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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ES VÁLIDA LA SUSTITUCIÓN DEL PERITO MIENTRAS EL PROPUESTO NO RINDA SU DICTAMEN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17506
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 333.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Las consideraciones sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver los amparos directos 36961/2001, 321/2002, 241/2002 y 2721/2002, en sesiones de veinticuatro de enero, siete y catorce de febrero y veintidós de marzo, en su parte conducente, se transcriben a continuación.

En el amparo directo 2721/2002, el Tribunal Colegiado sostuvo lo siguiente:

"TERCERO. Los conceptos de violación son, en sus diversas etapas, fundados pero inoperantes, infundados y fundados. ... Los conceptos de violación son infundados porque la Junta responsable no tenía por qué desechar el dictamen del perito del demandado por el hecho de que la perito que finalmente aceptó y protestó el cargo conferido no sea aquella a la que se refirió el instituto demandado en su escrito de ofrecimiento de pruebas, ya que si bien es verdad que al ofrecer la prueba manifestó que sería a cargo de la doctora Lucía Sánchez Arreguín, no menos cierto resulta que, cuando dicha prueba fue ofrecida, el oferente a su vez manifestó que sería a cargo de la mencionada profesionista 'y/o quien éste designe, reservándome el derecho para sustituirlo cuantas veces sea necesario' (folio 58), observándose del acta levantada en la audiencia de fecha siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, que se hizo constar que la doctora Martha Liliana Galina Macías comparecía como perito del demandado, considerándose que dicho momento fue óptimo para sustituir al perito que se había designado con anterioridad, puesto que aún no daba inicio la audiencia tendiente a efectuar el desahogo de la pericial en comentario y lógicamente el perito señalado primeramente aún no protestaba el desempeño del cargo, además de que en la Ley Federal del Trabajo no existe prohibición de sustituir al perito que previamente se haya propuesto; tiene aplicación al respecto la tesis sostenida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41 del Volumen número 30, Quinta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyos rubro y texto son como sigue: 'PERITO, SUSTITUCIÓN DEL, POR LA PARTE QUE LO PROPUSO. La Ley Federal del Trabajo no prohíbe a las partes la sustitución de sus peritos, lo que hace que al no estar esto prohibido, deba considerarse tácitamente admitido por el legislador, con la natural taxativa de que lo haga antes de que ya no pueda tener derecho a que su perito rinda el correspondiente dictamen.'."

Del amparo directo 241/2002, importa destacar las siguientes consideraciones:

"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación que se hacen valer conduce a determinar lo siguiente: Sostiene el quejoso en su primer concepto de violación, esencialmente, que la Junta responsable viola los artículos 824, 825, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, sus garantías tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en forma indebida aceptó el desahogo de la prueba pericial a cargo de persona diversa a la nombrada por la demandada en la audiencia de pruebas respectiva, esto es, distinto al médico Ricardo Enciso Cancino, quien nunca compareció ante la Junta del conocimiento y en el desahogo de dicha probanza presentó a diverso perito, por tanto, al no ser el perito designado, carecía de los estudios que le fueron practicados, desconociendo la patología y sus condiciones de salud que le permitieran emitir un dictamen; en tales condiciones, la Junta laboral no debió aceptar la sustitución del perito del demandado ni admitir su dictamen. Es infundado el anterior alegato, conforme a las consideraciones siguientes. El artículo 823 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el ofrecimiento de la prueba pericial, establece: 'La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes.'. Por su parte, el diverso numeral 825 del mismo ordenamiento, en sus fracciones I y II dispone: 'En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes: I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior; II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen.'. De los preceptos antes transcritos se advierte que en el primero se establece la forma en que debe ofrecerse la prueba pericial y los requisitos que deben cumplirse para su admisión, esto es, la materia sobre la que deba versar y el interrogatorio sobre el que deba desahogarse, y en el segundo, que las partes deben presentar a su perito en la fecha señalada para su desahogo, quienes, previa protesta del cargo conferido, emitirán opinión respecto a la cuestión planteada, salvo que por causa justificada soliciten un aplazamiento. Ahora bien, en la especie se advierte que en la audiencia de ley celebrada el ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, el instituto demandado, aquí tercero perjudicado, al ofrecer la prueba pericial de referencia, cumplió con los requisitos del artículo 825 de la ley laboral, esto es, indicó la materia en que ésta debía versar, formuló el interrogatorio respectivo y nombró como perito de su parte al doctor Ricardo Enciso Cancino, probanza que le fue admitida en sus términos. Cabe precisar que el perito nombrado por el instituto demandado al ofrecer la prueba, en ningún momento se constituyó ante la responsable para aceptar y protestar el cargo conferido, pues no existe en autos constancia que acredite tal aceptación, ante lo cual ningún impedimento legal existió para que la autoridad del conocimiento aceptara la sustitución de un perito diverso al originalmente propuesto. Por tanto, se concluye que la actuación de la Junta responsable, de aceptar la sustitución del perito al instituto demandado, no es violatoria de garantías, pues su actuar encuentra apoyo en lo dispuesto por los artículos 823 y 825 de la Ley Federal del Trabajo."

