Corpus
Modo: Corpus Pro

COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA. PARA DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDE SU PAGO DEBERÁ ATENDERSE, EN PRINCIPIO, A LO FUNDADO O INFUNDADO QUE RESULTEN LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL RECURRENTE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2001-PS. · Registro digital (IUS): 16989
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 131.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Con la finalidad de establecer y determinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis denunciada, es conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus criterios, contenidos en las ejecutorias, los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Querétaro, al resolver el diez de mayo de dos mil uno, en los autos del juicio de amparo directo civil número 78/2001, en la parte que interesa, sustentó el criterio siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa Caja Inmaculada, Sociedad de Ahorro y Préstamo, devienen esencialmente fundados en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, no resulta ser un juicio autónomo o independiente como acertadamente lo sostiene la solicitante de garantías, puesto que éste solamente es un medio ordinario de impugnación de resoluciones jurisdiccionales, que permite someter una cuestión ya dirimida en primera instancia a la reconsideración de un órgano jurisdiccional superior, para dar la solución que estime conforme a derecho, tomando en cuenta, al efecto, los agravios enderezados por la recurrente. En esa tesitura, le asiste la razón a la solicitante de garantías respecto a que la autoridad responsable, Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en la sentencia reclamada de fecha veinte de octubre del año dos mil, ilegalmente aplique en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, habida cuenta que como bien lo aduce la solicitante de garantías, el Juez de primera instancia acogió parcialmente las prestaciones reclamadas en su escrito de demanda por la actora, aquí quejosa, a los ahora terceros perjudicados María Villegas Morín de Amador y J. Jesús Mayolo Amador Chaire, por lo que fueron condenados a pagar ‘$113,260.00’ ciento trece mil doscientos sesenta pesos, por concepto de suerte principal; al pago de ‘$42,599.30’ cuarenta y dos mil quinientos noventa y nueve pesos con treinta centavos, por concepto de intereses ordinarios generados y vencidos a la fecha en que realizaron el último pago, que lo fue el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, al pago de intereses moratorios generados y los que se continúen generando, a razón del ‘3.9%’ mensual, a partir del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, en que incurrió en mora, hasta el pago total del adeudo, cantidad que será cuantificada en ejecución de sentencia, debiéndose tomar en consideración la cantidad de ‘$30,494.40’ treinta mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con cuarenta centavos, que se encuentra en ahorro y que se dio en pago; y al pago de gastos y costas en esa instancia. Ahora bien, la sentencia reclamada, al resultar parcialmente operantes los agravios que hicieron valer los demandados apelantes, aquí terceros perjudicados, María Villegas Morín de Amador y J. Jesús Mayolo Amador Chaire, ante la ad quem responsable, motivó que se modificara la sentencia de primera instancia, a efecto que se tomara en cuenta la cantidad de ‘$30,494.40’ treinta mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con cuarenta centavos, más el interés del ‘6%’ anual sobre su ahorro. Así las cosas, los demandados apelantes, ahora terceros perjudicados, perdieron parcialmente en juicio las prestaciones reclamadas a ellos en el escrito de demanda principal, por lo que conforme al numeral 135 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, en segunda instancia cada parte debe soportar las que erogó, no puede ser condenada la actora hoy quejosa al pago de costas correspondientes a la segunda instancia, porque a fin de cuentas el demandado salió condenado a pagar parcialmente lo demandado pues, se insiste, el recurso de apelación no es un juicio autónomo o independiente, sino que es un medio de defensa ordinario que pone a consideración de otro tribunal superior la controversia dirimida para que emita una nueva determinación conforme a derecho, respecto de ese mismo asunto; por tanto, no están en discusión las facultades que tiene la ad quem responsable para condenar en esa instancia al pago de costas, sino que en el particular, la procedencia de tal condena debe ser conforme a las pretensiones hechas valer en el escrito de demanda, así como en su respectiva contestación, a la luz de los motivos de inconformidad que se hagan valer, y no en cuanto a que los agravios formulados ante la Sala Civil responsable sean fundados y operantes, para que con base en ellos se estime la condena al pago de costas en segunda instancia. En las relatadas condiciones, ante lo sustancialmente fundado de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, lo que procede es conceder el amparo de la protección federal solicitada, para el efecto de que la Sala Civil responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva, donde reitere que los agravios hechos valer por los apelantes María Villegas Morín de Amador y J. Jesús Mayolo Amador Chaire, son parcialmente operantes y conforme a lo sustentado en esta ejecutoria, absuelva del pago de costas en segunda instancia a la ahora quejosa, Caja Inmaculada, Sociedad de Ahorro y Préstamo. Las razones que anteceden obligan a disentir de la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 1079, que al rubro dice: ‘COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO). Si bien en la legislación en cita no existe disposición que regule la condenación en costas en la alzada, del texto de su artículo 135 se advierte claramente que, respecto a las que se originan en los juicios civiles, la intención del legislador fue la de otorgar al Juez amplia facultad para resolver sobre ellas cuando se obtiene en primera instancia sólo parte de las prestaciones, de ahí que es válido considerar que la Sala, al conocer de la apelación, tiene la misma facultad para resolver sobre la condena en costas de la alzada, cuando los agravios del apelante son parcialmente fundados y operantes.’, puesto que según se ha visto, la condena de costas en segunda instancia depende directamente de las pretensiones hechas valer en el escrito de demanda o contestación de la misma, y no que los agravios sean fundados y operantes, para estimar con ello que sea procedente tal condena; en tal virtud, mediante oficio y copia de la presente ejecutoria, hágase del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios antes referida, para los efectos legales consiguientes."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, al dictar ejecutoria en fecha once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en el amparo directo número 427/97, promovido por Ernesto Zeledón Munguía, sustenta su criterio en las consideraciones que a continuación son detalladas:

