INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.
SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS: MARÍA DEL CARMEN CHÁVEZ BELMONTES Y LAURA EDUWIGES PLANCARTE ABURTO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa cuya especialidad es de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la promueve la parte quejosa en uno de los juicios de los que deriva la presente contradicción y, por ende, está facultada para hacerlo en términos de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción resolvieron, en esencia, lo siguiente:
A) Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito (recurso de revisión administrativa 16/2008, improcedencia).
"TERCERO. ... Los agravios formulados por la disconforme son infundados, veamos por qué. Como se aprecia de la demanda de garantías, la quejosa ********** señaló como autoridades responsables al Consejo Consultivo Delegacional, secretario de ese cuerpo colegiado, así como al delegado, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, de quienes impugnó la resolución que recayó al recurso de inconformidad dictado en el expediente C.C.HGO.256/2007, por la que se negó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales. De acuerdo a ello, el resolutor federal consideró actualizada la causal de improcedencia establecida por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 11 de la Ley de Amparo y 103, fracción I de la Constitución Federal, ya que el acto reclamado no proviene de autoridades para efectos del juicio de garantías. Determinación del Juez de Distrito que, contrario a lo señalado por la revisionista, se estima acertada, toda vez que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el organismo descentralizado no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que cobra vigencia la hipótesis de improcedencia invocada en el acuerdo de desechamiento combatido. Ciertamente, los numerales en que se apoyó el juzgador federal, establecen: (se considera innecesario realizar la transcripción respectiva). En efecto, de acuerdo a los precitados ordinales, la procedencia del amparo está supeditada a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad para efectos del juicio de garantías, cuyo concepto legal se encuentra en el invocado artículo 11 de la ley de la materia, al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Además, jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su actual integración, ha definido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Además, para concebir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Corolario de lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene (sic) como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por lo cual se tiene como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Tiene sustento la tesis 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 307 del Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.’ (es innecesario realizar la transcripción del texto respectivo). Así como la tesis P. XXVII/97, del Pleno de dicho Alto Tribunal, consultable a fojas 118 del Tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial y Época antes referidos, que prevé: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (se considera innecesario realizar la transcripción del texto de esta tesis). Ahora bien, como acertadamente lo resolvió el Juez de Distrito, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como órgano fiscalizador autónomo y como ente asegurador. En cuanto a este último aspecto, las prestaciones que la Ley del Seguro Social otorga a los asegurados y sus beneficiarios, destaca que pueden derivar tanto del régimen obligatorio como del voluntario del seguro social. En el caso del régimen obligatorio, las respectivas prestaciones derivan, al tenor del artículo 11 de ese ordenamiento, de los ramos de: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y, guarderías y prestaciones sociales. En el régimen voluntario, las prestaciones derivan del seguro de salud para la familia y de los seguros adicionales, como lo establecen los artículos 240 y 246 de la Ley del Seguro Social. Además, como se advierte de lo dispuesto en los artículos 56, 58, 91, 92 y 210 de la Ley del Seguro Social, tales prestaciones pueden otorgarse por el instituto a los asegurados o sus beneficiarios en especie o en dinero y en la medida en que se cumplan determinados requisitos que prevé el propio ordenamiento, pues establecen como prestaciones en especie, entre otras, asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y servicio de hospitalización. También se colige que el derecho a disfrutar de las prestaciones en especie y en dinero previstas en la Ley del Seguro Social tiene su origen, generalmente, en la existencia de un vínculo laboral, ya que todo aquel que se encuentre vinculado a otra persona, de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón debe ser sujeto de aseguramiento; inclusive, el goce de tales prestaciones se encuentra condicionado a que la contingencia amparada ocurra durante la existencia de la respectiva relación laboral o, en algunos casos, durante un determinado lapso posterior a la terminación de ésta. Por tanto, como bien lo estableció el Juez de Distrito, resulta inconcuso que el vínculo jurídico que entablan los gobernados con el referido organismo descentralizado, lo que les permite adquirir la categoría de asegurados y disfrutar de las prestaciones que otorga, constituye una relación de coordinación a la que el Instituto Mexicano del Seguro Social no acude investido de imperio. Por lo cual, como bien lo apuntó el resolutor federal, el Consejo Consultivo Delegacional y demás funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social señalados en la demanda de garantías, no tiene (sic) el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que al emitir la resolución reclamada no actuaron con fundamento en una norma legal que los facultara para emitir actos unilaterales, a través de los cuales crearan, modificaran o extinguieran por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado; es decir, no ejercieron facultades decisorias atribuidas en la ley, que constituyeran una potestad administrativa cuyo ejercicio fuera irrenunciable. Es así, ya que el organismo descentralizado al emitir la resolución por la que negó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, no actuó en una relación de gobernante a gobernado, regulada