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Modo: Corpus Pro

DERECHO DEL TANTO. DEBE RESPETARSE ENTRE LOS CÓNYUGES COPROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES SUJETOS A VENTA JUDICIAL Y, CONSECUENTEMENTE, PUEDE EJERCERSE EL DE RETRACTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17731
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 67.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEXTO. La sentencia de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho, pronunciada en el amparo directo número 545/98, quejoso sucesión de ... por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en su parte medular, establece lo siguiente:

"QUINTO. ... Ahora bien, el derecho del tanto y de retracto son en el fondo lo mismo, salvo que el primero se ejercita antes de que la cosa sea vendida, mientras que el segundo se hace valer cuando la cosa ha sido vendida, y el presupuesto de ambos es la existencia de la copropiedad. El objeto que se persigue con una y otra acción es el mismo y la razón es idéntica, por tanto, es correcto que quien considere infringido el derecho del tanto ejerza ante la autoridad jurisdiccional competente la acción de retracto. Del contenido de los artículos 938 y 960 del Código Civil del Estado, se deduce con claridad que correlativamente al derecho del tanto que la ley otorga a los copropietarios, les impone, por un lado, la prohibición de enajenar a extraños la parte alícuota respectiva si el copropietario quiere hacer uso de ese derecho y, por el otro, la obligación de hacer saber a los demás la venta que tuvieren convenida para que puedan hacer uso del mismo derecho. Estas disposiciones legales deben considerarse aplicables al caso en que la enajenación de la parte alícuota de un copropietario se haga por medio de venta judicial, pues el artículo 2197 del Código Civil del Estado establece que las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate público se regirán por las disposiciones del título segundo, referente a la compraventa, en cuanto a la sustancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, con las modificaciones que se expresan en el capítulo IX, de las ventas judiciales. En cuanto a los términos y condiciones en que hayan de verificarse, se regirán por lo que dispone el Código de Procedimientos Civiles del Estado; lo que significa que los derechos y obligaciones que la ley otorga e impone a los contratantes no sufren modificación alguna por el solo hecho de que la venta se haga judicialmente. No es obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que sea el Juez quien otorgue, en rebeldía del copropietario enajenante, el título respectivo, pues es evidente que él obra en ese acto a nombre del condueño y, por ende, debe cumplir con las obligaciones que la ley establece a cargo de éste. En tratándose de remates judiciales, el copropietario puede sustituir al rematante, haciendo uso del derecho del tanto, precisamente en igualdad de condiciones y prestaciones que el rematante, sin que este procedimiento pugne con los artículos 566 y 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que manda que el remate se fincará en favor del postor o postores, pues esa disposición no excluye o puede privar, en su generalidad, casos como aquellos en los cuales le da intervención a un copropietario, para que haga uso del derecho del tanto. El hecho de haberse fincado el remate en favor del postor o postores podrá significar, si se quiere, un error, puesto que solamente debió cerrarse el periodo de licitación, pero este error no puede significar que el rematante haya adquirido un derecho patrimonial en la cosa rematada y con prioridad a los que la ley concede al propietario. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis sustentadas por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera, visible en la página 1936 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLIII, consultable bajo el rubro: ‘DERECHO AL TANTO.’; la segunda, visible en la página 421, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXVIII, consultable bajo el rubro: ‘DERECHO AL TANTO DE LOS COPROPIETARIOS TRATÁNDOSE DE VENTAS JUDICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).’; la tercera, visible en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCI, consultable bajo el rubro: ‘DERECHO DEL TANTO TRATÁNDOSE DE VENTAS JUDICIALES (LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN).’. Precisado lo anterior, tenemos que es indudable que cualquier reclamación que se intente contra uno de los cónyuges y que pretenda garantizarse con bienes pertenecientes al fondo social, afecta directamente el interés jurídico del otro cónyuge, porque las cosas que constituyen el fondo social forman patrimonio común indiviso, el dominio y la posesión de los bienes reside en ambos cónyuges, mientras subsista la sociedad, lo cual no significa que el marido tiene la propiedad de una mitad y la esposa de la otra, pues ambos tienen un derecho posesorio sobre la totalidad de los bienes, indivisiblemente; por tanto, si el procedimiento se siguió en contra de la esposa, no en su carácter de representante de la sociedad legal, y en él se afectaron bienes pertenecientes al fondo social, se infringe en perjuicio del marido los derechos que derivan de esa sociedad legal; así, no estando a discusión el hecho de que los bienes embargados, rematados y adjudicados en el juicio ejecutivo mercantil correspondiente pertenecían a la sociedad conyugal habida entre ... con motivo del matrimonio celebrado entre ellos, tan es así que precisamente se embargó, remató y adjudicó únicamente el cincuenta por ciento que por esa razón le correspondía a la esposa, y si la sociedad conyugal es una copropiedad sui generis, como así lo acepta la Sala responsable, se debió respetar el derecho del tanto que a todo copropietario otorgan los artículos 926, 938 y 960 del Código Civil del Estado, esto es, se debió notificar la venta del cincuenta por ciento de los inmuebles que le correspondía a su esposa; cuya omisión engendra en su favor el derecho de retracto que tiene por objeto en la vía judicial el respeto del derecho del tanto, removiendo el obstáculo jurídico que implica la venta hecha al tercero. Sin embargo, al no haberse notificado a los copropietarios ... la realización de la venta respectiva y éste haber fallecido sin que pudiera hacer uso de ese derecho, es dable ahora que su copropietario y sus herederos ejerciten la acción de retracto, para el fin de que devuelvan a los ejecutantes ... en lo personal, y como albacea de la sucesión de ... el precio que hayan pagado en el juicio mercantil correspondiente, debiendo los actores quejosos quedar subrogados en los derechos y obligaciones de los compradores de dichos bienes en los términos que se hubiesen pactado." (fojas 47 a 50 del expediente relativo a la contradicción de tesis).

