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Modo: Corpus Pro

MEDIOS DE APREMIO. EL ARTÍCULO 731 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO ES DE APLICACIÓN SUPLETORIA PARA QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE HAGA CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, AL EXISTIR EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DISPOSICIÓN EXPRESA EN ESE SENTIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17636
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, , Pág. 206.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en las resoluciones RT. 757/2002 y RT. 877/2002, resueltas los días once de octubre y doce de noviembre, ambas del año dos mil dos, respectivamente, en la parte que interesa, dicen:

RT. 757/2002.

"Se duele el recurrente, que la Juez Federal indebidamente autorizó a la responsable para que aplique en forma supletoria una medida de apremio distinta a la que se encuentra consagrada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en virtud de que si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo es supletoria de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también lo es que este último ordenamiento legal regula claramente las medidas de apremio, es decir, existe disposición expresa al respecto, por lo que la pretendida supletoriedad no es aplicable y que si bien el artículo 150 de la ley burocrática dispone que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, se deben dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, ello no implica que la responsable pueda excederse de las facultades que la propia ley y la Constitución le otorgan. ... Son fundados los agravios reseñados, por los motivos que a continuación se exponen: El artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Por su parte, el numeral 151 del ordenamiento legal en cita, regula el procedimiento para la ejecución de los laudos emitidos por alguna de las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y al efecto determina que despachará auto de ejecución y comisionará al actuario para que se constituya junto con la parte que obtuvo, en el domicilio del condenado y le requiera el cumplimiento de la resolución respectiva, apercibiéndola que de no cumplirla, se procederá conforme al título referente a los medios de apremio, previstos en los artículos 148 y 149 de la ley burocrática. A su vez, el artículo 148 señala que el tribunal para hacer cumplir sus determinaciones podrá imponer multas hasta de un mil pesos. Sentado lo anterior, debe decirse que asiste razón al recurrente, porque de una interpretación armónica de los dispositivos legales antes invocados y atendiendo que, en el caso, se pretende hacer uso de los medios de apremio previstos en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para hacer cumplir sus resoluciones únicamente procede la imposición de una sanción económica, por lo que si existe disposición expresa en cuanto a la forma en que se debe proceder para lograr el cumplimiento de una condena, no es dable jurídicamente ni se justifica de manera alguna, el recurrir a la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que se dé cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen. En otras palabras, no es posible jurídicamente acudir a la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo y concretamente al artículo 731, que establece los medios de apremio para hacer cumplir las resoluciones emitidas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, porque en el estatuto burocrático existe una norma expresa que es aplicable al caso concreto, que si fue ineficaz para que la Sala haga cumplir el laudo pronunciado, esa circunstancia no permite recurrir a otra norma proveniente de la ley diversa y si la juzgadora de primera instancia así lo consideró, esa determinación es incorrecta. Independientemente de lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que la Juez no analizó el segundo concepto de violación planteado en el amparo, respecto del cual procede su análisis en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: ‘... En efecto, los actos reclamados que le imputó a la autoridad responsable es el no tomar en cuenta y no considerar otras medidas ante el incumplimiento del laudo dictado a mi favor en el juicio laboral número 3162/99, promovido por la parte quejosa en contra del tercero perjudicado, ya que las constantes diligencias actuariales y acuerdos plenarios que obran en el expediente de referencia, se advierte que del acuerdo de 4 de junio de 2002, también es más cierto que ante la negativa del cumplimiento por parte del tercero perjudicado se ordenó la aplicación del apercibimiento al tercero perjudicado con la multa y la medida de apremio que establece el artículo 148 de la ley burocrática, no siendo suficiente dicho apercibimiento se me otorgue el nombramiento, se me pague el nivel salarios (sic), se me reconozca mi antigüedad y se me cubran las prestaciones inherentes a dicho nombramiento como inspectora de educación física de 48 horas, de ahí que la autoridad responsable en el acto reclamado al ordenar nuevamente del suscrito quejoso apercibiendo al tercero perjudicado -que de no cumplir, se estará a lo ordenado a la multa de $1.00 que establece el artículo 148 del código burocrático-, dicha conducta transgrede y se contrapone a la obligación del artículo 150 del mismo ordenamiento burocrático que incita y faculta a