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AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 116/2013. · Registro digital (IUS): 26213
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-03-18
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Pág. 1630.

AMPARO EN REVISIÓN 116/2013. 10 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS. SECRETARIA: CARMEN CECILIA MEDINA PERALTA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Resulta innecesario examinar los agravios expuestos, así como la sentencia recurrida, toda vez que este órgano colegiado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo en vigor.

En la especie opera la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, aun ante la ausencia agravios, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que quien interpone el presente recurso es la parte trabajadora.

Así, el apuntado numeral, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia de la deficiencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador, aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios debido a que lo que se busca es abandonar las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia con el objetivo de garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, toda vez que ello atiende a su posición debilitada y manifiestamente inferior de la que gozan los patrones, pues así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 51/94, sustentada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de donde emanó la jurisprudencia 2a./J. 39/95, que aparece publicada en la página 333 del Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS."

Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer relación de algunos antecedentes de los actos reclamados, los que se advierten de las constancias del juicio de amparo indirecto **********, del que deriva el presente recurso de revisión, las cuales adquieren valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o. y que, a saber, son los siguientes:

a) Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil trece ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Zapopan, turnado el mismo día al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, **********, formuló demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que se hizo consistir, en síntesis, en "...los indebidos descuentos a mi salario, bajo concepto marcado como 03 y denominado como préstamo a corto plazo en el apartado de percepciones y descuentos en mis comprobantes de pago, correspondientes. ..." efectuado por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.

b) Por auto de cinco de abril de dos mil trece, dicho juzgado admitió la demanda de amparo y la registró con el número de expediente **********; ordenó pedir informe justificado a la autoridad responsable; dispuso la notificación del trámite del asunto al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los fines de su representación social; y, señaló fecha para la audiencia constitucional.

c) Mediante proveído de dos de mayo de la presente anualidad, se tuvo a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, rindiendo su informe justificado.

d) Seguido el juicio de garantías en sus etapas procesales, el citado Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional el veinte de mayo de dos mil trece y enseguida se autorizó la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo.

Ahora, resulta pertinente narrar los antecedentes de los actos reclamados:

• El impetrante de amparo, aquí recurrente, contrajo un adeudo por concepto de préstamo que le realizó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se formalizó el veintitrés de noviembre de dos mil seis, cuyos descuentos se le realizaban vía nómina.

• El gestionante de amparo fue despedido de su empleo en febrero de dos mil siete y en febrero de dos mil doce, se le reinstaló siendo que en ese lapso dejó de cubrirse el pago.

• Luego, a partir de la segunda quincena de febrero del año que transcurre (sic) se le empezaron a realizar los descuentos que ahora reclama.

• El Juez de Distrito, en el caso, estimó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que el acto reclamado consistente en los descuentos sobre nómina, debió impugnarlos desde que se materializó el primer descuento y, al no haberlo hecho así, los consintió tácitamente.

Al respecto, es conveniente transcribir el contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, el cual dice:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."

Referente al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los siguientes criterios:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."(1)

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.-La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado."(2)

Por lo anterior, se considera como "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado.

En el asunto que se examina, la ********** no tiene la calidad de autoridad para los efectos del amparo, pues en todo caso su actuación frente al quejoso recurrente se ubicaría en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquélla actúa como particular (patrón), y no como autoridad investida de imperio frente al peticionario de garantías, por más que se diga que el acto en cuestión se emitió por el titular de la mencionada dependencia.

Al respecto, es necesario señalar que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores.

En ese sentido, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación.

Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.

Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.

Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado.

Sobre esas premisas, es evidente que el acto que atribuye al titular de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, esto es, la orden de realizar los descuentos efectuados vía nómina para la liquidación de un crédito, no fue realizado dentro de una relación de supra-subordinación, pues no emana de autoridad investida de imperio sobre un gobernado, sino que, ese acto deriva de una relación laboral, en términos del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, puesto que la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco tiene como función principal las atribuciones en materia educativa en el Estado, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco.(3)

Asimismo, cabe señalar que la prestación de los servicios los realiza a través de profesores, como el ahora quejoso, los cuales son nombrados por ésta y reciben una remuneración, por su salarios (sic), de conformidad con el artículo 21 de la ley referida,(4) por tanto, como se dijo anteriormente, los actos consistentes en los descuentos a su salario para la liquidación de un crédito, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que se trata de un acto atribuible a las autoridades, únicamente en su calidad de patrón, el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente.

