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ORDEN DE APREHENSIÓN. AL DICTARSE, EL JUEZ DEBE ANALIZAR LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17566
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 176.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEXTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con base en las ejecutorias emitidas al resolver los amparos en revisión 487/2001, 460/2001, 484/2001, 89/2002 y 97/2002 promovidos por ... (fojas 21 a 40 idem) ... (fojas 41 a 58 idem) ... (fojas 59 a 93 idem) ... (fojas 94 a 122 idem) y por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán (fojas 123 a 153 idem), respectivamente, sustentó la tesis jurisprudencial XIV.1o. J/9, que a la letra dice:

"MODIFICATIVAS Y CALIFICATIVAS DEL DELITO. NO DEBEN INCLUIRSE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN, CONFORME A LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 CONSTITUCIONALES VIGENTES A PARTIR DEL NUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). De acuerdo a las reformas publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de treinta de marzo de dos mil, con vigencia a partir del día siguiente, se reformó el numeral 255 del Código de Procedimientos en Materia Penal de la entidad, que en lo conducente dispone que: ‘... Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, y se tendrá por comprobado cuando se justifique la existencia de esos elementos por cualquier medio de prueba siempre que no sea de los prohibidos por la ley. ...’; adecuándolo al texto actual de los artículos 16 y 19 constitucionales, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en relación con el concepto de cuerpo del delito, lo que trae como consecuencia que, conforme a la legislación procesal penal de este Estado, no deben incluirse en la orden de aprehensión o el auto de formal prisión las modificativas o calificativas del delito; o sea, en el caso especial de Yucatán cobran actualidad las jurisprudencias de rubro: ‘CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE.’ (publicada con el número 569, en la página 978, Salas y Tesis Comunes, Segunda Parte, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988) y ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.’ (publicada en la página 263, Tomo III, enero-junio de 1989, Primera Parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación), porque el concepto de cuerpo del delito que orientó las aludidas reformas constitucionales, según dictámenes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, es el que tomó en consideración el legislador local en la aludida reforma al artículo 255."

Los cinco precedentes que dan sustento a la tesis en cuestión son de contenido similar, motivo por el cual, a fin de evitar repeticiones innecesarias, sólo se transcribe la primera de dichas ejecutorias, la que, en la parte conducente, textualmente dice:

"Consecuentemente, si bien es jurídicamente correcta la conclusión del Juez constitucional en cuanto a que, en la especie, quedaron colmados con los elementos que obran en autos, tanto la hipótesis delictiva como la probable responsabilidad de la aquí recurrente en la comisión del delito de robo, también lo es que, en la especie, la Juez natural debió circunscribir la orden de aprehensión en forma única y exclusiva al ilícito en cuestión, absteniéndose de establecer en él modalidad o calificativa alguna. Esto es así, porque no hay que desatender el hecho de que el acto reclamado, por la disposición constitucional actual, únicamente requiere para su justificación que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito que se atribuya al acusado y hagan probable su responsabilidad en su comisión, sin que deban tomarse en cuenta las agravantes o atenuantes que incidan en su realización. Conclusión a la que se llega si se atiende que la jurisprudencia número 6/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES «AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.», QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.’, publicada originalmente en la página 197, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aparece como tesis histórica bajo el número 24, página 650, Tomo II, Materia Penal, Parte Tesis Históricas. Cabe precisar, igualmente, que si bien este criterio se refiere a auto de formal prisión y no a orden de aprehensión que es el acto reclamado en el juicio que se revisa, lo cierto es que a partir de las reformas de tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, y de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a los artículos 16 y 19 constitucionales, en ambos preceptos deben reunirse como elementos de fondo el cuerpo del delito (tipo penal de 1993 a 1999) y la probable responsabilidad del inculpado, por lo que no hay razón para que el criterio que se comenta sirva de referencia a la consideración que aquí se sustenta. Como apoyo a la anterior consideración conviene destacar partes conducentes del dictamen de reforma a los artículos 16, 19, 22 y 123 constitucionales, de