CONTRABANDO PRESUNTO. PARA PROCEDER PENALMENTE POR ESE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con la finalidad de establecer y determinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis denunciada, es conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus criterios contenidos en las ejecutorias de los Tribunales Colegiados contendientes.
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con sede en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Hermosillo, al fallar la revisión principal penal número 240/2002, y los amparos directos penales 282/2002 y 451/2002, en la parte que interesa a la contradicción emitió las siguientes consideraciones:
Revisión principal penal 240/2002.
"CUARTO. En sus agravios la parte recurrente señala que resultan equivocadas las consideraciones en que se basó el tribunal de amparo para conceder al quejoso la protección de la Justicia Federal que solicitó pues, aduce, la autoridad responsable, con atino, consideró fundados los agravios que la representación social hizo valer en contra de la determinación emitida por el Juez de Distrito, en lo tocante a que los preceptos 102 y 102 (sic) del Código Fiscal de la Federación describen hipótesis delictivas diversas, autónomas e independientes una de la otra, previniendo cada cual una figura típica del delito de contrabando, una genérica y otra específica, diversas entre sí, siendo que para que materialmente se forme ésta no es necesario que se constituyan los elementos de aquélla, por lo cual para proceder penalmente contra el activo no era necesaria la declaratoria a la que aludía el juzgador. Dice que de lo anterior se demuestra que tanto los agravios esgrimidos por la fiscalía como lo resuelto por el tribunal de apelación estaban debidamente fundados, ya que contrario a lo determinado en la sentencia de amparo, sí se encuentra acreditado en el caso el requisito de procedibilidad, ya que la hipótesis que prevé el artículo 103, fracción II, del código tributario, se encuentra relacionada efectivamente con la fracción III del artículo 92 del propio ordenamiento, pero con su párrafo segundo, debido a que el vehículo de procedencia extranjera fue asegurado fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas sin la documentación que acreditara su legal estancia en el país. Aduce que es claro que con la fe ministerial y la clasificación arancelaria, cotización y avalúo, se demuestra que en el caso se trata de un vehículo automotor de procedencia extranjera, mismo que, contrario a lo que determinó el tribunal de amparo, no está señalado como mercancía prohibida o restringida por el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, de ahí que resulte evidente que se está en el supuesto previsto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 92, el cual señala que en los demás casos sólo bastará la denuncia ante el Ministerio Público Federal, siendo por ello que la autoridad hacendaria no tenía que realizar una denuncia de hechos, sino que bastaba la denuncia para proceder penalmente. Refiere que en este caso fue otra autoridad distinta a la hacendaria la que primeramente tuvo conocimiento de los hechos que dieron origen a la indagatoria, como lo es la Policía Preventiva de Nacozari, Sonora, misma que fue quien los denunció, de ahí que no era necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizara alguna clase de denuncia, ya que fue la autoridad ministerial la que le hizo saber a la hacienda pública sobre la comisión de los hechos. Asiste razón a la recurrente. En efecto, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en lo conducente, dispone: ‘Artículo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado. II. Declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los artículos 102 y 115. III. Formule la declaratoria de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancía de tráfico prohibido. En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público de la Federación.’. Como se puede observar, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción I, establece los casos en los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá formular querella para proceder penalmente por delitos fiscales, y señala con precisión que se aplica en los casos de los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, es decir, no prevé al artículo 103, fracción II, que es el precepto que contempla la figura típica base de este estudio; asimismo, tal numeral en su fracción II, establece la declaratoria de perjuicio en detrimento del fisco federal, y prevé a los artículos 102 y 115 de la citada legislación. Por otra parte, en la fracción III del precepto transcrito, expresamente se refiere a mercancías que pueden ser clasificadas como aquellas