QUEJA. RESULTA IMPROCEDENTE LA PREVISTA EN LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO CONTRA VIOLACIONES COMETIDAS EN EL TRÁMITE DEL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS REGULADO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA PROPIA LEY REGLAMENTARIA (INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO SUSTENTADO POR ESTE TERCER TRIBUNAL COLEGIADO CONTENIDO EN LA TESIS DE RUBRO: "QUEJA, PROCEDENCIA DE LA, EN CASO DE QUE SE RECLAMEN VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO.").

Este Tribunal Colegiado se aparta del criterio sustentado en la tesis publicada en el Informe de 1986, página 209, de rubro "QUEJA, PROCEDENCIA DE LA, EN CASO DE QUE SE RECLAMEN VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO.", en virtud de que la procedencia del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, se surte de manera genérica cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) Que se trate de una resolución dictada por el Juez de Distrito o el superior del tribunal en los casos a que se refiere el artículo 37 de la ley en cita; b) Que dicha resolución se haya dictado durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión; c) Que contra esa determinación no sea procedente el recurso de revisión conforme al artículo 83 del ordenamiento invocado; d) Que se trate de una resolución que por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, e) Que se trate de una resolución dictada después de fallado el juicio en primera instancia, que no sea reparable por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia. La fracción VII del artículo en comento establece un supuesto específico de procedencia tratándose de los incidentes de daños y perjuicios, en cuyo caso el recurso de queja procederá en contra de las resoluciones definitivas que se dicten en el mismo, entendiéndose por resolución definitiva aquella que decide la controversia incidental, esto es, la que resuelve el fondo de la cuestión debatida, siempre y cuando el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario. Por tanto, si se interpone recurso de queja en contra de una determinación que desecha pruebas ofrecidas en el trámite del incidente de daños y perjuicios previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, es claro que dicha violación no encuadra en la hipótesis prevista en la fracción VI del artículo 95 del ordenamiento invocado, pues aunque se trata de una determinación dictada por un Juez de Distrito, que no admite expresamente el recurso de revisión, lo cierto es que no fue dictada durante la tramitación del juicio de garantías o del incidente de suspensión; de ahí que no constituye una resolución trascendental y grave que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva; asimismo, aunque tal determinación se dicta después de fallado el juicio de amparo en primera instancia, la misma no constituye una determinación no reparable por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia, puesto que contra la resolución definitiva que se dicte en el incidente de daños y perjuicios procede el recurso de queja previsto en la diversa fracción VII del artículo en comento. Así, tal violación procesal podrá alegarse en el recurso de queja que se interponga en contra de la resolución que resuelva en definitiva ese incidente de daños y perjuicios, y el Tribunal Colegiado que conozca de dicho recurso podrá, en caso de ser fundada, repararla.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.