DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA RESPECTO DE ALGÚN CODEMANDADO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA PROCEDE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 670/99, expresó lo que a continuación se transcribe en la parte conducente:
"PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo que disponen los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44 y 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se trata de una resolución que puso fin al juicio dictada por la Sala Civil de Circuito Zona Centro, dependiente del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán. La competencia de este Tribunal Colegiado para conocer en única instancia del presente juicio de amparo, está determinada por la circunstancia de que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución dictada por la Sala Civil de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, en la que tuvo por desistido parcialmente a la parte actora de la demanda presentada en contra de los ahora quejosos, resolución que dadas sus características debe entenderse comprendida para efectos del amparo dentro de aquellas que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, según expresión empleada por el legislador en los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo. En efecto, basta examinar los motivos considerados para reformar las reglas de competencia en la citada Ley de Amparo, que entraron en vigor el día quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, para concluir que resoluciones como la ahora combatida no deben ser materia de un juicio de garantías biinstancial. ... El concepto así introducido por el Constituyente, fue recogido y reglamentado por el autor de la Ley de Amparo, en sus artículos 44 y 46 que a la letra se transcriben: ‘Artículo 44. ...’ (lo transcribe). Artículo 46. ...’ (lo transcribe). Con arreglo a estas prevenciones procede el juicio de garantías, en la vía directa, ante los Tribunales Colegiados y por conducto de la autoridad responsable, si se reclaman resoluciones pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que pongan fin al juicio, entendiendo por ellas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido, según la interpretación del legislador ordinario sobre el concepto jurídico introducido en la Ley Fundamental. Como se puede ver, el amparo directo contra resoluciones que pongan fin al juicio, tiene la finalidad de eliminar la instancia del Juez de Distrito. El legislador buscó con esto todas las resoluciones jurisdiccionales o judiciales, salvo aquellas que requieran una instrucción, deben ser de una sola instancia. Si bien resultó evidente que las sentencias de sobreseimiento que dictaban las Salas de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo, son resoluciones que ponían fin al juicio, se discutió si los desechamientos que dictaban dichas autoridades no eran resoluciones que pusieran fin al juicio, entablándose en ese entonces la discusión si contra las mismas no era procedente el amparo directo, sino el indirecto, es decir, el que se promueve ante el Juez Federal. La anterior discusión quedó dilucidada al pronunciar la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: ‘Octava Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VIII, noviembre de 1991, Tesis: 2a./J. 5/91. Página: 47. DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA.’ (la transcribe). ‘Contradicción de tesis. Varios 10/89. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo, Cuarto y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del mismo circuito. 18 de febrero de 1991. Cinco votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jesús Antonio Nazar Sevilla.‘-Como se puede ver en la contradicción de tesis, la Sala se inclinó por considerar que las demandas de desechamiento constituyen resoluciones que ponen fin al juicio. Ahora bien, en el presente caso se estima que una resolución interlocutoria en la cual la autoridad responsable tiene por desistido de la demanda a la parte actora en forma parcial respecto de unos demandados, goza de las mismas características de las resoluciones que ponen fin al juicio, pues es evidente que respecto de una de las controversias que se pusieron a decisión del tribunal, éste ya se pronunció y no existe posibilidad de remedio alguno, es decir, emitió un juicio respecto a ese punto, el cual ya no va a ser posible examinarse al dictarse la sentencia definitiva. En efecto, tratándose de un desistimiento parcial, al igual que un desistimiento total, no es necesaria una instancia ante el Juez de Distrito para que se abra una instrucción, o