por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente o de aquellas que son de tráfico prohibido, caso en el que requieren la declaratoria correspondiente de contrabando a que alude el quejoso. Ahora bien, la conducta delictiva descrita por el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que tipifica el delito de contrabando presunto, el cual corresponde al ilícito materia de los hechos, no encuadra en ninguna de las hipótesis descritas en las fracciones I, II y III del numeral 92 citado y, por consecuencia, no era dable exigir a la autoridad hacendaria la querella correspondiente, pues contrario a ello si en el propio precepto se dispone que en los demás casos no previstos en las aludidas fracciones bastará la denuncia de hechos formulada por el Ministerio Público de la Federación y si el delito por el que se consignaron los hechos no está contemplado en ninguna de ellas, evidente resulta que no existía requisito de procedibilidad alguno que cumplir para la consignación del ilícito. Además, es correcta la afirmación de la recurrente en el sentido de que el vehículo afecto no constituye una de las mercancías a que alude la fracción III del numeral 92 referido. Es así debido a que en los artículos 102, 103, fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, y 105, fracciones I, II, III, IV, IX, X y XI, el legislador precisó el delito de contrabando aludiendo a mercancías, mientras que en los artículos 103, fracción II y 105, fracciones V, VI, VII y VIII, alude a vehículos estableciendo en uno y otro las diferentes hipótesis de comisión de contrabando en relación con vehículos y mercancías. Por tanto, si al establecer los distintos tipos penales en tratándose del delito de contrabando se distinguió entre mercancías y vehículos, es inconcuso que la fracción III del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación sólo aplica en tratándose del contrabando de mercancías, mas no al caso como el que se resuelve, en donde se actualizó el delito de contrabando presunto por encontrarse un vehículo de procedencia extranjera fuera de la zona de veinte kilómetros contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana en las poblaciones fronterizas sin la documentación que acreditara su legal tenencia, transporte, manejo o estancia dentro del territorio nacional. Bajo esa tesitura debe concluirse que no se requería la declaratoria de contrabando a que se refiere la fracción III del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación a que se ha hecho referencia."
Amparo directo penal 282/2002.
"QUINTO. En la primera parte del primer concepto de violación el quejoso aduce que la sentencia reclamada no se encuentra apegada a derecho al confirmar la diversa del Juez natural en la que se tuvieron por acreditados los elementos del tipo penal del ilícito de contrabando presunto, así como su responsabilidad penal en la comisión de dicho ilícito sin que se hubieren cumplido los requisitos de la ley de donde se infiere que ese acto de autoridad carece de fundamentación y motivación. Que es incorrecta la determinación de la responsable en el sentido de que el delito que nos ocupa es oficioso y no son requisitos de procedibilidad la querella o declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente en su contra. Que ello es así porque el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación contempla tres diversas especies de manifestaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: la querella, la declaratoria de perjuicio y la declaratoria correspondiente. Que en el caso se requiere de la declaratoria de contrabando, pues se trata de mercancía de importación prohibida o restringida, por estar sujetos a permisos especiales, como el caso de los vehículos de automotor, y cita al respecto el criterio jurisprudencial de rubro: ‘CONTRABANDO, DELITO DE. NO ES REQUISITO LA PREVIA QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA PROCEDER PENALMENTE.’, criterio del que se advierte, dice el quejoso, que por lo que toca a los ilícitos indicados en los artículos 102 y 115 del Código Fiscal de la Federación, se exige que la Secretaría de Hacienda formule la declaratoria de que el fisco ha sufrido perjuicio, tratándose del delito de contrabando, aun de carácter presunto respecto de mercancías por las que no deben pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, como es el caso de los automotores o de mercancías de tráfico prohibido, es decir, se requiere la declaratoria de contrabando para proceder penalmente en los casos, entre otros, del delito de contrabando presunto, previsto por la fracción II del artículo 103 del código tributario federal. Que por lo anterior, la precisión de que se trata de un automotor que requiere permiso especial, según decreto