la Sala responsable a tomar las medidas necesarias para proceder al eficaz cumplimiento de sus resoluciones, ya que en el acto reclamado nuevamente se establece que con fundamento en los artículos 150 y 151 de la ley burocrática. Comisiónese a un actuario para que en compañía del actor o de su apoderado legal, en su caso, se constituyan en el domicilio oficial del titular demandado y lo requiera una vez más para que en ese momento ordene a quien corresponda se me otorgue el nombramiento, se me pague el nivel salarial, se me reconozca mi antigüedad y se me cubran las prestaciones inherentes a dicho nombramiento como inspectora de educación física de 48 horas; como se puede advertir del acto reclamado, es evidente que la autoridad responsable está violando la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 constitucional, que obliga a los tribunales a resolver los juicios ante ellos ventilados, tomando en consideración todas aquellas medidas pertinentes y adecuadas, y dentro de los términos consignados por la ley se pueda aplicar una justicia pronta y expedita al caso, el agravio consiste precisamente en que la Sala responsable no cumple con dicho precepto constitucional porque a la fecha ha transcurrido casi un año sin que haya ejecutado el laudo dictado a mi favor el 25 de septiembre de 2000, con lo que se me está privando y se me está negando el derecho a una administración de justicia pronta y expedita y como efecto reflejo legal se me está privando del derecho al trabajo consagrado en el artículo 5o. constitucional, y como efecto reflejo legal también de la negativa a la administración de justicia pronta y expedita, se me está negando el derecho por parte de la autoridad responsable al cumplimiento estricto del artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir con el laudo de mérito dejando a voluntad, a diestra y siniestra del tercero perjudicado la manipulación del tiempo para la ejecución del laudo, lo que no se puede permitir ni está permitido legalmente por autoridad alguna, pues entonces estaríamos ante un caso de burla para los tribunales legalmente establecidos, y sobre todo que considero que el artículo 148 de la ley burocrática es contrario al espíritu y esencia del artículo 17 constitucional, pues limita el poder y facultad de la autoridad responsable para hacer ejecutar y cumplir satisfactoriamente sus resoluciones, por lo que es evidente que si la misma ley burocrática dota a la autoridad responsable en el artículo 150 para dictar las medidas necesarias y proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos ...’. Es fundado el anterior concepto de violación pues ciertamente el referido artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como ya se expresó, establece la obligación imperativa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de proveer lo necesario para la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, para tal fin, dictará las medidas necesarias en la forma y términos en que sean procedentes. De las constancias procesales que integran el juicio de amparo indirecto promovido por ... se advierte que la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señalada como autoridad responsable, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ha apercibido al titular demandado con la imposición de una multa hasta de un mil pesos que, conforme al cambio en la denominación vigente por virtud de la reforma a la Ley Monetaria, equivale a un peso, lo cual ha resultado ineficiente y hasta irrisible para el debido cumplimiento del laudo del veinticinco de septiembre de dos mil, medio de apremio impuesto hasta en cinco ocasiones anteriores al reclamado. Evidentemente que esa medida ha resultado insuficiente e ineficaz para obtener el cumplimiento del laudo, máxime que la Sala ha pasado por alto que la mencionada multa prevista en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debe aplicarse en esos términos en los casos en que se hubiere impuesto la medida de apremio en la época en que existía otra unidad monetaria, y como tal medida no está referida a un ordenamiento monetario en especial, es evidente que la multa debe imponerse con base en la unidad monetaria vigente cuando se incurra en desacato a un mandamiento judicial, o sea, la equivalente a un mil nuevos pesos. Tiene aplicación analógica al respecto, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 85/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 15/2001-PL, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y los Tribunales Octavo en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, Tomo XVI, agosto de 2002, página 269, cuya voz y texto son: ‘MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.’ (se transcribe). Consecuentemente, la autoridad responsable, a fin de lograr el cumplimiento de la condena decretada, debe proceder en los términos indicados o, en su defecto, atendiendo a la naturaleza de la condena en que se contiene una obligación de hacer, debe tomar las medidas necesarias para el eficaz cumplimiento del laudo condenatorio, señalando el plazo que estime conveniente para ese efecto, en debida observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al tenor de las consideraciones anteriores, lo que procede es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ... para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo correspondiente para lograr el cumplimiento del laudo."

RT. 877/2002.

