ROBO. LA REDUCCIÓN O ATENUACIÓN DE LAS SANCIONES DE PRISIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 266, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, SÓLO PROCEDE SI ES EL INCULPADO QUIEN REPARA ÍNTEGRAMENTE EL DAÑO CAUSADO AL OFENDIDO, ANTES DE DICTARSE SENTENCIA EJECUTORIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 751/99 y 715/98, interpuestos por ... de apellidos ... formuló las consideraciones respectivas, las cuales, por ser idénticas sobre la atenuación de la pena, a que se refiere el artículo 266 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, se transcribe sólo la primera de ellas, en los términos siguientes:
Al resolver el amparo directo número 751/99, instaurado por ... ambos de apellidos ... el referido Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito sostuvo, en lo conducente:
"SEXTO.-Son inoperantes e infundados los anteriores conceptos de violación.-Se sostiene la inoperancia respecto a todo aquello que argumentan los ahora peticionarios del amparo, respecto a omisiones o a estimaciones del Juez de primera instancia contenidas en la sentencia que emitió, ya que no pueden ser materia de estudio en la presente ejecutoria, pues si dicho fallo vino a ser sustituido por el que pronunció el Magistrado responsable, y es el que en realidad ha impelido a los ahora quejosos ejercer la acción de garantías, entonces, por ser éste el que prevalece, es el que resulta propenso al análisis constitucional.-Por otro lado, como los quejosos se limitan a combatir aspectos relativos a la individualización de las penas y a las sanciones correspondientes que les fueron impuestas, entonces, para abordar esos planteamientos debe hacerse el análisis integral de la sentencia combatida. Así, es de considerarse que del análisis de dicho fallo, así como de los autos del proceso número 126/98, tramitado ante el Juez Segundo de Primera Instancia Penal de Celaya, Guanajuato, este Tribunal Colegiado considera que el Magistrado responsable ha estado en lo correcto al haber tenido por demostrados, en términos del artículo 158 del Código de Procedimientos Penales del Estado, los elementos del tipo penal del delito de robo, previsto por el artículo 265 del Código Penal del Estado, así como acreditada plenamente la responsabilidad penal de los ahora quejosos en su comisión, puesto que mediante las probanzas que obran en dicha causa penal, valoradas al tenor de lo dispuesto por los artículos 268, 272, 273, 275 y 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se puso de manifiesto, por un lado, que unas personas, como fueron los ahora quejosos, de manera dolosa se apoderaron de una cosa mueble ajena, como fue un vehículo de motor, y sin consentimiento de quien podía disponer de tal bien, afectando de esa manera el bien jurídico tutelado por dicho ilícito, como es el patrimonio del ofendido y, por otro lado, que la participación de los ahora solicitantes del amparo en esa conducta, como sujetos activos, consistió básicamente en que el día dieciséis de julio de mil novecientos noventa y ocho, aproximadamente a las diez horas, en compañía de otros dos sujetos de nombres ... obligaron a Adolfo Ortega González, quien manejaba un vehículo de transporte de carga, por la carretera Querétaro-Celaya, a la altura del poblado ‘Marroquín’ del Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, a que detuviera la marcha de esa unidad, para lo cual lo amedrentaron con un arma de fuego, luego de ello lo hicieron abordar una camioneta con la que aquellos individuos habían logrado emparejársele y así, mientras los ahora solicitantes del amparo se retiraron del lugar en esa camioneta, llevando consigo a Ortega González, a quien para tal efecto amenazaban con el arma de fuego y le prohibían observar el trayecto que llevaban, los otros individuos se llevaron el camión de carga materia del apoderamiento que efectuaron, pero finalmente, en la ciudad de Jerécuaro, Guanajuato, los ahora quejosos fueron detenidos en virtud de que se suscitó una reacción de Adolfo Ortega González que originó el descontrol de la camioneta y se impactara con un inmueble, lo cual provocó la acción policiaca que culminó con la aprehensión de aquéllos; por lo cual, como tal conducta en que participaron activamente los ahora solicitantes del amparo, se llevó a cabo con violencia en la víctima, debido a que para su sometimiento se hizo uso de arma de fuego, fueron cuatro personas quienes la realizaron y recayó sobre vehículo de motor, por ende, tuvo la cualidad de calificada, en términos de las fracciones I, V y VII del artículo 268 del Código Penal del Estado.