INFONAVIT. PARA ACREDITAR EN EL JUICIO DE AMPARO LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 18/2008, RELATIVA AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, BASTA LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE SE LE OTORGÓ LA PENSIÓN CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, AUN CUANDO NO EXHIBA LA CONSTANCIA DE ELECCIÓN DE SISTEMA PENSIONARIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 130/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIOS: MARTHA ELBA HURTADO FERRER E ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia de trabajo, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, puesto que la planteó el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión **********, en sesión del diez de octubre de dos mil ocho, en la parte que interesa, sostuvo:
"Torreón, Coahuila. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, correspondiente al diez de octubre de dos mil ocho.
"VISTOS; Y
RESULTANDO:
"PRIMERO. **********, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil siete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, promovió juicio de amparo indirecto en el cual señaló:
"‘Autoridades responsables:
"‘1. El H. Congreso de la Unión. 2. C. Presidente de la República. 3. El C. Secretario de Gobernación. 4. El C. Director del Diario Oficial de la Federación. 5. El C. Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Torreón, Coahuila.
"‘Actos Reclamados:
"‘1. Del Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y Senadores), reclamo la aprobación del artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día seis de enero de 1997. 2. Del presidente de la República, reclamo la promulgación y orden de publicación, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día seis de enero de 1997. 3. Del secretario de Gobernación, reclamo el refrendo por el cual se aprobó y promulgó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día seis de enero de 1997. 4. Del director del Diario Oficial de la Federación, reclamo la publicación en dicho órgano de difusión del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día seis de enero de 1997. 5. Del subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Torreón, Coahuila, reclamo el acuerdo de fecha 12 de junio de 2007, el cual me fue notificado el día 26 de septiembre de la misma anualidad, y por medio del cual me niega la devolución de los fondos de mi subcuenta de vivienda.’
"SEXTO. Previamente al análisis de los agravios de la revisión, es pertinente destacar los siguientes antecedentes:
"1. Por escrito presentado en fecha ocho de junio de dos mil siete, ********** solicitó a la Subdelegación Regional en Torreón, Coahuila, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la devolución de la cantidad de ********** por la razón de que como nunca obtuvo un crédito para vivienda, en consecuencia debían regresarle los recursos de la subcuenta de vivienda, que administra dicho instituto de seguridad social a nombre del trabajador asegurado;
"2. Mediante oficio sin número de fecha doce de junio de dos mil siete, la citada subdelegación respondió la petición en comento, en el sentido de que no era posible autorizar la devolución de las aportaciones de la subcuenta de vivienda, toda vez que las mismas habían quedado depositadas ante el Gobierno Federal por conducto de la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el objeto de destinarlas al régimen pensionario que disfrutaba el solicitante;
"3. Inconforme con dicha determinación, por escrito presentado en fecha diez de octubre de dos mil siete, el solicitante promovió juicio de garantías, del que correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, con el número de expediente ********** a fin de combatir la inconstitucionalidad del primer acto de aplicación del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que había tenido lugar al expedir el subdelegado Regional en Torreón, Coahuila, el oficio sin número de fecha doce de junio de dos mil siete, en donde se negó la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda que administraba dicha Institución de Seguridad Social, precisamente con apoyo en lo dispuesto en dicho numeral transitorio;
"4. El diez de diciembre de dos mil siete, se celebró la audiencia constitucional a que este amparo biinstancial se refiere, para posteriormente mediante sentencia terminada de engrosar el día dos de enero de dos mil ocho, la Juez de Distrito concedió la protección constitucional solicitada, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables presidente de la República, Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, todas con residencia en México, Distrito Federal, así como del subdelegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, debido esencialmente a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya había declarado jurisprudencialmente la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, porque dicho dispositivo legal transgrede el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal, ya que los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda que administra el citado instituto de seguridad social, son patrimonio de los trabajadores para la obtención de una casa habitación, por lo que en caso de no ser ejercidos, le deben ser entregados al beneficiario en caso de que éste así lo manifieste; e,
"5. Inconformes con el fallo anterior, tanto el subprocurador fiscal federal de Amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos y de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación; como el presidente de la República representado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, suplido en ausencia de este último por el subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social; interpusieron el recurso de revisión en que se actúa, mismo que este Tribunal Colegiado estima que tiene competencia legal para resolver, ya que conforme a lo dispuesto en el punto número 5, fracción I, inciso D), del Acuerdo número 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que será innecesaria su intervención en los amparos en revisión en donde subsista el tema de inconstitucionalidad de leyes federales, cuando sobre el asunto exista jurisprudencia sustentada por el Pleno o por las Salas de ese Máximo Tribunal, como sucede en la especie, por lo que la resolución del presente asunto corresponde a este Tribunal Colegiado.