En el amparo directo 36961/2001 se consideró que:

"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación que se hacen valer conduce a determinar lo siguiente: Sostiene el quejoso en su primer concepto de violación, esencialmente, que la Junta responsable viola sus garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al haber decretado en audiencia de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve la deserción de la prueba pericial que le fue admitida a su representada, argumentando como base de su determinación el hecho de que sin haber revocado previamente el nombramiento del perito Miguel Ángel González Ramírez, a cuyo cargo se admitió el desahogo del citado medio probatorio, presentó a diverso profesional de nombre Jorge Chino Pozos, quien al rendir protesta manifestó que lo hacía como perito de la parte actora, fundando su acuerdo en lo dispuesto por el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, razonamientos que el quejoso estima incorrectos, en virtud de que dicho precepto no resulta aplicable al caso concreto y, por el contrario, la responsable primera vulnera lo dispuesto por el artículo 883 de la ley de la materia al haber omitido tomar las medidas necesarias tendientes a la preparación y desahogo de la citada probanza, sin tomar en cuenta que debido a un error mecanográfico, al hacer uso de la palabra el perito José Chino Pozos, se asentó que fungía como perito de la parte actora, sin tomar en cuenta que del acta respectiva se desprende que lo hacía en nombre de su representada, y sobre todo porque la ley laboral no prohíbe la sustitución del perito propuesto, según se advierte del texto de la fracción I del artículo 825 de dicho ordenamiento, que establece únicamente que cada parte deberá presentar a su perito, pero no dispone que tenga que ser el anteriormente nombrado, máxime que por ser una prueba colegiada no importa el nombre del profesional, sino el dictamen que se emita; asimismo, porque la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece como requisito para poder sustituir a un perito, el que previamente se tenga que revocar un nombramiento anterior, mucho menos cuando la probanza no se encuentre debidamente preparada para su desahogo, ante lo cual, la resolución adoptada por la responsable carece de la debida fundamentación y motivación. Es fundado el anterior argumento expresado por el solicitante del amparo y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada, atento las consideraciones siguientes. El artículo 823 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el ofrecimiento de la prueba pericial establece: 'La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes.'. Por su parte, el diverso numeral 825 del mismo ordenamiento, en sus fracciones I y II dispone: 'En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes: I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior; II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen.'. De los preceptos antes transcritos se advierte que en el primero se establece la forma en que debe ofrecerse la prueba pericial y los requisitos que deben cumplirse para su admisión, esto es, la materia sobre la que deba versar y el interrogatorio sobre el que deba desahogarse, y en el segundo, que las partes deben presentar a su perito en la fecha señalada para su desahogo, quienes, previa protesta del cargo conferido, emitirán opinión respecto a la cuestión planteada, salvo que por causa justificada soliciten un aplazamiento. Ahora bien, en el particular se advierte que en la audiencia de ley celebrada el trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la demandada, hoy quejosa, al ofrecer la prueba pericial de referencia, indicó que ésta debía versar en materia de caligrafía, grafoscopía, grafometría y dactiloscopía, y formuló el interrogatorio respectivo para el desahogo de dicho medio probatorio, además, nombró como perito de su parte a Miguel Ángel González Ramírez, persona que se comprometió a presentar ante la responsable a efecto de que aceptara y protestara el desempeño del cargo conferido (foja 27 del anexo); al respecto, la Junta laboral en términos generales acordó: 'Aceptándose las demás pruebas ofrecidas por las partes en sus términos'. De lo anterior se desprende que el impetrante del amparo, al ofrecer la prueba pericial en comento, cumplió con los requisitos que al efecto le impone el artículo 823 de la ley de la materia, esto es, indicó la materia sobre la cual debía versar esa probanza y formuló el cuestionario respectivo. Cabe agregar que el perito que la ahora quejosa nombró al ofrecer la prueba, en ningún momento se constituyó ante la responsable para aceptar y protestar el cargo conferido, por lo cual, al no existir constancia que acredite tal aceptación, ningún impedimento legal existe para que la autoridad del conocimiento acepte la sustitución de un perito diverso al originalmente propuesto, por tanto, se concluye que la resolución de la responsable de declarar la deserción de la prueba pericial admitida a la hoy quejosa, vulnera lo dispuesto por los artículos 823 y 825 de la Ley Federal del Trabajo y, consecuentemente, los artículos 14 y 16 constitucionales. No pasa inadvertido para este tribunal lo argumentado por la Junta laboral en el sentido de que el perito propuesto, Jorge Chino Pozos, al hacer uso de la palabra en la diligencia de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, manifestó aceptar y protestar el cargo de perito de la parte actora, pues de la propia audiencia se infiere que el mismo fue presentado por el apoderado de la parte demandada, y que tal manifestación obedece a un error mecanográfico, el que ninguna trascendencia tiene para decretar la deserción de la prueba pericial en estudio. Resulta aplicable en el particular la tesis sostenida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, que este tribunal comparte, visible a página 1765, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: 'PERITO. SUSTITUCIÓN DEL NOMBRADO POR UNA DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. La sustitución del perito nombrado por una de las partes o el designado por la autoridad laboral, en los casos de los artículos 824 y 826 de la Ley Federal del Trabajo, se podrá realizar hasta antes de que el perito proteste el cargo conferido, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 825, fracción II, del citado ordenamiento, inmediatamente a la protesta tendrá que rendir su dictamen. En ese tenor debe entenderse que no existe ningún impedimento legal para que la autoridad del conocimiento acepte la sustitución de un perito diverso al propuesto originalmente, atendiendo a que la prueba pericial fue ofrecida y admitida en su oportunidad procesal, máxime que el artículo 780 de la ley en mención impone la obligación a las partes de proporcionar todos los elementos necesarios para el desahogo de sus pruebas.'."