"SEXTO. El concepto de violación que expresa el quejoso es fundado. En efecto, consta en autos que la sentencia de primera instancia termina con los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO. La actora Teresa Legorreta Correa acreditó en autos los extremos de su acción de rescisión de contrato de arrendamiento; por su parte, los demandados Ernesto Zeledón Munguía y Arturo Sánchez Pantoja, opusieron excepciones que no destruyeron la acción, en consecuencia; SEGUNDO. Se declara la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes del presente juicio, respecto al inmueble ubicado en Belisario Domínguez número 89, fraccionamiento Las Misiones, en esta ciudad, en consecuencia; TERCERO. Se condena a los demandados al pago de las rentas dejadas de cubrir a partir de mayo y hasta julio de 1995, por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), así como el pago que resulte por el servicio telefónico con que cuenta el inmueble, a partir del inicio del arrendamiento y hasta el 23 de agosto de 1995, fecha en que el arrendatario desocupó el bien inmueble de referencia, cuya cuantificación y liquidación habrá de hacerse en ejecución de sentencia. CUARTO. Se condena a los demandados al pago de gastos y costas del juicio.’. A su vez, la parte considerativa del fallo emitido por la Sala responsable, en la parte final, dice: ‘... Bajo estas circunstancias, esta Sala Civil modifica el resolutivo tercero de la sentencia definitiva dictada el 12 de noviembre de 1996, por el Juez Sexto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, dentro de los autos del expediente número 2902/95, relativos al juicio sumario civil que sobre terminación de contrato de arrendamiento que promueve Teresa Legorreta Correa en contra de los citados apelantes; para quedar en los siguientes términos: Resolutivo TERCERO. Se condena a los demandados al pago de las rentas dejadas de cubrir correspondientes a los meses de junio y julio de 1995, por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), así como al pago que resulte por el servicio telefónico con que cuenta el inmueble, a partir del inicio del arrendamiento y hasta el 23 de agosto de 1995, fecha en que el arrendatario desocupó el bien inmueble de referencia, cuya cuantificación y liquidación habrá de hacerse en ejecución de sentencia.’. Consecuentemente, los puntos resolutivos del mismo son del tenor literal siguiente: ‘PRIMERO. Ha resultado fundado el agravio manifestado por los recurrentes y parcialmente operantes, por lo que se modifica el resolutivo tercero de la sentencia definitiva dictada el día 12 de noviembre de 1996, dentro de los autos del juicio sumario civil sobre terminación de contrato de arrendamiento que promueve Teresa Legorreta Correa en contra de los citados apelantes en el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil de este Distrito Judicial del Centro, quedando en los términos señalados al final del considerando de estudio de la presente resolución. SEGUNDO. Se condena a Ernesto Zeledón Munguía y Arturo Sánchez Pantoja en esta alzada al pago de costas judiciales.’. Por otra parte, el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, establece: ‘Artículo 135. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan. Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del Juez y con base en las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga, excluido el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren superfluos. La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte cuando el Juez acoge parcial o totalmente las pretensiones de la parte contraria. Si dos partes pierden recíprocamente, el Juez puede exonerarlas de la obligación que impone el tercer párrafo de este artículo, en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones de las pérdidas. Todo gasto inútil que una parte ocasione a la contraria, será a cargo de la primera independientemente del resultado del juicio.’. Ahora bien, el quejoso se duele de que la Sala lo condenó al pago de costas en la alzada, pasando por alto que resultó fundado y parcialmente operante el agravio esgrimido; que no tomó en consideración que con dicho agravio se logra modificar la resolución del Juez natural, por lo que no es perdedor en segunda instancia y, por ende, no debe reembolsar a su contraria las costas generadas en ella. El anterior argumento es fundado; esto es así, porque efectivamente la Sala no toma en consideración que el agravio expresado por el recurrente, hoy quejoso, resultó fundado y parcialmente operante, en virtud de que éste acreditó haber pagado la renta del mes de mayo de 1995. Lo anterior resulta trascendente, porque si bien en el Código de Procedimientos Civiles de Querétaro no existe disposición que regule la condena en costas en la alzada, del texto de su artículo 135 se advierte claramente que respecto a las costas que se originen en los juicios civiles, la intención del legislador fue la de otorgar al Juez amplia facultad para resolver sobre ellas cuando se obtiene en primera instancia sólo parte de las prestaciones; de ahí que es válido considerar que la Sala al conocer de la apelación tiene la misma facultad para resolver sobre la condenación en costas en la alzada, cuando los agravios del apelante son parcialmente fundados y operantes. Por tanto, en la especie, la Sala al determinar que habían resultado fundados y parcialmente operantes los agravios expresados por el apelante, debió aplicar por analogía el párrafo cuarto de la disposición legal en cita y resolver lo que procediera de una manera fundada y motivada sobre el pago de costas en la alzada. Al no hacerlo así, como ya se dijo, se violó en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales; en esa virtud procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitadas para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia impugnada y dicte una nueva en la que, quedando intocado el primero de los puntos resolutivos de dicho fallo, así como los respectivos considerandos que fundaron y motivaron el mismo, proceda a resolver en forma motivada lo que corresponda al pago de costas en segunda instancia. La protección federal aquí dispensada debe hacerse extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Sexto de Primera Instancia Civil de este partido judicial y al ministro ejecutor adscrito a dicho juzgado, toda vez que su inconstitucionalidad se hace depender de los vicios atribuidos al acto de la ordenadora, pues de la lectura integral de la demanda de garantías no se advierte que se les atribuyan vicios propios, de manera que si la emisión de la sentencia de segundo grado resultó ser transgresora de los derechos fundamentales, igual suerte corren los actos que tiendan a cumplimentarla. Sustentan esta conclusión las jurisprudencias 102 y 103, consultables a fojas 66 y 67 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que llevan por rubro: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ y ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.’."

