SALUD, DELITO CONTRA LA. PARA SU CONFIGURACIÓN EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DEL ESTUPEFACIENTE DENOMINADO OPIO, ES INTRASCENDENTE QUE DICHA SUSTANCIA ESTÉ PREPARADA PARA FUMAR O EN CUALQUIER PRESENTACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el catorce de febrero de dos mil dos el amparo directo 12/2002, son, en lo que interesa, las siguientes (fojas 51 y vuelta a 63 del cuaderno de contradicción):
"CUARTO. Los conceptos de violación expresados por el quejoso resultan infundados. Ahora bien, inicialmente se realizará el análisis de cuál es la descripción legal del tipo penal por el que se le dictó sentencia al impetrante del amparo, para luego determinar cuál fue la conducta que dice el tribunal responsable existió, y si esta acción humana se adecuó al tipo penal, para luego detectar los elementos probatorios que sirvieron para acreditarla, verificando si éstos fueron valorados adecuadamente y si se cumplió con la debida configuración del delito por el cual se le condenó. En primer lugar, el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de opio, por el cual se siguió proceso al ahora quejoso, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, en relación con el 193, ambos del Código Penal Federal, mismos que en su parte conducente a la letra dicen: (se transcriben). De la transcripción de los anteriores preceptos legales se desprenden los siguientes elementos del tipo: a) La existencia de una sustancia considerada como narcótico por la Ley General de Salud; b) Que alguien tenga en su posesión dicho narcótico; c) Que esa posesión se realice con la finalidad de efectuar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal; y, d) Que con esa conducta se contravengan disposiciones legales y sanitarias, como lo son el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. De lo anterior se concluye que el núcleo del tipo se configura con la conducta de poseer un narcótico sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, para realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del código punitivo. La conducta que dice la autoridad responsable se adecua al tipo que se describió anteriormente, es la siguiente: (se transcribe). El Primer Tribunal Unitario de este circuito estableció como elementos objetivos o externos los siguientes: a) La existencia de una sustancia considerada como narcótico por la Ley General de Salud; b) Que alguien tenga dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad dicho narcótico, y que lo realice contraviniendo disposiciones legales y sanitarias, en el caso del código en comento y la Ley General de Salud. Para acreditar el primero de dichos elementos la autoridad responsable lo hizo con las pruebas siguientes: Fe ministerial y judicial de una sustancia pastosa y de color café, valoradas en términos del artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales (fojas 25 y 59 del expediente de primera instancia). Dictamen químico organoléptico en el que se determinó la naturaleza del estupefaciente, valorado de conformidad con los artículos 288 y 285 del código citado en el párrafo anterior (foja 37 de la causa penal). Así las cosas, la autoridad responsable con la fe ministerial y judicial de la sustancia pastosa de color café, tuvo por acreditada correctamente la existencia de la misma y su peso bruto (cinco kilos quinientos gramos), y con el dictamen químico legal determinó la naturaleza de narcótico de dicha sustancia, en el caso concreto opio, siendo valoradas adecuadamente, pues de los numerales en cita se precisa el alcance y valor probatorio de éstas, máxime que debidamente fundamentó dicha valoración. Respecto al segundo elemento señalado en el inciso b), consistente en que ... tenía en posesión el narcótico de referencia en contravención a disposiciones de orden público contempladas en el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, la autoridad responsable lo tuvo por acreditado con los medios probatorios que a continuación se describen: Parte informativo suscrito por David Sibaja Díaz y Rogelio González López, agentes de la Policía Judicial Federal, el cual ratificaron ante el agente del Ministerio Público Federal, en el que, en esencia, manifestaron que el trece de agosto de dos mil, siendo aproximadamente las diecisiete horas con treinta minutos, al ir circulando por la avenida La Marina de esta ciudad, a la altura del restaurante ‘El Montalayo’, al revisar el vehículo que conducía ... encontraron en la parte delantera del lado del copiloto una mochila que en su interior traía una bolsa de plástico, la cual a su vez contenía otra bolsa de plástico en la que se encontraron cuatro paquetes forrados con cinta canela con una sustancia pastosa de color café. La probanza fue valorada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 287, último párrafo, 285 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales. Declaración rendida por ... ante el representante social, la que ratificó en vía de preparatoria, en la que refirió, sustancialmente, que el día de los hechos fue detenido cuando conducía un ecotaxi, localizándose en el interior de dicha unidad el narcótico afecto. Esta deposición el tribunal responsable la valoró de conformidad con los arábigos 285 y 287 del ordenamiento en cita. Con los anteriores medios de prueba la responsable tuvo por demostrado el elemento objetivo o externo del delito, como es que .... el trece de agosto de dos mil, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, al ir conduciendo un ecotaxi por la avenida La Marina de esta ciudad, fue detenido por elementos de la Policía Judicial Federal, quienes al efectuar una revisión a dicho vehículo encontraron en el asiento delantero del copiloto cuatro envoltorios