AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN.
QUEJA 5/2016. 28 DE ENERO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO RIVERA. SECRETARIO: JOAQUÍN ZAPATA ARENAS.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—El estudio de los agravios planteados por la recurrente, conducen a determinar lo siguiente:
En sus agravios, la recurrente aduce que el acuerdo de desechamiento que se combate es violatorio de los artículos 1o. constitucional, reformado en junio de dos mil once; 1o., fracción I y último párrafo; 5o., fracción II; 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, además de que no se encuentra debidamente fundado ni motivado.
Lo anterior, debido a que considera que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución y que conforme a la nueva Ley de Amparo, también procede el juicio de amparo contra actos de particulares que ejerzan actos similares a los de una autoridad como acontece en el caso, en el que la Secretaría de Educación Pública, mediante la resolución que constituye el acto reclamado determinó separarla de su cargo, sin darle la oportunidad de ser oída ni vencida en juicio, con lo que se vulneró su derecho fundamental de audiencia y debido proceso.
Agregó que partir de la reforma constitucional de junio de dos mil once, desapareció el concepto de garantías individuales y se implementó uno más bondadoso que es de violación a los derechos humanos o fundamentales, además de que se estableció que para fines del juicio de amparo los particulares pueden tener la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de los gobernados y que lo anterior ha quedado establecido en diversas sentencias dictadas por los Jueces de Distrito en los que se ha determinado que hospitales, diversas clínicas privadas, compañías aseguradoras y notarios públicos son autoridades para efectos del juicio de amparo indirecto, a pesar de su carácter de particulares y, que en el caso, la Secretaría de Educación Pública, con la emisión de la resolución reclamada adquiere esa calidad, con independencia de que la ahora quejosa haya sido empleada de tal institución.
Además de que al no ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia, el Juez de Distrito no estaba en condiciones de analizar si quien emitió el acto de autoridad tiene o no el carácter de autoridad, por lo que debió admitir a trámite la demanda, a fin de allegarse de toda la información necesaria para estar en posibilidad de estudiar el tema planteado; amén de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.),(1) que no es el auto inicial, la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que al encontrarse el acto reclamado dentro de los paradigmas de la nueva Ley de Amparo, lo que procede es revocar el acuerdo recurrido y admitir a trámite la demanda de amparo.
Los agravios antes sintetizados resultan en parte inoperantes y en otra infundados.
Aquellos argumentos en los cuales se afirma que la resolución del Juez Federal carece de la debida fundamentación y motivación y que violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que medularmente el a quo vulnera en su perjuicio garantías constitucionales, deben calificarse de inoperantes.
Es así debido a que los Jueces de Distrito, en su calidad de autoridad conocedora del amparo, no infringen los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, pues su función como órgano de control constitucional estriba, precisamente, en cuidar el respeto de esas prerrogativas y, por tanto, sería un contrasentido que los vulnerara.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar violaciones constitucionales, lo es el juicio de amparo ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación; por lo anterior, si una de las partes en el juicio de amparo interpone recurso de queja en contra de una resolución emitida en un juicio de amparo y, en vía de agravios, le atribuye al a quo que conoció de ese asunto, violación a sus derechos fundamentales, el tribunal de alzada no puede examinarlos, ya que, de hacerlo, se desnaturalizaría la vía establecida para elevar reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, mismas que sólo corresponde al juicio de amparo, debido a que, de otra manera, se ejercitaría un control constitucional sobre otro de esa misma naturaleza.
En este entorno, como el recurso de queja es un instrumento a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial y no un medio de control constitucional mediante el cual se busca restituir en el goce de los derechos violados a la parte quejosa, como en el juicio de amparo, sino sólo un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad, exclusivamente, es controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de amparo, entonces, el tribunal ad quem sólo puede verificar si se realizó o no un adecuado análisis de la constitucionalidad del acto reclamado.