La ejecutoria anteriormente referida dio origen a la siguiente tesis cuyos rubro, texto y datos de localización, a su letra dicen:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, enero de 1998

"Tesis: XXII.2o.2 C

"Página: 1079

"COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO). Si bien en la legislación en cita no existe disposición que regule la condenación en costas en la alzada, del texto de su artículo 135 se advierte claramente que, respecto a las que se originan en los juicios civiles, la intención del legislador fue la de otorgar al Juez amplia facultad para resolver sobre ellas cuando se obtiene en primera instancia sólo parte de las prestaciones, de ahí que es válido considerar que la Sala, al conocer de la apelación, tiene la misma facultad para resolver sobre la condena en costas de la alzada, cuando los agravios del apelante son parcialmente fundados y operantes.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

"Amparo directo 427/97. Ernesto Zeledón Munguía. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Germán Tena Campero. Secretaria: Alicia Elizabeth López Murillo."

QUINTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de la figura de contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, requiere de la existencia de oposición de criterios jurídicos que controviertan la misma cuestión y se adopten posiciones jurídicas diferentes; así como también, que esa discrepancia recaiga en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y, finalmente, que los distintos criterios provengan del examen de similares elementos.

En otras palabras, para que exista contradicción de criterios es necesario que se actualicen los siguientes supuestos:

* Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

* Que esa diferencia de criterios radique precisamente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

* Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos de juicio.

Por tanto, para que exista una controversia de esta índole, es preciso que uno de los tribunales contendientes niegue lo que el otro afirme en relación con un mismo tópico o institución jurídica.

Sirve de apoyo a esta consideración, lo sustentado por la anterior Cuarta Sala de este Supremo Tribunal, y que esta Sala colegiada comparte, en la tesis de jurisprudencia cuyos rubro, texto y demás datos de identificación son del tenor siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres."

Asimismo, también deviene aplicable la tesis aislada de la anterior Tercera Sala, en cuya literalidad se establece:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XI, febrero de 1993

"Tesis: 3a. XIII/93

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107 fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres."

Ahora bien, para determinar si en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, se estima pertinente precisar lo siguiente:

1. Que ambos asuntos examinados por los tribunales contendientes provienen de juicios sumarios civiles, aclarando que uno de ellos es hipotecario y el otro corresponde a un asunto de arrendamiento; es de advertirse que en las sentencias dictadas por los juzgadores de primera instancia naturales, ambos condenaron a la parte vencida al pago de costas con base en el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro.

2. Que ambas sentencias fueron impugnadas mediante recurso de apelación, siendo el recurrente la parte vencida, la cual obtuvo en la segunda instancia del juicio la modificación de la sentencia recurrida al lograr que se les redujera parcialmente el monto de una de las prestaciones a que fueron condenadas y que fueron reclamadas por las actoras, tanto por concepto de intereses moratorios, como por pago de rentas vencidas, respectivamente.

3. Que las Salas responsables, al resolver sobre el tópico que nos ocupa, una de ellas resolvió condenar al recurrente al pago de costas de segunda instancia al haber obtenido parcialmente un logro, como lo fue la reducción en el pago de las prestaciones a que fue condenada en la primera instancia del juicio; en cambio, en el otro caso, el tribunal de alzada condenó a la parte actora, esto es, a la vencedora de primera instancia, al pago de costas en segunda instancia con base en el párrafo cuarto del numeral adjetivo civil aludido, al estimar que resultaron fundados y operantes los agravios que hizo valer en apelación la parte demandada recurrente.

4. Asimismo, es de verse que los tribunales contendientes que conocieron de los juicios de amparo, se pronunciaron, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo civil número 78/2001, concedió el amparo solicitado a la parte actora, en ese entonces quejosa, la cual había sido condenada a pagar costas en la alzada, porque estimó que a fin de cuentas los demandados apelantes, entonces terceros perjudicados, fueron condenados en la primera instancia del juicio, por tanto, y de conformidad con los párrafos tercero y cuarto del artículo 135 del código de procedimientos local, cada parte debe soportar sus propias erogaciones, por lo que al no haber sido la quejosa la parte apelante no puede ser condenada al pago de costas correspondientes a la segunda instancia del proceso. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver el amparo directo número 427/97, consideró fundado el agravio del quejoso apelante, pues al haberlo condenado la Sala responsable al pago de costas en segunda instancia, no tomó en consideración que al tener amplias facultades el tribunal de alzada para condenar al pago de costas, y resultar fundados y operantes los agravios que en apelación se hicieron valer por el entonces quejoso, debió aplicar por analogía el párrafo cuarto del artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles vigente en esa entidad federativa, y resolver lo que en derecho corresponda sobre el pago de costas generadas en esa instancia procesal.

