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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN FAVOR DEL SINDICATO QUE ACUDE EN DEFENSA DE SUS INTERESES Y NO DE LOS DERECHOS LABORALES DE SUS AGREMIADOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 75/2023. · Registro digital (IUS): 32446
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-05-24
Promovente: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo V, Pág.5221.

AMPARO EN REVISIÓN 75/2023. SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 2 DE FEBRERO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HÉCTOR ORDUÑA SOSA. PONENTE: NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ ALFREDO LÓPEZ OLVERA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—ESTUDIO.

Resultan inoperantes los agravios propuestos por el recurrente, los cuales son analizados bajo el principio de estricto derecho, pues atendiendo a la naturaleza jurídica del acto reclamado a la autoridad responsable, que consiste en la negativa de toma de nota del alta de diversas personas para la organización sindical quejosa (hoy recurrente), es claro que se trata de un acto registral meramente administrativo, que en todo caso sólo afecta los intereses del sindicato quejoso, mas no trasciende directamente en los derechos laborales de los trabajadores que forman parte de dicho gremio; por lo que en el particular, no procede aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja en favor del sindicato recurrente, al no actualizarse alguno de los supuestos que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo.

En apoyo a esto último se cita la Jurisprudencia 2a./J. 42/2003,(10) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro y texto siguientes:

"SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO. Del análisis de la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja, prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador, basado en el principio de justicia distributiva, la instituyó, exclusivamente, en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías, ya sea como persona física o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en defensa de sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación reglamentaria, para lograr el equilibrio procesal de las partes que intervienen en dicho juicio, y con la única finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional para garantizar a ese sector de la sociedad el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. En consecuencia, la referida institución opera a favor de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, siempre y cuando éste trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremiados, y no intervengan diferentes organizaciones sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada, toda vez que esta peculiaridad procesal implica que ninguna de las partes se coloque en una situación de desigualdad jurídica que requiera ser equilibrada y dé lugar a la obligación de suplir la queja en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones. En otras palabras, cuando un sindicato acude al juicio de garantías y su contraparte es también un sindicato al que le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de tutelar los derechos del propio sindicato, significa que no subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer tal obligación."

CUESTIÓN PREVIA.

Para poner en contexto el asunto que nos ocupa, es preciso traer a colación algunos antecedentes que le dieron origen, lo que se hace de manera siguiente:

1o. SOLICITUD DE TOMA DE NOTA. Mediante escritos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dieciocho de enero y quince de febrero de dos mil veintitrés, signados por el licenciado **********, en su carácter de Secretario General del Comité Central Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (hoy quejoso), se solicitó al Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la toma de nota respecto a la baja y alta de diversas personas como afiliados al citado sindicato.

2o. ACUERDO DE TOMA DE NOTA. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés (acto reclamado en el juicio de amparo), el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó un acuerdo dentro del expediente de registro sindical R.S. **********, en donde determinó que no ha lugar a tomar nota de alta de afiliación de 25 personas, como miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque en ejercicio de su facultad de verificación, estimó que de las constancias exhibidas por el sindicato solicitante, no se advertía que fueran trabajadores de base, ni se apreciaba que estuvieran en los supuestos de excepción establecido en el artículo 70 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;(11) así como también determinó que no ha lugar a tomar nota de alta de afiliación de 3 personas como miembros del referido sindicato, porque de los comprobantes de pago exhibidos advertía que a éstas se les efectuaba el descuento por concepto de cuota sindical, sin especificar a qué organización sindical pertenecía, lo cual impedía constatar la voluntad de esos trabajadores de renunciar al sindicato al que se encontraban afiliados, a efecto de evitar una doble sindicación; posteriormente, procedió a tomar nota de baja por renuncia respecto de 64 personas que presentaron su respectivo escrito de solicitud de baja del mencionado sindicato, ordenando se comunicara tal proveído a la patronal Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a fin de que se abstuviera de llevar a cabo los descuentos de cuotas sindicales respecto a esos trabajadores.

3o. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. Inconforme con lo determinado, mediante escrito de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el licenciado **********, en su carácter de Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México promovió demanda de amparo indirecto señalando como acto reclamado el referido acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dentro del expediente de registro sindical R.S. **********, específicamente respecto de la negativa de tomar nota de alta de afiliación de 28 personas al referido sindicato.