sea, para la reunión de pruebas, procedimientos y formalidades para poner un asunto en estado de sentencia; por tanto, como ya no se requiere un procedimiento posterior, no será necesaria la instancia ante el Juez y el caso debe comprenderse dentro del supuesto de ‘resoluciones que ponen fin al juicio’. Ahora, si bien es cierto que con lo anterior se estima que es suficiente para considerar que una demanda desechada parcialmente debe ser materia de amparo directo, no menos exacto resulta argumentar motivos de lógica y equidad, que a continuación se explican con el siguiente ejemplo: Si dos personas, en forma separada, intentan sendas demandas y respecto de ellas se les tiene por legalmente desistidas, procedería amparo directo; ahora bien, si estas dos personas intentan su acción en un mismo escrito y respecto de uno de ellos se admite la demanda y por el otro se decreta el desistimiento de la misma, tendríamos una demanda parcialmente desistida, contra la cual, si se considerara que no puso fin al juicio, habría que remitirla a un Juzgado de Distrito a que agotara un juicio biinstancial, lo que a la luz de la perspectiva de la cual este tribunal está partiendo, resulta contrario a la lógica, pues existiendo dos problemas semejantes se les darían soluciones distintas, ahorrando en un caso trámites innecesarios y obligando en otro, de iguales características, a recorrer un camino que a otro ya se le allanó. A mayor abundamiento, también hay que decir que aquí cabría aplicar el principio general de derecho de que donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición. Finalmente, el exacto cumplimiento de la Constitución sólo puede lograrse si se interpreta, liberándose de las ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos legales (expresión positivizada del derecho) comprende que su función no se agota en la mera subsunción automática del supuesto de hecho al texto normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo formalizado superado muchas décadas atrás, sino comprende básicamente una labor de creación del derecho en la búsqueda de la efectiva realización de los valores supremos de justicia. Es precisamente en el campo de las normas constitucionales las que difieren esencialmente de las restantes que conforman un sistema jurídico determinado, en razón no únicamente de su jerarquía suprema, sino de sus contenidos que se inspiran rigurosamente en fenómenos sociales y políticos preexistentes de gran entidad para la conformación de la realidad jurídica en que se halla un pueblo determinado, que la jurisprudencia -pasada la época del legalismo-, se ha convertido en una fuente de derecho que aunque subordinada a la ley que le otorga eficacia normativa, se remonta mas allá de ella cuando el lenguaje utilizado por el Constituyente (al fin y al cabo una obra inacabada por naturaleza) exige una recreación por la vía de la interpretación para el efecto de ajustarla a las exigencias impuestas por su conveniente aplicación. Así, el intérprete de la Constitución en el trance de aplicarla tiene por misión esencial magnificar los valores y principios inmanentes en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la norma escrita en una expresión del derecho vivo, el derecho eficaz resulta no sólo de la reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace en el fondo de la ley escrita (a través de los métodos clásicos de orden gramatical, lógico, histórico o sistemático), sino también de la búsqueda del fin que debe perseguir la norma para la consecución de los postulados fundamentales del derecho. Lo anterior determina que tratándose de la norma constitucional ahora discutida, las argumentaciones tomadas en consideración por este tribunal para establecer que una demanda que se tiene por parcialmente desistida, es de las comprendidas dentro del supuesto de las resoluciones que ponen fin al juicio, descansa en la experiencia adquirida por los Jueces de amparo en relación con los problemas y los inconvenientes del sistema de impugnación prevaleciente hasta el año de mil novecientos ochenta y siete, así como por las razones expuestas en la exposición de motivos de la citada reforma, y del contenido de los argumentos que se vertieron en la contradicción de tesis anteriormente transcrita. Pues con motivo de la distinción establecida en el artículo 107 constitucional entre actos ejecutados en juicio, fuera del juicio o después de concluido, la Suprema Corte de Justicia ha establecido en numerosos y constantes precedentes que cuando su autor emplea el vocablo ‘juicio’ no pretende ceñirse al sentido estricto que le atribuye la ciencia procesal, sino a