-Lo anterior se demostró con las pruebas que obran en el proceso, entre las que destacan las siguientes: a) La declaración de Adolfo Ortega González, quien en lo esencial expuso que el día de los hechos, cuando transitaba por la carretera Querétaro-Celaya, a bordo de un camión de carga, se le emparejó una camioneta que era tripulada por cuatro sujetos y uno de ellos le apuntó con una pistola y le ordenó que detuviera la marcha, y luego de que hizo esto, lo hicieron desabordar aquella unidad, y mientras dos de tales individuos se llevaron el camión, los otros dos le indicaron que subiera a la camioneta y que agachara la cabeza y cerrara los ojos, porque de lo contrario lo iban a matar, a continuación iniciaron la marcha y cuando arribaron al Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, el declarante realizó maniobras para descontrolar al conductor, por lo cual, en razón del forcejeo, finalmente se estrellaron contra una casa, y posteriormente hizo acto de presencia la policía del lugar, efectuando luego la detención de esos dos sujetos; b) La fe ministerial de una arma de fuego y de la camioneta que en los instantes de los hechos traían consigo los individuos que llevaron a cabo el apoderamiento del vehículo materia del ilícito en cuestión; c) La inspección que sobre los lugares relacionados con los hechos efectuó el fiscal del caso; d) Las declaraciones de Gulfredo Camacho Caballero y de Domingo García Velázquez, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Jerécuaro, Guanajuato, quienes en general hicieron referencia a los términos en que se llevó a cabo la detención de los ahora quejosos; e) Las declaraciones de Juan Carlos García Aguilar, Abel Alcántar Luna, Leticia Caballero Patiño, Laura Isabel Patiño Sánchez y de Adriana Herrera Rodríguez, quienes en lo sustancial aludieron a las cuestiones concernientes a los forcejeos entre los ahora quejosos y Adolfo Ortega González, que provocaron que la camioneta en que viajaban se impactara con un inmueble, así como respecto a los actos posteriores, hasta la detención de aquéllos; y, f) Las declaraciones que los ahora solicitantes del amparo rindieron ante el agente del Ministerio Público del caso, en las cuales en lo esencial manifestaron que el día de los hechos hubo una reunión previa entre ellos con otros tres sujetos, de la cual resultó el acuerdo que tomaron en el sentido de efectuar el robo de un camión y que así, a bordo de una camioneta, se dirigieron a la carretera que conduce a la ciudad de Querétaro, y cuando se percataron de que transitaba el camión que manejaba Adolfo Ortega González, ... (quejoso en el particular) ordenó a dicho conductor que detuviera la marcha del vehículo, pues para ese efecto le apuntaba con la pistola que portaba, luego de lo cual le indicaron que bajara del automotor, y a continuación ... y el otro individuo de nombre ... abordaron el camión y se lo llevaron con rumbo al Municipio de Celaya, mientras que los ahora quejosos enfilaron hacia la ciudad de Apaseo el Alto, y en medio de ellos el referido Ortega González pero cuando transitaba por una arteria de Jerécuaro, Guanajuato, éste reaccionó, forcejearon y finalmente se fueron a impactar contra un inmueble, de modo que con posterioridad fueron perseguidos por un agente policiaco, quien efectuó su detención.-Así pues, tales aspectos de la sentencia reclamada no violan garantías individuales, pues, se reitera, los elementos de prueba allegados a la causa penal fueron jurídicamente suficientes para demostrar tanto los elementos del delito atribuido a los ahora solicitantes del amparo, como su responsabilidad penal, tal como lo apreció el Magistrado responsable, ya que en efecto, en términos de los artículos 20 y 41 del Código Penal del Estado, fueron autores del delito que ameritó reproche penal y obraron con dolo, porque quisieron la realización del hecho legalmente descrito.