"El recurrente aduce como agravios, que la resolución impugnada viola garantías en su perjuicio, en virtud de que la Juez de Distrito aplica de forma inadecuada e inexacta el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que, asimismo, omite observar y aplicar lo dispuesto expresa e imperativamente en el artículo 148 del citado ordenamiento, además de que en forma ilegal e indebida pretende aplicar de manera supletoria el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. El inconforme argumenta que la Juez Federal ordenó la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, en forma indebida e ilegal, ya que si bien es cierto que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé y admite la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, dicha supletoriedad no puede entenderse y aplicarse de forma ilimitada y absoluta, sino únicamente cuando concurren ciertos supuestos, los cuales no se configuran en el caso concreto, pues la ley burocrática regula en forma expresa, clara y suficiente la figura jurídica de los medios de apremio, ya que en su artículo 148 establece que para hacer cumplir sus determinaciones, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje podrá imponer multas hasta de mil pesos, por lo que la pretendida supletoriedad no es aplicable, pues ella implicaría modificar o adicionar la ley en puntos esenciales al aplicar medios de apremio que no están previstos en tal ordenamiento. Son fundados los agravios antes sintetizados por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Por su parte, el numeral 151 del ordenamiento legal en cita, regula el procedimiento para la ejecución de los laudos emitidos por alguna de las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y, al efecto, determina que despachará auto de ejecución y comisionará al actuario para que se constituya, junto con la parte que obtuvo, en el domicilio del condenado y le requiera el cumplimiento de la resolución respectiva, apercibiéndola que de no cumplirla, se procederá conforme al título referente a los medios de apremio previstos en los artículos 148 y 149 de la ley burocrática. A su vez, el artículo 148 señala que el tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones podrá imponer multas hasta de mil pesos. Sentado lo anterior, debe decirse que asiste razón al recurrente, porque de una interpretación armónica de los dispositivos legales antes invocados y atendiendo a que, en el caso, existe disposición expresa en cuanto a la forma en que se debe proceder para lograr el cumplimiento de una condena, no es dable jurídicamente ni se justifica de manera alguna, el recurrir a la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que se dé cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen. En otras palabras, no es posible jurídicamente acudir a la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo y concretamente al artículo 731, que establece los medios de apremio para hacer cumplir las resoluciones emitidas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, porque en el estatuto burocrático existe una norma expresa que es aplicable al caso concreto, que si resulta ineficaz para que la Sala haga cumplir el laudo pronunciado, esa circunstancia no permite recurrir a otra norma proveniente de ley diversa y si la juzgadora de primera instancia así lo consideró, esa determinación es incorrecta. Por otra parte, pese a lo fundado del agravio, ello no da lugar a la revocación de la sentencia recurrida, porque este Tribunal Colegiado advierte que la Juez no analizó el segundo concepto de violación planteado en el amparo, respecto del cual procede su análisis en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, el que es del tenor literal siguiente: (se transcribe). Es fundado el anterior concepto de violación, pues ciertamente el referido artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como ya se expresó, establece la obligación imperativa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de proveer lo necesario para la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, para tal fin, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. De las constancias procesales que integran el juicio de amparo indirecto promovido por ... se advierte que la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señalada como autoridad responsable, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ha apercibido al titular demandado con la imposición de una multa hasta de mil pesos que, conforme al cambio en la denominación vigente por virtud de la reforma a la Ley Monetaria, equivale a un peso, lo cual ha resultado ineficiente y hasta irrisible, para el debido cumplimiento del laudo de trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve, medio de apremio impuesto en trece ocasiones anteriores al acto reclamado. Evidentemente, esa medida ha resultado insuficiente e ineficaz para obtener el cumplimiento del laudo, máxime que la Sala ha pasado por alto que la multa prevista en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debe aplicarse en esos términos en los casos en que se hubiere impuesto la medida de apremio en la época en que existía otra unidad monetaria y como tal medida no está referida a un ordenamiento monetario en especial, es evidente que la multa debe imponerse con base en la unidad monetaria vigente cuando se incurra en desacato a un mandamiento judicial, o sea, en el caso, la equivalente a un mil nuevos pesos. Tiene aplicación analógica al respecto, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 85/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 15/2001-PL, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y los Tribunales Octavo en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, Tomo XVI, agosto de 2002, página 269, cuya voz y texto son: ‘MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.’ (se transcribe). Consecuentemente, la autoridad responsable, a fin de lograr el cumplimiento de la condena decretada, debe proceder en los términos indicados o, en su defecto, atendiendo a la naturaleza de la condena en que se contiene una obligación de hacer, debe tomar las medidas necesarias para el eficaz cumplimiento del laudo condenatorio, señalando el plazo que estime conveniente para ese efecto, en debida observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al tenor de las consideraciones anteriores, lo que procede es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Raúl Pérez Batis, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo plenario de veintisiete de mayo de dos mil dos y, en su lugar, atendiendo a los lineamientos que orientan esta ejecutoria, dicte el acuerdo correspondiente para lograr el cumplimiento del laudo de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve."