la Cámara de Diputados, en primer lugar, el contenido de la iniciativa presidencial respecto al artículo 16, que dice: ‘La argumentación de la iniciativa para proponer la reforma al artículo 16 constitucional, es la siguiente: Antes de 1993, para que la autoridad judicial librara una orden de aprehensión se requería que el Ministerio Público acreditara la probable responsabilidad del indiciado. Con la reforma, se impuso el requisito de acreditar los elementos del tipo penal -objetivos, subjetivos y normativos-, así como la probable responsabilidad del indiciado. Después de cuatro años de aplicación del nuevo texto constitucional, se advierte que no se ha logrado el equilibrio entre la acción persecutoria del delito y el derecho a la libertad de los gobernados. Por el contrario, ésta ha permitido que frecuentemente, por tecnicismos legales, presuntos delincuentes evadan la acción de la justicia. Basta decir que en 1997, de todas las averiguaciones previas consignadas, no se obsequiaron órdenes de aprehensión en más de 29 por ciento’. En segundo lugar, las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores y que aparecen en el dictamen de reforma ya mencionado: ‘Como ya lo hemos analizado previamente, la iniciativa presidencial propone que para librarse una orden de aprehensión se requiere, entre otras formalidades, que «existan datos que acrediten la probable existencia de los elementos objetivos del tipo penal del delito de que se trate». A este respecto, el dictamen de la colegisladora modificó la propuesta de la iniciativa para aprobarla sustituyendo dicha formalidad por la consistente en que «existan datos que acrediten el cuerpo del delito». Desde luego que tanto la iniciativa como la minuta agregan también como requisito que los datos existentes hagan probable la responsabilidad del indiciado. Dicho cambio obedece a que la colegisladora consideró insuficiente acreditar la mera «probabilidad» de los elementos del tipo para justificar un acto de molestia en contra de la libertad de las personas, puesto que podría dar lugar a excesos que incrementaran el número de aprehensiones sólo por sospechas o suposiciones de la autoridad investigadora. Asimismo, la colegisladora consideró más apropiado adoptar el concepto de «cuerpo del delito», en lugar del concepto «elementos objetivos del tipo penal», no sólo por las razones expuestas en la iniciativa sino porque consideró que el cuerpo del delito es «el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho previsto como delito por la ley».’. Este último concepto es el que se establece en la jurisprudencia número 569, de rubro: ‘CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE.’, publicada en la página 978, Primera Sala, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, y el artículo 255 del actualmente denominado Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, que dispone: ‘El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpado como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están justificados en autos. Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, y se tendrá por comprobado cuando se justifique la existencia de esos elementos por cualquier medio de prueba siempre que no sea de los prohibidos por la ley. Deberán aplicarse, en su caso, las reglas especiales que establece este código para la comprobación de determinados cuerpos del delito. La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de exclusión del delito.’. De todo lo expuesto se observa que por reformas publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de treinta de marzo de dos mil, con vigencia a partir del día siguiente, se reformó el numeral 255 del Código de Procedimientos en Materia Penal de la entidad, adecuándolo al texto actual de los artículos 16 y 19 constitucionales, en relación al concepto de cuerpo del delito, lo que trae como consecuencia que, conforme a la legislación procesal penal de este Estado, no deben incluirse en la orden de aprehensión o el auto de formal prisión las modificativas o calificativas del delito; o sea, en el caso especial de Yucatán cobran actualidad las jurisprudencias de rubro: ‘CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE.’ y ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.’, porque el concepto de cuerpo del delito que orientó las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a los artículos 16 y 19 constitucionales, es el que tomó en consideración el legislador local en la aludida reforma al artículo 255 ..." (fojas 35 a 38 idem).

No pasa inadvertido para esta Primera Sala el hecho de que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito reiteró el criterio en cuestión al resolver los amparos en revisión 87/2002 y 133/2002, promovidos por ... cuyas ejecutorias en copias certificadas obran agregadas en autos a fojas 277 a 303 y 304 a 334, toda vez que dichas resoluciones son de similar redacción a la sentencia transcrita en el párrafo anterior, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias tampoco se transcribirán.