Al resolver el amparo directo 321/2002 consideró:

"TERCERO. Resultan infundados e inoperantes en parte y fundados en otra, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, atento las siguientes consideraciones. En el primer concepto de violación alega, en esencia, que no fue debidamente desahogada la prueba pericial ofrecida por el instituto demandado, pues dice que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se señaló a un perito y para el día del desahogo de la misma se presentó otro, quien además pidió prórroga, que le fue indebidamente concedida, lo cual estima violenta lo señalado en los artículos 824 y 825 de la Ley Federal del Trabajo, pues a su juicio, sólo tratándose de los trabajadores puede ocurrir esta situación; que además no se anunció con tiempo el cambio de médico, motivo por el que se estima que la resolución no se ajusta a derecho, y cita, para reforzar su dicho, diversas tesis. Resulta desafortunada la aseveración anterior, habida cuenta que si bien es verdad que el día de la audiencia de la prueba pericial médica, la parte demandada presentó al Dr. Alberto René López Moreno, en sustitución de la Dra. Patricia Pérez Lagos, el primero de los nombrados aceptó y protestó el cargo en términos de ley (folio 50), y sí solicitó prórroga para poder rendir su dictamen. Ello se encuentra apegado a lo dispuesto en el artículo 825, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, aunado a que tal proceder en nada perjudica al quejoso, habida cuenta que si lo que se busca con la citada prueba es que se demuestren los padecimientos de que se dolía el ahora peticionario, y el perito cumple con exhibir la cédula correspondiente, así como el registro y la matrícula, asimismo existe la aceptación del cargo, dicho médico cumple con los requisitos dispuestos en los artículos 821 a 826 de la Ley Federal del Trabajo, pues se trata de un profesional con autorización legal para ejercer y, además, se evidencia que es especialista en la materia, no existe impedimento legal para que se pueda sustituir al perito. Luego, no perjudica el que se haya cambiado al médico sin que mediara aviso previo, ni tampoco el hecho de que se haya aceptado el cambio de perito pues, se insiste, lo que se busca es tener todos los elementos para desahogar debidamente la prueba pericial, motivo por el cual este argumento resulta infundado. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis visible en la página 1765 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio comparte este tribunal y es del tenor literal siguiente: 'PERITO. SUSTITUCIÓN DEL NOMBRADO POR UNA DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. La sustitución del perito nombrado por una de las partes o el designado por la autoridad laboral, en los casos de los artículos 824 y 826 de la Ley Federal del Trabajo, se podrá realizar hasta antes de que el perito proteste el cargo conferido, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 825, fracción II, del citado ordenamiento, inmediatamente a la protesta tendrá que rendir su dictamen. En ese tenor debe entenderse que no existe ningún impedimento legal para que la autoridad del conocimiento acepte la sustitución de un perito diverso al propuesto originalmente, atendiendo a que la prueba pericial fue ofrecida y admitida en su oportunidad procesal, máxime que el artículo 780 de la ley en mención impone la obligación a las partes de proporcionar todos los elementos necesarios para el desahogo de sus pruebas.'."