por el derecho público y en la cual la voluntad del primero se impusiera unilateralmente sobre la del segundo, sino que, como se resolvió en el acuerdo impugnado, el instituto actuó en un acto jurídico derivado de una relación de coordinación, desprovisto de su facultad de imperio, ya que dilucidó una cuestión surgida entre un asegurado y el órgano asegurador. Máxime que, como lo estableció el Juez de Distrito, el artículo 295 de la Ley del Seguro Social establece que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados o sus beneficiarios, sobre las prestaciones que otorga esa ley, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo cual confirma la relación de coordinación que existe entre órgano asegurador y el asegurado, al ubicar al instituto en un plano de igualdad respecto del beneficiario para poder contender en una controversia ordinaria. Sobre ese aspecto tiene sustento en vía de orientación la jurisprudencia por (sic) contradicción de tesis 35/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Tomo XIII, enero de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘SEGURO SOCIAL. LA ACCIÓN DE PAGO EJERCITADA CONTRA EL INSTITUTO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA NEGATIVA A BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA U HOSPITALARIA A UN ASEGURADO, BENEFICIARIO O PENSIONADO, O POR RESULTAR DEFICIENTE, ES DE NATURALEZA CIVIL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN.’ (en este momento es innecesario transcribir el texto respectivo porque se hará posteriormente). De acuerdo a lo anterior, es infundado el agravio esgrimido en el sentido de que el acuerdo combatido no encuadra en los presupuestos contenidos en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que no se encuentra prevista (sic) en ninguna otra disposición legal. Así se afirma, porque la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 73 de la ley de la materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna otra disposición de la ley, encuentra vinculación precisamente con los numerales 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, así como el 103, fracción I de la Carta Magna, los cuales prevén que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos que emanen de una autoridad, cuyo concepto legal proporciona el segundo de los ordinales aludidos, lo que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, no acontece en el caso, ya que, como se vio, los funcionarios del organismo descentralizado no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. La disidente también expresa: 1. Debe admitirse la demanda de garantías, ya que se está ante una excepción a lo dispuesto por el artículo 73, en su fracción XV (sic) lo que hace procedente el juicio de amparo, dado que en su momento la ley civil no prevé la suspensión del acto reclamado, de (sic) lo que debió manifestar el a quo, al emitir el auto recurrido, con independencia de que se solicitara o no la suspensión del acto reclamado, ello conforme a la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO SE RECLAMA DIRECTAMENTE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL PAGO O REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS.’. 2. La Ley del Seguro Social no establece recurso mediante el cual se deba seguir atacando la resolución reclamada, mucho menos es aplicable el artículo 295 del mismo ordenamiento legal, respecto a que las controversias entre los asegurados y el instituto, sobre las prestaciones que otorga la ley, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sino que se trata de un acto unilateral por parte de la responsable. Y si bien es cierto que el acto impugnado puede dirimirse ante un Juez de lo Civil, ejercitando la acción de pago por la negativa al reintegro de gastos médicos extrainstitucionales, lo cierto es que las leyes civiles no prevén la suspensión de la ejecución del acto, por lo que opera una excepción al principio de definitividad, conforme al artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. Son infundados los agravios antes resumidos, toda vez que la causa de improcedencia que el Juez de Distrito consideró actualizada fue la establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los ordinales 1o., fracción I, 11 de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Federal, y no la prevista en la fracción XV del primero de los numerales citados, por lo que el motivo de desechamiento de la demanda de garantías nada tiene que ver con las excepciones que hace valer la disconforme. Y si bien la recurrente se apoya en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: ‘AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO SE RECLAMA DIRECTAMENTE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL PAGO O REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS.’ (en este momento no es pertinente transcribir su texto porque se hará posteriormente). Primeramente, debe decirse que el anterior criterio no resulta obligatorio, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que además de emanar de un Tribunal Colegiado de diverso circuito, se trata de una tesis aislada, en la que no se analiza de manera directa el tópico y la hipótesis de improcedencia que generó el desechamiento de la demanda de amparo que se revisa, sino que se emitió en función de una causal de improcedencia distinta. Finalmente, la disconforme manifiesta que no se debió declarar la improcedencia de la demanda, porque sólo invocó violaciones directas a la Constitución Federal cometidas por un organismo descentralizado, dependiente de la administración pública federal, y no atacó violación a disposición legal secundaria alguna. No asiste razón a la recurrente, pues aun considerando que haya hecho valer solamente violaciones directas a la Constitución, tal circunstancia por si sola no da motivo para que resulte procedente su demanda de garantías, si como acontece en el caso, no se reúne uno de los presupuestos principales para la procedencia del mismo, que lo es que los actos reclamados emanen de un órgano del Estado que unilateralmente imponga su voluntad bajo una relación de supra a subordinación, regida por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, al resultar inoperantes por una parte e infundados por otra los agravios formulados por la disconforme, se impone confirmar el acuerdo recurrido y desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********."