4o. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Mediante auto de dos de junio de dos mil veintitrés, la Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de amparo, tuvo como tercero interesado al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y solicitó el informe justificado; por lo que seguida la secuela procesal, el cuatro de julio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional en donde se dictó la sentencia definitiva, en la que se resolvió sobreseer en el juicio de amparo, bajo las consideraciones que han quedado sintetizadas en el considerando tercero de esta ejecutoria.

Esta última resolución constituye la materia del presente recurso de revisión.

INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.

En su primer agravio manifiesta básicamente el sindicato recurrente, que en cuanto a la causal de improcedencia fundada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5o., fracción I, de la propia ley, que se vincula con la hipótesis de falta de interés jurídico y legítimo, en la resolución recurrida se puntualiza que el acto reclamado consistente en el acuerdo plenario de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente R.S. **********, consistente en la negativa de toma de nota de afiliación de diversos trabajadores al sindicato quejoso.

Agrega, que la propia sentencia recurrida establece que el acto reclamado se trata de una actividad registral en la que se tomaba nota del alta de diversos trabajadores que manifestaron su voluntad para afiliarse a la organización sindical que lo solicitaba, por lo que era un acto meramente administrativo en el que no había controversia o litigio entre las partes involucradas, ya que la autoridad responsable solamente realizaba funciones de registro, verificando el cumplimiento de los requisitos que para ello establecen los estatutos y la ley, por lo que una vez verificado el cumplimiento de tales aspectos se emitirá la declaración correspondiente, ordenado a la patronal el descuento de las cuotas correspondientes.

Asimismo, dice el inconforme, que en la misma resolución recurrida se señaló que el acto reclamado no podía causar afectación en la esfera jurídica del sindicato quejoso, porque el descuento de las cuotas sindicales no constituía una afectación directa a este último.

Alega el quejoso que no comparte la actualización de la referida causa de improcedencia y sobreseimiento, porque en la sentencia recurrida sólo estudió el capítulo de actos reclamados de la demanda, sin realizar el análisis y estudio de los argumentos hechos valer, relacionados con el agravio personal y directo que causaba el acto reclamado, lo que llevó a considerar que éste no afectaba los intereses jurídicos y legítimos del sindicato quejoso, lo que implica que la sentencia constitucional derivó de un estudio incompleto, parcial y defectuoso.

Señala, que no basta con que el acto reclamado se trate de un acto meramente administrativo para considerar que no causa agravio al sindicato quejoso, pues en la demanda de amparo señaló que el acto reclamado era inconstitucional por el trato discriminatorio dado al gremio que representaba, ya que la responsable aplicó criterios diferentes a las solicitudes de afiliación presentadas por otros sindicatos a los que omitía exigirles que acreditaran el carácter de base de los trabajadores que solicitaban su afiliación, tal como acontecía en los diversos expedientes de registro sindical R.S. ********** y R.S. **********, en donde se acordó la toma de nota solicitada por otros sindicatos, lo que implicaba que al quejoso se le exigían mayores requisitos que a los demás organismos sindicales, lo que a su vez violentaba el derecho de la libre sindicación de los trabajadores que tenían la intención de afiliarse al sindicato que representaba.

Por ello, estima el recurrente que la sentencia recurrida era carente de exhaustividad y congruencia, dado que solamente se estudió el capítulo de "acto reclamado", sin ocuparse de analizar los argumentos expuestos a manera de concepto de violación con los que se demostraba el agravio personal y directo, derivado del trato desigualitario que provocó el acto reclamado.

Resulta inoperante lo argumentado en tal sentido, pues a través de ello no combate la totalidad de las consideraciones de la sentencia constitucional, a través de las cuales la Jueza de Distrito estimó que el sindicato quejoso (hoy recurrente) carece de interés jurídico y legítimo para la promoción del juicio de amparo, como a continuación se expone.

MARCO NORMATIVO.

