PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 164, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 138/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el veintiséis de marzo de dos mil dos, el amparo en revisión 266/2001, promovido por Pedro Ramón Arceo Guzmán, sostuvo las consideraciones esenciales siguientes:
"CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, resulta necesario analizar la sentencia dictada por el Juez de Distrito en la parte que decretó el sobreseimiento respecto de la autoridad responsable, Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse que aunque por distinto motivo al expresado por el a quo, fue correcto el sobreseimiento decretado, habida cuenta que de la lectura de la demanda de garantías se evidencia que si bien es cierto, se señaló a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con asiento en esta ciudad, como autoridad responsable; no menos verdad es que el quejoso solamente reclamó actos de la diversa responsable, gobernador interino del Estado de Chihuahua, a quien le imputó la resolución que declaró improcedente el recurso de revisión que interpuso contra la determinación de la mencionada Junta arbitral, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad que interpuso contra los apoderados de la parte demandada, Poder Ejecutivo del Estado, máxime que no obstante la vista ordenada por el a quo en su acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil uno, con lo manifestado por la Junta arbitral, la parte quejosa fue omisa en pronunciarse al respecto, por lo que en el caso se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, respecto a la mencionada autoridad. QUINTO. Los agravios hechos valer por el inconforme se estiman fundados pero inoperantes. En efecto, es fundado lo alegado por el recurrente en la parte que sostiene que al recurso de revisión a que se refiere el artículo 164, fracción I, del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, no le es aplicable supletoriamente lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles Local. Lo anterior es así, dado que del análisis del artículo 164, fracción I, del referido Código Administrativo, se obtiene que si bien es cierto contempla la figura de la revisión para los casos que el propio numeral indica, a tal medio de defensa, respecto de su procedencia y trámite, no debe aplicársele lo relativo al diverso de apelación que se encuentra regulado en la legislación procesal civil local, en especial, el artículo 825, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles Local, en virtud de que este ordenamiento legal, aun cuando conforme al artículo 77 del Código Administrativo del Estado sea aplicable supletoriamente, ante todo debe estarse al orden establecido en el propio precepto legal, que textualmente dispone: 'Artículo 77. En lo no previsto por este código o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, las leyes de orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y equidad. En ningún caso serán renunciables las disposiciones que favorezcan a los trabajadores de base.'. Por tanto, si en la especie la naturaleza de la controversia es de índole laboral, la legislación aplicable supletoriamente al multicitado Código Administrativo es la Ley Federal del Trabajo y no el código procesal civil local. Además, no existe razón para aplicar, por analogía, lo dispuesto en el Código Civil adjetivo en relación con el recurso de apelación, ya que el medio de defensa que refiere el artículo 164, fracción I, del Código Administrativo del Estado es diferente, máxime que la procedencia de esos medios de defensa legal se da en situaciones jurídicas distintas, acciones realizadas en conflictos individuales de trabajo y la apelación se interpone cuando incorrectamente se aplicó la ley, se violaron los principios reguladores de la prueba o se alteraron los hechos, y el trámite en este último medio de defensa necesariamente debe ser diferente al de la revisión, dada la naturaleza de las controversias planteadas en uno y otro caso. Sin embargo, no obstante lo fundado del mencionado agravio, el mismo se torna inoperante, habida cuenta que de cualquier modo el amparo debe negarse, aunque por diversas razones a las expuestas por el Juez a quo. En efecto, en el caso, el quejoso reclamó en vía de amparo indirecto la resolución de diecinueve de febrero de dos mil uno, emitida en el expediente 6/00, por el gobernador interino del Estado y el procurador de Justicia encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, por ministerio de ley, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada por la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, que a su vez consideró improcedente el incidente de falta de personalidad planteado contra los apoderados de la parte demandada, argumentando sustancialmente que dicho recurso era procedente en términos del artículo 1636, en relación con el 1640, ambos del Código Administrativo del Estado. Al respecto, es de indicarse que carece de razón el impetrante de garantías al sostener lo anterior, aunque por diversas razones a las que expuso la responsable para declarar improcedente el mencionado recurso de revisión, pues lo cierto es que la figura de la revisión a que se refieren los artículos 1636, en relación con el 1640 del Código Administrativo del Estado, sólo cobra aplicación en actos de naturaleza administrativa, distintos de los laborales, pues en éstos, dicho recurso se encuentra regulado por el artículo 163 del propio Código Administrativo que establece que las Juntas arbitrales serán competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores, siendo oportuno destacar que el procedimiento a que se deben sujetar las controversias planteadas ante las Juntas arbitrales se contempla en el capítulo VII, título IV, libro único, primera parte, del Código Administrativo del Estado, en tanto que el procedimiento aplicable a los actos administrativos sujetos a revisión se refiere en el capítulo II, título único, décima tercera parte, del propio Código Administrativo, que difiere del contemplado en conflictos individuales de trabajo. Por lo demás, es conveniente destacar que el recurso de revisión a que alude el artículo 164 del Código Administrativo del Estado, sólo procede contra las resoluciones que dan por terminados los conflictos individuales de trabajo y no contra las resoluciones intermedias, como la de la especie, que constituye la resolución relativa a un incidente de falta de personalidad, en la que se reconoció personalidad a los apoderados de la demandada, que no es la definitiva ni puso fin a la instancia. En mérito de lo expuesto, ante lo fundado pero inoperante de los agravios hechos valer, se impone confirmar la sentencia sujeta a revisión que por una parte decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías y por otra negó la protección constitucional solicitada."