del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, constituye una característica o referencia típica al objeto material del delito, y al mismo tiempo debe reconocerse que derivado de que se trata de mercancía de importación prohibida o restringida, conforme a la fracción III del artículo 92, se asigna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de emitir esa declaratoria de contrabando para que la fiscalía, sin más requisitos de procedibilidad, pueda iniciar la averiguación correspondiente y, por tanto, es irrelevante la cantidad de impuestos omitidos o la determinación de un perjuicio económico específico para la conformación de tal delito, pues sólo es de carácter estrictamente pecuniaria la afectación del bien jurídico tutelado, pues tratándose de mercancías de importación prohibida o restringida, entre las que se encuentran los vehículos, pueden ser intereses nacionales de diversa índole los que sean afectados que requieren permiso especial de importación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Que ante la falta de declaratoria de que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio, sí resulta necesario que la autoridad hacendaria correspondiente formule la declaratoria de contrabando, y ante la ausencia de tal requisito no se cumple con la exigencia de persecución que prevé la fracción III del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y, por ende, no puede justificarse una sentencia condenatoria. Agrega que en un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se informa al Juez de Distrito, con posterioridad a la sentencia, el monto del adeudo por impuestos omitidos, y que se le otorga un plazo para hacer el pago correspondiente, con lo cual, dice el quejoso, se confirma que en su oportunidad debió hacer una declaratoria de perjuicio. Este motivo de inconformidad es infundado. En efecto, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, dispone: ‘Artículo 92.’ (se transcribe). Como se puede observar, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción I, establece los casos en los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá formular querella para proceder penalmente por delitos fiscales, y señala con precisión que se aplica en los casos de los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, es decir, no prevé al artículo 103, fracción II, que es el precepto que contempla la figura típica base de este estudio; asimismo, tal numeral en su fracción II, establece la declaratoria de perjuicio en detrimento del fisco federal, y prevé a los artículos 102 y 115 de la citada legislación. De la fracción III del numeral transcrito se advierte que para que se actualice este supuesto, tal como lo sostuvo la autoridad responsable al atender el agravio que hizo valer su defensor, se exige que el objeto del contrabando requiera de un permiso especial y, además, que no genere la obligación de pagar impuestos, y en el caso concreto, si bien del dictamen de clasificación arancelaria, cotización y avalúo, emitido por Valdwin Erubied Favela Rivera, se especificó que el vehículo asegurado requería de un permiso de importación expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin embargo, de dicho dictamen también se advierte que el contrabando del automóvil asegurado sí causó un monto de impuestos omitidos por la cantidad de ocho mil seiscientos cuarenta y un pesos moneda nacional, por lo que se concluye que no se está en el supuesto a que alude el quejoso en su motivo de inconformidad. A mayor abundamiento, la fracción III del precepto transcrito, expresamente se refiere a mercancías que pueden ser clasificadas como aquellas por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente o de aquellas que son de tráfico prohibido; caso en el que requieren la declaratoria correspondiente de contrabando a que alude el quejoso. Ahora bien, la conducta delictiva descrita por el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que tipifica el delito de contrabando presunto, el cual corresponde al ilícito materia de los hechos, no encuadra en ninguna de las hipótesis descritas en las fracciones I, II y III del numeral 92 citado y, por consecuencia, no era dable exigir a la autoridad hacendaria la querella correspondiente, pues contrario a ello si en el propio precepto se dispone que en los demás casos no previstos en las aludidas fracciones bastará la denuncia de hechos formulada por el Ministerio Público de la Federación y si el delito por el que se consignaron los hechos no está contemplado en ninguna de ellas, evidente resulta que no existía requisito de procedibilidad alguno que cumplir para la consignación del ilícito. Además, el vehículo afecto no constituye una de las mercancías a que alude la fracción III del numeral 92 referido. Es