Por ende, si la resolución motivo del presente recurso de queja, fue dictada por un Juez de Distrito que actuó como órgano de control constitucional, con ese carácter no transgrede los principios y derechos fundamentales del gobernado, sino que, en su caso, podría infringir preceptos de la Ley de Amparo; infracciones que pueden ser revisadas a la luz de los recursos ordinarios que los rigen, previstos en la citada ley, entre los que se encuentra el recurso de revisión, el cual, se reitera, no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación de derechos fundamentales, que se atribuyen al Juez Federal que conoció del asunto, ya que ello significaría darle el carácter de autoridad responsable y pretender ejercer un control constitucional sobre otro.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.—Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Respecto a los restantes argumentos esgrimidos por la recurrente, es de señalar que devienen infundados, dado que resulta acertado que el Juez de Distrito desechara la demanda de amparo con base en la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción II y 217, todos de la Ley de Amparo.
En términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por autoridad responsable debe entenderse aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; para lo cual, debe aclararse que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general.
Así, el Máximo Tribunal considera que es autoridad para efectos del amparo el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.
De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.
Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas.
La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.
En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social.
Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.
En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular.
Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 479, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 520, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Cuarta Sección, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.—Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuáles cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."
En esas condiciones es posible afirmar que los "actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo" son solamente aquellos que implican la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tiene su nacimiento en una norma general, por lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.
Del examen integral de la demanda de amparo formulada por la quejosa y de sus anexos, se advierte que la aquí recurrente manifestó que prestaba sus servicios para la Secretaría de Educación Pública, desde mil novecientos noventa y seis y, a últimas fechas, ocupaba la plaza de profesora de enseñanza secundaria en la especialidad en inglés, con las claves presupuestales **********, ********** y **********, en **********.
Que mediante oficio **********, de nueve de septiembre de dos mil quince, se le hizo saber que con motivo de sus inasistencias, contaba con diez días para manifestar lo que a su derecho conviniera, lo que así realizó el uno de octubre de ese mismo año, ofreciendo la documentación correspondiente.
Finalmente, manifestó que por resolución de doce de octubre de dos mil quince, dictada en el expediente **********, por la ********** en el Distrito Federal, se le impuso como sanción administrativa, prevista en el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la separación del servicio educativo en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, que ejercía en las citadas claves presupuestales, por lo que prestó sus servicios para la Secretaría de Educación Pública hasta el trece noviembre de dos mil quince.
El Juez de Distrito al emitir el acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, materia de la queja, estableció que era procedente desechar de plano la demanda de amparo debido a que, en el caso, se actualizaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción II y 217, todos de la Ley de Amparo, en atención a que los actos reclamados tienen una naturaleza eminentemente laboral, que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre la trabajadora y la parte patronal, por lo que la relación se da en un plano de coordinación y no de supra a subordinación y, por ello, quedaban comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, de ahí que no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del juicio de amparo.
Determinación que, como se adelantó, se considera objetivamente acertada, dado que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo,(2) el juicio de amparo sólo podrá ser procedente contra actos de autoridad, así como contra los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general; en ese sentido, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, entonces éste resulta improcedente.
Lo anterior, en virtud de que, atendiendo a la segunda parte de la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, se tiene que para poder considerar a un particular como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, es necesario que sus funciones estén determinadas por una norma general; lo que significa que si bien es cierto que el amparo se puede promover contra actos de particulares, también lo es que no debe ser contra actos de cualquier particular, sino sólo de aquel que ejerza actos equivalentes a los de autoridad previstos en una norma general; por tanto, para que un particular pueda ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe situarse por encima del gobernado que está obligado a obedecer los actos, esto es, cuando la norma general le permita actuar en una relación de supra a subordinación, con relación al otro particular, y no en un plano de coordinación.
Luego, si de lo que se duele la quejosa es de que la dependencia pública con la cual lo une una relación de orden laboral, la está separando de la plaza con claves presupuestales **********, ********** y **********, que desempeñó en **********, de manera evidente se está en un plano de clara coordinación y no deriva de una relación de supra-subordinación.
En ese contexto, como se anticipó, resulta acertada la determinación del Juez de Distrito en el sentido de desechar la demanda de amparo promovida por la recurrente porque, como se indicó, los particulares a quienes reclaman los actos derivados de una relación laboral, no pueden considerarse como autoridades para los efectos del juicio de amparo pues, se insiste, entre ellos no existe una relación de supra a subordinación, porque los citados actos reclamados revelan las relaciones de coordinación entabladas entre los particulares, en donde actúan en un mismo plano, en el caso de patrón-trabajador, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas.