Para sustentar tal calificativa, es preciso señalar que el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, es un medio de defensa que procede contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo indirecto, cuya materia es verificar la legalidad del fallo y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, siendo por tanto, un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional; labor ésta, que realiza al Órgano Revisor a la luz de los agravios que expone el recurrente en su recurso de revisión para demeritar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad.

Ahora, cuando los argumentos planteados por la parte recurrente a manera de agravio sólo se concretan a afirmar dogmáticamente cuestiones que considera son ilegales, sin controvertir de manera suficiente y eficaz las determinaciones que rigen el fallo impugnado, o bien, no se impugna la totalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia constitucional, y no se está en alguno de los supuestos que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir la queja deficiente, se actualiza un impedimento técnico para el Tribunal Revisor que imposibilita el examen de dichos argumentos, pues aun cuando se controviertan algunas de las consideraciones del juzgador Federal, al no atacar o desvirtuar la totalidad de los motivos y fundamentos de la resolución que se reclama, ni se exponen las razones jurídicas del porqué es contraria a derecho la decisión que se combate, aquéllos resultan inoperantes, debido a que no se está en condiciones de poder estudiar la legalidad de la resolución recurrida, pues de hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido, en virtud de que no se puede perder de vista que la sentencia de amparo goza de la presunción de legalidad y constitucionalidad, la cual sólo puede ser desvirtuada con razones jurídicas que evidencien su contrariedad a las normas que las rigen.

Lo anterior, tiene apoyo en el contenido de la Jurisprudencia 2a./J. 188/2009,(12) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado."

De igual modo es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia 173,(13) emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable."

CASO CONCRETO.

Pues bien, en el particular se actualiza la inoperancia de los argumentos sintetizados en líneas arriba, puesto que con ellos no se controvierte la totalidad de las razones y fundamentos por los que la Jueza de Distrito estimó que el sindicato quejoso (hoy recurrente) carece de interés jurídico y legítimo para la promoción del juicio de amparo.

En efecto, la Jueza Constitucional, al emitir la sentencia recurrida, en el considerando cuarto de la misma, procedió al estudio de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, al tenor del artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la parte que aquí importa, determinó que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, al considerar que el sindicato quejoso carecía de interés jurídico para promover el juicio de garantías, pues el acto reclamado no vulneraba alguno de sus derechos subjetivos, así como de interés legítimo, toda vez que no podía estimarse que el acto reclamado afectara un derecho difuso constitucionalmente otorgado en beneficio de una colectividad a la que el sindicato quejoso pertenezca, en virtud de que intervenía como persona jurídica.

Ello, porque el acto reclamado consistente en el acuerdo plenario de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente R.S. **********, consistía en la negativa de afiliar a veintiocho personas al sindicato quejoso que solicitaron ser miembros del mismo, por lo que tal declaración, se trata de un acto meramente administrativo, derivado de la facultad que le era otorgada al citado Tribunal por los artículos 124, fracción III, y 124-A, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que como órgano registral, sólo daba trámite a la solicitud de registro efectuada por un sindicato respecto de los cambios que pudieran ocurrir, como en el caso lo era el alta de miembros que pretendían afiliarse al mismo.

Precisó la juzgadora Federal que la conexión jurídica en dicho trámite administrativo se establecía mediante la intervención de la organización sindical que solicitaba el registro de los nuevos miembros que voluntariamente deseaban unirse a la misma, y la intervención de la autoridad registral, la cual a través de su función de registro solamente verificaba el cumplimiento de los requisitos formales para determinar la procedencia del registro de los nuevos miembros; requisitos entre los que se encontraban, la existencia de la solicitud presentada ante la Secretaría General del Sindicato solicitante del registro y aceptada por su Comité Ejecutivo, en donde los trabajadores manifestaban su voluntad de unirse al sindicato y adquirir los derechos y obligaciones establecidos en sus estatutos; la autorización de los trabajadores para que las cuotas sindicales sean deducidas de sus salarios y entregadas al sindicato al que desean afiliarse; la comprobación de la condición de trabajadores pertenecientes a la dependencia pública en la cual opera el sindicato solicitante y, en su caso, la existencia de los documentos en los cuales los trabajadores renuncian voluntariamente a su afiliación a cualquier otro sindicato al que pertenecían previamente. Por lo que una vez verificados tales aspectos, la autoridad registral emite la declaración correspondiente en torno al trámite de alta respecto a los trabajadores que cumplieron con los requisitos establecidos, a fin de que esa declaración surta los efectos legales correspondientes. Por ello, estimó la Jueza de Distrito, que el procedimiento llevado a cabo por la autoridad registral responsable se trata de un acto meramente administrativo que simplemente implica un aviso de cambios en la composición de la plantilla de miembros activos en el sindicato solicitante.