-Asimismo, es de establecerse que se consideran jurídicamente correctas las apreciaciones del ad quem, mediante las cuales dio respuesta a los agravios que la defensa hizo valer a favor de los acusados, ahora quejosos, ya que en cuanto al tema de lo que dispone el artículo 274 del Código de Procedimientos Penales del Estado, por la circunstancia de que se efectuó el estudio de las probanzas allegadas al proceso, así como su adminiculación, las mismas denotaron suficiencia probatoria para acreditar tanto los elementos del tipo penal del delito materia de la acusación, como la responsabilidad penal de aquéllos; así también, que aun cuando de las declaraciones de quienes se manifestaron acerca de cuestiones ulteriores, tales como las actitudes de los ahora peticionarios del amparo y de quien se veía sometido a ellos, cuando aconteció el forcejeo que culminó con el hecho de que la camioneta que tripulaban se impactó contra un inmueble, no se desprendía que se hubieren referido al apoderamiento mismo del camión en cuestión, sin embargo, sirvieron para corroborar la imputación que les hizo el testigo de cargo Adolfo Ortega González, en cuanto a que después de haber sufrido el robo, se adentraron a la ciudad de Jerécuaro, Guanajuato, donde precisamente ocurrió la detención, de modo que prestaron apoyo a la declaración de cargo del chofer del camión, en la medida que tornaron congruente la mecánica del evento, así como la identidad de los ahora solicitantes del amparo, como dos de los cuatro sujetos que llevaron a cabo la conducta delictuosa por la que se formuló la acusación. De igual forma, que éstos con la labor desplegada en el momento concreto del hecho delictuoso, propiciaron su consumación.-Por otra parte, como se ha mencionado, los quejosos en sus conceptos de violación se limitan a expresar argumentaciones relacionadas con la individualización de las penas y sobre las sanciones mismas que se les impusieron, de manera que por cuestiones de orden lógico, en primer lugar, se pasarán a exponer las consideraciones relativas a esa individualización y luego a un tema específico, como es el concerniente a la reducción que contempla el artículo 266 del Código Penal del Estado.-Al respecto debe señalarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 del Código Penal del Estado, la determinación de las penas a imponer al delincuente es facultad exclusiva del juzgador común, quien para ello ha de ajustarse a los principios de la lógica jurídica, haciendo uso, así, de su amplio arbitrio judicial, mismo que sólo puede ser afectado por la potestad federal en el juicio constitucional, en los casos en que se advierta la inobservancia de tales principios, ya que mientras las penas impuestas presenten congruencia con esas cuestiones, no es dable que en el juicio de garantías se incurra en su afectación. Esto se ve ilustrado por las jurisprudencias de números 239 y 249, consultables en las páginas 136 y 141 del Apéndice en Materia Penal al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, sustentadas por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: ‘PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.-La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena.’ y ‘PENA. SUSTITUCIÓN EN SU INDIVIDUALIZACIÓN.-No es procedente, en las sentencias dictadas en juicios de amparo, sustituirse al Juez natural para apreciar los fundamentos de la individualización de la pena, siempre y cuando éste acate y respete los principios jurídicos reguladores de su arbitrio y las normas positivas que al respecto establezca la legislación aplicable.’.-Si como en el caso se observa, que para la determinación del grado de culpabilidad de los ahora quejosos, el Magistrado responsable se refirió expresamente a los razonamientos del Juez de primera instancia, lo cual es jurídicamente correcto, atendiendo a que al haberlos recogido los hizo suyos, de suerte que para el presente estudio constitucional se tienen como si fueran propios del ad quem, por haberse venido a integrar a su fallo. Así, requiere de especial señalamiento lo concerniente a que dicho resolutor, aunque ratificó el grado de culpabilidad que estimó el a quo, con base en los siguientes señalamientos: ‘... Siendo que este tribunal de alzada recoge como suyas las consideraciones que expresó la juzgadora de primer grado en torno a las circunstancias objetivas y subjetivas concretas que rodearon el delito que se reprocha a éstos, para sostener que los grados de culpabilidad de ... son superiores al medio, sin llegar al máximo ...’; añadió al respecto lo siguiente: ‘... Luego, aun cuando a dichos grados de culpabilidad no corresponden las sanciones impuestas en primera instancia, puesto que tan sólo la sanción de prisión correspondiente al robo simple con base en un grado de culpabilidad medio sería de siete años, por ser el defensor particular de los acusados el inconforme y de conformidad con el artículo 373 del código adjetivo penal, las sanciones impuestas deberán permanecer intocadas por serles favorables a los acusados, según lo expuesto ...’