forrados con cinta canela, en cuyo interior contenían una sustancia de color café, con peso bruto de cinco kilos quinientos gramos, que de acuerdo con el dictamen químico organoléptico que se rindió resultó ser opio. Determinación que es correcta, puesto que se estima que estas probanzas fueron debidamente valoradas, en virtud de que la autoridad responsable les otorgó el valor que precisan los numerales en que se apoyó para ello. Sin que sea obstáculo para lo así determinado el concepto de violación en el que alega el quejoso que, contrario a lo estimado por el Tribunal Unitario responsable, en el caso no se encuentra acreditado el elemento externo que exige el artículo 195 del Código Penal Federal, que sanciona el que se posea alguno de los narcóticos señalados en el diverso 193 del mismo ordenamiento, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, requisito que, repite, es de naturaleza objetiva y es perceptible por medio de los sentidos, demostrable a través de prueba directa, siendo en el caso la pericial química en materia de identificación de sustancias prohibidas, la cual existe agregada al juicio de origen, y determinó que la sustancia examinada resultó ser opio, prevista en el artículo 234 de la legislación sanitaria. Sigue manifestando el quejoso que en virtud de que el citado numeral 195, primer párrafo, requiere que existan narcóticos señalados en el diverso 193, y que éste a su vez señala textualmente: ‘... son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstas en los artículos 237, 245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. ...’, y que al no encontrarse la sustancia denominada opio dentro de las disposiciones sanitarias que refiere el 193, toda vez que el dictamen pericial determinó que la sustancia está considerada como enervante por el referido precepto 234, es inconcuso que no existe cuerpo del delito. El concepto de violación antes descrito resulta infundado, toda vez que aun cuando es cierto que en el dictamen químico organoléptico que obra en la causa penal se determinó que la sustancia que se analizó resultó ser opio, y que se encontraba prevista como enervante por el artículo 234 de la ley sanitaria, también lo es que en el numeral 237 sí se encuentra comprendida, como se explicará. En primer término, debe decirse que la circunstancia de que el perito hubiera señalado que la sustancia fedatada se encontraba dentro de las previstas en el artículo 234 es intrascendente, toda vez que lo hizo únicamente para efecto de ubicar esa sustancia, además de que no es al perito a quien le corresponde determinar si una sustancia es o no de las prohibidas por el diverso 237, puesto que tal determinación le corresponde al órgano jurisdiccional, esto es, al perito en su dictamen, como mero auxiliar del juzgador, corresponde, con apoyo en conocimientos técnicos o científicos, establecer pormenorizadamente cada una de las características de la sustancia analizada, y es al Juez, como experto en la ciencia jurídica, a quien con base en ese dictamen le corresponde determinar si la sustancia se encuentra inmersa en alguna de las previstas en el supracitado numeral 237, pues concluir lo contrario sería tanto como atribuir al perito funciones jurisdiccionales que sólo le competen al Juez; de ahí lo infundado de este argumento. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis aislada sostenida por este órgano colegiado, cuyo contenido dice: ‘PERITAJE QUÍMICO. NO RESULTA VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CUANDO EN ÉL NO SE DETERMINE EN QUÉ PRECEPTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD SE ENCUENTRA PREVISTO QUE UNA SUSTANCIA O VEGETAL TENGA EL CARÁCTER DE ESTUPEFACIENTE.’ (se citan datos de localización y se transcribe). Por otro lado, el citado numeral 237 refiere cuáles son las sustancias y vegetales prohibidos, entre otros se encuentra la papaver somniferum o adormidera, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. Respecto a este vegetal es pertinente transcribir lo siguiente: Enrique A. Fábrega Suárez, en su obra denominada ‘El Mundo de las Drogas’, editado por el Consejo de Estudios de Postgrado, Consejo de Publicaciones, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 1988, en relación con el opio señala: ‘El opio es el látex seco de las cápsulas inmaduras de la adormidera o papaver somniferum L’. Efraín García Ramírez, autor de la obra ‘Drogas, Análisis Jurídico del Delito Contra la Salud’, tercera edición, Editorial Sista, S.A. de C.V., refiere, en lo que interesa: ‘El opio proviene de la exudación lechosa y blanca obtenida por la incisión de la cápsula de la amapola. Esta planta es originaria del Asia Menor y su nombre científico es el de papaver somniferum (adormidera). Cuando el látex de color blanco que sale del fruto o cápsula del vegetal se expone al aire, se oxida, adquiriendo un color pardo oscuro.’. De las transcripciones anteriores se desprende que el opio proviene de la exudación lechosa de la flor denominada científicamente papaver somniferum o adormidera. En esa virtud, si el opio es un derivado de la papaver somniferum o adormidera, es claro que sí se actualiza lo previsto por el artículo 193 referido, en cuanto dispone que serán punibles las conductas que se relacionen con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en el artículo 237 de la ley sanitaria, y la papaver somniferum o adormidera sí se encuentra contemplada en este último numeral, y el opio es un derivado de la misma. En esas condiciones, contrario a lo afirmado por el impetrante del amparo, la sustancia que le fue asegurada sí se encuentra contemplada dentro de las prohibidas por el multirreferido artículo 237, por ende, se sostiene lo infundado de este concepto de violación."
