantienen un mismo estatus objetivo frente al ordenamiento legal, identificado por el periodo que hubieren cotizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León al momento de su muerte (cinco años), por lo que la satisfacción de ese sólo requisito es suficiente para que ambos obtengan el derecho de asegurar a su cónyuge supérstite el disfrute de una pensión por viudez, sin que se justifique la exigencia de requisitos adicionales en caso de que el cónyuge beneficiario de la pensión pertenezca al género masculino.
En el mismo sentido, que aquí se resuelve, se encuentran las siguientes tesis del Alto Tribunal, que aquí resultan aplicables por identidad de razón: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).",(11) "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ACREDITAMIENTO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA A QUE CONDICIONA EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, SE ESTABLECIÓ TANTO PARA EL VIUDO COMO PARA EL CONCUBINARIO, SIN EMBARGO TAL CONDICIONANTE HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(12) Y "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD JURÍDICA ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER."(13)
En mérito de lo anterior, al no superarse las razones que llevaron al juzgador a declarar procedente el juicio en los términos apuntados, así como a declarar la inconstitucionalidad de la norma reclamada, se confirma en sus términos la sentencia recurrida que concede el amparo solicitado.
Similar criterio resolvió en el juicio de amparo en revisión 325/2010-I, sesionado por el Pleno de este Tribunal Colegiado el veinte de enero de dos mil once.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Raúl Segura Morales, en contra de los actos reclamados a las autoridades Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León, así como al director de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores de la misma entidad federativa, para los efectos precisados por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria devuélvanse los autos al lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, José Elías Gallegos Benítez y José Carlos Rodríguez Navarro, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados.
________________
6. "Artículo 79. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda."
7. Instancia Primera Sala, página 61, Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis 1a./J. 81/2002. Texto: "El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
8. Página 99, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis 1a./J. 81/2004.
9. Página 75, Tomo XXIV, septiembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis 1a./J. 55/2006.
10. Página 40, Tomo XXII, noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis 1a. CXXXVIII/2005.
11. Página 8, Tomo XXX, septiembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis P./J. 150/2008. Texto: "El artículo 129 de la ley establece que ante la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y hubiere cotizado al instituto por 3 años o más, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia; asimismo, el artículo 131 contiene el orden de los familiares derechohabientes para recibirla y en primer lugar señala al cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de 18 años o mayores de esa edad si están incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien, hasta 25 años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo. Por su parte, el artículo 136 de la ley del instituto refiere una serie de supuestos en los cuales el cónyuge supérstite no tendrá derecho a recibir la pensión de viudez; sin embargo, esto último transgrede las garantías de igualdad y de seguridad social, porque si la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, y de acuerdo al orden de preferencia de los familiares derechohabientes, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite siempre que no se tengan hijos; no deben ser motivo para no otorgarla, circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir 6 meses de matrimonio o un año, cuando a la celebración de éste, el trabajador fallecido tuviese más de 55 años o tuviese una pensión de riesgos de trabajo o invalidez, es decir, condiciona la muerte del trabajador o del pensionado que es una causa ajena al mismo, porque si bien la fijación de la fecha de dicho matrimonio se encuentra a su alcance, no lo es la de su muerte. A mayor abundamiento, el último párrafo del referido artículo establece que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos, el legislador sin mayor explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez. En esa virtud, atendiendo a que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Federal consi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23815-44d73d81/pension-por-viudez-el-articulo-95-fraccion-iii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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