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de rubro y texto siguientes:
"PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, TRATÁNDOSE DE CONFLICTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO (CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). La procedencia de la revisión contemplada en el artículo 1640, en relación con el diverso 1636, del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, sólo tiene aplicación en actos de naturaleza estrictamente administrativa, que son distintos de los procedimientos laborales, pues para éstos el artículo 163 de la codificación en consulta establece que las Juntas arbitrales serán competentes para conocer de los conflictos individuales entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores; siendo oportuno destacar que el procedimiento a que se deben sujetar las controversias planteadas ante las Juntas arbitrales se contempla en el capítulo VII, título cuarto, libro único, primera parte, del Código Administrativo del Estado, en tanto que al procedimiento aplicable a los actos administrativos sujetos a revisión, se refiere el capítulo II, título primero, libro único, décima tercera parte, del propio Código Administrativo, que difiere del contemplado en los conflictos individuales de trabajo. Además, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 164 del Código Administrativo del Estado, sólo procede contra las resoluciones que dan por terminados los conflictos individuales de trabajo y no contra las resoluciones intermedias, como la de la especie, que constituye una resolución relativa a un incidente de falta de personalidad.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 266/2001. Pedro Ramón Arceo Guzmán. 26 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretario: Jesús Armando Aguirre Lares."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el veintitrés de marzo de dos mil, el amparo en revisión 361/99, promovido por Inés Burrola Muñoz, sostuvo las consideraciones siguientes:
"TERCERO. En el caso, resulta innecesario el análisis de la sentencia recurrida, así como de los conceptos de agravio hechos valer en su contra por la parte quejosa recurrente, toda vez que se advierte la configuración de una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente y aun de oficio por ser ésta una cuestión de orden público, atento lo dispuesto en la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, aun cuando no haya sido advertida por el Juez de Distrito. Encontrando apoyo el anterior razonamiento, en la jurisprudencia publicada bajo el número 940, localizable en la página 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que a la letra dice: 'IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.'. Similar criterio sostuvo al respecto el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en su tesis visible en la página 111 del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 'IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, DECLARACIÓN DE LA. AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN.' (se transcribe texto de la tesis). En efecto, ha de precisarse, primeramente, que del examen de la demanda de garantías formulada por el apoderado de la quejosa recurrente, se desprende que como acto reclamado se indica la interlocutoria emitida el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, relativa al incidente de falta de personalidad promovido por la quejosa en contra de los apoderados de la parte demandada que se apersonaron al juicio laboral de origen; resolución reclamada cuya copia certificada es visible a foja 90 del expediente de amparo. Se dice que resulta improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que se estima que en el caso se actualiza la causal prevista en la fracción XIII del precitado artículo 73 de la Ley de Amparo; lo anterior, en razón de lo que a continuación se expone: El artículo 164 del Código Administrativo del Estado dispone, en lo conducente: 'Artículo 164. El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente: I. Para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores.'. De lo antes expuesto se advierte que el citado código autoriza al Tribunal de Arbitraje del Estado para resolver en revisión las impugnaciones que se enderecen en contra de las resoluciones emitidas por las Juntas arbitrales en relación con el mencionado tipo de conflictos; facultad de conocer en revisión de esas cuestiones, que no sólo se circunscribe a resolver sobre el fondo de la controversia planteada a través de ese medio de impugnación, sino también sobre las interlocutorias relativas a los presupuestos procesales como la personalidad de las partes, entre otros. Esto es, al señalarse en ese precepto que: 'El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente para resolver en revisión ...', implica la existencia de un recurso en contra de las resoluciones dictadas por la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, implicando necesariamente también con ello la existencia de un tribunal de segunda instancia en ese tipo de conflictos laborales, ante el cual se sustancia y resuelve ese recurso. Lo anterior, se ve aún más reforzado por el hecho de que el artículo 77 del referido Código Administrativo del Estado dispone que en lo no previsto por dicha