CUARTO. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el veinte de septiembre de dos mil uno el amparo directo 185/2001, son, en lo que interesa, las siguientes (fojas 375 a 481 del cuaderno de contradicción):
"De las constancias que informan el proceso penal 50/99, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, aparecen como datos de mayor relevancia los siguientes: a) Dictamen de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, emitido por el perito químico oficial de la Procuraduría General de la República, que literalmente establece: (se transcribe). b) Resolución de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, emitida en los autos de la averiguación previa 224/99/I, en la que el agente del Ministerio (sic) de la Federación determinó el ejercicio de la acción penal en contra de ... en los términos que a continuación se precisan: (se transcribe). c) Interlocutoria de veintidós de marzo de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con asiento oficial en Los Mochis, mediante la cual resolvió la situación jurídica de ... a quien decretó auto de formal procesamiento conforme a los puntos resolutivos que a continuación se transcriben: (se transcribe). d) Ejecutoria de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por ... de la siguiente manera: (se transcribe). e) Pedimento número 107/99, de dos de julio de mil novecientos noventa y nueve, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al órgano jurisdiccional que instruyó el procedimiento penal, mediante el cual se precisa la acusación en contra de ... de la forma que a continuación se detalla: (se transcribe). f) Sentencia de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito en el Estado de Sinaloa, con asiento oficial en Mazatlán, que negó a ... el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto que en su momento reclamó del Tercer Tribunal Unitario del mismo circuito, consistente en la ejecutoria de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, emitida en el toca 683/99-III (fojas 169 a 192). g) Sentencia de nueve de marzo de dos mil, emitida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en Los Mochis, que condenó a ... a las penas privativa de libertad y pecuniaria que se detallan en los siguientes puntos resolutivos: (se transcribe). h) Ejecutoria de treinta de junio de dos mil, emitida por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito en el Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad, que confirmó, en el aspecto recurrido por ... la sentencia de nueve de marzo de dos mil, emitida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en Los Mochis, misma que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional (fojas 308 a 328). Del marco anotado, así como de las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 193 y 194 del Código Penal Federal, y 237 de la Ley General de Salud, atento los motivos de inconformidad que expone el gestionante del amparo, se arriba a la conclusión de que éstos son esencialmente fundados, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, de entre los argumentos que sustenta ... destaca, por su importancia, aquel que reza lo siguiente: ‘... como se observa, el perito manifiesta que la sustancia analizada corresponde a opio, mas no dice que sea opio, sabido es que existen muchos derivados de los opiáceos, motivo por el que resulta nada claro ni preciso el dictamen químico, a más de ello, tampoco se precisa si la sustancia que corresponde a opio sea pura y si corresponde a opio preparado para fumar, ya que no es lo mismo el opio puro que el opio preparado para fumar, pues según fuentes doctrinales, un kilo de aquél produce aproximadamente 150 gramos de este estupefaciente que es lo que se encuentra prohibido por la Ley General de Salud ...’ (sic) (foja 17 del juicio de amparo 185/2001). En este sentido, los artículos 193 y 194 del Código Penal Federal, en la parte respectiva, prescriben: (se transcriben). Por su parte, los numerales 237, 245 y 248 de la Ley General de Salud, en lo que interesa, establecen: (se transcriben). En este sentido, de acuerdo con el dictamen que determinó el tipo de estupefaciente que le fue asegurado al ahora quejoso ... resulta que su conducta es atípica, dado que no se surte uno de los presupuestos elementales del delito que atenta contra la salud pública, en el caso el objeto material. Al efecto, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, en su décima cuarta edición, tomo de la P a la Z, página dos mil quinientos veintitrés y siguiente, define, en relación con los presupuestos del delito, lo que a continuación se anota: (se transcribe). Ahora bien, la dogmática jurídico-penal, para determinar la existencia de un delito requiere la concurrencia de determinados sujetos y circunstancias, tanto de hecho como