Corpus
Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 25/2013 (CUADERNO AUXILIAR 121/2013). 21 DE FEBRERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ALBERTO ARRIAGA FARÍAS. SECRETARIA: JOANNA KARINA PEREA CANO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 25/2013 (CUADERNO AUXILIAR 121/2013). · Registro digital (IUS): 24325
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Pág. 1701.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. ...

Luego, en el considerando sexto de la sentencia revisada, el Juez Federal determinó que resultaban fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso **********, pues existía contumacia del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, en su carácter de demandado en el juicio ********** de acatar el laudo dictado en éste y, con tal actuar, vulneraba lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, por lo que determinó conceder el amparo para efecto de que dicha autoridad realizara todas las conductas necesarias a efecto de que se cumpliera el citado laudo.

Ahora bien, la parte recurrente en contra de dicha determinación formuló como agravios, los que a continuación se sintetizan.

En su primer agravio señala que, contrario a lo que determinó el Juez Federal, no ha sido omisa en ejecutar el laudo, puesto que ya dio cumplimiento al mismo, ya que manifestó en su informe justificado que ha tenido imposibilidad jurídica para acatarlo.

Aduce que atendiendo al principio de que debe prevalecer el interés general al particular ya que la plaza **********, código **********, nivel 18, denominada **********, no es de aquellas concursables y que la plaza en que se encuentra cotizando el actor para efectos de pensión y/o jubilación no es susceptible de ser sindicalizada, cuestión que si bien, refiere no se hizo valer en el juicio laboral, no puede pasarse por alto.

Que mediante oficio ********** de dos de marzo (sic) le notificó al actor su derecho de participar en el procedimiento escalafonario y se le convocó al mismo y, posteriormente, el doce de abril la Comisión Mixta de Escalafón del Gobierno del Distrito Federal, determinó que era improcedente la solicitud realizada por el actor.

Como segundo agravio, señala la autoridad responsable recurrente que, incorrectamente, el Juez Federal determinó desestimar su causal de improcedencia, ya que considera que no reúne los requisitos que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo para ser considerada autoridad responsable.

Aduce que, al derivar el acto de un conflicto laboral, que se generó por el vínculo entre la recurrente como patrón y el quejoso como trabajador, las relaciones entre éstos son en un plano de concordancia y no supra-subordinación, de ahí que sus relaciones en el procedimiento laboral son como las de cualquier otro particular, y no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Además, que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al ser demandado en el juicio laboral de origen, tiene el carácter de tercero perjudicado y no de autoridad responsable.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera fundado el agravio segundo antes sintetizado, y suficiente para revocar la sentencia materia del recurso, pues en el caso sí se actualiza la causal de improcedencia alegada, en atención a las siguientes consideraciones:

Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 288, sostenida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 193, Tomo VI, Primera Parte, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"IMPROCEDENCIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO DESESTIMÓ ALGUNA DE LAS CAUSALES, SE REQUIERE AGRAVIO EN LA REVISIÓN PARA REEXAMINARLA. Si bien el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia, en su caso, deben ser examinadas de oficio, cuando un Juez de Distrito desestima expresamente alguna de ellas, al no estar ya de por medio en esa determinación el orden público que justifica la referida oficiosidad, sino tan solo el interés privado de la parte que resulta afectada por ella, el órgano revisor únicamente puede abordar, por regla general, el estudio de la determinación del Juez a la luz de los agravios que se hagan valer por el recurrente."

Se considera que le asiste razón a la parte recurrente, puesto que efectivamente y contrario a lo determinado por el Juez Federal, en el caso sí se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 11, este último interpretado a contrario sensu, ambos la Ley de Amparo, que establecen:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.

"Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.

"..."

"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."

De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se obtiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares.

Ahora bien, tratándose de la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo", el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito se ha pronunciado de la siguiente manera:

Es ilustrativo el criterio de jurisprudencia número VI.2o. J/286, emitido por el mencionado órgano jurisdiccional, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, materia común, página 61, que dice:

"AUTORIDAD, CONCEPTO DE, PARA EFECTOS DEL AMPARO. De acuerdo con lo establecido por el artículo 103, fracción I, constitucional y el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, debiendo entenderse por tal, no aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino a la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública."

Ciertamente, es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública.

Luego, para que un órgano del Estado sea considerado como autoridad, el acto reclamado debe tener las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, a diferencia de los actos de particulares que provienen no sólo de personas físicas o morales de carácter privado, sino también de entidades sociales o públicas cuando estas últimas no desempeñan el imperio del Estado, ya que carecen de los elementos precisados y, aunque pueden ocasionar lesiones de cualquier índole, contra ellos no procede el juicio de garantías.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la tesis P. XXVII/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, del siguiente tenor:

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."

Conforme a lo considerado por ese Alto Tribunal, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos.

Igualmente, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió características distintivas de la autoridad para efectos del juicio de amparo, de las que precisó las siguientes:

a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;

b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad;

c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y,

d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

Dicho criterio se puede consultar bajo la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, septiembre de 2011, de rubro y texto siguientes:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."

Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución.

Además, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, dado que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad.

Así, para distinguir un acto de particular con el de autoridad, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber:

a) Las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral.

En este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.

b) Las relaciones de supra a subordinación, en contraste, son las que se establecen entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo.

Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.

c) Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República.

Bajo ese contexto, para definir el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si las que se someten a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubican dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior.

Lo anterior, siguiendo el criterio establecido por la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXXVI/99, consultable en la página 307, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo de 1999, que dice:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado."

De lo anterior se desprende que "autoridad" es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.