En tal razón, al existir relaciones entabladas entre particulares, las partes involucradas se encuentran en aptitud de acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas en ellas, o contempladas por la ley, toda vez que los particulares están en un mismo nivel, al existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.
Lo antes precisado permite establecer que, contrario a lo que sostiene la recurrente, la actuación llevada a cabo por la **********, ********** y **********, consistente en la resolución de doce de octubre de dos mil quince, dictada en el expediente **********, en la que se le impuso como sanción administrativa, en términos del artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la separación del servicio educativo en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, que ejercía en las claves presupuestales **********, ********** y **********, como ********** en la especialidad en **********, en la **********, no constituye un acto de autoridad, pues la relación que unió a la quejosa con la dependencia de mérito fue una relación de trabajo, en la que el Estado actuó en su calidad de patrón y la inconforme, en su condición de trabajadora.
En ese orden de ideas, es dable concluir que la relación que la quejosa sostuvo con el Estado, respecto de la cual fue separada del servicio público en la administración federal del servicio educativo en el Distrito Federal, es una relación de coordinación, y no de supra a subordinación, condición necesaria para considerar la existencia de un acto de autoridad, pues resulta evidente que el Estado no actuó en uso de su potestad de imperio, sino en su calidad de patrón.
En consecuencia, si en el caso particular la relación de trabajo que se dio entre la ahora recurrente en su calidad de trabajadora y el Estado en su condición de patrón se dio por concluida mediante un acto de separación del servicio público en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal que venía ejerciendo, y la justiciable está inconforme con esa determinación, es evidente que la vía laboral es la idónea para demandar y dirimir la controversia suscitada, mediante la sustanciación del procedimiento establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En tal virtud, carecen de consistencia jurídica los agravios formulados por la recurrente, en torno a que las autoridades responsables actúan con el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que la resolución combatida es de naturaleza eminentemente laboral, que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón, en este caso entre la impetrante con la Secretaría de Educación Pública, por derivar su relación laboral en un plano de coordinación y no de supra-subordinación, al quedar tales actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruente con la doble personalidad del Estado; por lo que los actos de que se duele la quejosa no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del juicio de Amparo.
Dicho de otro modo, el acto que constituye el acto reclamado no es factible impugnarlo en la vía constitucional, toda vez que constituye un acto que deriva de un vínculo laboral con el Estado-patrón, en los términos de las leyes y reglamentos que lo regulan, pero en el caso, las autoridades que señaló como responsables no actúan con imperio, que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, que emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extinga situaciones jurídicas generales que afectan la esfera legal del particular, ni tampoco se tratan de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados, pues se trata de una decisión (separación o cese) derivada en su calidad de ente patronal equiparado, en un plano de coordinación o igualdad entre ambas partes, por lo que fue correcto que el a quo desechara la demanda de amparo.
Es de citarse, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 314, Tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.—La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento."
Así como la tesis aislada I.6o.T.26 L, de este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece en la página 347, Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES.—La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito."
De igual manera resulta infundado lo argumentado por la ahora recurrente en el sentido de que al no ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia, el Juez de Distrito no estaba en condiciones de analizar si quien emitió el acto de autoridad tiene o no el carácter de autoridad, por lo que debió admitir a trámite la demanda, a fin de allegarse de toda la información necesaria para estar en posibilidad de estudiar el tema planteado; lo anterior en términos de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; debido a que como ya se señaló, el acto reclamado es de naturaleza eminentemente laboral y no fue emitido por una autoridad, en términos de la Ley de Amparo, ni por un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas en una norma general.
Por lo que si bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada en el párrafo que antecede, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, debido a que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; es de señalar que tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por lo que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, dado que dicha determinación no podría modificarse con los elementos que aportaran las partes en el procedimiento; aunado a que el propio numeral 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de amparo para que deseche la demanda de amparo, cuando –como en el caso– exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Al respecto, este Tribunal Colegiado de Circuito comparte el criterio sustentado en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, Libro 11, Tomo II, octubre de 2014, Plenos de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas», que a la letra dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26222-fe62f3ce/autoridad-para-efectos-del-amparo-no-lo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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