así debido a que en los artículos 102, 103, fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, y 105, fracciones I, II, III, IV, IX, X y XI, el legislador precisó el delito de contrabando aludiendo a mercancías, mientras que en los artículos 103, fracción II y 105, fracciones V, VI, VII y VIII, alude a vehículos estableciendo en uno y otro las diferentes hipótesis de comisión de contrabando en relación con vehículos y mercancías. Por tanto, si al establecer los distintos tipos penales en tratándose del delito de contrabando, se distinguió entre mercancías y vehículos, es inconcuso que la fracción III del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación sólo aplica en tratándose del contrabando de mercancías, mas no al caso como el que se resuelve, en donde se actualizó el delito de contrabando presunto por encontrarse un vehículo de procedencia extranjera fuera de la zona de veinte kilómetros contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana en las poblaciones fronterizas sin la documentación que acreditara su legal tenencia, transporte, manejo o estancia dentro del territorio nacional. Bajo esa tesitura, debe concluirse que no se requería la declaratoria de contrabando a que se refiere la fracción III del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación a que se ha hecho referencia. Otro motivo de inconformidad que hace valer el quejoso en su concepto de violación, es el hecho de que el delito por el que se le encausó no es un delito autónomo, sino que es el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación el que señala la forma de demostración del delito de contrabando que contempla el diverso numeral 102 del ordenamiento legal en cita, de tal manera que no puede tenerse como penalmente responsable del delito de contrabando a un individuo con base en presunciones. Este motivo de inconformidad también es infundado, porque el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación que prevé el delito de contrabando establece que para su actualización se requiere que se introduzca o extraiga del país mercancías, constituyendo, por tanto, tal actividad el núcleo del delito, lo que no ocurre con las diversas hipótesis contenidas en el artículo 103 de la codificación señalada, pues en esta disposición cada supuesto es diferente; así, la fracción II del artículo 103, prohíbe y sanciona la conducta típica de mantener vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de la línea urbana de las poblaciones fronterizas sin contar con la documentación que acredite su legal tenencia, transporte, manejo o estancia en el país. Las propias disposiciones ponen de manifiesto, con independencia de la redacción empleada por el legislador, que el núcleo del tipo a que alude la fracción II del artículo 103 mencionado, no lo constituye el introducir o extraer del país el bien referido, sino la permanencia o estancia ilegal de automotores de procedencia extranjera fuera de los límites que establece el propio precepto legal. Además, con independencia de si el delito en examen es o no autónomo o complementado o se trata de una figura atípica, el punto determinante de la comisión del delito es el aseguramiento de una mercancía o vehículo de procedencia extranjera sin la documentación que acredite su legal estancia en el país, tal como lo señala la fracción II del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, porque como ya se dijo, aun cuando en tal disposición legal no se establece como elemento constitutivo del delito la introducción del vehículo al país, esto queda inmerso en el hecho de poseer tal unidad motriz dentro del territorio nacional. Respecto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 43/99, emitió la jurisprudencia consultable en la página 89 del Tomo XIV, julio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CONTRABANDO. SE ACTUALIZA ESE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA AUN CUANDO SE LOCALICEN DENTRO DEL LÍMITE TERRITORIAL QUE SEÑALA EL DIVERSO ARTÍCULO 103 DEL MISMO CUERPO DE LEYES.’ (se transcribe). Con base en lo anterior, es inconcuso que el precepto 103 del Código Fiscal de la Federación prevé supuestos casuísticos de conductas prohibidas consideradas presuntivamente como contrabando y sancionadas con las penas de aquél, pero sin exigir que se acrediten los elementos propios de la forma original o genérica, es decir, lo relativo al acto mismo de la introducción o extracción ilegal de mercancías del país, en esa circunstancia no es dable exigir la demostración de la introducción o extracción mencionada, sino sólo la actualización de aquellas circunstancias de espacio precisadas para esa clase de automotores, como su tenencia o permanencia, que no puede confundirse con actos posesorios meramente precarios