legislación o por disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente y en su orden la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso y los principios generales de derecho y equidad; luego, si la Ley Federal del Trabajo no prevé nada por cuanto a la existencia de recursos en contra de autos o resoluciones emitidas dentro de los juicios laborales, ni contra el laudo que les pone fin, debe entonces acudirse a las leyes del orden común, como lo establece el precitado artículo 77. Y así, se tiene que el Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone en su artículo 820 que el recurso de apelación tendrá por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos y, en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada; ahora bien, comparando lo ordenado por este último numeral con lo dispuesto por el mencionado artículo 164 del Código Administrativo del Estado, bien puede concluirse que ambos preceptos regulan recursos equiparables entre sí, esto es, el de revisión en el caso del Código Administrativo, y el de apelación en el caso de la citada ley adjetiva civil, puesto que los dos artículos en comento hacen referencia a la existencia de un tribunal de segundo grado que conocerá de esos recursos y resolverá en consecuencia. Luego, ante la existencia de la semejanza expuesta con antelación, y conforme a lo preceptuado por el aludido artículo 77 del Código Administrativo, es factible aplicar de manera supletoria lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el recurso de apelación, advirtiéndose al respecto, que el artículo 825, inciso b), de dicha legislación civil establece que procede ese tipo de recurso en contra de los autos que resuelvan sobre la personalidad de las partes; consecuentemente, y en aplicación supletoria de esto último, es evidente que procede el recurso de revisión en contra de las resoluciones intermedias dictadas en los juicios laborales seguidos entre los trabajadores al servicio del Estado en contra de los funcionarios de alguna unidad burocrática o de la administración, por cuanto a las cuestiones de falta de personalidad. Es decir, el artículo 164 del Código Administrativo vigente en el Estado prevé la existencia de un recurso de revisión respecto de los conflictos seguidos ante la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado; empero, cierto es también que tal ordenamiento legal es omiso en fijar contra qué tipo de resoluciones dictadas en los juicios seguidos ante dicha Junta procede ese recurso, o sea, si contra autos, interlocutorias o laudos, en tanto que no limita ni especifica esa circunstancia de manera alguna; por tanto, con apoyo en el citado artículo 77 del Código Administrativo del Estado, debe aplicarse supletoriamente, en ese aspecto, el Código de Procedimientos Civiles vigente en este Estado, concretamente y por equiparación lo dispuesto en el artículo 825, inciso b), en el que se prevé la procedencia del recurso de apelación en contra de los autos que resuelvan sobre la personalidad de las partes, por ser este medio de impugnación de naturaleza similar al de revisión mencionado, pues en ambos recursos se revisa por el superior la resolución dictada por el inferior, para así poder concluir con mayor claridad que procede el recurso de revisión en comento en contra de las resoluciones emitidas en relación con ese presupuesto procesal en los indicados juicios laborales. Ahora bien, se dice que en el caso se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que no se advierte de las constancias del juicio laboral de origen aportadas al expediente de amparo, que la resolución señalada como acto reclamado hubiera sido recurrida en revisión ante el Tribunal de Arbitraje, de manera previa a la interposición del presente juicio de amparo, conforme al precitado artículo 164 del Código Administrativo del Estado. Ello es así, puesto que el principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Por tanto, previo a la promoción del presente juicio de garantías, era necesario que la parte quejosa hubiera interpuesto el mencionado recurso de revisión en contra de la referida interlocutoria que le fue adversa a sus intereses, para que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida; resolución definitiva esta que sería, en todo caso, aquella susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, mas no la que se reclama, emitida por la mencionada Junta arbitral; de ahí que al no haberse dado cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que el presente juicio es improcedente y debe, desde luego, sobreseerse en el mismo, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo. Semejante criterio sostiene el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su tesis visible en la página 1100 del Tomo VIII, correspondiente al mes de octubre de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 'AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.' (se transcribe texto de la tesis). Similar criterio sostuvo también el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en su tesis de jurisprudencia publicada bajo el número 986, visible en la página 678 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que a la letra dice: 'RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.' (se transcribe texto de la tesis)."