"...
"OCTAVO. Resulta innecesario analizar los conceptos de agravio expresados por la autoridad recurrente subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, en representación del presidente de la República, así como la parte considerativa de la sentencia materia del presente recurso de revisión, en virtud de que este tribunal federal advierte, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73, en relación con el diverso numeral 21, ambos de la Ley de Amparo, aunque por diversos motivos de los que expresó la Juez a quo para desestimar dicha causal.
"En primer término, es pertinente destacar, que en el caso el subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, en representación del presidente de la República, en sus motivos de inconformidad no combate las consideraciones y fundamentos que expresó la Juez de Distrito, para desestimar la causa de improcedencia que se hizo valer, en el sentido de que el quejoso ********** dejó transcurrir en exceso el término para interponer la demanda de garantías contra el decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en específico de su artículo octavo transitorio, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, ya que según dijo, de la fecha del primer acto de aplicación a la diversa en la que se interpuso la demanda de amparo, transcurrió en exceso el plazo de quince días que tenía para interponer el juicio de garantías, en contravención a lo dispuesto por el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo.
"Sin embargo, ello no rige respecto de la procedencia del juicio cuando se advierte la existencia de una causa diferente de la que estimó actualizada o de aquella que desestimó la Juez Federal, o de un motivo distinto de los apreciados en relación con la misma causa de improcedencia, pues en este caso, el Tribunal Colegiado debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"Corrobora esta aseveración, lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Amparo, particularmente en su fracción III, pues en dicho numeral expresamente se establece lo siguiente: (se transcribe)
"De dicho precepto se desprende, que se establecen las reglas que deben seguirse al resolverse el recurso de revisión, entre las que se encuentran, las de estudiar los agravios aducidos y, en su caso los conceptos de violación, cuyo análisis omitió la Juez a quo, considerando las pruebas que fueron rendidas por las partes, así como una diversa regla, que es la contenida en la fracción III, que rige en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, consistente en examinar la causal de improcedencia expuesta por la Juez de Distrito, y de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza la existencia de la anunciada obligación de examinar la procedencia del amparo bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales examinadas por la juzgadora, sino también a los motivos susceptibles de actualizar dicha hipótesis, lo que en realidad implica, congruentemente con el principio de que la procedencia es de orden público, que a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada causa de improcedencia, bien puede realizarse su estudio bajo un matiz distinto, o aún ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, verbigracia, la presentación extemporánea de la demanda de amparo, prevista por el artículo 73, fracción XII, en relación con el diverso ordinal 21, ambos de la Ley de Amparo, porque el cómputo para la interposición de la demanda de garantías debe realizarse a partir de que el Instituto Mexicano del Seguro Social le asignó al quejoso la pensión bajo el esquema de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, momento en el que se llevó a cabo un acto de aplicación del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se tildó de inconstitucional; aspecto el anterior que no fue tomado en consideración por la Juez a quo al desestimar la causal de improcedencia que le formuló la referida autoridad responsable, y que permite a este Tribunal Colegiado pronunciarse sobre ese tema en particular, al no existir firmeza a ese respecto.
"Sirve de fundamento a lo considerado, el criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número J/122/99 (sic), visible en la página 28 del Tomo X, noviembre de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe).
"Ahora bien, puntualizado lo anterior, se reitera que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73, en relación con el diverso numeral 21, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto que reclamó el quejoso ********** consistente en la inconstitucionalidad del ordinal octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete.
"Lo expuesto es así, porque de las constancias que obran en autos se obtiene que el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, que debe tomarse en consideración para verificar si consintió dicho acto, no lo es la resolución de doce de junio de dos mil siete, mediante la cual se niega la entrega de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, que ********** manifiesta en su demanda de garantías bajo protesta de decir verdad se le notificó el veintiséis de septiembre de dos mil siete. Sino que uno de los actos de aplicación del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, lo constituye la resolución de uno de agosto de dos mil cinco, en la que se le otorgó a ********** la pensión bajo el esquema de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, pues en dicha resolución se ubicó al trabajador en la previsión del precepto transitorio citado, en el que expresamente se establecía que las aportaciones de la subcuenta de vivienda posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, deberían abonarse para cubrir dichas pensiones.
