RECURSO DE REVISIÓN. EL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DESIGNADO POR LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA EN EL JUICIO DE AMPARO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUÉL A NOMBRE DE DICHO FUNCIONARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 19 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTES ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 18 DE MARZO Y 17 DE ABRIL DE 2009).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 347/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y CUARTO Y QUINTO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, porque aun cuando el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia común, existen precedentes que auxilian a su resolución, por lo cual se hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, porque la formuló el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el cual resolvió los recursos de reclamación **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, en los que se plasmó uno de los criterios que participan en esta contradicción.
TERCERO. A fin de verificar si existe oposición de criterios respecto de una misma cuestión jurídica, es conveniente resaltar las características fundamentales de las ejecutorias materia de la presente denuncia, que a continuación se precisan:
En primer lugar, es conveniente destacar que los Tribunales Colegiados que emitieron los criterios denunciados como contradictorios examinaron los artículos 12 y 19 de la Ley de Amparo, anteriores a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación los días dieciocho de marzo y diecisiete de abril de dos mil nueve.
Ahora, los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados que intervienen en la presente contradicción de tesis son, en síntesis, los siguientes:
I. Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito
Recurso de reclamación administrativa **********
El Tribunal Colegiado conoció de un recurso de reclamación interpuesto contra el acuerdo de presidencia que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el delegado del presidente de la República, designado por el secretario de Energía que lo representó en el juicio de amparo.
Dicho recurso fue declarado infundado por el citado órgano con base en las siguientes consideraciones:
En los artículos 12 y 19 de la Ley de Amparo se estableció como regla general que las autoridades no pueden ser representadas en el juicio de amparo, salvo que se tratara de los órganos legislativos federales, de los Estados, del Distrito Federal, o bien, del presidente de la República.
Esos preceptos disponen también que con las excepciones mencionadas en el párrafo anterior, las autoridades no pueden ser representadas; empero, pueden mediante simple oficio acreditar delegados para hacer promociones, concurrir a las audiencias, rendir pruebas, formular alegatos y promover incidentes y recursos.
La facultad de acreditar delegados no se limita para aquellas autoridades que no pueden ser representadas, sino en forma global se previno para todas aquellas que fueran designadas como autoridades responsables, ya que el párrafo inicial del artículo 19 expresamente dispone que salvo las excepciones que la propia ley prevé, las responsables no podían ser representadas en el juicio, pero sí podrán acreditar delegados.
Por ende, cuando el presidente de la República es designado como autoridad responsable en un juicio de garantías, al margen o con independencia de que sí puede ser representado, también puede designar delegados, pues la figura de la representación no excluye la de acreditar delegados, pues esta última se confirió por el legislador a las autoridades responsables en lo general, sin importar que fueran de las que pudieran ser o no representadas.
Lo que se pretendió con la reforma que sufrió el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de agosto de dos mil cinco, fue flexibilizar la actividad de las autoridades responsables, tal como sucede con el presidente de la República quien, de acuerdo con las leyes respectivas, debe atender un sinnúmero de actividades, tanto en el país como en el extranjero, de tal suerte que él directamente pudiera comparecer en el juicio de amparo o por conducto de su representante y así, con base en tal precepto, el propio presidente o su representante estuvieran en aptitud de designar delegados y éstos a su vez de promover los recursos previstos en la Ley de Amparo.
Asimismo, sostuvo ese Tribunal Colegiado que si conforme a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 19 de la Ley de Amparo es válido que el presidente de la República sea representado en el juicio de amparo, en el caso concreto, por el secretario del ramo, consecuentemente, quien lo represente está facultado para autorizar delegados precisamente de la autoridad responsable, es decir, del titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que hace innecesario que se tenga que asentar que se interpuso el recurso por ausencia, pues el delegado de dicha responsable puede interponer los recursos previstos en la ley de la materia.