Las resoluciones que anteceden dieron lugar a la tesis aislada cuyos rubro, texto y datos de identificación son:

"PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE TRABAJO. ES VÁLIDA LA SUSTITUCIÓN DEL PERITO ENTRETANTO EL PROPUESTO NO SE PRESENTE A ACEPTAR Y PROTESTAR EL CARGO. Cuando por la razón que sea el perito que designan las partes es sustituido por otro, no existe ningún impedimento legal para que las Juntas acepten esa sustitución, siempre y cuando el perito inicialmente nombrado no se presente a aceptar y protestar el cargo, porque entonces la sustitución pretendida resulta extemporánea, atento que conforme al artículo 825, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, una vez que sea dada dicha protesta 'inmediatamente rendirán su dictamen'." (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, agosto de 2002. Tesis: I.1o.T.137 L. Página: 1350).

TERCERO. Las partes conducentes de las ejecutorias dictadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 5539/2001, 7739/2002, 18059/2001 y 18169/2001, promovidos, respectivamente, por el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Soledad Hernández Mondragón, Margarita González Ocampo y otras, y Odilón Vargas Rodríguez, se reproducen a continuación.

En el expediente 5539/2001, el Tribunal Colegiado consideró:

"TERCERO. Son inoperantes, infundados y fundados, los motivos de inconformidad que se hacen valer, en atención a las consideraciones siguientes: Por cuestión de método lógico-jurídico, se estudiarán en primer lugar las inconformidades en donde el peticionario del amparo alega que en el asunto se contravinieron normas del procedimiento. En efecto, en relación con la prueba pericial ofrecida en el juicio, el peticionario de garantías, en parte de los conceptos de violación tercero, octavo y noveno expresa lo siguiente: '... por ello, la autoridad responsable debió estarse al dictamen ya rendido o, en su caso, conceder término para que el C. Juan Diego Herrera Cuevas se presentara a ratificar su dictamen y en caso de no hacerlo se estaría a su no rendición y ya entonces sí se estaría a la aceptación del segundo perito designado por la parte actora ... El dolo y la mala fe en que incurrió el hoy tercero perjudicado, con el debido consentimiento de la responsable, quien incurrió violatoriamente en las garantías previstas en la Constitución y en especial el principio de instancia de parte que ya había atendido la Sala responsable con la designación primera del perito nombrado a favor del trabajador y tercero perjudicado en esta demanda de garantías, ya que de manera ilegal e indebida se hizo el nombramiento de diverso perito del actor y trabajador, nombrado a cargo del C. Ángel Cervantes Hernández, perito contratado por la parte actora, aun cuando manifestó en audiencia celebrada con fecha 25 de noviembre de 1997 (sic) por lo que se le hizo el nombramiento a través de la Coordinación General de Actividades Procesales y Asuntos Especiales del propio Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y que enterado del contenido del dictamen rendido por el primer perito nombrado a su favor y a cargo del C. Juan Diego Herrera Cuevas, se prestó a la designación y nombramiento de perito diverso, que es de suponer fue en atención al pago de honorarios que el propio oferente debió haber cubierto al último perito designado por los servicios profesionales prestados al oferente; por tanto, este último dictamen y a fin de no estar a la violación clara de revocar las propias determinaciones, debe estarse a determinar con la concesión del amparo que no es idóneo (sic) la última pericial rendida, ya que resulta evidente que el perito no puede ser imparcial, lo que contrariamente a ello se dio con el último dictamen rendido al que se le dio valor probatorio (sic) sin que así (sic) habría de darse por las formalidades esenciales del procedimiento y lo establecido por ley, lo que con ello se afectan las defensas de nuestra representada, porque claramente se desprende que con la designación el último perito (sic) fue con el evidente propósito de que éste la favoreciera y más aún si se dio (sic) al pago de honorarios por (sic) concepto de la prestación de los servicios profesionales, lo que es lógico el dictamen que fue rendido a su favor, lo que demuestra claramente una completa parcialidad a quien lo contrató ... Por tanto, resulta procedente la revocación del acto reclamado, en atención a que la autoridad responsable no debió haber admitido la comparecencia, mucho menos el dictamen de otro perito que no fuera el que la propia coordinación había designado al tercero perjudicado, en atención a la propia petición de su apoderada legal en audiencia de fecha 25 de noviembre de 1997, en relación con que carecía de medios económicos para sufragar los gastos del profesionista. Dictamen que debió haber sido desechado por parte de la responsable, por la forma por demás dolosa de conducirse del trabajador actor, al referir primero, que no cuenta con los medios económicos y posteriormente resulta tenerlos y contratar a un perito particular para que éste rindiera dictamen a su favor, tal