En atención a ello, la A quo determinó que el acto reclamado, consistente en el acuerdo plenario dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, que negó la toma de nota del alta de veinticinco trabajadores, por la circunstancia de omitir la exhibición de documentación con la que se acreditara que eran trabajadores de base, el nivel o la categoría que desempeñaban, y de otros tres trabajadores, por la omisión de especificar a qué organización sindical pertenecían, ya que de sus comprobantes de percepciones se advertía que se les efectúa un descuento por concepto de cuota sindical, no causaba alguna afectación al sindicato quejoso en su esfera de derechos, lo que actualiza la falta de interés jurídico para promover el juicio de amparo.

Agregó la juzgadora de amparo que la circunstancia de que con el acuerdo plenario reclamado no se emitiera una orden para que la patronal descuente a los trabajadores las cuotas sindicales y las entregue al sindicato quejoso, no podía considerarse como una afectación directa y personal al patrimonio de dicho gremio, ya que el derecho a percibir dichas cuotas no se adquiría automáticamente al momento en que se modificaron los estatutos del sindicato quejoso.

Asimismo, indicó que el sindicato quejoso tampoco poseía interés legítimo, dado que no podía estimarse que el acuerdo plenario reclamado vulnerara algún interés o derecho difuso constitucionalmente otorgado en beneficio de una colectividad a la que dicho sindicato perteneciera, ya que éste acudía al juicio de amparo como persona jurídica pretendiendo el alta de diversas personas como miembros de esa organización.

Así, concluyó que el acuerdo plenario reclamado que contiene la negativa de tomar nota de alta de unos trabajadores, no causaba perjuicio personal y directo en la esfera de derechos del sindicato quejoso y, por ende, éste carecía de interés jurídico y de interés legítimo para promover el juicio de amparo indirecto en contra del mismo; de ahí que se estimaba actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo.

Ahora bien, el sindicato recurrente (quejoso) a través de los argumentos expuestos en su primer agravio que arriba quedaron sintetizados, señala esencialmente que no comparte el criterio sustentado en la sentencia recurrida, donde se estima actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, que se vincula con la hipótesis de falta de interés jurídico y legítimo para reclamar a través del juicio de amparo el acto reclamado, consistente en el acuerdo plenario de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente **********, relativo a la negativa de toma de nota de afiliación de diversos trabajadores al sindicato quejoso.

Ello, porque en la sentencia recurrida sólo se estudió el capítulo de "acto reclamado" de la demanda, sin realizar el análisis y estudio de los argumentos hechos valer en la misma relacionados con el agravio personal y directo que causaba el referido acuerdo plenario reclamado, lo que llevó a la Jueza Federal a considerar que éste no afectaba los intereses jurídicos y legítimos del sindicato quejoso, lo que implica que la sentencia constitucional derivó de un estudio incompleto, parcial y defectuoso.

Esto era así, dijo, en razón de que en la demanda de amparo señaló que el acto reclamado era inconstitucional por el trato discriminatorio dado al sindicato que representaba, toda vez que la responsable aplicó criterios diferentes a las solicitudes de afiliación presentadas por otros sindicatos a los que omitía exigirles que acreditaran el carácter de base de los trabajadores que solicitaban su afiliación, tal como acontecía en los diversos expedientes de registro sindical ********** y **********, lo que implicaba que al quejoso se le exigían mayores requisitos que a los demás organismos sindicales, violentándose así el derecho de la libre sindicación de los trabajadores que tenían la intención de afiliarse al sindicato que representaba.

Y ante ello, estimaba que la sentencia recurrida resultaba carente de exhaustividad y congruencia, dado que solamente se estudió el capítulo de "acto reclamado", sin ocuparse de analizar los argumentos expuestos a manera de concepto de violación con los que se demostraba el agravio personal y directo derivado del trato desigualitario que provocó el acto reclamado.