.-Al partir, pues, de que el grado de culpabilidad en que se situó a los ahora peticionarios del amparo fue superior al medio, sin llegar al máximo, se tiene, tal como lo señaló el ad quem, que tan sólo para el tipo básico, en términos del párrafo cuarto del artículo 266 del Código Penal del Estado, a un grado de culpabilidad medio habría correspondido la sanción de siete años de prisión y, en cambio, el Juez de primera instancia fijó para tal efecto la pena de seis años con seis meses de prisión, a lo cual aumentó seis meses por las calificativas del propio ilícito, en términos del artículo 268 del propio ordenamiento punitivo. De ese modo, por más que en los conceptos de inconformidad constitucional los ahora quejosos aducen en el sentido de que debió tenerse un grado de culpabilidad inferior al medio, es de hacerse hincapié en que, en realidad, por ese quántum de la sanción corporal que se les impuso se encuentra implícita la situación que les favoreció, precisamente porque fue por debajo de su grado de culpabilidad y, por cierto, congruente con uno inferior al medio, que es lo que finalmente pretenden a través del aspecto de conceptos de violación en cita.-Pero desde otra perspectiva, cabe puntualizar que no obstante que para fijarse el grado de culpabilidad no se hubiere tomado en cuenta lo establecido en las fracciones I, II y III del artículo 89 del Código Penal del Estado, como lo señalan los ahora ejercitantes de la acción de amparo, este Tribunal Colegiado considera que aun así no es factible arribar a la conclusión que pretenden, pues más allá de esto, cobra singular relevancia el factor consistente en las circunstancias mismas de ejecución del caso, que han quedado expuestas en precedentes consideraciones, de las cuales deriva que aquellas penas impuestas a los sentenciados tienen congruencia con dichos factores y, entonces, que finalmente deben considerarse ajustadas a derecho. Es de citarse para el particular la jurisprudencia número 248, localizable en la página 141 del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente contenido: ‘PENA. NEGATIVA DEL AMPARO CONTRA LA INDIVIDUALIZACIÓN.-Es improcedente conceder el amparo para que se subsanen las anomalías técnico jurídicas en que haya incurrido el Juez natural al individualizar la sanción, si de las constancias de autos aparece que por la extrema peligrosidad del agente o las circunstancias de ejecución concretas del caso, requerían legalmente igual o mayor represión penal que la impuesta al reo quejoso.’.-Así, contrario a lo que manifiestan los ahora peticionarios del amparo, ninguna afectación les representa el que en la sentencia reclamada no se aplicó la regla a que se contrae el párrafo último del artículo 266 del Código Penal del Estado, que señala la reducción en un tercio de las penas de prisión si se repara íntegramente el daño antes de dictarse sentencia ejecutoria.-Tal disposición deriva de la iniciativa de reforma al artículo 266 del Código Penal del Estado, en la que el legislador propuso adicionar a dicho artículo, el último párrafo que es del tenor siguiente: ‘... Las sanciones de prisión señaladas en este artículo se reducirán en un tercio si se repara íntegramente el daño antes de dictarse sentencia ejecutoria.’.-Las razones que motivaron al legislador a adicionar a dicho dispositivo en el párrafo de que se trata, de acuerdo a la exposición de motivos, fueron las siguientes: ‘... En virtud de la situación económica imperante en nuestro Estado y en general en el país, las víctimas del delito de robo pugnan por una pronta reparación del daño causado.-Cuando no se logra surge frustración y descontento y se contempla a la ley y a las autoridades encargadas de su aplicación como un obstáculo indebido al resarcimiento. En ocasiones el delincuente está en disposición de reparar el daño causado pero no encuentra estímulo suficiente en la ley, ya que en principio la penalidad aplicable es la misma independientemente del resarcimiento del daño.-Se estima conveniente introducir para el robo simple una disminución de las penas para aquellos casos en que se repare el daño antes de que se dicte sentencia ejecutoria. Estimando que de esta manera se conseguiría la efectividad y prontitud en la reparación del daño, sin que se descuiden los intereses de la sociedad en la represión del hecho en virtud de que solamente sería aplicable al robo simple que en sí ordinariamente denota escasa peligrosidad. ...’