SÉPTIMO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con apoyo en las ejecutorias emitidas al resolver los amparos en revisión 83/2002 y 87/2002, promovidos por ... (fojas 157 a 206 idem) y ... (fojas 207 a 270 idem), respectivamente, sustentó la tesis que dice:

"MODIFICATIVAS Y CALIFICATIVAS. DEBEN INCLUIRSE EN EL DICTADO DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y DE UNA FORMAL PRISIÓN, A LA LUZ DE LA REFORMA DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL A LOS CÓDIGOS PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. De una recta interpretación de los artículos 4o., 7o., 8o. y 9o. del Código Penal del Estado de Yucatán, así como de los numerales 255 y 287 del Código de Procedimientos en Materia Penal de esa entidad, vigentes, se colige que la actividad probatoria en las diversas fases del proceso estará encaminada a la demostración del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculpado. Ahora bien, el concepto clásico que la jurisprudencia mexicana ha establecido con respecto del cuerpo del delito se sustenta en la interpretación de normas cuyo contenido ha variado en el devenir histórico y son diversas a las que en la actualidad nutren a nuestro sistema penal, por ende, ya no cobra relevancia su aplicabilidad. En la legislación vigente, para estudiar una determinada figura delictiva, es necesario examinar tanto los aspectos positivos del injusto (conducta, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, condicionalidad objetiva y punibilidad) como los negativos (ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, inimputabilidad, falta de condiciones objetivas y excusas absolutorias), pues éstos aparecen dispersos en la actual codificación penal. En este sentido, se aprecia que no contamos con un sistema armónico de leyes que en concreto nos guíen por un sistema en específico, sino que nos encontramos con una legislación con tintes causalistas y finalistas, pues si bien se regresó al concepto del cuerpo del delito, alude aún a tipo penal, como se aprecia de los artículos 4o. y 8o. del código sustantivo local. Se dice lo anterior, porque de considerar al cuerpo del delito desde su generalización objetiva, yace un peligro para la seguridad jurídica, en la medida en que ella implica una prescindencia de las diferencias subjetivas que podrían dar lugar a cláusulas generales que derogarían la función garantista de la ley penal acogida por la Constitución. Por ende, al resultar el dolo y la culpa elementos subjetivos del hecho, y sus modificativas y calificativas, las modalidades de tales conductas, se impone su acreditación junto con los demás elementos que integran la descripción típica, desde el momento en que el Ministerio Público decide ejercitar la acción penal ante los órganos jurisdiccionales. Ello es en virtud de que, de la misma manera que el legislador está obligado a no dejar indefinido el carácter doloso o culposo de la conducta que amenaza con pena, el Juez Penal debe incluir el carácter doloso o culposo y las modificativas y calificativas de las conductas sometidas a su juicio, dentro de los aspectos que son alcanzados por el principio de legalidad en una orden de aprehensión o en un auto de formal prisión. Además de que, de no hacerlo así, el juzgador violaría el principio de contradicción probatoria, dejando al indiciado en un estado de indefensión al no poder combatir durante la instrucción -por desconocerlas- las modificativas o calificativas de su conducta, que en sentencia definitiva repercutirán en la dosimetría de la pena."