un sentido más amplio que corresponda a las necesidades impuestas por los sistemas de impugnación del amparo en la vía directa y en la indirecta, que en este caso son de economía procesal. ... SEXTO. A criterio de este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, son infundados en parte e inatendibles en otra los conceptos de violación expuestos por los quejosos. En efecto, es conveniente precisar, en primer término y para una mejor comprensión del asunto en estudio, que por escrito de fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, presentado ante el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de Culiacán, Sinaloa, el Banco Interestatal, S.A., por conducto de su representante legal, promovió demanda en la vía sumaria civil hipotecaria, en contra de las sociedades denominadas Constructora Niños Héroes, S.A. de C.V., Inmobiliaria Niños Héroes, S.A. de C.V., Desarrollo Urbanístico del Humaya, S.A. de C.V., y en lo personal al arquitecto José Carlos Rodarte Salazar, demandados por el pago de diversas cantidades de dinero, intereses normales y moratorios, así como los gastos y costas del juicio (fojas 1 a la 80). Por auto de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete, el Juez Civil admitió a trámite la demanda interpuesta, ordenando emplazar a los demandados para que produzcan su contestación (foja 81). Asimismo, se advierte que por escrito de fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, los apoderados legales de la parte actora Banco Interestatal, solicitaron al Juez Civil que, por así convenir a los intereses de su representada, venían a desistirse de la instancia invocada en contra de Constructora Niños Héroes, S.A. de C.V., Inmobiliaria Niños Héroes, S.A. de C.V. y del señor José Carlos Rodarte Salazar, reservándose su derecho para ejercerlo en su oportunidad, solicitando además que se siguiera el procedimiento en contra únicamente de la codemandada Desarrollo Urbanístico del Humaya, S.A. de C.V. (foja 117). En relación con tal petición el Juez Civil dictó el proveído de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el cual determinó lo siguiente: (lo transcribe). En desacuerdo con tal determinación del Juez Civil, la parte actora promovió recurso de apelación en su contra, mismo que fue instaurado por la Sala responsable con el número de toca 173/99-C, y una vez tramitado dicho recurso dictó sentencia el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, el cual culminó con los siguientes puntos resolutivos: (lo transcribe). Inconforme con tal resolución de la Sala responsable, los demandados Constructora Niños Héroes, S.A. de C.V., Inmobiliaria Niños Héroes, S.A. de C.V. y José Carlos Rodarte Salazar, por conducto de su apoderado legal interpusieron la presente demanda de amparo directo en su contra, expresando en lo sustancial como conceptos de violación que la Sala responsable, supliendo la deficiencia de la queja en favor de la parte actora, incorrectamente determinó revocar el auto de primera instancia para decretar el desistimiento de la demanda respecto de dichos quejosos, toda vez que es falso que en el juicio de origen aún no se encontraba integrada la litis al momento en el que Banco Interestatal, S.A. se desistió de la demanda planteada en su contra, toda vez que en el citado juicio de suspensión de pagos 2130/96, seguido por los quejosos, el Juez Civil dictó el acuerdo de fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual ordenó acumular el juicio sumario civil hipotecario 3702/96 a dicho procedimiento concursal, aunado al hecho de que dicho auto de seis de noviembre citado causó estado por no haber sido recurrido por las partes; que dicho juicio en el que se declaró y constituyó el estado de suspensión de pagos de sus representados, fue oportunamente notificado a Banco Interestatal, S.A., en términos del artículo 16 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos; que debido a ello dicha institución compareció a dicho procedimiento concursal a efecto de hacer efectivos sus derechos contra la masa, mediante la presentación de las demandas de reconocimiento de créditos respectivas; que por ello desde el seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el expediente del que deriva esta demanda de garantías ya no era un juicio singular y autónomo, sino, por el contrario, formaba parte del procedimiento de suspensión de pagos 2130/96, resultando por tanto falso que el desistimiento sea procedente por el solo hecho de que sus representados no hubiesen sido emplazados al juicio natural, pues, como ya se dijo, dicho juicio formaba parte ya del juicio de suspensión de pagos 