como se desprende del dictamen que obra a fojas 165 a 169 de autos ... con base en las pruebas periciales rendidas por los peritos en grafoscopía los CC. Óscar Plutarco Galicia García y Juan Diego Herrera Cuevas, y no así al rendido por el C. Ángel Cervantes Hernández, ya que este último fue nombrado en contravención a las propias resoluciones de la autoridad responsable, nombrado con posterioridad al segundo de los nombrados como perito de la parte actora. Tanto, que el primer perito nombrado de la parte actora rindió su dictamen dentro del término concedido para tal efecto, esto es, con fecha 7 de mayo de 1999 ... con ello, la autoridad responsable no debió haber admitido la comparecencia, mucho menos el dictamen de otro perito que no fuera el que la propia coordinación había designado al tercero perjudicado, en atención a la propia petición de su apoderada legal en audiencia de fecha 25 de noviembre de 1997, en relación con que carecía de medios económicos para sufragar los gastos del profesionista. Dictamen que debió haber sido desechado, por parte de la responsable, por la forma por demás dolosa de conducirse del trabajador actor, al referir primero que no cuenta con los medios económicos y posteriormente resulta tenerlos y contratar a un perito particular para que éste rindiera dictamen a su favor ... Violación cometida durante el procedimiento, artículo 159, fracción XI, de la Ley de Amparo. Por la admisión indebida de una prueba de la contraria (pericial), misma que debió desecharse. Además de que su desahogo fue de modo irregular. La autoridad responsable violenta flagrantemente durante el procedimiento, por la indebida admisión de la prueba pericial a favor del actor.'. No asiste razón al inconforme al alegar lo anterior y esto porque del expediente laboral número 2810/97 (el cual contiene el laudo reclamado), remitido por la Sala responsable al rendir su informe con justificación, se aprecia que en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, la parte actora, aquí tercera perjudicada, objetó en cuanto a autenticidad de contenido y firma, la documental exhibida por la contraparte, consistente en el escrito de uno de julio de mil novecientos noventa y siete, y para acreditar su dicho ofreció la pericial en grafoscopía, grafometría y caligrafía, solicitando al tribunal le designara perito por carecer de medios económicos para sufragar gastos de tal naturaleza (fojas 54 v.). Respecto a la anterior petición, se acordó girar oficio al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que designara al perito correspondiente (fojas 92 v.). En diversa audiencia, se dio cuenta con un comunicado del presidente de la Junta, en relación con la imposibilidad de nombrar perito, por lo que para la designación del perito del trabajador se ordenó girar oficio a la Procuraduría General de la República (fojas 102) y esta dependencia informó de la imposibilidad de hacerlo, por los motivos que al efecto refirió (foja 106). De lo anterior se dio vista a la parte actora (foja 108). En diverso proveído se determinó girar oficio al coordinador general de Actividades Procesales de Asuntos Especiales del propio tribunal, a efecto de que se sirviera designar perito a la parte trabajadora (foja 112), insistiéndose en tal petición mediante oficios recordatorios (fojas 141, 145 y 151). El veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve compareció personalmente ante la autoridad del conocimiento Juan Diego Herrera Cuevas, quien aceptó y protestó el cargo como perito de la parte actora (foja 153). Obra en autos escrito de la apoderada legal de la parte actora (foja 154), en el que hace saber a la Tercera Sala que por así convenir a sus intereses, desistía del perito designado por el tribunal (Juan Diego Herrera Cuevas), nombrando en su lugar a Ángel Cervantes Hernández, comprometiéndose a presentarlo ante la autoridad, a fin de que protestara el cargo conferido. El cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la Sala responsable tuvo por revocado el nombramiento del perito (Juan Diego Herrera Cuevas) designado por la Coordinación General de Actividades Procesales y Asuntos Especiales a favor de la parte actora, nombrando en su lugar a Ángel Cervantes Hernández (foja 156). De lo anotado se desprende que Juan Diego Herrera Cuevas si bien aceptó y protestó el cargo de perito, lo cierto es que en la fecha en que se le sustituyó, aún no rendía el dictamen correspondiente, de ahí que si todavía no emitía su opinión y la ley de la materia no prohíbe la sustitución de peritos, debe concluirse que no se contravinieron disposiciones de carácter procesal pues, contrario a lo alegado por el quejoso, no fue ilegal el nombramiento de Ángel Cervantes Hernández como perito del trabajador, ya que el diverso Juan Diego Herrera Cuevas aún no había dictaminado al respecto. Esto es así, ya que de autos se aprecia que fue hasta el siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve cuando Juan Diego Herrera Cuevas exhibió su instrumento (fojas 159 a 161); evento ante el cual, estas partes de los conceptos de violación en estudio resultan infundadas."