Sin embargo, es claro que con dichos argumentos, el sindicato recurrente de modo alguno controvierte la totalidad de las razones por las cuales la Jueza de Distrito estimó que el acto reclamado no afectaba directa y personalmente sus derechos, en específico, los patrimoniales y, por ende, carecía de interés jurídico para instar el juicio de amparo.

Esto es así, pues como quedó precisado, como consideraciones torales para llegar a la conclusión de que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, la juzgadora del amparo señaló que el sindicato quejoso carecía de interés jurídico y legítimo para promover la demanda de amparo, porque el acto reclamado no afectaba alguno de sus derechos subjetivos, así como tampoco podía estimarse que el acto reclamado afectara un derecho difuso constitucionalmente otorgado en beneficio de una colectividad a la que el sindicato quejoso pertenezca, en virtud de que intervenía como persona jurídica, porque el acto reclamado consistente en el acuerdo plenario de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente R.S. **********, que negó la toma de nota del alta de veintiocho personas que pretendían afiliarse al sindicato quejoso, no causaba alguna afectación al sindicato quejoso en su esfera de derechos, y el hecho de que con el acuerdo plenario reclamado no se emitiera una orden para que la patronal descontara a los trabajadores las cuotas sindicales y las entregara al sindicato quejoso, no podía considerarse como una afectación directa y personal al patrimonio de dicho gremio, porque el derecho a percibir dichas cuotas no se adquiría automáticamente al momento en que se modificaron los estatutos del sindicato quejoso.

Aunado a ello, agregó que el sindicato quejoso tampoco poseía interés legítimo, dado que no podía estimarse que el acuerdo plenario reclamado vulnerara algún interés o derecho difuso constitucionalmente otorgado en beneficio de una colectividad a la que dicho sindicato perteneciera, ya que éste acudía al juicio de amparo como persona jurídica pretendiendo el alta de diversas personas como miembros de esa organización; concluyendo así, que el acuerdo plenario reclamado que contiene la negativa de tomar nota de alta de unos trabajadores, no causaba perjuicio personal directo a la esfera de derechos del sindicato quejoso y, por ende, éste carecía de interés jurídico y de interés legítimo para promover el juicio de amparo indirecto en contra del mismo.

Sin embargo, tales consideraciones que la Jueza de Distrito expuso, no fueron frontalmente controvertidas por el sindicato quejoso ahora recurrente, ya que solamente se concreta a señalar en su primer agravio que es ilegal la sentencia recurrida, porque no se analizaron los argumentos expuestos en su demanda a manera de concepto de violación, sin ocuparse de las consideraciones que llevaron a la juzgadora del amparo a estimar la falta de interés jurídico y legítimo.

Luego, si los argumentos planteados a manera de agravio sólo se concretan a afirmar dogmáticamente que no comparte el criterio sustentado en la sentencia recurrida, porque a su juicio debió haberse analizado los argumentos expuestos a manera de concepto de violación en la demanda de amparo, dado que ahí se exponía el agravio personal y directo que le ocasionaba el acto reclamado; pero sin controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones torales de la sentencia constitucional por las cuales se estimó que no se afectaba la esfera jurídica del sindicato quejoso y, en consecuencia, carecía de interés jurídico y legítimo para promover el juicio de amparo; entonces, es claro que este Tribunal Colegiado se encuentra imposibilitado técnicamente para hacer un examen de dichos argumentos, puesto que con ellos no se atacan los motivos y fundamentos de la resolución que se reclama, ya que de hacerlo, equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en donde no se actualiza alguna de las hipótesis que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo.

Además, contrario a lo sostenido por el recurrente, la Jueza de Distrito no tenía obligación alguna de atender los argumentos expuestos en la demanda de amparo a manera de concepto de violación con el fin de demostrar el agravio personal y directo que le ocasionaba al sindicato quejoso el acto reclamado, pues al estimarse actualizada una causa de improcedencia que llevó sobreseer en el juicio de amparo, la juzgadora se encontraba impedida para realizar e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32446-10105756/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-amparo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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