SÉPTIMO. Por su parte, en ejecutoria de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el amparo en revisión número 516/99-I, recurrente ... el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito consideró, en la parte esencial, lo que a continuación se transcribe:

"Debe quedar establecido que en el caso a estudio la peticionaria de garantías ... acudió al juicio constitucional no por el hecho de que no hubiera estado debidamente defendido el bien de la sociedad conyugal relativo al lote del terreno número 23 de la manzana 78, ubicado en el Fraccionamiento Playas de Tijuana, en Tijuana, B.C., sino a que una vez dictada la sentencia dentro del juicio original y dentro del procedimiento de ejecución de la misma, no fue oída como copropietaria del 50% del inmueble en cuestión, y no se respetó el derecho del tanto al no darle oportunidad de comparecer al remate y formular la postura correspondiente. Así, no se trató en la especie de que los bienes que constituían la sociedad conyugal habida entre la peticionaria de garantías y ... hayan sido mal representados y defendidos, sino que como sólo fue parte codemandada en el juicio natural el cónyuge de la quejosa, embargándose el 50% de los derechos sobre el inmueble en comento (fojas 37 v. y 38), mismos que fueron sacados a remate el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho (fojas 98), sirviendo de base para la subasta la cantidad de $192,500.00 (ciento noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), audiencia que se efectuó el diecinueve de marzo del año pasado (fojas 214 a 215); esto es, es cierto que compareció a juicio uno de los cónyuges en defensa de sus intereses, que fue oído y vencido dentro del juicio de donde emanan los actos reclamados, sin embargo, dentro de la fase ejecutiva de la sentencia respectiva no fue oída la impetrante del amparo. En ese orden de ideas, no es de atenderse lo alegado por el recurrente en el sentido de que era innecesario que ambos cónyuges acudieran al juicio a defender los bienes sociales, ya que ambos están facultados de acuerdo a la ley para administrar dichos bienes sociales, que bastaba con la presencia de cualquiera de los administradores para que se diera cabal cumplimiento a la garantía de audiencia ya que, se insiste, la litis en el juicio de amparo se constriñó a dilucidar si ... debía ser llamada durante la fase ejecutiva de la sentencia a fin de que hiciera valer el derecho del tanto. En cambio, en relación con este último aspecto, asiste razón al recurrente cuando alega que debe ser respetado el derecho del tanto consagrado en favor de los copropietarios que realizan ventas en forma voluntaria y no así cuando, como en la especie, la venta tiene naturaleza forzosa por tratarse de una venta judicial. Al respecto, es conveniente transcribir lo dispuesto por el artículo 960 del Código Civil en vigor que prevé: ‘Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva, si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A ese efecto, el copropietario notificará a los demás, por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los ocho días, por el solo lapso del término se pierde el derecho. Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto legal alguno.’. En consecuencia, en oposición a lo determinado por el a quo, los actos de ejecución de la sentencia dictada dentro del juicio de donde derivaron los actos reclamados no afectaron a la peticionaria de garantías ya que ese derecho se conserva respecto al bien, solamente cuando se trata de venta consensual y no, como en la especie, de una venta forzosa o judicial en la cual, como afirma el inconforme, se trata de obtener para el demandado o ejecutado el mayor precio posible en la subasta de los bienes, y de ahí que su naturaleza impida la realización de la preferencia que alegó la quejosa no se le había otorgado. Aunado a lo anterior, también es de atenderse lo que alega el recurrente en relación con que el único derecho que tenía la peticionaria de garantías era comparecer como postor, a lo cual se le dio oportunidad si se considera que de las constancias de autos se desprende que los días 4, 10 y 16 de marzo de 1999 (fojas 201 a 203), la actuaria adscrita a la autoridad responsable fijó los edictos en los estrados del juzgado, haciendo del conocimiento del público en general del precio base para la subasta, es decir, se dio la publicidad debida de acuerdo con lo establecido por la ley y la quejosa tuvo oportunidad de comparecer a efectuar la postura correspondiente, de tal suerte que no puede decirse que se le dejó inaudita como determinó el a quo." (fojas 68-69 del expediente relativo a la contradicción de tesis).

