DERECHOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL UNO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. TARJETA DE CIRCULACIÓN. LA ANOTACIÓN DE SU VIGENCIA POR SEIS AÑOS, ASENTADA POR EL RECAUDADOR DE RENTAS QUE RECIBE EL PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, NO CONFIERE A LOS PARTICULARES EL DERECHO A UTILIZARLAS HASTA LA FECHA ANOTADA, SI LA LEY FISCAL NO LO ESTABLECE ASÍ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver por mayoría de votos el amparo en revisión 43/2001, donde figuran como quejosos Pedro Ruiz Cruz y otros, y como recurrentes la Legislatura del Estado de Guanajuato y otras, en la parte conducente dicen:
"OCTAVO. Son infundados los agravios propuestos ... En cuanto al fondo sostiene el recurrente en los agravios segundo y tercero, que en la sentencia de amparo se infringen los numerales 77, fracción II, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, pues estima, contrario a lo resuelto, que la norma combatida, artículo 10, fracción I, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el año dos mil uno, no es retroactiva y que el fallo recurrido se sustenta en premisas erróneas, toda vez que la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 1998 mil novecientos noventa y ocho, conforme a la cual se efectuó el anterior canje de placas en el Estado, nunca estableció la supuesta vigencia de cuatro o seis años que se menciona en la sentencia, además de que considera incongruente la referencia que se hace a la norma oficial mexicana publicada el 30 treinta de octubre de 1998 mil novecientos noventa y ocho en el Diario Oficial de la Federación, por resultar intrascendente al caso, dado que el cambio de placas de circulación vehicular realizado en el Estado se ordenó mediante la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 veintiséis de diciembre de 1997 mil novecientos noventa y siete, es decir, casi un año anterior a la publicación de la citada norma oficial a que se refiere en su resolución el Juez de garantías, fecha en la cual se encontraba vigente la diversa NOM-001-SCT-2-1994, inserta en el Diario Oficial de la Federación el 20 veinte de febrero de 1995 mil novecientos noventa y cinco, en la cual no se estableció periodo de vigencia para las placas de circulación, puesto que el plazo de 6 seis años a que alude, se refiere al periodo de duración del material y pintura utilizada en la elaboración de las placas metálicas de identificación. También se alega que es incorrecta la sentencia de amparo basada en la supuesta retroactividad de la norma legal reclamada, por el derecho adquirido a una vigencia de cuatro y seis años de las tarjetas de circulación vehicular, pues las placas de circulación no ostentan vigencia alguna y el hecho de que en las tarjetas de circulación se establezca un ámbito temporal, constituye un mero referente necesario para la demostración ante autoridades diversas a las del Estado, o incluso particulares, que tales documentos se encuentran en vigor en un momento determinado mientras no se lleve a efecto un nuevo programa de replaqueo de vehículos. Es infundado lo anterior. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, señala: 'A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.'. Para determinar si una ley es o no retroactiva se debe tomar en consideración la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos, así como los componentes de la norma jurídica, como son el supuesto y la consecuencia. Sobre el particular, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte que se ve en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, tesis P./J. 87/97, página 7, que señala: 'IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.'. También se cita la tesis del propio Tribunal Pleno, publicada en el Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sección Precedentes Relevantes SCJN, tesis 2511, página 1745, que establece: 'RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: «Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial». «La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos». «Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye».'. En la especie, el juzgador federal estimó que los quejosos mediante las copias certificadas de las tarjetas de circulación expedidas a su nombre que se ven de fojas 14 catorce a 17 diecisiete del expediente de amparo, demuestran que tienen las placas GGU-8228, GGU-8229, GHE-8964 y GA-91191 que ostentan los vehículos que ahí se precisan, expedidas las dos primeras el 12 doce de marzo de 1998 mil novecientos noventa y ocho, con una vigencia de 6 seis años y, las otras dos, el 13 trece y 21 veintiuno de noviembre del 2000 dos mil, por un lapso de 4 cuatro años, de donde se advierte que tienen vigencia contemplada hasta el año 2004 dos mil cuatro. Por su parte, la ley tildada de inconstitucional, de Ingresos para el Estado de Guanajuato, vigente para el año 2001 dos mil uno, en su