Por todo lo hasta aquí sentado, se comparte la tesis I.4o.A.126 A,(5) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala:

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, NO LO ES EL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y JUSTICIA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CUANDO ACTÚA COMO ‘PATRÓN’.-Si el acto reclamado consiste en una controversia de carácter laboral, pues se trata de omisiones atribuibles a las autoridades, únicamente en su calidad de ‘patrón’, es decir, el Estado participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de la misma, es claro que se trata de un problema entre los trabajadores y el ‘patrón’, el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad de esa misma naturaleza, por lo que el amparo interpuesto en contra del director de Asuntos Jurídicos y Justicia Policial en el que se reclama el pago de diversas percepciones a que tienen derecho los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, resulta improcedente."

Asimismo, se comparte la tesis I.6o.T.26 L,(6) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que refiere:

"AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES.-La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito."

Sin embargo, los actos que se impugnan en el amparo provienen del titular de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, que consisten en los descuentos a su salario para la liquidación de un crédito, son actos que se reclaman por el impetrante de su patrón, que sin duda razonable son de naturaleza laboral.

Además, si bien la autoridad señalada como responsable pudiera realizar actos como autoridad para efectos del juicio de amparo, en el presente caso no ocurre así, puesto que el descuento reclamado deriva de una relación de trabajo asimilable a la obrero-patronal, que debe reclamarse en el juicio laboral respectivo, ya que la controversia que se plantea, conforme a su naturaleza es una acción laboral, además de que en su propia demanda de garantías el impetrante señaló a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco como "su patrón".

Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 83/98,(7) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:

"COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.-En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda."

En tal virtud, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida, por diversos motivos, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo en vigor.

Sin que en el caso le beneficien las tesis que invoca, de rubros: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. DEBE CONCEDERSE CONTRA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO A UN SERVIDOR PÚBLICO ELEGIDO POPULARMENTE, POR SER UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO.", "SUSPENSIÓN. CLAUSURA EJECUTADA, NO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO. PARA EFECTOS DE LA.", ya que los casos a que se refieren esos criterios no son como el supuesto que nos ocupa en el que el pago del salario es un acto de tracto sucesivo en el que el derecho del trabajador de percibirlo íntegramente surge día con día.

Y respecto de la diversa de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.", ya que en el caso no se advierte violación a sus derechos fundamentales, ni queja que suplir.

En tal virtud, al no advertirse motivo para suplir la queja, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se confirma, por diversos motivos, la sentencia recurrida de veinte de mayo de dos mil trece, cuyo resolutivo dice: "ÚNICO: Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por **********, dictada por el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto **********", por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; anótese en los libros de gobierno y registro electrónico correspondientes; y, en su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa, el cual se clasifica como depurable en cumplimiento a lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 2/2009, del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, integrado por los Magistrados José de Jesús López Arias, Armando Ernesto Pérez Hurtado y Miguel Lobato Martínez, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Visible en la página 39, Tomo XIV, noviembre de 2001, 2a. CCIV/2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

2. Tesis aislada 2a. XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

3. "Artículo 12. El Ejecutivo del Estado, ejercerá a través de la Secretaría de Educación las atribuciones en materia educativa que le confieran los diversos ordenamientos federales y estatales."

4. "Artículo 21. El sistema educativo estatal se integra, además de las autoridades educativas con: 1. Personas. a) Los educandos. b) Los educadores. c) Los trabajadores de apoyo y asistencia al servicio de la educación. d) Padres de familia, tutores y organizaciones que los representen..."

5. Visible en la página 792, Tomo III, junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

6. Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, materia(s): laboral, página 347.

7. Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, materia(s): común, página: 28.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26213-b03806c0/autoridad-para-efectos-del-amparo-no-tiene-ese · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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