OCTAVO. Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.

Al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, este Alto Tribunal ha estimado que para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta una misma cuestión legal, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La tesis de jurisprudencia se identifica con los siguientes datos y su texto es el que se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

Conforme a las anteriores precisiones, debe establecerse que los criterios cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia transcrita y, para ello, es de señalarse que de las resoluciones parcialmente transcritas se advierte lo siguiente:

I. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, para resolver el amparo directo número 545/1998, promovido por la sucesión de ... (por sí y como albacea de tal sucesión), tomó en cuenta los siguientes antecedentes:

a) Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y ocho, la sucesión de ... (por sí y como albacea de tal sucesión), solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, que se hicieron consistir en la sentencia definitiva dictada el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, dentro del toca número 2242/97.

En la ejecutoria en análisis, el Tribunal Colegiado resolutor concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y para tal efecto consideró lo siguiente:

a) Del contenido de los artículos 938 y 960 del Código Civil del Estado de Baja California se desprende que correlativamente al derecho del tanto que la ley otorga a los copropietarios, les impone la prohibición de enajenar a extraños la parte alícuota respectiva si el copropietario quiere hacer uso de ese derecho y los obliga a hacer saber a los demás copropietarios la venta que tuvieren convenida para que puedan hacer uso del mismo derecho.

b) Que esas disposiciones legales deben considerarse aplicables al caso en que la enajenación de la parte alícuota de un copropietario se haga por medio de venta judicial, pues el artículo 2197 del Código Civil del Estado de Baja California establece que las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate público se regirán por las disposiciones del título segundo, referente a la compraventa, en cuanto a la sustancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor con las modificaciones que se expresan en el capítulo IX; pero que en cuanto a los términos y condiciones en que hayan de verificarse, se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado.

c) Que lo anterior determina que los derechos y obligaciones que la ley otorga e impone a los contratantes no sufren modificación alguna por el hecho de que la venta se haga judicialmente, sin que sea óbice que el Juez sea quien otorgue, en rebeldía del copropietario enajenante, el título respectivo, pues en ese acto obra a nombre del condueño y debe cumplir con las obligaciones que la ley establece a cargo de éste.

d) Que en los remates judiciales el copropietario puede sustituir al rematante, haciendo uso del derecho del tanto, precisamente en igualdad de condiciones y prestaciones que el rematante, sin que este procedimiento pugne con lo dispuesto en los artículos 566 y 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el que se ordena que el remate se finque a favor del postor o postores, pues esas disposiciones no excluyen o pueden privar, en su generalidad, casos como aquellos en los cuales le da intervención a un copropietario para que haga uso del derecho del tanto.

e) Que haberse fincado el remate a favor del postor o postores podrá significar un error, porque solamente debió cerrarse el periodo de licitación, pero este error no puede significar que el rematante haya adquirido un derecho patrimonial en la cosa rematada y, con prioridad a los que la ley concede al copropietario.