"Lo que se acredita con la propia confesión del quejoso vertida en la demanda de garantías, donde acepta que mediante resolución de uno de agosto de dos mil cinco le fue otorgada la pensión por cesantía de edad, con efectos retroactivos a partir del diecinueve de marzo del mismo año, ello de conformidad con lo dispuesto en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, confesión que se adminicula a la documental que aportó el propio agraviado en su demanda de amparo, consistente en la resolución de doce de junio de dos mil siete, mediante la cual se le negó la devolución de las aportaciones patronales efectuadas a la subcuenta de vivienda, de la que se desprende que el motivo por el que no se accedió a su solicitud, obedeció a que eligió pensionarse a través del régimen contenido en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete; motivación contenida en la resolución de mérito que debe tenerse por cierta, pues la misma no fue cuestionada y, por tanto, su veracidad es tácitamente admitida por el amparista.
"Bajo esta óptica jurídica, resulta patente que si la resolución que, se dice, constituye el primer acto de aplicación del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, no es la resolución de doce de junio de dos mil siete, mediante la cual se niega la entrega de fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, sino uno de los actos de aplicación lo constituye la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía, de uno de agosto de dos mil cinco, en la que se le asignó al quejoso hoy recurrente la pensión bajo el esquema de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete; entonces es incuestionable que la demanda de garantías debió promoverse dentro de los quince días siguientes a esa fecha, y como no se hizo así, ya que la demanda se presentó hasta el diez de octubre de dos mil siete, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, y por ello se actualizó la hipótesis de improcedencia contemplada en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento legal.
"Por identidad jurídica, guarda aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, clave 2a./J. 18/2008, página 598 (sic), del siguiente tenor literal:
"‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, QUE REGULA EL DESTINO DE LOS FONDOS ACUMULADOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CONSTITUYE UNA NORMA DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.’ (se transcribe)
"Asimismo, resulta aplicable a las consideraciones expuestas, por similitud jurídica, en lo conducente y sustancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2002, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 64, cuyos rubro y texto dicen:
"‘AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR.’ (se transcribe).
"También apoya lo que se expone, en lo conducente y sustancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 148/2006, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 289, cuyos rubro y texto disponen:
"‘CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe)."
Similares consideraciones sostuvo ese órgano colegiado en los amparos en revisión **********, **********, **********, **********, ********** y **********.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito al resolver el veintiuno de noviembre de dos mil ocho el amparo en revisión **********, en la parte relevante, consideró:
"Torreón, Coahuila. Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, correspondiente al día (21) veintiuno del mes de noviembre del año (2008) dos mil ocho.
"VISTO, en revisión el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila; y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil siete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, **********, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"‘III. Autoridades responsables. Señalo como autoridad responsable a: El Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Diputados, el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el subdelegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con sede en la ciudad de Torreón, Coah.’
"‘IV. Reclamo de las autoridades responsables: del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Diputados, reclamo la aprobación del artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997. Del presidente de la República reclamo la promulgación y orden de publicación del decreto anteriormente citado. Del secretario de Gobernación, reclamo el refrendo del decreto por el cual se aprobó y promulgó el citado decreto. Del director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reclamo las instrucciones que haya dado al delegado regional en Torreón, Coahuila, para que se me aplique del (sic) artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del subdelegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en la ciudad de Torreón, Coahuila, reclamo la resolución mediante la cual se niega a hacerme entrega de mis fondos acumulados en la subcuenta de vivienda.’
"...
"SEXTO. Los agravios propuestos por el subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ausencia del titular del ramo y en representación del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, son unos inoperantes y otros infundados.
"Por razón de método, se analizarán en un orden distinto al que se proponen los motivos de inconformidad, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo.
"En el primero de ellos se aduce que existe violación a lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII, 76, 77, 78, 79 y 192 de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes:
"Que la a quo dejó de considerar que la recurrente hizo valer la causal de improcedencia señalada en el artículo 73, fracción XII, párrafo primero, de la ley de la materia, dado que el artículo octavo transitorio reclamado es de carácter autoaplicativo, y bajo ese supuesto la demanda de garantías se presentó fuera del plazo prevenido en el diverso numeral 22, fracción I, de la misma norma reglamentaria.