Con base en esas consideraciones, estimó infundado lo sostenido por los recurrentes en el sentido de que el artículo 19 aplicable no autorizaba que el presidente de la República actuara por conducto de delegados, y señaló que no compartía el criterio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis aislada de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. EL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA INTERPONER EL MEDIO DE DEFENSA EN SU REPRESENTACIÓN."
El criterio anotado lo reiteró el citado órgano colegiado al resolver los diversos recursos de reclamación **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias se omiten las síntesis respectivas.
II. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Amparo en revisión **********
El primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo establece la regla general atinente a que las autoridades en el juicio de amparo no pueden ser representadas, con excepción de lo previsto en el segundo párrafo de dicho numeral y de lo previsto en el artículo 12 del mismo ordenamiento.
El invocado artículo 19 establece como supuestos de excepción a la imposibilidad de representación en el juicio de amparo, entre otros, al presidente de la República, quien puede ser representado por conducto del procurador general de la República, los secretarios de Estado y por los jefes de departamento administrativos, a quienes en cada caso corresponda el asunto.
Asimismo, dicha disposición legal señala que las autoridades responsables podrán, por medio de oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley; que en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme su ley orgánica; y que en los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también representar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el reglamento de la ley orgánica de dicha procuraduría.
La representación de las autoridades responsables constituye una excepción a la regla general contenida en el artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que, atendiendo a la naturaleza excepcional, ésta debe interpretarse de manera estricta, de allí que se deba considerar que la representación no puede darse a través de delegados.
En el caso, el recurrente acude como delegado del presidente de la República y del secretario de Economía; sin embargo, el artículo 19 de la Ley de Amparo no prevé que la representación pueda acreditarse con la designación de delegados, por lo que es de concluir que el recurrente carece de legitimación para interponer el recurso de revisión.
El secretario de Economía acudió al juicio de amparo como representante del presidente de la República y no como autoridad responsable, supuesto en el cual sí podía haber designado delegado, por lo que se debe considerar que la comparecencia del delegado debe entenderse referida al presidente de la República, lo que lleva a concluir la falta de legitimación procesal activa, pues la representación no puede acreditarse con la designación de delegados.
En el mismo sentido se pronunció el mencionado Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión **********, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias se omite su reseña.
De los criterios señalados derivó la siguiente tesis:
"No. Registro: 168,278
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVIII, diciembre de 2008
"Tesis: I.13o.A.45 K
"Página: 1077
"RECURSO DE REVISIÓN. EL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA INTERPONER EL MEDIO DE DEFENSA EN SU REPRESENTACIÓN. El primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo establece, como regla general, que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de garantías, salvo las excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de la citada ley respecto de los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, y en el segundo párrafo del propio artículo 19, en cuanto dispone que el presidente de la República únicamente puede ser representado en el indicado juicio por conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado o jefes de departamento administrativo, a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ese contexto, atento a la naturaleza excepcional de la representación de las autoridades responsables en el juicio constitucional, y a que el precepto mencionado en primer término no prevé que la del presidente de la República puede darse a través de delegados, se concluye que quien comparece con ese carácter, carece de legitimación procesal activa para interponer el recurso de revisión.
"Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"Amparo en revisión 175/2008. Presidente de la República. 6 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: María del Pilar Meza Fonseca.
"Amparo en revisión 245/2008. Servicios Integrados Telefred, S.A. de C.V. y otro. 5 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: José Antonio García Ochoa."
III. Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito
Recurso de reclamación **********
El Tribunal Colegiado conoció de un recurso de reclamación interpuesto contra el acuerdo de presidencia que desechó el incidente de falta de personalidad planteado por la quejosa, y admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el delegado del presidente de la República, designado por el secretario de Energía, y desechó el incidente de falta de personalidad planteado.