f) Que en cualquier reclamación que se intente en contra de uno de los cónyuges y que pretenda garantizarse con bienes pertenecientes al fondo social, afecta directamente al interés jurídico del otro, porque las cosas que constituyeron el fondo social forman patrimonio común indiviso y el dominio y posesión de los bienes reside en ambos cónyuges, mientras subsista la sociedad, lo cual no significa que el marido tenga la propiedad de la mitad y la esposa de la otra, pues ambos tienen un derecho posesorio sobre la totalidad de los bienes, indivisiblemente, por lo que si el procedimiento se siguió en contra de uno de los cónyuges, no en su carácter de representante de la sociedad legal, y en él se afectaron bienes pertenecientes al fondo social, se infringen en perjuicio del otro los derechos que derivan de esa sociedad legal sui generis, pues debió respetarse el derecho del tanto que a todo copropietario otorgan los artículos 926, 938 y 960 del Código Civil del Estado de Baja California, notificándosele la venta del cincuenta por ciento de los inmuebles que le correspondía a su cónyuge y su omisión engendra en su favor el derecho de retracto que tiene por objeto en la vía judicial el respeto del derecho del tanto, removiendo el obstáculo jurídico que implica la venta hecha al tercero.

II. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 516/99-I, promovido por ... tomó en cuenta los siguientes antecedentes:

a) Ante el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California ... solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Estado de Baja California y otras autoridades, reclamando la nulidad de todas las actuaciones practicadas en el juicio ejecutivo mercantil 1282/93, en cuya sentencia se ordenó sacar a remate el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad y posesión que sostuvo la quejosa le correspondían como copropietaria, así como las construcciones existentes en él.

b) En el juicio correspondiente se dictó sentencia el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, concediéndose el amparo solicitado, en contra de la cual el tercero perjudicado interpuso recurso de revisión.

En la ejecutoria en análisis, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y negó el amparo y la protección de la Justicia Federal y, para tal efecto, consideró lo siguiente:

a) Que la quejosa promovió juicio de amparo porque en el juicio original no fue oída en su carácter de cónyuge casada bajo el régimen de sociedad conyugal y copropietaria del cincuenta por ciento del inmueble embargado a su cónyuge y no se respetó el derecho del tanto, al no darle oportunidad de comparecer al remate y formular la postura correspondiente, constriñéndose la litis en el juicio a dilucidar si debía o no ser llamada durante la fase ejecutiva de la sentencia, a fin de que hiciera valer el derecho del tanto.

b) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 960 del Código Civil, el derecho del tanto se conserva respecto al bien, solamente cuando se trata de venta consensual y no, como en la especie, de una venta forzosa o judicial, en la cual se trata de obtener para el demandado o ejecutado, el mayor precio posible en la subasta de los bienes y de ahí que su naturaleza impida la realización de la preferencia de que se trata.

c) Que el único derecho que tenía la peticionaria de garantías era comparecer como postor, a lo cual se le dio oportunidad mediante la notificación correspondiente en edictos que se fijaron en los estrados del juzgado, haciendo del público en general el precio base de la subasta, es decir, se le dio la publicidad debida de acuerdo a lo establecido por la ley y la quejosa tuvo oportunidad de comparecer a efectuar la postura correspondiente, de tal suerte que no puede decirse que se le inaudita.

De lo anterior se obtiene que se dan los elementos que puntualiza la jurisprudencia preinserta, dado que:

a) Al resolver los negocios que se confrontan, ambos Tribunales Colegiados examinaron igual cuestión jurídica, esto es, si los derechos del tanto y de retracto deben respetarse entre cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal, cuando un bien inmueble perteneciente al acervo común y respecto del cual no se formularon capitulaciones es materia de venta judicial.

b) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados al resolver los amparos directos ante ellos presentados.

c) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, esto es, conforme al estudio que ambos Tribunales Colegiados realizan del artículo 960 del Código Civil del Estado de Baja California, además de los artículos 2197 del mismo código y 566 y 574 del Código de Procedimientos Civiles del propio Estado, que analiza el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito; pronunciándose ambos Tribunales Colegiados en relación con el mismo presupuesto jurídico, esto es, si el derecho del tanto debe respetarse entre cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal, cuando un bien inmueble perteneciente al acervo común y respecto del cual no se formularon capitulaciones es materia de venta judicial y si, consecuentemente, rige el derecho de retracto; siendo precisamente ésta la materia de estudio en la presente contradicción de tesis.