En virtud de que los dos precedentes con base en los cuales se sustentó la tesis transcrita con anterioridad son de contenido similar, a fin de evitar repeticiones innecesarias, a continuación se transcribirá la parte conducente de la sentencia dictada en primer lugar:

"Por último, en lo referente a las calificativas, que como se ha apuntado en líneas anteriores, con base a la prueba indiciaria también quedaron acreditadas, es de mencionarse que, conforme a la siguiente jurisprudencia, deben considerarse en todo auto de formal prisión: Tesis jurisprudencial 2/2002. Instancia: Primera Sala. Contradicción de tesis 91/2000-PS. 6 de febrero de 2002. ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, DEBE TOMARSE EN CUENTA QUE EL DELITO O DELITOS, INCLUYENDO SUS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS, POR LOS CUALES SE DICTÓ EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RESPECTIVO, NO ESTÉN CONSIDERADOS COMO GRAVES POR LA LEY. Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a la interpretación histórica, sistemática e integral del artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (actualmente 20, apartado A, fracción I), para resolver sobre la procedencia o improcedencia del beneficio de la libertad provisional bajo caución, el delito atribuido al inculpado, incluyendo sus modificativas o calificativas, no debe ser considerado como grave por la ley y, por otro, que el numeral 19 de la propia Carta Magna establece que en el auto de formal prisión deben expresarse tanto el delito que se le impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, como los datos que arroje la averiguación previa, y que todo proceso debe seguirse forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, así como que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 197, de rubro: «AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES <AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL>, QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.», sostuvo que el dictado del auto de formal prisión surte el efecto procesal de establecer por qué delito o delitos habrá de seguirse el proceso al inculpado, por lo que deben quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos incluyendo, en su caso, las modificativas o calificativas que de los hechos materia de la consignación se adviertan por el juzgador, resulta inconcuso que para resolver sobre la procedencia del citado beneficio, no es dable atender sólo a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, constitucional señalado, sino que debe adminicularse o relacionarse con las demás garantías constitucionales consagradas en la propia Carta Magna, específicamente con la tutelada por el diverso numeral 19; por ello es necesario tomar en cuenta que el delito o delitos, incluyendo sus modificativas, por los cuales se dictó el auto de formal prisión, no estén considerados como graves por la ley, ya que de lo contrario se estarían tomando en cuenta hechos o datos ajenos a los que son materia del proceso.’ (El subrayado es nuestro). Asimismo, cabe mencionar que no se desconoce la jurisprudencia J/9 9a. (TC141012.9PE5), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de este propio circuito, que es del rubro siguiente: ‘MODIFICATIVAS Y CALIFICATIVAS DEL DELITO. NO DEBEN INCLUIRSE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN, CONFORME A LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 CONSTITUCIONALES VIGENTES A PARTIR DEL NUEVE DE MARZO DE 1999 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).’, criterio que este Tercer Tribunal Colegiado no comparte de acuerdo a las siguientes consideraciones: El artículo 4o. del Código Penal del Estado de Yucatán, establece: (se transcribe). A su vez, los artículos 7o., 8o. y 9o. del propio ordenamiento legal, disponen: (se transcriben). De lo anterior, tenemos que la legislación penal vigente en el Estado de Yucatán sugiere un concepto dogmático del delito, teniendo a la conducta humana (acción u omisión) como presupuesto de la antijuridicidad (desvalor), de la tipicidad (descripción lingüística contenida en la norma), de la imputabilidad (condiciones personales del agente), de la culpabilidad (dolo o culpa) y de la punibilidad (merecimiento de pena). También el artículo 255 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, en su parte conducente, ordena: (se transcribe). Como complemento de la anterior disposición, el diverso numeral 287 del ordenamiento antes citado, ordena: (se transcribe). De esta manera, la actividad probatoria en las diversas fases del iter procesal, de conformidad con los numerales anteriormente transcritos y con los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará encaminada a la demostración del cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del inculpado. Ahora bien, resulta necesario establecer la naturaleza de la figura del cuerpo del delito en el sistema penal mexicano, por lo que se impone una