Dicho recurso fue declarado fundado por el citado órgano colegiado con base en las siguientes consideraciones:
De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo, el presidente de la República sólo puede ser representado por conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Conforme al tercer párrafo del citado artículo 19, los funcionarios facultados para representar al presidente podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes el reglamento interior de la respectiva dependencia otorgue esa atribución. Dicha determinación se sustentó, en lo conducente, en la tesis de la Segunda Sala de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. EL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES EXPEDIDO POR EL SECRETARIO DE ESTADO A QUIEN EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA OTORGÓ SU REPRESENTACIÓN, NO LEGITIMA AL FUNCIONARIO SUBALTERNO PARA LA REVISIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL INDICADO PRESIDENTE."
En el caso concreto, el oficio de revisión fue signado por quien dijo comparecer en su carácter de delegado del presidente de la República y de la Secretaría de Energía, y no en suplencia por ausencia de la Secretaría de Energía que representa al presidente de la República. Por tanto, es incorrecto inferir que quien firma la revisión actuó bajo este último carácter.
Atento a la naturaleza excepcional de la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, y que el mencionado artículo 19 no prevé que la del presidente de la República pueda darse a través de delegados, se concluye que el delegado del presidente de la República carece de legitimación procesal activa para interponer el medio de defensa en su representación.
En apoyo de esa determinación se invocó la tesis del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. EL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA INTERPONER EL MEDIO DE DEFENSA EN SU REPRESENTACIÓN."
Por lo anterior, se declaró fundado el incidente de falta de personalidad que interpuso la quejosa y desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el delegado del presidente de la República, en representación de éste, subsistiendo la admisión del recurso de revisión interpuesto por el delegado de la Secretaría de Energía.
En el mismo sentido se pronunció el mencionado Tribunal Colegiado al resolver los recursos de reclamación **********, ********** y **********, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias se omite su reseña.
CUARTO. En el caso se configura la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que:
a) Los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre un mismo tema jurídico relativo a la legitimación del delegado del presidente de la República designado por el secretario de Estado correspondiente (en unos casos el secretario de Energía y en otros el secretario de Comercio, que representó a este último en el juicio de amparo en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo), para interponer a nombre de aquél el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo.
b) Al pronunciarse sobre esa temática los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en la presente contradicción de tesis arribaron a conclusiones divergentes, pues mientras el Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito concluyó que el citado delegado sí está legitimado para interponer a nombre del presidente de la República ese medio de defensa, los Tribunales Colegiados Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Cuarto del Octavo Circuito determinaron lo contrario.
Por tanto, el punto de contradicción se contrae a determinar si el delegado del presidente de la República, designado por el secretario de Estado que representa en el juicio de amparo a este último, puede interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo.
Para resolver el problema planteado resulta conveniente atender a lo dispuesto por los artículos 12 y 19 de la Ley de Amparo, anteriores a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación los días dieciocho de marzo y diecisiete de abril de dos mil nueve, que disponen:
(Adicionado primer párrafo, D.O.F. 16 de agosto de 2005)
"Artículo 12. Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos que se les reclamen.
(Reformado, D.O.F. 29 de junio de 1976)
"En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
(Reformado, D.O.F. 29 de junio de 1976)
"Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podrán constituir apoderado para que los represente en el juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca de dicho juicio."
(Reformado, primer párrafo, D.O.F. 16 de agosto de 2005)
"Artículo 19. Salvo las excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de esta ley y en el párrafo segundo del presente artículo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
(Reformado, D.O.F. 20 de mayo de 1986)
"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
(Reformado, D.O.F. 20 de mayo de 1986)
"En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme la citada ley orgánica.
(Reformado, D.O.F. 20 de mayo de 1986)
"En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también representar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el reglamento de la ley orgánica de dicha procuraduría."
Deriva de las disposiciones transcritas que el presidente de la República puede ser representado en todos los trámites establecidos en la Ley de Amparo, por conducto del procurador general de la República, los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo, siendo el propio Ejecutivo Federal quien determinará la forma en que se llevará a cabo esa representación, a través del procurador general de la República, quien finalmente decide en qué autoridad recaerá, atendiendo a la naturaleza del asunto que se cuestione.