En el caso, de lo señalado en esta ejecutoria y de los antecedentes vertidos por la quejosa en la demanda de amparo indirecto, se aprecia que la "autoridad" que el amparista señaló como "responsable", no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, ya que en el juicio ordinario laboral tuvo la calidad de parte demandada por ser el patrón de la entonces actora, aquí quejosa; y el laudo que en el juicio laboral se emitió quedó firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Lo cual implica que la relación que existe entre la quejosa y el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, es de particulares.

Consecuentemente, si en el caso que nos ocupa, de las copias certificadas del expediente laboral ********** que obran agregadas en el tomo de pruebas se advierte que en ese preciso juicio se demandó del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal la nulidad del nombramiento a favor de ********** de la plaza con número **********, código de puesto **********, nivel 18, denominación **********, así como la aplicación del título tercero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la aplicación del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Base de la Administración Pública del Distrito Federal, y el reconocimiento jurídico para participar en el citado procedimiento escalafonario; y así fue que, con el carácter de parte demandada, ocurrió a dar contestación al libelo, para finalmente, ser condenada en el laudo pronunciado el diecisiete de octubre de dos mil nueve, en los siguientes términos (fojas 211 a 219 del tomo de pruebas del juicio de amparo **********):

"...

"Tercero. Se condena a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal a declarar la nulidad del nombramiento de la C. ********** en la plaza **********, código **********, nivel 18, denominada **********, sin embargo con el objeto de no causar perjuicio a la trabajadora ********** la misma deberá de detentar dicha plaza en forma interina, hasta en tanto, se efectúe el implemento del concurso escalafonario de dicha plaza, a que se refiere el título tercero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Base de la Administración Pública del Distrito Federal y a que le reconozca al actor su derecho para participar en el procedimiento escalafonario que efectúe para el concurso de la plaza **********, código **********, nivel 18, denominada **********, lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa de esta resolución.

"..."

En ese sentido, si lo que se impugnó a través del juicio de amparo indirecto, fundamentalmente, es la omisión de cumplimiento del laudo dictado por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente **********; este Tribunal Colegiado considera que le asiste razón a la autoridad recurrente de que se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que tal conducta deriva de una relación de igualdad y no de gobernante-gobernado, de índole laboral, que se entabló entre el trabajador y el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, en su calidad de patrón, como incluso lo destacó la entonces actora, quejosa, en su propia demanda de amparo, en el sentido de que dicho demandado es su patrón, lo cual adquirió inmutabilidad y, en ese sentido, el vínculo entre las partes es de coordinación y no de supra a subordinación; y no surgió en ejercicio de una potestad pública para los efectos del amparo, pues en esta hipótesis están investidas con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; de lo que se deduce que, en el caso particular, actuó como una persona moral de derecho privado, no por mandato de la ley; luego, no colma los requisitos de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

Por consiguiente, es necesario que la relación jurídica entablada entre el gobernado y el servidor público sea de supra a subordinación, para que pueda considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

Lo que en la especie no sucede pues, como ya se dijo, la relación existente entre el quejoso y el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, reviste un plano de igualdad en el que el vínculo jurídico es de índole laboral, no de una relación de supra a subordinación como la que se suscita entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular.

Por tanto, si el quejoso está inconforme con la omisión de acatar completamente el laudo en el que fue condenado el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, quien es competente para requerir el cumplimiento del laudo condenatorio lo es la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dado que, se insiste, la relación que surgió entre ellos nació de un acto de coordinación.

Este Tribunal Colegiado no inadvierte la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 85/2011,(1) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que sirvió de sustento al Juez Federal en la sentencia reclamada para desestimar la causal de improcedencia que aquí se analiza, criterio que es el siguiente:

"DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Criterio que, además, sirvió de apoyo al Juez Federal para determinar la concesión de amparo solicitado en contra del secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, como autoridad responsable, para que diera cumplimiento al laudo de dieciséis de octubre de dos mil nueve, dictado en el juicio laboral **********, bajo el argumento de que la omisión de dar cumplimiento al laudo constituye un acto de autoridad al afectar la esfera legal de la actora porque le impide obtener la prestación que demandó lo que, en el caso concreto, vulneraba en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional.

Toda vez que a criterio de los Magistrados integrantes de este órgano colegiado, la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, no resulta aplicable al caso particular, ya que del contenido de la ejecutoria que le dio origen, se aprecia, en primer lugar, que los criterios discrepantes provinieron de los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Décimo Segundo Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, los cuales resolvieron precisamente temas de carácter civil y, en segundo lugar, que la materia de dicha contradicción se centró en la limitación de la ejecución forzosa tratándose de instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, en términos del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles; véase:

"...

"La materia de la presente contradicción se centra, precisamente, en la limitación de la ejecución forzosa tratándose de instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, en términos del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone:

"‘Artículo 4o. Las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija de las partes.

"‘Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. ...’

"En la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles de veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos, se señaló en torno al texto del artículo 4o. que ha permanecido sin modificaciones, lo siguiente:

"‘... como expresamente se dispone en el artículo 3o., respetando, así, el principio de igualdad procesal, que esencialmente consiste en que el proceso debe desenvolverse sin consideración alguna personal ... principio éste que se desenvuelve y perfecciona al equiparar a la Federación misma con un simple particular, según lo que se previene en el artículo 4o. ...

"‘La única excepción a la regla de la igualdad es la contenida en el artículo 4o., que dispone que nunca podrá dictarse en contra de la Federación o de las entidades federativas mandato de ejecución ni providencia de embar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24325-cebf9e21/amparo-en-revision-25-2013-cuaderno-auxiliar-121 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.