o detentatorios, y es aquí donde entra precisamente la actividad del juzgador para determinar en qué momento se da esa tenencia o permanencia, y qué conductas encuadran en la descripción típica de la norma, sin que ello implique una actividad legislativa, sino de mera aplicación atendiendo a la ley positiva. Por tanto, sería absurdo sostener que para poder acreditarse el delito de contrabando presuntivo deban demostrarse, además, la exigencia ordinaria del artículo 102 a la que se ha hecho mención, en cuanto al acto material de introducción o extracción ilegal, pues acreditado dicho acontecimiento no tendrían razón de ser las diversas hipótesis del artículo 103 citado. Por lo anterior, es de concluirse que el concepto de violación resulta infundado, pues el quejoso parte de la premisa falsa de que el delito de contrabando previsto por la fracción II del artículo 103 del Código Fiscal requiere para su actualización la comprobación de la introducción al país en términos de lo dispuesto por el diverso artículo 102 de la codificación referida que contiene la descripción del delito de contrabando, lo cual no es dable considerar, pues como quedó precisado anteriormente, mientras el delito de contrabando requiere para su comprobación la introducción o extracción al país de mercancías en los términos expuestos en el propio precepto, el diverso previsto por la fracción II del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación sanciona la conducta consistente en mantener de manera ilegal vehículos extranjeros fuera de la zona que el propio numeral señala, sin considerar para la actualización del delito, como ya se dijo, el elemento de introducción. Por otra parte, aun cuando el quejoso no especifica cuáles fueron las presunciones con base en las cuales dice que se le dictó sentencia condenatoria, lo cierto es que del análisis de las constancias de autos y de la sentencia reclamada, no se advierte, como lo afirma el quejoso, que se le sentenció por el delito de contrabando presunto, previsto en el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, con base en presunciones, de ahí que es correcta la determinación del tribunal responsable de coincidir con el Juez de primera instancia en cuanto a que con las pruebas aportadas al sumario se acreditan a plenitud, tanto el cuerpo del delito como la responsabilidad del aquí quejoso en su comisión. Otro motivo de inconformidad que expresa el quejoso, lo hace consistir en que las conclusiones acusatorias formuladas por el representante social son del todo atécnicas, pues no reúnen los requisitos establecidos en los artículos 292 y 293 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que no propone las cuestiones de derecho concretas sobre los hechos punibles, así como las proposiciones sobre los elementos del tipo y responsabilidad penal. Es infundado este motivo de inconformidad porque contrariamente a lo que sostiene el quejoso, las conclusiones acusatorias del Ministerio Público sí cumplen con los requisitos que establecen los artículos 292 y 293 del Código Federal de Procedimientos Penales. En efecto, los referidos numerales establecen lo siguiente: ‘Artículo 292.’ (se transcribe). ‘Artículo 293.’ (se transcribe). De lo anterior se obtiene que entre los requisitos que deben contener las conclusiones acusatorias están, entre otros: a) Fijar en proposiciones concretas los elementos constitutivos del delito que se atribuya al acusado, describiendo con qué pruebas están demostrados; b) Fijar también en proposiciones concretas los elementos conducentes a establecer la responsabilidad del acusado en su comisión, esto es, precisar la participación del acusado en la conducta típica, describiendo con qué pruebas está acreditada su participación; c) Citar las leyes y jurisprudencia aplicables, lo que se hace al formular cada una de las proposiciones anteriores; d) Señalar el grado de participación del inculpado en la comisión del ilícito, describiendo la conducta del agente y el porqué se le ubica en tal grado de participación; y, e) Solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes. Ahora bien, en cuanto a lo referido en el inciso a), el representante social en sus conclusiones expuso: (se transcriben). De lo anterior se advierte que el Ministerio Público de la Federación relacionó los elementos del delito por el que se le procesó al quejoso y los adminiculó con las pruebas que obran en autos a efecto de acreditar cada uno de ellos. Por lo que se refiere al inciso b), relativo a la responsabilidad penal del quejoso en la comisión del ilícito por el que formula conclusiones acusatorias, el representante social dijo: (se transcriben). En cuanto a este apartado, también el representante social cumplió con el requisito exigido, pues al