Las actuaciones del representante del Ejecutivo Federal en los trámites legales mencionados surten efecto como si las llevara a cabo el propio representado, por su semejanza con el mandato,(1) según se desprende de la jurisprudencia, aplicable en lo conducente, que dice:
"REPRESENTANTE COMÚN DESIGNADO EN EL JUICIO NATURAL. PUEDE PROMOVER JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. El representante común tiene las mismas facultades que si litigara por su propio derecho respecto de sus representados, con excepción de transigir y comprometer en árbitros, salvo que expresamente le hayan sido concedidas esas facultades por parte de los interesados; luego, conforme al artículo 13 de la Ley de Amparo, cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. En tal situación, el representante común se asemeja a un mandatario, con autorización para litigar en representación de los demás, sean actores o demandados, como si se tratara de su propio derecho, lo que lo faculta para llevar esa representación fuera del juicio en que fue designado, con el fin de defender los derechos en litigio en el propio juicio. Como no se requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario promueva o continúe un juicio de garantías, es indudable que por la misma razón el representante común del juicio natural, puede intentar el juicio de amparo como parte de la defensa de los derechos que le fue encomendada. Si bien es cierto que la representación común es una figura jurídica instituida dentro del procedimiento por economía procesal, es inexacto que tan sólo se haya establecido para actuar dentro del juicio, pues si para defender los derechos de sus representados y los suyos propios, requiere el representante común acudir ante un tribunal diverso, la personalidad que le fue otorgada le da la facultad de hacerlo." (Instancia: Tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988. Materia(s): Común. Tesis 3a./J. 11/88, página 271).
Las demás autoridades responsables, salvo los órganos legislativos federal, de los Estados y del Distrito Federal, no pueden ser representados en el juicio de amparo, pero sí podrán por medio de simple oficio acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la ley de la materia, sin que ello implique que las autoridades que pueden ser representadas no puedan designar delegados, ya que el legislador no estableció esa salvedad, sino que confirió tal prerrogativa a todas las autoridades sin excepción alguna.
Así, los delegados se constituyen en cierto modo en representantes de las autoridades pero con facultades limitadas a los actos procesales que expresamente señala el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo.
Importa destacar que antes de la reforma al citado primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, de dieciséis de agosto de dos mil cinco, las facultades conferidas a los delegados de las autoridades responsables para rendir pruebas, formular alegatos y hacer promociones se limitaba a la audiencia constitucional, pero con motivo de dicha reforma se les dotó también de atribuciones para promover los incidentes y los recursos previstos en esa ley,(2) con la finalidad de hacer más eficaz la participación de dichas autoridades, como deriva de lo expuesto en el dictamen de seis de abril de dos mil cinco de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores que, en su parte conducente, dice:
"... Octavo. Adicionalmente, al dictaminar la iniciativa en estudio, se deja entrever un problema en las facultades de que gozan los delegados de las autoridades responsables en general, indistintamente de la calidad que tengan señalada en las demandas de amparo, y es el que actualmente por el texto en vigor del artículo 19 de la Ley de Amparo están solamente facultados para que ‘concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones’. Ello ha sido interpretado en ese mismo sentido, como se aprecia en el siguiente criterio judicial:
"Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, febrero de 2004, tesis 2a./J. 9/2004, página 129. Materia: Común. Jurisprudencia.
"‘AUTORIDADES RESPONSABLES. LAS FACULTADES QUE EL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO OTORGA A SUS DELEGADOS SÓLO PUEDEN EJERCERLAS EN AUDIENCIAS.’ (se transcribe).
"En función de ello, quienes dictaminan creen conveniente agregar al texto del artículo 19 de la Ley de Amparo cuya adición se propone en la iniciativa en estudio, un párrafo, a fin de que las facultades que se confieren a los delegados acreditados por las autoridades responsables en el juicio de amparo se homologuen materialmente a las que de manera análoga se especifican para los delegados de las partes en los juicios de controversias constitucionales, y que se contraen en el texto del artículo 11 párrafo segundo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en su parte conducente autoriza a los delegados ‘... para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.’