B) El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (amparo en revisión 507/2002).
"CUARTO. Resultan fundados los agravios, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, al haberse cometido en contra de la quejosa recurrente una violación manifiesta de la ley que la dejó sin defensa, por lo que debe revocarse la sentencia que se revisa. Conviene precisar que la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: (se considera innecesario para la solución de este asunto realizar la transcripción respectiva del citado numeral). Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 35/97, que dio origen a la jurisprudencia 1/2001, invocada por el a quo en la resolución que aquí se impugna, la cual ha quedado transcrita de fojas 9 a la 11 de esta ejecutoria bajo el rubro ‘SEGURO SOCIAL. LA ACCIÓN DE PAGO EJERCITADA CONTRA EL INSTITUTO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA NEGATIVA A BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA U HOSPITALARIA A UN ASEGURADO, BENEFICIARIO O PENSIONADO, O POR RESULTAR DEFICIENTE, ES DE NATURALEZA CIVIL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN.’, estableció, en síntesis, que la acción de pago que se ejercite en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de gastos médicos erogados al no proporcionar aquél asistencia médica u hospitalaria o, en su caso, por estimarse que la brindada resulta deficiente, es de naturaleza civil y no laboral, correspondiendo su conocimiento a un Juez Civil del fuero común. Es el caso que la jurisprudencia en comento, la cual, como ya se apuntó, invocó el resolutor federal para apoyar su determinación de sobreseer en el juicio de garantías con fundamento en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no resulta aplicable en la especie, en virtud de que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la última parte del primer párrafo de la fracción citada. En efecto, si bien es cierto que conforme a la primera parte de dicha fracción el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como en el particular sucede con el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos actos u omisiones como los que se precisan en la tesis jurisprudencial en consulta, consistentes en no proporcionar atención médica u hospitalaria o en brindarla de manera deficiente, pueden reclamarse por la vía civil y, por ende, pueden ser modificados, revocados o nulificados, no menos verdad es que la segunda parte del dispositivo legal que se analiza contempla una excepción al principio de definitividad inmerso en su parte inicial, toda vez que condiciona la improcedencia del juicio de amparo a la circunstancia de que conforme a las leyes que rijan los actos impugnables, que en el caso lo es la ley civil, se suspendan los efectos de tales actos, sin exigir mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva; ello independientemente de que los actos considerados en sí mismos, sean o no susceptibles de ser suspendidos de acuerdo con la citada Ley de Amparo. Luego entonces, si la ley civil, que en el caso que nos ocupa es la que resultaría aplicable por ser la que rige los actos impugnables del Instituto Mexicano del Seguro Social ya señalados, y a la que remite la tesis jurisprudencial de referencia, no prevé la suspensión de los efectos de los multialudidos actos, independientemente de que éstos, considerados en sí mismos, sean o no susceptibles de suspenderse de acuerdo con la Ley de Amparo, es dable concluir que no puede cobrar vigencia la primera parte del dispositivo legal en comento y, por ende, contrario a lo determinado por el Juez de Distrito, el juicio de garantías no resulta improcedente de acuerdo con la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, debiendo establecerse que la tesis jurisprudencial de referencia deriva de dos juicios de amparo directo promovidos en contra de los laudos dictados en los respectivos juicios laborales, al haber optado los afectados por esa vía; situación diversa a la que se presenta cuando un asegurado, beneficiario o pensionado reclama directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el pago o reembolso de gastos médicos erogados por no haberle proporcionado aquél asistencia médica u hospitalaria o por estimar que la recibida resultó deficiente, como ocurrió en la especie, puesto que la quejosa interpuso previamente la queja administrativa correspondiente y posterior a ello agotó el recurso de inconformidad, cuya resolución constituye el acto reclamado en el juicio de garantías del que emana el presente recurso, situación diversa a la que prevé la multialudida jurisprudencia. En consecuencia, el a quo aplicó inexactamente la fracción XV del artículo 73 antes invocado, ya que omitió verificar si la ley que rige el acto que la parte quejosa reclamó contempla la figura jurídica de la suspensión, pues de haberlo hecho, habría determinado la procedencia del juicio amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 114 de la ley de la materia, por tratarse de actos que no provienen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y toda vez que con el juicio ordinario civil que, en su caso, se promoviera, no se suspenderían los efectos del acto reclamado, por lo que la quejosa no estaba obligada a agotar tal instancia, al ubicarse en el caso de excepción ya referido, por lo que habrá de revocarse la sentencia recurrida y estudiar los conceptos de violación que hace valer