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis XVII.1o.7 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 816, que dice:
"REVISIÓN. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN RELACIÓN A LA PERSONALIDAD, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE DICHO RECURSO. El artículo 164, fracción I, del Código Administrativo del Estado, dispone que el Tribunal de Arbitraje será competente para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores; de donde se sigue que el citado código autoriza a dicho Tribunal de Arbitraje para resolver en revisión las impugnaciones que se enderecen en contra de las resoluciones emitidas por las Juntas arbitrales en relación al mencionado tipo de conflictos; facultad que no sólo debe circunscribirse a resolver sobre el fondo de la controversia planteada, sino también respecto de las interlocutorias que decidan acerca de la personalidad de las partes, pues aunque dicho precepto legal es omiso en fijar contra qué tipo de resoluciones procede ese recurso, cierto es también que con apoyo en el artículo 77 del Código Administrativo del Estado, debe aplicarse supletoriamente en ese aspecto, el Código de Procedimientos Civiles vigente en este Estado, concretamente y por equiparación lo dispuesto en el artículo 825, inciso b), en el que se prevé la procedencia del recurso de apelación en contra de los autos que resuelvan sobre la personalidad de las partes, por ser este medio de impugnación de naturaleza similar al de revisión mencionado, pues en ambos recursos se revisa por el superior la resolución dictada por el inferior, siendo así posible concluir que procede el recurso de revisión en comento en contra de las resoluciones emitidas en relación a ese presupuesto procesal en los indicados juicios laborales.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 361/99. Inés Burrola Muñoz. 23 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ignacio Rosas González. Secretario: José Luis Estrada Amaya."
QUINTO. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es necesario precisar algunos antecedentes de los asuntos en que se emitieron los criterios jurídicos divergentes, así como sintetizar las consideraciones sustentadas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.
I. De la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, en el amparo en revisión 361/99, destaca lo siguiente:
a) El acto reclamado se hizo consistir en la interlocutoria de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, por la que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad de los apoderados de la parte demandada.
b) El referido Tribunal Colegiado de Circuito al conocer del amparo en revisión de que se trata revocó la sentencia del Juez de Distrito que había negado el amparo y en su lugar sobreseyó en el juicio por considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, al no haber agotado la parte quejosa el recurso de revisión que prevé el artículo 164, fracción I, del Código Administrativo del Estado de Chihuahua. Sobre el particular, dicho tribunal sostuvo:
Ø El citado código autoriza al Tribunal de Arbitraje del Estado, para resolver en revisión las impugnaciones que se enderecen en contra de las resoluciones emitidas por las Juntas arbitrales en relación con los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores; facultad de conocer en revisión de esas cuestiones, que no se circunscribe a resolver sobre el fondo de la controversia planteada a través de ese medio de impugnación, sino también sobre las interlocutorias relativas a los presupuestos procesales como la personalidad de las partes, entre otros.
Ø Al señalar el referido precepto que "El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente para resolver en revisión ...", implica la existencia de un recurso en contra de las resoluciones dictadas por la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que conlleva necesariamente a la existencia de un tribunal de segunda instancia en ese tipo de conflictos laborales, ante el cual se tramita y resuelve ese recurso.
Ø Atendiendo al principio de supletoriedad de leyes que prevé el artículo 77 del Código Administrativo del Estado, como la Ley Federal del Trabajo no prevé la existencia de recursos en contra de resoluciones emitidas dentro del juicio laboral, se debe acudir a las leyes del orden común, concretamente a lo dispuesto por los artículos 820 y 825, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que prevén el recurso de apelación contra los autos que resuelven sobre la personalidad.