"Tal argumento de disenso es infundado, habida cuenta que -contrario a lo que se sostiene- en la sentencia reclamada, la a quo sí atendió la causal de improcedencia alegada, pues al respecto la desestimó al ‘... no se puede soslayar el hecho de que no fue ella quien solicitó expresamente, como lo pretenden hacer valer las autoridades responsables ...’ (sic) razonar sustancialmente que si bien la parte quejosa fue pensionada el diez de junio de dos mil tres; sin embargo, apuntó que: por lo cual, el que haya realizado el trámite de la pensión de ninguna forma implica la aceptación de dicho traspaso y, por ello, si a través de su petición del dieciséis de enero de dos mil siete, solicitó ante el subdelegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la entrega de los fondos de su subcuenta de vivienda, que le fue negada por resolución de diecisiete del mismo mes y año, en el sentido de que ‘le hace del conocimiento en forma real la aplicación del artículo que aquí se reclama’, misma que le fuera notificada el veintidós de octubre del año en cita, estimó que es a partir de ese momento en que empieza a correr el término de quince días establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda, por lo cual, estableció que ‘si la presente demanda de garantías fue presentada el veintidós de octubre del año próximo pasado, es claro que la misma fue interpuesta en tiempo y la disposición reclamada, contrario a lo expuesto por las autoridades, no fue consentida, ni expresa ni tácitamente por la quejosa.’
"Por otra parte, en los agravios también se argumenta que la norma reclamada es de carácter autoaplicativo, y que el quejoso dejó transcurrir en exceso el término para interponer su demanda de garantías, pues la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, inició su vigencia el uno de julio de mil novecientos noventa y siete, por lo que a la fecha de la interposición de la demanda había transcurrido con exceso el plazo de treinta días que tenía para hacerlo, lo que dice, de manera inexplicable pasó por alto la juzgadora, quien se limitó a examinar los argumentos de inconstitucionalidad dirigidos en contra del precepto impugnado.
"De igual manera, los anteriores argumentos son infundados, habida cuenta que conforme a la Ley de Amparo, las normas de carácter general pueden ser impugnadas en dos distintos momentos; las autoaplicativas, es decir, las que con su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado, pueden ser impugnadas dentro de los treinta días siguientes al inicio de la vigencia de dicha norma, o bien, dentro de los quince días siguientes al primer acto de aplicación de la misma; así se interpreta el contenido de los artículos 21, 22 fracción I, 73 fracciones VI y XII y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: (se transcribe)
"Del contenido e interpretación armónica de dichos preceptos, se advierte que no se puede tener por consentida una ley de carácter o naturaleza autoaplicativa, si no se promovió el amparo correspondiente dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor, dado que el gobernado tiene una segunda oportunidad de efectuar su impugnación; esto es, cuando se ve afectado por el primer acto de aplicación de esa norma; y si en la especie, tal como lo apreció la Jueza de Distrito, la afectación a la parte quejosa se dio a partir de que le fue notificada la resolución de diecisiete de enero de dos mil siete, por medio del cual el subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad (foja 16 del expediente de amparo), le negó la devolución de las aportaciones constituidas a su favor en la subcuenta de vivienda, apoyando tal negativa en la norma cuya inconstitucionalidad se aduce que genera la oportunidad de controvertir la constitucionalidad de la norma en la que se funda el acto que le agravia.
"Así, en el presente caso el quejoso promueve el amparo con motivo del primer acto de aplicación, notificado el veintidós de octubre de dos mil siete, y la demanda de garantías fue exhibida en la misma fecha (folio 2 del cuaderno de amparo), por lo cual debe concluirse que la instancia constitucional es oportuna, pues se realizó dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al en que surtió efectos la notificación de la resolución controvertida, por eso, no se actualiza la causa de improcedencia que hace valer la autoridad inconforme.
"No pasa desapercibido a este tribunal federal, la tesis de jurisprudencia 18/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 589, del Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, QUE REGULA EL DESTINO DE LOS FONDOS ACUMULADOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CONSTITUYE UNA NORMA DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.’ (se transcribe), de cuyo contenido se infiere claramente que, de acuerdo con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 55/97, referida anteriormente en el texto de la transcrita tesis, las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometido a la realización de ese evento. Y que conforme a lo anterior, el artículo octavo transitorio del decreto de reformas y adiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, que regula el destino de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondiente, constituye una norma de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que para su impugnación se requiere de un acto concreto de aplicación, consistente en que el trabajador haga la elección del régimen de pensión correspon
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21710-af0891fd/infonavit-para-acreditar-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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