2130/96, en el cual se encuentra debidamente integrada la relación procesal entre las partes; que en conclusión debe decirse que sí existía una prohibición a la condición que impedía que Banco Interestatal se desistiera de la demanda materia del juicio natural, al encontrarse íntegra la litis por formar parte ya el juicio natural del juicio de suspensión de pagos multicitado. Contrariamente a lo aducido por los quejosos debe decirse que la Sala responsable obró correctamente al resolver en la forma en que lo hizo, o sea, al revocar el auto motivo de la alzada para tener por desistido a Banco Interestatal, S.A., hoy tercera perjudicada, de la demanda interpuesta en contra de los ahora quejosos. Lo anterior es así, en virtud de que de la lectura de las constancias que integran los autos del juicio número 670/99, se advierte que para arribar a las anteriores consideraciones la Sala responsable indicó: que resultaba sustancialmente fundado el agravio aducido por el apelante en el que se dolía de la falta de aplicación por parte del Juez Civil del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles, porque como los demandados aún no habían sido emplazados a juicio, no existía base jurídica para que el a quo le negara su petición de desistimiento de demanda respecto de dichas personas, puesto que todavía no estaba integrada la litis; que el que dicho juzgador se hubiese apoyado en un auto dictado por él mismo en un diverso juicio de suspensión de pagos promovido ante él, entre otros, por los referidos codemandados, no era suficiente para ello, porque su representado a la fecha del desistimiento no había sido notificado del citado proveído, ni había constancia de su existencia en el expediente de origen; que por ello, respetando la individualidad del procedimiento, el natural debía de haberle dado curso a su desistimiento. Siguió manifestando la Sala responsable que lo anterior era así en virtud de que, como bien lo alegaba el apelante, ninguna base legal había para que el a quo le negara el desistimiento de la demanda que su representada enderezara en contra de los demandados (ahora quejosos), toda vez que los únicos casos en que podía obligarse a una persona a intentar a proseguir una acción contra su voluntad, eran aquellos tres que limitativamente contemplaba el artículo 32 del código procesal civil de la entidad, dentro de los que obviamente no se encontraba el que era motivo de la alzada; que, en consecuencia, si ello era así y se tomaba en cuenta que de la exégesis del primer párrafo del artículo 34 del código citado, no se advertía que se estableciera prohibición o condición alguna para que el actor se desistiera de la demanda cuando la parte reo civil no hubiera sido emplazada a juicio como sucedía en la especie, obligado estaba el Juez Civil a darle curso al desistimiento propuesto por la parte actora. Que asimismo no era obstáculo para ello que en el diverso expediente número 2130/96, radicado en el propio juzgado a su cargo, relativo al juicio de suspensión de pagos promovido por los ahora quejosos, se hubiera dictado un auto ordenando la acumulación de diversos juicios entre los que se encontraban el que le ocupaba, toda vez que si por disposición expresa del precitado artículo 34 los efectos del desistimiento de la instancia eran que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la presentación de la demanda, lo cual equivalía a que el juicio no se hubiera iniciado, resultaba claro que al surgir este hecho superveniente, después de decretada la acumulación de este sumario al de suspensión de pagos, la mencionada orden, aun cuando estuviera firme por lo que a ese asunto se refería, había quedado sin materia al haberse desistido el actor de la demanda intentada en contra de los referidos codemandados suspensos en aquel juicio. Por último, la responsable adujo que, en mérito de lo expuesto, lo procedente era revocar el auto recurrido con la finalidad de que se tuviera por desistido al Banco Interestatal, S.A., Institución de Banca Múltiple, de la demanda instaurada en contra de Constructora Niños Héroes, S.A. de C.V., Inmobiliaria Niños Héroes, S.A. de C.V. y José Carlos Rodarte Salazar, sin que se hiciera condena alguna al pago de costas, al no actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Determinación la anterior que este Tribunal Colegiado estima se encuentra ajustada a derecho, en virtud de que el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa establece lo siguiente: ‘34. ...’ (lo transcribe). De la lectura de dicho dispositivo legal se desprende que el desistimiento de la demanda intentada por la parte actora, sólo es procedente en dos ocasiones, la primera, es aquélla en que la parte demandada aún no hubiera sido legalmente emplazada a juicio, para lo cual no se requiere el consentimiento de esta última, al no haberse fijado aún la litis en el juicio respectivo; la segunda procede cuando habiéndose emplazado a juicio el demandado éste produce contestación a la demanda, pero se requiere del consentimiento de la parte demandada para hacer efectivo el desistimiento de la demanda. En una tercera hipótesis dicho dispositivo legal se refiere al desistimiento de la acción por parte del actor, el cual resulta procedente extinguiendo la misma (acción) aun sin el consentimiento del demandado, y para todos los casos de desistimiento, ya sea de la demanda o de la acción, éstos producen el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Ahora bien, si en el presente caso la parte actora le solicitó al Juez de la causa se le tuviera legalmente por desistido de la demanda entablada en contra de los ahora quejosos Constructora Niños Héroes, Sociedad Anónima de Capital Variable, Inmobiliaria Niños Héroes, Sociedad Anónima de Capital Variable y José Carlos Rodarte Salazar, aun cuando dichos demandados no habían sido legalmente emplazados al juicio y que, como consecuencia de ello, aún no se encontraba integrada la litis entre las partes, resulta incuestionable que, como bien lo sostuvo la Sala responsable, el Juez Civil no tenía ninguna base legal para negarle a la ahora tercera perjudicada Banco Interestatal, Sociedad Anónima, el desistimiento de la demanda que enderezara en contra de los ahora quejosos, al quedar evidenciado que tal petición resultaba procedente en términos del primer párrafo del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles citado, puesto que de su lectura no se desprende que establezca prohibición o condición alguna para que el actor se desista de la demanda cuando, como en el presente caso, la parte demandada aún no había sido legalmente emplazada al juicio, y al haberlo apreciado así la Sala responsable no viola en perjuicio del quejoso garantía constitucional alguna, al quedar de manifiesto que aplicó en forma atinada la regla establecida por dicho dispositivo legal, obrando correctamente al determinar en su fallo revocar el acuerdo del Juez Civil, para tener a la parte actora por legalmente desistida de la demanda instaurada en contra de los ahora quejosos. No es obstáculo para considerar lo anterior lo aducido por los quejosos, en el sentido de que en el diverso juicio número 2130/96, radicado en el propio juzgado de donde emanan los actos reclamados, relativo al juicio de suspensión de pagos promovido por José Carlos Rodarte Salazar, Operadora Gastronomía y Eventos Especiales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Bolerama Piño de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, Constructora Niños Héroes, Sociedad Anónima de Capital Variable, Inmobiliaria Niños Héroes, Sociedad Anónima de Capital Variable y Rodarte Constructores, Sociedad Anónima de Capital Variable, se hubiera dictado el auto de fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, ordenándose la acumulación de diversos juicios por parte del Juez Civil, entre ellos, el juicio que hoy nos ocupa (3702/96), en virtud de que como bien lo sostiene el tribunal responsable, si por disposición expresa del multicitado artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles, los efectos del desistimiento de la instancia, como ya se dijo, son el de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda, lo cual equivale a que el juicio nunca se hubiera iniciado, resulta patente e incuestionable que al surgir este hecho superveniente después de que fuera decretada la acumulación de este juicio al de suspensión de pagos aludido, la mencionada orden de acumulación, aun en el supuesto no concedido de que se encontrara firme como aluden los quejosos, por lo que hace a este juicio (pues no aparece de autos que se hubiere notificado a la parte actora) debe considerarse que éste quedó sin materia al haberse desistido ya la parte actora de la demanda intentada en contra de los referidos codemandados, hoy quejosos, suspensos en el juicio número 2130/96, relativo a la suspensión de pagos promovida por estos últimos, máxime si se toma en consideración que la acumulación del expediente sólo se refería a los ahora quejosos, sin involucrar al otro codemandado Desarrollo Urbanístico del Humaya, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del cual la parte actora solicitó se siguiera únicamente el juicio sumario civil hipotecario; de ahí lo infundado de lo alegado en tal sentido."