Al resolver el amparo directo 18059/2001 estimó lo siguiente:

"CUARTO. Los conceptos de violación hechos valer por Margarita González Ocampo, Josefina Ruiz Pérez, María del Socorro Solano Ruiz, Loreto Alicia Rivera Valenzuela, Gabriela Salcedo Abarca, Martha Díaz García, María Silvia Gutiérrez Cervantes y Felipa Pilar Castillo Villalpando, son en unos aspectos infundados y en otros fundados, aunque para ello deban suplirse en su deficiencia, conforme lo dispone la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. Lo primero es así por lo que se expone a continuación: En el tercero de sus conceptos de violación, mismo que por cuestión de orden se analiza en un primer término, las peticionarias del amparo se duelen, en esencia, de que la Junta del conocimiento incurrió en su perjuicio en una violación procesal, toda vez que aceptó el desahogo de la pericial por parte del instituto demandado, cuando debió declarar la deserción de la prueba, en relación con que el perito que compareció no era el que había nombrado en un principio dicho instituto y, por tanto, al no existir discrepancia con lo dictaminado por su perito, debió abstenerse de nombrar un perito tercero en discordia. En efecto, su afirmación es infundada, toda vez que si bien es cierto que del escrito de pruebas del demandado se advierte que éste designó como perito de su parte al 'Dr. Jesús Rogelio Avendaño Castañeda o a quien éste designe', no menos cierto es que quien compareció a rendir el cargo y quien signa el dictamen respectivo, doctora Lucía Álvarez Hernández, lo hizo en compañía del representante legal del tercero perjudicado, de lo que se colige su deseo de que fuese ese experto quien emitiera el mismo y lleva implícita su voluntad de sustituir al que menciona en su escrito; lo anterior, con independencia de que el hecho de que la Junta responsable no hiciese la expresa declaratoria de la sustitución respectiva no deviene en su perjuicio, máxime si tomamos en cuenta que la apoderada de las actoras estuvo presente en esa diligencia y no expresó su inconformidad al respecto, además de que en todo caso, para ello y a fin de mejor proveer, se nombró un tercer experto. A mayor abundamiento, cabe destacar que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17506-e6de5210/prueba-pericial-en-el-procedimiento-laboral-es-valida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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