5. Al respecto, cabe mencionar que el Primer Tribunal Colegiado al resolver en el sentido en que lo hizo, estimó que el pago de costas en la alzada debe hacerse con base en las pretensiones e inconformidades hechas valer por las partes, tanto en su escrito inicial de demanda como en la contestación de la misma, y no en relación con lo fundado o infundado que resulten los agravios formulados en apelación ante la autoridad responsable. En cambio, el Segundo Tribunal consideró al respecto que fue la intención del legislador otorgar amplias facultades al tribunal de alzada para resolver sobre dicha prestación accesoria, por lo que cuando en la sentencia de primera instancia se obtiene sólo parte de las prestaciones y se declaran fundados y operantes los agravios que se hicieron valer en apelación por el recurrente, la Sala responsable debe aplicar por analogía el párrafo cuarto del artículo 135 del ordenamiento procesal local citado, pues de no hacerse así, es inconcuso que la resolución que al respecto se emita deviene violatoria de la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política.

De lo expuesto se deduce que los tribunales contendientes se pronunciaron sobre un mismo tópico procesal, objeto de debate en forma diferente y hasta contradictoria, pues se sustentaron en consideraciones distintas, no obstante haber analizado los mismos elementos de juicio en los asuntos sometidos a su potestad jurisdiccional; lo que hace que, en la especie, sí se configure la contradicción de criterios denunciada.

SEXTO. Precisado lo anterior, y puesto de manifiesto que sí existe la contradicción de criterios denunciada, correlativamente a las consideraciones de fondo, conviene efectuar algunas reflexiones sobre lo que debe entenderse por costas procesales, su razón legal y teorías que explican a este deber procesal accesorio.

Como se recordará, las costas procesales son aquellos gastos y erogaciones que las partes contendientes tienen que efectuar para iniciar, tramitar y concluir un juicio.

Cabe mencionar que en la práctica procesal se suele distinguir entre los gastos y las costas de un juicio, reservando esta última expresión para designar de manera exclusiva los honorarios de los abogados, de modo tal que los gastos comprenderán las demás erogaciones legítimas y susceptibles de comprobación.

Sin embargo, para los efectos de este estudio basta señalar que por costas de un juicio deberá comprenderse a todas aquellas erogaciones que tienen relación directa con la controversia judicial de que se trata, de tal forma que sin ellas no pueda legalmente concluirse; debiendo en consecuencia ser excluidos, por obvias razones, todos aquellos gastos innecesarios, superfluos y contrarios a la ley y a la ética personal y profesional.

Asimismo, es de indicarse que la condena en costas constituye una prestación accesoria a la principal deducida en una controversia judicial, admitiendo la doctrina mexicana en este rubro tres sistemas, a saber:

- El del vencimiento puro, que establece que el triunfo en una controversia judicial es, de por sí, causa generadora y suficiente de una pena adicional aplicable a la parte vencida;

- El de la compensación o indemnización, sistema que responde al propósito de restituir a quien injustificadamente ha sido llevado a un tribunal, de las erogaciones, gastos y pagos en que hubiere incurrido por razones del procedimiento; y,

- El sistema sancionador de la temeridad o mala fe del litigante, que consiste en aplicar una pena a quien sabiendo que carece de derecho acude al tribunal provocando la actividad jurisdiccional, la de su contraria y la de terceros que se apersonan en el proceso.

Ahora bien, del análisis sistematizado de los preceptos que regulan a las costas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, y directamente los diversos párrafos que conforman el artículo 135, sobre el que se centra el tópico sujeto a debate, se deduce que el legislador local se inclinó por los dos últimos sistemas anunciados, esto es, el de compensación e indemnización, el cual se caracteriza por ser objetivo y obligatorio; y el sancionador de la temeridad o mala fe, que se distingue por ser de carácter subjetivo, pues se deja a prudente arbitrio o juicio del juzgador determinar cuál de las partes actuó con temeridad o mala fe durante el proceso.

En efecto, en los dispositivos legales que comprenden al capítulo VII del ordenamiento procesal que nos ocupa, se establece textualmente lo siguiente:

"Capítulo VII

"De las costas

"Artículo 134. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun cuando se actuare con testigos de asistencia, o se practicaren diligencias fuera del lugar del juicio."

"Artículo 135. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan.

"Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del Juez y con base en las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga, excluido el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren superfluos.

"La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso.

"Se considera que pierde una parte cuando el Juez acoge parcial o totalmente las pretensiones de la parte contraria.

"Si dos partes pierden recíprocamente, el Juez puede exonerarlas de la obligación que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16989-7d7752a0/costas-en-segunda-instancia-para-determinar-a-quien · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.