jurídicas, es decir, los antecedentes necesarios para la realización de la conducta o hecho descrito por el tipo penal, de cuya existencia depende aquél. Los presupuestos que recoge el derecho positivo mexicano son, en su orden: a) La norma penal, que debe comprender el precepto y la sanción. b) El sujeto activo y pasivo. c) Objeto material. d) Objeto jurídico. Lo anterior se encuentra plasmado, específicamente, en el artículo 7o. del Código Penal Federal, que dice: (se transcribe). Del análisis a los presupuestos apuntados se tiene, en una prelación lógica respecto del caso concreto, el marco penal, esto es, el artículo 194, fracción I, que remite al 193, párrafos primero y segundo, ambos del Código Penal Federal; en tanto el Estado, entre otros supuestos, estima punible el transporte de los narcóticos que señala la norma apuntada en último término, misma que a su vez se contrae a los numerales 237, 245, fracciones I, II y III, y 248 de la Ley General de Salud. Luego, existe también el sujeto activo y el pasivo, o sea, el ahora quejoso y la propia colectividad en su máxima expresión, de acuerdo con el bien jurídico que se tutela; figura también el bien jurídico tutelado, lo que el legislador, basado en la realidad social, ha considerado que debe estar protegido, en el caso concreto, en tratándose de los delitos vinculados con el narcotráfico que atentan contra la salud pública, incluso la propia existencia del Estado; y, finalmente, los objetos material y jurídico; el material llámense personas o cosas, estas últimas como la realidad corpórea e incorpórea susceptible de ser considerada como bien jurídico; al respecto el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, en su décima cuarta edición, tomo de la I a la O, páginas dos mil doscientos cuarenta y dos y siguientes, define el objeto del delito de la forma siguiente: (se transcribe). Por consiguiente, si el delito contra la salud que se reprocha por parte de la responsable al ahora quejoso, de acuerdo con el artículo 193 del Código Penal Federal, sólo es punible en tratándose de las sustancias que enumera el diverso 237 de la Ley General de Salud, donde ésta exige la existencia, en el caso concreto, de opio preparado para fumar, y aquel que le fue asegurado al impetrante, se insiste, de acuerdo con el dictamen técnico-especializado en esa materia, sólo se identificó como opio, sustancia clasificada como estupefaciente por el artículo 234 de la Ley General de Salud, resulta inconcuso que éste escapa a las conductas que pune el artículo 193 del Código Penal Federal, o sea, que se carece de objeto material como presupuesto indispensable para la existencia del delito que se le reprocha a ... En relación con el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios de amparo directo 1532/54 y 2298/54, de veintiséis de agosto y treinta y uno de marzo, ambos de mil novecientos cincuenta y cinco, emitió las tesis que aparecen publicadas, respectivamente, en las páginas mil setecientos nueve y dos mil noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXV y CXXIII, del rubro y texto siguientes: ‘DELITO, NATURALEZA DEL.’ (se citan datos de localización y se transcribe). ‘DELITO, NATURALEZA DEL.’ (se transcribe). Así las cosas, el artículo 14 constitucional prescribe: (se transcribe). Del texto anterior se desprenden con nitidez dos principios fundamentales que restringen la acusación de la autoridad jurisdiccional, el primero, relativo a la aplicación exacta de la ley y, el segundo, referente a la prohibición analógica de imponer alguna pena si no está expresamente prevista en la ley que se va a aplicar. Doctrinariamente estos principios fueron creados en respeto al hombre como ser humano sujeto de obligaciones pero también de derechos, pues no basta que un sujeto determinado sea señalado como responsable de un evento delictivo, sino que resulta indispensable sentar la prueba de su quehacer delictivo, ya que en tanto se cumple lo anterior habrá de presumirse su inocencia; sin embargo, es la hipótesis legal que establece la conducta el principio indispensable para determinar si el acto desplegado se vincula o no con la norma penal, pues de ser el último supuesto la violación de garantías resulta manifiesta, en tanto el órgano jurisdiccional debe abstenerse de juzgar un hecho que no se encuentra previsto en la norma, lo contrario implica, desde luego, una aplicación indebida de la analogía que prohíbe el párrafo tercero del artículo 14 constitucional. De esta forma se recoge el principio general de que no hay delito sin pena ni pena sin ley; lo anterior engendra para el gobernado la tutela obligada del Estado a respetar el marco de libertades permitido, esto es, se garantiza la seguridad jurídica fijada por el legislador, de manera que el órgano jurisdiccional al conocer del