Ø El Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone en su artículo 820, que el recurso de apelación tendrá por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos y, en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada, por lo que comparando lo ordenado en este numeral con lo dispuesto por el artículo 164 del Código Administrativo del Estado, bien puede concluirse que ambos preceptos regulan recursos equiparables entre sí, esto es, el de revisión en el caso del Código Administrativo, y el de apelación en el caso de la citada ley adjetiva civil, puesto que los dos artículos en comento hacen referencia a la existencia de un tribunal de segundo grado que conocerá de esos recursos y resolverá en consecuencia.
Ø Ante dicha semejanza, es factible aplicar de manera supletoria lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado en relación con el recurso de apelación, por tanto, es evidente que procede el recurso de revisión en contra de las resoluciones intermedias dictadas en los juicios laborales seguidos entre los trabajadores al servicio del Estado en contra de los funcionarios de alguna unidad burocrática o de la administración, por cuanto a las cuestiones de falta de personalidad.
Ø Se actualiza la causa de improcedencia precisada en el inciso b), porque de las constancias del juicio de origen, aportadas al expediente de amparo, no se advierte que la resolución señalada como acto reclamado hubiera sido recurrida en revisión ante el Tribunal de Arbitraje de manera previa a la interposición del juicio de amparo, conforme al precitado artículo 164 del Código Administrativo del Estado.
II. De la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, en el amparo en revisión 266/2001, destaca lo siguiente:
a) Ante la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, la parte quejosa demandó del gobierno de dicho Estado la reinstalación en su empleo.
b) Dicha Junta arbitral reconoció la personalidad de los apoderados que contestaron la demanda laboral a nombre del Gobierno del Estado de Chihuahua, el ocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
c) La parte actora y quejosa promovió incidente de falta de personalidad de los representantes de la demandada, el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el cual declaró improcedente la referida Junta arbitral el veintidós de marzo de dos mil.
d) En contra de la resolución interlocutoria que declaró improcedente el aludido incidente de falta de personalidad, la parte actora interpuso recurso de revisión ante el Gobernador Constitucional del Estado, en términos de los artículos 1636 y 1640 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua vigentes en mil novecientos noventa y nueve que, en lo conducente, dicen:
"Artículo 1636. Todos los asuntos de la competencia del Ejecutivo se tramitarán conforme a los procedimientos expresamente establecidos en este código y sus reglamentos. En caso de que no haya previsión expresa para el trámite de un negocio determinado, se seguirán las reglas siguientes."
"Artículo 1640. Salvo disposición expresa en contrario, otorgando el carácter de definitivas o inmodificables a ciertas resoluciones, el gobernador del Estado podrá revisar todos los actos administrativos de sus subordinados, confirmándolos, modificándolos o revocándolos."
e) El gobernador interino del Estado de Chihuahua declaró "improcedente" el citado recurso de revisión, expresando que el Tribunal de Arbitraje del Estado es el competente para conocer en revisión de los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores, de acuerdo con lo previsto por el artículo 164, fracción I, del Código Administrativo de aquella entidad federativa, que dice:
"Artículo 164. El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente:
"I. Para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores."
f) Dicha resolución que declaró improcedente el recurso de revisión en sede administrativa, interpuesto contra la interlocutoria que reconoce la personalidad de los apoderados de la demandada, es la que constituyó el acto reclamado en el amparo en revisión del que deriva el criterio jurídico en cuestión.
g) El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, al conocer del amparo indirecto 225/2001, negó la protección de la Justicia Federal bajo dos premisas fundamentales, a saber:
1. Que la autoridad responsable interpretó correctamente el artículo 164 del referido Código Administrativo, conforme al cual el Tribunal de Arbitraje del Estado es competente para conocer en revisión no sólo de resoluciones que decidan sobre el fondo del asunto, sino también sobre las incidencias surgidas durante el juicio, como la interlocutoria de personalidad; y,
2. Que atendiendo al principio de supletoriedad de leyes que prevé el artículo 77 del Código Administrativo del Estado, como la Ley Federal del Trabajo no prevé la existencia de recursos en contra de resoluciones emitidas dentro del juicio laboral, se debe acudir a las leyes del orden común, concretamente a lo dispuesto por los artículos 820 y 825, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que prevén el recurso de apelación contra los autos que resuelven sobre la personalidad, sin que sea indispensable que el artículo 164 del referido Código Administrativo establezca literalmente que el Tribunal de Arbitraje tiene facultades
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17518-05196013/personalidad-en-el-juicio-laboral-burocratico-en-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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