. ‘Esto, inclusive, se vincula con la buena fe, que en ulterior grado representa un arrepentimiento del infractor de la norma penal y, que por ello, se ve motivado a resarcir por voluntad propia en la afectación que ocasionó al patrimonio del sujeto pasivo, lo cual recibe en respuesta la reducción que se menciona.-La reforma propuesta se publicó en el Periódico Oficial del Estado el veinte de agosto de mil novecientos noventa y uno, la cual entró en vigor a partir del décimo quinto día de su publicación.-De todo ello se sigue que si el legislador condicionó la aplicación de la atenuación de la pena prevista en el último párrafo del artículo 266 del Código Penal del Estado, a la circunstancia de que el sujeto activo en forma voluntaria, antes de que se pronunciara la sentencia, cubriera la reparación del daño, en los delitos de robo simple; entonces, la decisión del ad quem se apega a la intención del legislador, plasmada en la disposición legal de que se trata, en razón de que, en el caso justiciable, los ahora quejosos no hicieron tal reparación, sino que el vehículo del cual se apoderaron fue recuperado cuando se le localizó abandonado en una vía pública, lo cual supone que los otros individuos que también participaron activamente en el hecho delictuoso, fueron quienes lo dejaron en el sitio en donde se encontró, pero sin que aun así, pudiera conceptuarse como la reparación que menciona el dispositivo legal en mención, ya que ésta, de cualquier manera, significa que el sujeto pasivo sea reintegrado de manera directa y no como en el caso, mediante un acto que si acaso entraña una renuncia al poder sobre la cosa mueble ilícitamente adquirido, sin embargo, deja latente la situación de afectación patrimonial del ofendido, quien para la recuperación tuvo que efectuar labores de indagación y que, finalmente, no se le entregó el vehículo por el sujeto activo, por lo que, se reitera, no podían hacerse acreedores de una pena atenuada.-Por otra parte, en lo relativo a la sanción pecuniaria de cinco mil doscientos diez pesos impuesta a cada uno de los sentenciados, ahora quejosos, equivalente a doscientos días multa, sobre la base de veintiséis pesos con cinco centavos como salario diario vigente al momento de los hechos, en razón de que es congruente con la responsabilidad penal que les resultó en la comisión del delito por el que fueron procesados, aun con el grado de culpabilidad en que se vieron ubicados, y fue en términos, además, de lo dispuesto por el artículo 52 del Código Penal del Estado, no resulta violatoria de garantías. A igual consideración se hacen acreedores los aspectos relativos a la negativa de los beneficios de la condena condicional y de la conmutación de la pena de prisión, de la suspensión de los derechos civiles y políticos y de la amonestación, por verse sustentados en lo dispuesto por los artículos 96, 99, 80, 81 y 86 (en ese orden) del Código Penal del Estado.-Lo concerniente a la absolución de la reparación del daño, por ser un aspecto benéfico para los ahora solicitantes del amparo, al margen de que conforme al artículo 54 del Código Penal del Estado, tiene el carácter de sanción pública y general para todos los delitos -con mayor razón cuando se está en presencia de los que tutelan como bien jurídico el patrimonio de las personas-, cuando haya resultado culpable el acusado, y en el supuesto de que éste haya resarcido al ofendido o se haya recuperado el bien en cuestión, en todo caso lo que procede es no ordenar su efectividad; sin embargo, por el sentido de esa parte del fallo combatido, es de concluirse que no puede representar la transgresión de sus garantías individuales.-Así pues, como los elementos de convicción recabados en el proceso fueron jurídicamente suficientes para fincar la condena contenida en la sentencia reclamada en este juicio, además de que las sanciones que se les impusieron objetivamente se ven ajustadas a los preceptos aplicables, contrario a lo que se sostiene en los conceptos de violación y, en suma, lo definido por el Magistrado responsable fue ajustado a derecho, de manera que no es factible atribuirle la transgresión de lo dispuesto por el artículo 352 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que refiere la suplencia de la deficiencia de los agravios del acusado o de su defensor en la apelación, por no existir motivo que así lo ameritara en el caso que decidió y, a la vez, en este juicio de amparo no se ha advertido causa alguna de suplencia de la queja, por tanto, se impone negar el amparo solicitado."
TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 480/99, interpuesto por ... consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO.-Los conceptos de violación transcritos son infundados.-Alega el quejoso que no se encuentra comprobado en autos el hecho punible que se le imputa, puesto que no existe una confesión de su parte en el sentido de que su intención era robar el vehículo.-Ahora bien, si bien es cierto, de las declaraciones vertidas por ... se advierte que en ningún momento expresó que el día de los hechos criminosos tuvo el deseo de apoderarse del automotor; tan cierto también lo es, que él mismo aceptó que empujaba el vehículo para apoderarse de los objetos que se pudieran encontrar en su interior.-De ahí que la responsable estuvo en lo correcto, al dividir su declaración y tomar de ella lo que le perjudica, para que en términos de lo que previene el artículo 273 del Código de Procedimientos Penales en vigor, y aunada al resto del material probatorio, esto es, al parte informativo del patrullero Fernando Acuña Guerrero, quien sorprendió al quejoso empujando el vehículo ya abierto y en posición de agarrar una calle de bajada; y las declaraciones de Óscar y Julio César, ambos de apellidos Río Correa; la consideró como fuerte indicio incriminatorio; por ende, acreditó los elementos de la figura típica y la plena responsabilidad penal del quejoso en su comisión.-Por lo que hace a lo manifestado por el amparista, en el sentido de que la responsable debió tomar en cuenta que el valor intrínseco del vehículo robado no excede de doscientas veces el salario mínimo, es incorrecto, toda vez que de los autos del expediente original se desprende que los hechos imputados al quejoso sucedieron en las primeras horas del día veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, siendo que en esa fecha el salario mínimo general vigente en el Estado lo era de veintiséis pesos con cinco centavos; y si el valor intrínseco del automóvil es de cinco mil ochocientos pesos, según lo determinó el perito criminalista Juan José Aguilar González, es acertada la actuación de la Sala, al regirse y ubicar el monto de lo robado dentro de los límites que marca el párrafo tercero del artículo 266 del Código Penal en vigor, en cuanto a la imposición de las penas se refiere.-No obstante lo anterior, se advierte al suplir la queja deficiente, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que la responsable no estuvo en lo justo al negar al acusado el beneficio a que alude el último párrafo del citado artículo 266, conforme al cual las sanciones de prisión señaladas en el propio precepto se reducirán en un tercio, si se repara íntegramente el daño antes de dictarse sentencia ejecutoria, pues este precepto no hace distingo alguno sobre cómo debe repararse el daño. Luego, bastará, como ocurrió en el caso, la recuperación del bien mueble robado, así haya sido por intervención de las autoridades policiacas, para que el inculpado resulte favorecido con el indicado beneficio.-Congruente con lo narrado, se impone conceder el amparo solicitado."
CUARTO.-Es procedente que esta Primera Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues debe entenderse que dicho funcionario no estimó pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
QUINTO.-Antes de proceder al análisis correspondiente es preciso determinar, si en el caso, existe contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Sexto Circuito, al resolver los juicios de amparo directos, cuyas consideraciones esenciales han quedado transcritas, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, es decir, para establecer cuál de dichos criterios habrá de prevalecer, de existir materia sobre ello.
Al respecto resulta importante recordar la tesis jurisprudencial sustentada por la Cuarta Sala de este Máximo Tribunal del país, en su anterior integración, cuyo contenido es el siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.
"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.
"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.
"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.
"Nota: Esta t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2830-a3d3734d/robo-la-reduccion-o-atenuacion-de-las-sanciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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