"No se considera que exista razón que impida lo anterior, puesto que el amparo y la controversia constitucional comparten la naturaleza de ser juicios tendientes a la conservación y protección del orden constitucional; pues si bien tienen entre sí diferencias sustanciales de forma -como sus términos procesales, personas y entes que pueden interponerlos, e instancias que habrán de resolverlos, entre otras cosas- son compatibles en la ideología de ser instrumentos eficaces para lograr que no se vulnere el orden legal y constitucional.
"Visto de este modo, no se explica razón alguna que en derecho sea contundente, que justifique el porqué en la actualidad en los juicios de controversias constitucionales (en donde se defienden intereses muy importantes para el Estado mexicano) se admita un mayor espectro de facultades para los delegados de las partes, que las que se permiten en el juicio de amparo (en donde los gobernados, e incluso el propio Estado, cuestionan la legalidad y constitucionalidad del actuar de las autoridades de cualquier orden).
"Se prevé pues, que al incrementar las facultades de intervención en los juicios por parte de los delegados de las autoridades responsables se hace más eficaz la participación de dichas autoridades, sin que ello represente un menoscabo a la garantía de legalidad en los procedimientos, pues al final de todo, los funcionarios que son nombrados como delegados suponen la existencia de un grado subordinación en relación con aquellos quienes les autorizan con tal calidad en los juicios de amparo.
"Es por todo lo manifestado que atendiendo al equilibrio que debe existir entre los poderes, indispensable para la vida institucional de un pueblo con base democrática, y mirando la contribución a la expeditez procesal que dará con la representación jurídica de que se dotará los cuerpos legislativos federales, estatales y del Distrito Federal, estas Comisiones Dictaminadoras consideran adecuadas la adición y reformas propuestas por el iniciante. ..."
Así, a partir de que entraron en vigor las citadas reformas a la Ley de Amparo los delegados designados por las autoridades responsables quedaron facultados para interponer a nombre de éstas, entre otros, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo.
Atento a lo anterior, si el presidente de la República, en su carácter de autoridad responsable, puede designar delegados para que realicen los actos procesales a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, es indudable que la autoridad encargada de representarlo en todos los trámites establecidos en ese ordenamiento legal, cuyas actuaciones surten efecto como si las llevara a cabo el propio Ejecutivo Federal puede, a nombre de éste, designar delegados para que interpongan el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la ley de la materia.
Además, si a través de la representación del presidente de la República se busca hacer más eficaz su participación en el juicio de amparo, debe concluirse que el representante designado no sólo está facultado para intervenir en cada uno de los estadios procesales del juicio de garantías hasta su conclusión,(3) sino también para ejercer los derechos que la ley confiere al Ejecutivo Federal para lograr el objetivo señalado, como la acreditación de delegados para que coadyuven en la defensa de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el siguiente criterio:
-Los preceptos legales citados establecen que el presidente de la República puede ser representado en todos los trámites establecidos en la Ley de Amparo por conducto del procurador general de la República y los secretarios de Estado, y que las demás autoridades responsables, salvo los órganos legislativos federal, de los Estados y del Distrito Federal, no pueden ser representados en ese procedimiento constitucional, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la ley citada. Esta última atribución alcanza también al presidente de la República, porque el legislador confirió esa prerrogativa a todas las autoridades responsables sin excepción alguna. En ese tenor, el delegado del presidente de la República designado por la autoridad que lo representa en el juicio de amparo está legitimado para interponer a nombre de aquél el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo, toda vez que las actuaciones del citado representante surten efectos como si las llevara a cabo el propio titular del Ejecutivo Federal.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Existe la contradicción de tesis denunciada.
SEGUNDO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Notifíquese; remítase de inmediato
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22059-da556281/recurso-de-revision-el-delegado-del-presidente-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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