respecto expresó, fundada y motivadamente, con qué pruebas se acreditaba la responsabilidad penal del ahora sentenciado y, asimismo, citó las leyes y jurisprudencia aplicables, tanto respecto a lo indicado en el inciso a) como en el b), de tal manera que igualmente cumplió con el requisito señalado en el inciso c). Por lo que hace al grado de participación indicado en el inciso d), también fundó y motivó el mismo, en los siguientes términos: (se transcriben). Por último, también del pedimento respectivo, se advierte que el Ministerio Público de la Federación, en el apartado denominado ‘individualización de la pena’, señaló la sanción que considera aplicable al procesado por la comisión del ilícito por el que se le procesó, colmando con ello el requisito que se señala en el inciso e), pues expresó: (se transcriben). Consecuentemente, contrariamente a lo que sostiene el quejoso, las conclusiones acusatorias del representante social sí cumplen con los requisitos que al efecto establecen los artículos 293 y 294 del Código Federal de Procedimientos Penales, además de que tales conclusiones fueron la base para que el juzgador sentenciara al aquí quejoso sin que se advierta que este último haya sobrepasado los límites que le imponen las conclusiones acusatorias, tal como puede advertirse de la propia sentencia reclamada. Por último, igualmente infundado resulta su argumento de que en autos no se acreditó el dolo o intencionalidad que forzadamente pretende extraer la responsable de su declaración ministerial, atendiendo, dice el quejoso, a que concurrió ante la autoridad correspondiente de manera espontánea y sin delito alguno a investigar sobre los antecedentes del vehículo que pretendía legalizar y a cambio de ello se le encausó por un delito que no cometió. En efecto, con las manifestaciones que expresa el quejoso en este motivo de inconformidad, está aceptando que realizó la conducta de una manera voluntaria, es decir, tenía en su poder en el país un vehículo de procedencia extranjera de manera ilegal, con independencia de que aquí manifieste que pretendía legalizarlo (lo cual tampoco se encuentra acreditado en autos), porque la conducta típica se agota con la comprobación de que el sentenciado fue encontrado en poder de un vehículo de procedencia extranjera fuera de la zona de veinte kilómetros contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas sin que acredite con la documentación correspondiente su legal tenencia y estancia en el país, lo cual aceptó al rendir su declaración ministerial y como ya se dijo también lo acepta tácitamente en este motivo de inconformidad. Por otra parte, si lo que pretende el quejoso es eximirse de responsabilidad alegando desconocimiento de que la conducta que desplegó es ilícita, ello también es infundado, puesto que es un hecho notorio por ser ampliamente divulgado por las autoridades en los medios de comunicación. En las reseñadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso y no advertirse motivo para suplir la queja deficiente en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito y del Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, dado que los mismos no se impugnan por vicios propios al tenor de la tesis de jurisprudencia número 105, emitida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.’ (se transcribe)."
Amparo directo penal 451/2002.
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el defensor público federal del quejoso. Por tener íntima relación los conceptos de violación primero, segundo y tercero, los mismos se estudiarán en su conjunto. En ellos se dice que la sentencia reclamada viola en perjuicio del quejoso sus garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales al no estar debidamente fundamentada y motivada porque las actuaciones del proceso no son suficientes para demostrar que la autoridad investigadora pueda actuar de oficio en hechos constitutivos del delito de contrabando si la cuantía de los impuestos es mínima o reducida; que la interpretación del tribunal responsable no se ciñe al contenido del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que la autoridad ministerial pueda ejercitar acción penal de oficio sin la existencia de querella, denuncia o declaratoria de perjuicio de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que es errónea la interpretación del tribunal de apelación pues la finalidad del referido artículo 92 del código tributario no es que se persiga a los evasores fiscales si no hay querella, denuncia o declaratoria de perjuicio de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18254-55a38725/contrabando-presunto-para-proceder-penalmente-por-ese-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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