artículo 10, fracción I, establece el cobro de los derechos de tránsito por registro, circulación y control de vehículos, con carácter obligatorio para todos los propietarios de vehículos en el Estado, al establecer: 'Artículo 10. Los derechos de tránsito por registro, circulación y control de vehículos, en ejecución de cualquiera de los servicios que señala la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Guanajuato, se pagarán conforme a las cuotas a que se refiere la siguiente: Tarifa. I. Por ministración de un juego de placas incluyendo su calcomanía y tarjeta de circulación, como comprobante del registro y la identificación de vehículos de motor y remolques: $430.00. Para el presente ejercicio fiscal, los propietarios o poseedores de vehículos a que se refiere esta fracción, deberán realizar el canje de su juego de placas y tarjeta de circulación dentro de los tres primeros meses del año. El incumplimiento de dicha obligación se sancionará con multa de $270.00. Esta misma sanción se impondrá a quienes no hayan efectuado el canje de placas en el ejercicio fiscal de 1998. Tratándose de motocicletas, bicimotos y vehículos similares, las sanciones a que se refiere el párrafo anterior serán de $40.00. Cuando ocurra un cambio de propietario de un vehículo, una vez efectuado el canje de placas, y el nuevo adquirente manifieste su deseo de conservar las mismas placas, únicamente pagará el 50% de los derechos respectivos.'. Se advierte que la norma combatida establece el canje de placas y tarjetas de circulación de manera obligatoria para todos los propietarios y poseedores de vehículos en el Estado, sin respetar los plazos antes señalados, donde se consignó la vigencia de las placas y documentos de circulación de los propios vehículos, por lo que se consideró retroactiva dicha norma por el Juez Federal. Ahora bien, el propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica para determinar con precisión lo que ella ordena, investigar el sentido y el valor de la norma; a esa técnica de interpretar las normas de derecho se le denomina hermenéutica jurídica. La interpretación es auténtica si la lleva a cabo el legislador; la doctrinal procede de los jurisconsultos y la judicial de los tribunales que alcanza su máxima expresión en la llamada jurisprudencia. La interpretación consiste en determinar el alcance de un precepto para encontrar sus causas y fines, y es eficaz en los casos en que la ley sea oscura o ambigua para desentrañar la intención del legislador y penetrar en el derecho objetivo que establece: Existen diversos métodos de interpretación como son el gramatical, el lógico, el sistemático, el histórico evolutivo y el teleológico. En la especie, para arribar a una conclusión sobre el alcance que debe darse al precepto combatido, artículo 10 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2001 dos mil uno, es conveniente buscar si existe algún elemento en su proceso de creación y antecedentes que permita conocer cuáles fueron las causas y fines de la ley, lo que implica acudir a la interpretación histórica. En efecto, la interpretación histórica exige que se interpreten las leyes investigando sus antecedentes, su génesis, las necesidades que le dieron nacimiento y su discusión, para explicar los propósitos con que se expidió, para desentrañar la voluntad del legislador plasmada en la ley. El método histórico comprende el conocimiento y análisis de los llamados trabajos preparatorios que precedieron al nacimiento de la ley, del proyecto inicial, los dictámenes de las comisiones, los discursos pronunciados en el recinto legislativo, las objeciones, adiciones y enmiendas formuladas por el Poder Ejecutivo y, en general, todo cuanto tenga relación con el acto de su nacimiento. Se cita al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, tesis P./J. 61/2000, página 13, que señala: 'INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN. Para fijar el justo alcance de una disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su análisis literal, sistemático, causal y teleológico, es factible acudir tanto a su interpretación histórica tradicional como histórica progresiva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar los propósitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad en qué términos se reguló anteriormente una situación análoga y cuál fue el objeto de tales disposiciones, dado que por lo regular existe una conexión entre la ley vigente y la anterior; máxime, si a través de los diversos métodos de interpretación del precepto constitucional en estudio se advierte que fue intención de su creador plasmar en él un principio regulado en una disposición antes vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intención del Constituyente se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se sostenía en el ayer, ya que todo aquello que la nueva regulación no varía o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de mantener su vigencia. Ahora bien, de resultar insuficientes los elementos que derivan de esta interpretación, será posible acudir a la diversa histórica progresiva, para lo cual deben tomarse en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanción del precepto constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretación y aplicación, ya que toda Norma Fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jurídico; por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, o de otra índole, para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o modificación que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea válido desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposición en estudio.'