reseña histórica de dicho concepto, a nivel federal, dado que a nivel estatal se ha seguido la misma tendencia. El código procesal penal federal de mil ochocientos ochenta, establecía en el artículo 121 que para acreditar el cuerpo del delito sólo se requería probar el hecho o la omisión que la ley reputara como delito. Posteriormente, el código adjetivo de mil ochocientos noventa y cuatro, dispuso que era necesario comprobar todos los elementos del delito, teniendo siempre implícita la presunción de dolo. El código procesal de mil novecientos nueve, estableció que para comprobar el cuerpo del delito se deberían justificar los elementos del hecho delictuoso; al paso que el código de mil novecientos veintinueve, dio preponderancia a las reglas especiales y dispuso que los delitos se acreditaban con la comprobación de los elementos constitutivos. Después de la reforma de veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, el artículo 168 del código procesal establecía: (se transcribe). La falta de criterios unánimes sobre el cuerpo del delito y los problemas prácticos para identificar lo que se debía probar en él y en la probable responsabilidad, llevaron al legislador en mil novecientos noventa y tres a reformar la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de propiciar mayor certeza jurídica durante la procuración e impartición de justicia. De esta guisa, se sustituyó el término cuerpo del delito por los elementos del tipo penal, tornando la sistemática penal de causalismo a finalismo, de esta manera: ‘Artículo 168.’ (se transcribe). Actualmente el Código Federal de Procedimientos Penales dispone, en su parte conducente: ‘Artículo 168.’ (se transcribe). Como puede observarse, el cuerpo del delito es un término empleado en la legislación procesal de nuestro país desde finales del siglo XIX; pero su concepto ha ido variando en el devenir histórico, por ende, aquel concepto ha sufrido modificaciones en cuanto a su continente y a su contenido. Lo anterior se puede observar con los siguientes criterios, pertenecientes a la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación: ‘Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXVIII. Página: 209. CUERPO DEL DELITO.’ (se transcribe). ‘Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXII. Página: 1895. CUERPO DEL DELITO.’ (se transcribe). ‘Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXIX. Página: 1295. CUERPO DEL DELITO.’ (se transcribe). ‘Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXVI. Página: 1983. CUERPO DEL DELITO.’ (se transcribe). ‘Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CIII. Página: 1242. CUERPO DEL DELITO.’ (se transcribe). ‘Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXII. Página: 115. RESPONSABILIDAD PENAL.’ (se transcribe). ‘Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: Tomo (sic) II, Parte HO. Tesis: 848. Página: 545. CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE.’ (se transcribe). De la anterior evolución ideológica, llegamos al concepto clásico que la jurisprudencia mexicana ha establecido con respecto del corpus delicti. Sin embargo, como se puede también advertir, los criterios anteriormente sustentados se dieron en nuestro sistema al interpretar normas cuyo contenido ya no es el mismo que el que refiere el sistema penal mexicano de la actualidad, por ende, ya no cobra relevancia su aplicabilidad. En este orden de ideas, los sistemas penales nos indican el orden en el que se debe analizar un supuesto de la conducta; en otras palabras, con los sistemas se sabe qué analizar primero y qué después. Desde la perspectiva anterior, la reincorporación del cuerpo del delito en la legislación mexicana con la reforma de mil novecientos noventa y nueve, sólo significa que todos los elementos del tipo penal (tipos objetivo y subjetivo, dispuestos en la reforma de mil novecientos noventa y tres) se restringen a los elementos objetivos del tipo (tipo objetivo). Sin embargo, aun con dicha restricción sigue vigente la sistemática del finalismo, porque es innegable que dentro del propio tipo objetivo (cuerpo del delito) se encuentran el dolo y la culpa (tipo subjetivo, culpabilidad). Esto es en virtud de que el derecho penal vigente en el Estado de Yucatán y en la República mexicana, gira en torno al concepto de la culpabilidad, desde el punto de vista de la acción final. Por ello, el concepto actual del cuerpo del delito se ha ido conformando entre las teorías causalista y finalista. Se afirma lo anterior, dado que la culpabilidad que consignan los códigos vigentes, refiere a dos posibilidades conductuales: dolo y culpa. Cuando nos hallamos ante un fenómeno cualquiera en que participa el hombre, lo primero que se nos ocurre es escindir analíticamente sus aspectos objetivo y subjetivo. Este criterio simplista -propio de una noción causalista de cuerpo del delito- nos conduce a afirmar que el injusto penal (conducta típica y antijurídica) es el aspecto