De la anterior resolución derivó la tesis aislada, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, enero de 2000
"Tesis: XII.1o.28 C
"Página: 1035
"PROCEDIMIENTO CIVIL. RESOLUCIÓN PARCIAL DE DESISTIMIENTO, PROCEDE AMPARO DIRECTO. La resolución que tiene por desistida parcialmente una demanda goza de las mismas características de las resoluciones que ponen fin al juicio, pues es evidente que respecto de una de las controversias que se pusieron a decisión del tribunal, ésta ya concluyó, es decir, sobre ese tema ya no se va a emitir un pronunciamiento, y por ende, ya no va a ser posible que se examine al dictarse la sentencia definitiva respecto de la parte en que no se desistieron. En efecto, tratándose de una resolución de desistimiento parcial, al igual que una de desistimiento total, no es necesaria una instancia ante el Juez de Distrito para que se abra una instrucción, o sea, para la reunión de pruebas, procedimientos y formalidades para poner un asunto en estado de sentencia; por lo tanto como ya no se requiere de un procedimiento posterior, no será necesaria la instancia ante el Juez y el caso es de comprenderse dentro del supuesto de ‘resoluciones que ponen fin al juicio’. Si bien con lo anterior se estima suficiente para considerar que una demanda desistida parcialmente debe ser materia de amparo directo, también se pueden argumentar motivos de lógica y equidad, que se explican con el siguiente ejemplo: Si dos personas, en forma separada, intentan sendas demandas y al respecto una de ellas se desiste y se le tiene legalmente como tal, procedería el amparo directo; ahora bien, si estas dos personas intentan su acción en un mismo escrito y respecto de una de ellas, se continúa el juicio y otra se desiste de la acción y se le tiene por desistida de la misma, tendríamos una resolución parcial de desistimiento contra la cual, si se considera que no puso fin al juicio, habría que remitirla al Juzgado de Distrito a que agotara un juicio biinstancial, lo que a la luz de la perspectiva de la cual este tribunal está partiendo, resulta contrario a la lógica, pues existiendo dos problemas semejantes, se les darían soluciones distintas, ahorrando en un caso trámites innecesarios, y obligando a otro, de iguales características, a recorrer un camino que a otro ya se le allanó. En fin, las argumentaciones tomadas por este tribunal para establecer que una resolución que tiene por parcialmente desistida una demanda es de las comprendidas dentro del supuesto de las resoluciones que ponen fin al juicio, descansan en la experiencia adquirida por los Jueces de amparo en relación con los problemas y los inconvenientes del sistema de impugnación prevalecientes hasta el año de mil novecientos ochenta y siete, y por las razones dadas en la exposición de motivos de la citada reforma, así como en los numerosos y constantes precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que advierten que el sentido del vocablo ‘juicio’, para los efectos del amparo no se puede ceñir al concepto estricto que le atribuye la ciencia procesal, sino a una perspectiva más amplia que corresponda a las necesidades impuestas por los sistemas de impugnación del amparo en la vía directa y en la indirecta, que en este caso son de economía procesal.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO
"Amparo directo 670/99. Constructora Niños Héroes, S.A. de C.V. y otros. 7 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Federico García Millán."
QUINTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo número 675/99, manifestó:
"ÚNICO. Este Tribunal Colegiado carece legalmente de competencia para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en virtud de que los actos reclamados no constituyen sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. En efecto, los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal, 46 y 158 de la Ley de Amparo, así como el 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, textualmente dicen: ‘Artículo 107.’ (se transcribe). ‘Artículo 46.’ (se transcribe). ‘Artículo 158.’ (se transcribe). ‘Artículo 37.’ (se transcribe). De una correcta exégesis de los preceptos legales transcritos, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo promovidos contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, en el entendido de que en éstas se encuentran comprendidas las resoluciones que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por medio del cual puedan ser modificadas o revocadas. Ahora bien, para estar en aptitud de poder determinar cuáles son las resoluciones que ponen fin al juicio, es pertinente destacar el significado de la palabra juicio. Al respecto, don Joaquín Escriche, en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, editado por Cárdenas Editor y Distribuidor, 1873, página 955, define la palabra juicio como: (se transcribe). Por su parte, en el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, séptima edición, México, 1994, se define a la palabra juicio de la siguiente manera: (se transcribe). Por otro lado, el Pleno y las diversas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar diversas tesis, han sido unánimes al sostener que por juicio debe entenderse el procedimiento contencioso que se inicia en cualquier forma hasta que queda ejecutoriada la sentencia. Al respecto, cabe transcribir las tesis sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal en el país, así como por las otroras Tercera y Cuarta Salas del propio tribunal, que aparecen publicadas en los Tomos LXXIII, XXIX y XX, páginas 1237, 553 y 371, de la Quinta Época
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17366-6535451b/desistimiento-de-la-instancia-respecto-de-algun-codemandado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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