Dicho criterio dio origen a la siguiente tesis (donde sólo se anota el primer precedente):

"Novena Época

"Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer

Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVII, marzo de 2003

"Tesis: I.7o.T.74 L

"Página: 1747

"MEDIOS DE APREMIO. EL ARTÍCULO 731 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES DE APLICACIÓN SUPLETORIA RESPECTO A LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 150, estatuye que es obligación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer respecto a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que deberá dictar las medidas que a su juicio estime necesarias; por su parte, el numeral 151 regula el procedimiento para la ejecución de los laudos y establece que al efecto se proceda conforme a los medios de apremio que se contienen en los artículos 148 y 149, en donde se dispone que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para lograr el cumplimiento de esas resoluciones, podrá imponer multas, de donde se concluye que en dicha legislación existe disposición expresa para que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje pueda lograr el cumplimiento de los laudos condenatorios; en consecuencia, no tienen aplicación supletoria las medidas previstas en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostiene en el RT. 362/2002, resuelto el día veintiséis de abril del año dos mil dos, lo siguiente:

"QUINTO. Es infundado el agravio que hace valer el recurrente, en el que básicamente se duele que le causa perjuicio que el Juez de Distrito para garantizar la ejecución del laudo dictado el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se condenó a la Secretaría de Educación Pública a reinstalar al actor, haya considerado procedente la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, concretamente su artículo 731, para efectos de que la responsable aplique una medida de apremio distinta de la prevista por el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, bajo el argumento de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Esto es así, porque aunque el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece: ‘Artículo 11. En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad.’. Del precepto transcrito, se advierte que la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo respecto a la ley burocrática, opera ante la falta de disposición expresa en este último ordenamiento. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que el sistema de supletoriedad no sólo tiene por objeto regular las cuestiones que estando comprendidas en la ley carecen de reglamentación, sino también aquellas que se encuentran deficientemente reglamentadas, como se aprecia de las tesis aisladas que se enuncian a continuación: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.’ (se transcribe). Criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y siete, Séptima Época, Volúmenes 121-126, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación; y, ‘LEYES SUPLETORIAS, APLICACIÓN DE LAS. Solamente se aplicarán las leyes supletorias en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentran carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas.’. Tesis aislada de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de la Nación, consultable en la página mil veintidós, Quinta Época, Tomo CXI, del Semanario Judicial de la Federación. De ahí que el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone: ‘Artículo 148. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de mil pesos.’. Multa que, en virtud de la reforma a la Ley Monetaria, de veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, que estableció la equivalencia de mil pesos a un peso actual, resulta ineficaz e insuficiente para impulsar el cumplimiento de los laudos, dado el irrisorio menoscabo económico que representa para quienes deben cumplir con las determinaciones tomadas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por otro lado, el artículo 17 constitucional, en sus párrafos segundo y tercero, literalmente señala: (se transcribe). Por su parte, el numeral 150 de la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, que recoge dicha garantía, refiere: ‘Artículo 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.’. Lo anterior permite establecer que es ineludible la obligación de los tribunales de trabajo para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que ante la insuficiencia de la multa que prevé el artículo 148 de Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la autoridad de trabajo debe hacer uso de cualquier otra determinación para la ejecución de sus laudos; sin embargo, como las medidas que decrete no pueden salirse del contexto de los instrumentos jurídicos consignados en la ley de la materia para el propósito indicado, resulta correcto que la Juez de Distrito haya resuelto que era procedente aplicar los medios de apremio que señala el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, de forma supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En ese contexto, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa."

CUARTO. Una vez asentado lo anterior, debe precisarse si existe la contradicción de tesis señalada.

Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Para determinar cuándo existe contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, junio de 2000

"Tesis: 1a./J. 5/2000

"Página: 49

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia."

Tomando en cuenta las transcripciones realizadas y lo expresado en el considerando anterior, debe precisarse que existe la contradicción de criterios, ya que en las ejecutorias transcritas se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes, partiendo del examen de los mismos elementos.

Efectivamente, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito considera que al contenerse en la Ley Federal de los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17636-bcb622ef/medios-de-apremio-el-articulo-731-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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