la quejosa, en términos de la fracción III del artículo 91 de la multicitada Ley de Amparo. QUINTO. Los conceptos de violación que la quejosa y recurrente hace valer, son del tenor literal siguiente: (no es necesario realizar su transcripción para resolver este asunto). SEXTO. Resultan fundados los conceptos de violación transcritos en el considerando que antecede. Ciertamente, en la especie la quejosa reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reintegro o devolución de los gastos médicos que erogó por servicios extra institucionales por la cantidad de ********** habiendo autorizado el mencionado instituto la devolución de ********** cantidad correspondiente al cincuenta por ciento de lo reclamado por la inconforme, tal y como se asienta en la parte relativa de la resolución impugnada, en cuyo considerando QUINTO, además, la institución responsable admitió que el caso (sic) de la inconforme no fue un problema médico de fácil solución, por lo que el criterio quirúrgico era debatible, ya que el riesgo de la realización de la cirugía ********** era muy elevado; que los familiares de la asegurada decidieron voluntariamente prescindir de los servicios médicos institucionales optando por otro particular bajo su entera responsabilidad, admitiendo como un hecho indiscutible (sic) que la intervención quirúrgica que le fue practicada a ********* en el ********** fue exitosa, sin que ello significara que el tratamiento médico institucional hubiera sido inadecuado, por lo que al valorar el éxito de la intervención quirúrgica que se le practicó en medio privado, por única vez y sin sentar precedente a favor de la asegurada, en términos de ‘equidad y justicia’ autorizó que se le reintegrara el cincuenta por ciento de los gastos que aquélla efectuó con motivo de la atención médica particular que recibió, ello no obstante no haberse detectado deficiencia o negligencia en la atención institucional. De la reseña anterior se desprende que si bien es cierto que el Instituto Mexicano del Seguro Social estimó infundado el recurso de inconformidad que dio origen al acto reclamado, también lo es que, ‘en términos de equidad y justicia’, consideró conducente el pago del cincuenta por ciento de los gastos que erogó la quejosa con motivo de la atención médica particular que se vio precisada a contratar de manera particular y que acreditó ante la institución de seguridad social responsable. Sin embargo, cabe precisar que en la especie la quejosa le reclamó al multirreferido instituto la devolución o reembolso de los gastos que erogó a efecto de que se atendiera adecuadamente el cuadro médico que presentaba, lo que, tal como lo reconoció el Instituto Mexicano del Seguro Social en su resolución que se impugna, culminó exitosamente con la intervención quirúrgica que le fue practicada en medio privado, afirmación que a juicio de este órgano colegiado resulta suficiente para justificar el pago total de los referidos gastos, es decir, el cien por ciento de los mismos y no sólo el cincuenta por ciento, como lo determinó la autoridad responsable, sin que resulte aplicable el artículo 15 del Reglamento para el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que invoca la propia institución de seguridad social, que establece lo siguiente: ‘Cuando las quejas administrativas impliquen el reintegro de gastos médicos a particulares u otras instituciones públicas o privadas por omisión o deficiencia en los servicios que debe brindar el instituto a sus derechohabientes y dichas circunstancias queden debidamente acreditadas en el expediente, se procederá a determinar la cantidad que por este concepto le corresponda al quejoso, la que en ningún caso será mayor que la que resulte de aplicar el sistema de costos unitarios por nivel de atención, emitido por la Dirección de Finanzas y Sistemas del IMSS para el cobro de servicios a pacientes no derechohabientes’, tomando en consideración que el pago del cincuenta por ciento de lo reclamado por la quejosa se autorizó por razones de ‘equidad y justicia’, como la propia responsable lo determinó en su resolución, mas no por omisión o deficiencia en la prestación de los servicios médicos a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuestión esta última que, dadas las circunstancias del caso, resulta irrelevante. En las condiciones apuntadas, procede revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución combatida y en su lugar dicte otra en la que declare procedente el recurso de inconformidad y, en consecuencia, fundado el recurso de queja administrativa interpuesto por la quejosa, decretándose el pago del cien por ciento de la cantidad que aquélla demostró haber erogado por concepto de servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios privados, sin soslayar que ya le fue reembolsado el cincuenta por ciento de tal cantidad, quedando expeditos los derechos de la amparista para reclamar el pago de los intereses a que se refiere en su libelo constitucional, en la vía y forma que legalmente procedan."
La anterior ejecutoria dio lugar a la emisión de la tesis aislada número XV.2o.25 K, visible en la página 1203 del Tomo XVII, correspondiente al mes de mayo de dos mil tres, de la Novena Époc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21190-5140912e/instituto-mexicano-del-seguro-social-es-autoridad-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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