Además, la problemática a dilucidar es de tal generalidad que permitirá que la tesis jurisprudencial resultante tenga aplicación futura para resolver de manera uniforme casos que se presenten con identidad a los denunciados como contradictorios.

NOVENO. En principio debe puntualizarse que la contradicción de tesis existe aun cuando uno de los Tribunales Colegiados haya dirigido sus consideraciones a analizar el derecho del tanto y el otro, el de retracto, ya que ambos tienen la misma naturaleza jurídica, pues son derechos reales que se presentan, en esencia, cuando un bien o derecho patrimonial pertenece pro indiviso a dos o más personas, teniendo como finalidad la protección de los intereses privados de los condueños, evitando la intromisión de un extraño a la comunidad, esto es, que la participación de un extraño en el bien inmueble común pueda crear problemas mayores que los que ya de por sí crea frecuentemente el estado de indivisión, además de que también ambas figuras se encuentran dirigidas a evitar que los estados de indivisión se prolonguen, al hacer posible que un condueño adquiera la parte alícuota que otro pretenda enajenar a un tercero. Diferenciándose solamente ambos derechos en que el del tanto se ejercita antes de que el bien sea vendido y el de retracto se hace valer cuando el mismo ha sido enajenado, pero ambos se conceden a quienes tienen un mismo interés entre sí, esto es, entre aquellos que tienen un derecho de igual naturaleza sobre un bien indiviso, como sucede entre los copropietarios, coherederos o socios, y aun en el caso de usufructuarios.

Al respecto resulta aplicable la siguiente tesis aislada:

"Sexta Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: XL, Cuarta Parte

"Página: 111

"DERECHO AL TANTO, FINALIDAD DEL. El derecho al tanto tiene por objeto fundamental evitar la intromisión de un extraño en la comunidad, evitar que la participación de un extraño en la cosa común pueda crear problemas mayores que los que ya por sí mismo crea frecuentemente el estado de indivisión; por otra parte, también tiene como un fin mediato, evitar la prolongación del estado de copropiedad. En consecuencia, puede decirse que tiene por fin proteger los intereses privados de los copropietarios, y no pretende tutelar el orden público, pues si bien es verdad que puede pensarse que la ley está interesada en que no se prolonguen los estados de indivisión, también lo es que no establece imperativamente la obligación de terminarlos, puesto que si bien es cierto que el derecho de retracto tiene por objeto, como antes se dijo, hacer posible que el propietario adquiera la parte alícuota enajenada en favor del tercero también lo es que la ley no lo obliga a ello, de tal modo que es el propio titular del derecho quien decide si la ejercita o no.

"Amparo directo 5965/57. Pedro Solís Salas. 27 de octubre de 1960. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada."

Asimismo, también debe puntualizarse que de las ejecutorias que contienen los criterios en contradicción, se desprende que los bienes objeto de la venta judicial pertenecían a la sociedad conyugal, sin que se advierta que ésta hubiere sido disuelta al momento de la ejecución, o bien, que se hubieran formulado capitulaciones matrimoniales conforme a las cuales esos bienes se encontraran fuera de ese régimen, de manera que sólo uno de los cónyuges, por acuerdo expreso entre ambos, tuviera dominio exclusivo sobre ellos, presupuesto del que ambos Tribunales Colegiados derivan la copropiedad entre los cónyuges en relación con los bienes pertenecientes a dicha sociedad.

Ahora bien, como punto inicial del presente estudio debe analizarse si los criterios contradictorios de los órganos colegiados partieron de una premisa correcta, pues de no ser ello así, independientemente de las consideraciones que en relación con el derecho del tanto o de retracto hubieran podido externar en sus ejecutorias, lo procedente sería declarar sin materia la presente contradicción de tesis.

El artículo 175 del Código Civil del Estado de Baja California prevé lo siguiente:

"Artículo 175. El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o bajo el de separación de bienes."

De lo anterior se advierte que el régimen patrimonial del matrimonio en el Estado de Baja California será el de separación de bienes o el de sociedad conyugal, siendo este último el que tiene relevancia para el presente estudio.

En efecto, en dicho Estado, la sociedad conyugal se forma por una comunidad de bienes integrada por la aporta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17731-2b619c2b/derecho-del-tanto-debe-respetarse-entre-los-conyuges · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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