objetivo del delito y que la culpabilidad es su aspecto subjetivo. Lo anterior resulta insostenible, al menos en términos absolutos, porque afirmar que el injusto es puramente objetivo equivaldría a sostener que existe una conducta humana sin voluntad. Entonces, cobra relevancia el principio nullum crimen sine conducta (no hay delito sin conducta), que es una elemental garantía jurídica. En efecto, el derecho pretende regular la conducta humana, no pudiendo ser el delito otra cosa que una conducta dolosa o culposa. Por ende, de conformidad con la fracción I del artículo 21 del código punitivo estatal, estamos ante una causa de exclusión del delito, ya que dispone: (se transcribe). Por otra parte, la tipicidad a que alude el citado artículo 4o. del citado ordenamiento legal, tiene un carácter descriptivo de situaciones objetivas y subjetivas (e incluso normativas en determinados tipos), inherentes al cuerpo del delito de que se trate. En efecto, la tipicidad es la adecuación de una conducta a la descripción que plasma el legislador en la ley penal. Por tanto, ninguna conducta puede considerarse delito si no es típica (nullum crimen sine tipo). Así, los elementos objetivos antes aludidos son aquellos que constituyen la materialidad del hecho. La descripción objetiva tiene un núcleo verbo-rector, e implica además un bien jurídico tutelado, un resultado material o formal y un nexo causal o jurídico, así como un sujeto activo y otro pasivo, presentando en forma regular referencias y modalidades, que pueden ser en cuanto al sujeto activo, sujeto pasivo, objeto jurídico, que es el ente en el que recae la actividad, así como las modalidades de la conducta. De igual forma a la descripción de la conducta, el legislador puede agregar elementos normativos que aluden a una valoración, ya sea jurídica y/o cultural que debe desentrañar el juzgador. En ocasiones, para colmar el contenido semántico de una norma han de analizarse los ánimos, deseos, propósitos o intenciones de los agentes del delito además del dolo, y en este caso estaremos ante los elementos subjetivos. Cuando falte alguno de los elementos a que alude la descripción que del hecho hace el legislador, nos encontramos, pues, ante el aspecto negativo de la tipicidad, que es la atipicidad. Esta se contempla en el artículo 21, fracción II, del Código Penal estatal, que refiere: (se transcribe). Aunque esta disposición alude al cuerpo del delito, por ser la tipicidad la descripción del supuesto, ésta le da existencia a aquél y sirve como baremo para considerar, ante la ausencia de la referida tipicidad, la imposibilidad de considerar una conducta como delito. Máxime que tipo delictivo y cuerpo del delito son conceptos relacionados íntimamente uno del otro, si tomamos en cuenta que el primero refiere a la conducta y, el segundo, la realización del delito; en consecuencia, para que exista el cuerpo de un delito determinado, deberá contarse con el tipo delictivo correspondiente. Además de analizar si la conducta es típica, es menester examinar si la misma es también antijurídica. Esto sucederá cuando sea contraria a derecho y cuando no se encuentre amparada por alguna de las causas de licitud enumeradas por el numeral 21 antes referido: consentimiento del titular del bien jurídico (fracción III); legítima defensa (fracción IV); estado de necesidad (fracción V); cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho (fracción VI). Como otro aspecto del delito tenemos a la imputabilidad (fracción VII). Otro elemento que ha de analizarse al estudiar el delito es la culpabilidad, que habrá de contemplarse a nivel de responsabilidad. Por tanto, para estudiar un delito, es necesario examinar tanto sus aspectos positivos (conducta, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, condicionalidad objetiva y punibilidad), como los negativos (ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, inimputabilidad, falta de condiciones objetivas y excusas absolutorias), pues como se ha analizado, éstos aparecen dispersos en la actual codificación penal. En este sentido, al interpretarse la norma positiva, se aprecia que no contamos con un sistema armónico de leyes que en concreto nos guíen por un sistema específico, sino que nos encontramos con una legislación con tintes causalistas y finalistas, si bien se regresó al concepto de cuerpo del delito, alude aún al tipo penal, como se aprecia en los artículos 4o. y 8o. del Código Penal estatal. Por ende, al resultar el dolo y la culpa elementos subjetivos del hecho, y las modificativas y calificativas las modalidades de tales conductas, se impone su acreditación (junto con los demás elementos que integran la descripción típica) desde el momento en que el Ministerio Público decide ejercitar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17566-5aac76d4/orden-de-aprehension-al-dictarse-el-juez-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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