caso concreto se limita al catálogo en que se han estatuido las conductas que, en derecho penal, se han elevado a la categoría de delitos. Dicha obligación no se limita a los actos de aplicación de la norma, sino que abarca a la propia ley, cuya redacción debe ser tal que implique los elementos necesariamente claros, precisos y exactos de la hipótesis que relaciona a fin de evitar confusiones que demeriten, en perjuicio del gobernado, la defensa en el proceso penal. Por tanto, si el legislador al sancionar, en el caso concreto, la transportación de sustancias consideradas como estupefacientes, vinculó los artículos 193 y 194, ambos del Código Penal Federal, con el 237 de la Ley General de Salud, es incuestionable que el juzgador no puede extrapolar su actuación fuera de las hipótesis comprendidas en tales preceptos, precisamente porque el legislador enunció con claridad los casos que al Estado le interesa reprimir y exigió sobre el particular un opio preparado para fumar, de donde se sigue que cualquier remisión a un precepto diverso, con el ánimo de sancionar la conducta que se reprocha al peticionario de garantías, implica un desajuste total de las actividades que a cada poder dentro de la Federación corresponden y, especialmente, se llevaría la analogía a un grado tal de aplicación que convertiría en parte al propio órgano jurisdiccional. En efecto, si el artículo 193 del Código Penal Federal limita las actividades de narcotráfico que sanciona el Estado a las sustancias que enumera el precepto 237 de la Ley General de Salud, y ésta requiere de un opio preparado para fumar, aplicar por analogía el opio que contempla el diverso 234 de este último ordenamiento, es demeritar la defensa del gobernado y soslayar las pruebas que fueron aportadas al proceso, en el que el especialista determinó que se trataba de opio, sin hacer referencia a la preparación requerida para su sanción, condición indispensable para la acreditación del presupuesto que rige al respecto. Luego entonces, este tribunal como órgano de control constitucional, al partir de las premisas que en materia penal establece el artículo 14 del Pacto Federal, arriba a la conclusión de que el acto de autoridad reclamado contraviene, de hecho, el marco apuntado y ello afecta las garantías que al quejoso se le deben respetar. Por consiguiente, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ... respecto del acto que reclamó del Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, residente en esta ciudad, para que deje sin efectos la ejecutoria de treinta de junio de dos mil y, en su lugar, al tomar en consideración los lineamientos de esta resolución constitucional, dicte otra en la que ordene revocar la sentencia de primer grado emitida el nueve de marzo de dos mil, en los autos del proceso penal 50/99, y proceda en consecuencia, pues al no surtirse todos los presupuestos del delito la conducta desplegada por el agraviado resulta atípica. En estas circunstancias, al resultar fundado uno de los motivos de inconformidad expuestos por el gestionante del amparo, resulta innecesario abocarse al conocimiento y análisis del resto de los argumentos expresados en la demanda de garantías. Al respecto, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se citan datos de localización y se transcribe)".
Similares consideraciones se emitieron para resolver los amparos directos 292/2001, 373/2001 y 253/2001.
QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
Así tenemos que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en resumen estima que el artículo 237 de la Ley General de Salud contempla, entre las sustancias que prohíbe, la papaver somniferum o adormidera en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, y dado que el opio proviene de la mencionada papaver somniferum o adormidera, por consecuencia, dicha sustancia se encuentra dentro de las prohibidas por el citado artículo 237 de la Ley General de Salud, infiriéndose que es irrelevante la presentación en que se encuentre tal sustancia (opio) para efecto de acreditar el delito de posesión a que se refiere el artículo 195, en relación con el 193 del Código Penal Federal.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito considera que el artículo 237 de la Ley General de Salud exige la existencia de opio preparado para fumar, por lo que una sustancia clasificada simplemente como opio, en los términos del artículo 234 de la misma Ley General de Salud, no puede ser considerada como un narcótico a los que se refiere el artículo 193 del Código Penal Federal; lo anterior se debe a que el legislador
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17537-570dd569/salud-delito-contra-la-para-su-configuracion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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