. En ese sentido es oportuno tomar en cuenta la exposición de motivos de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 1998 mil novecientos noventa y ocho, lo que nos permite conocer las razones o motivos considerados para presentar la iniciativa, que no necesariamente se recogieron en el texto positivo, de cuyo contenido se advierte que fue la intención del legislador establecer la vigencia de las placas por un periodo de 6 seis años, pues en la parte que interesa se dijo que: 'En este mismo título, se propone que para el próximo año, los propietarios de vehículos de motor realicen el canje de sus placas metálicas. Cabe señalar que el último canje de placas se realizó en 1992 mil novecientos noventa y dos y la norma técnica oficial mexicana que regula las especificaciones técnicas características de prueba de las placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación para automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, establece como duración de la pintura de éstas y por lo tanto, su función de identificación del vehículo 6 años. Por otra parte, con el transcurso del tiempo nuestro padrón vehicular, se ha venido desactualizando por la dinámica del comercio de automóviles y generalmente el propietario del vehículo no da los avisos de baja o cambio de domicilio que la ley establece, lo que trae como consecuencia la evasión de impuestos. La medida del canje de placas, nos permitirá actualizar nuestro padrón, detectar la documentación apócrifa, que en los últimos años se ha acrecentado e incrementa nuestros ingresos en el rubro del impuesto sobre adquisiciones de bienes muebles no afectos al IVA y del impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos. En este sentido se propone un párrafo en el artículo 12, fracción I, el cual obliga a los propietarios o poseedores de vehículos a que realicen el canje de placas y que en caso de incumplimiento se hagan acreedores a una sanción de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.).'. Asimismo, en el dictamen presentado por las comisiones legislativas que recibieron para su estudio la iniciativa de ley en cuestión, estimaron lo siguiente: 'En el capítulo por Servicios de Tránsito y Transporte, se propone que los propietarios de vehículos de motor realicen el canje de sus placas metálicas en atención a la norma técnica oficial mexicana, que regula las especificaciones técnicas de las placas metálicas de los vehículos de motor, estableciendo como duración de la pintura de éstas, en función de identificación, 6 seis años y teniendo en cuenta que el último canje de placas se realizó en 1992 mil novecientos noventa y dos; dicha medida permitirá actualizar el padrón vehicular, así como incrementar los ingresos por concepto del impuesto sobre adquisiciones de bienes muebles no afectos al IVA y del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, este último, siendo recibido por el Estado en un 100%, sin la obligación de enterarlo a la Federación. En este sentido se establece una sanción a quienes no realicen el canje de placas, persiguiendo con ello asegurar los objetivos planteados, y, de igual manera, incentivar el cumplimiento de la obligación tributaria.'. De lo transcrito y conforme al método de interpretación histórico, se determina que la intención del legislador al establecer el canje de placas en el ejercicio fiscal 1998 mil novecientos noventa y ocho, fue que tuvieran vigencia de 6 seis años, por el ser el tiempo de duración de la pintura y materiales que se utilizan en su elaboración y por cuyo periodo cumplen con su función de identificación del vehículo, sin que obste a ello que en la ley no se haya plasmado tal plazo, pues acorde con la interpretación histórica se arriba a esta conclusión, aunado a que se hizo saber al particular el plazo en cuestión en la comentada tarjeta de circulación que le expidió la autoridad ejecutora, jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de Celaya, Guanajuato. Por tanto, la nueva ley que vino a variar las condiciones aportadas se estima retroactiva en perjuicio del particular, tal como lo estimó el Juez de amparo. En tal virtud, no resulta suficiente para revocar el fallo el argumento del gobernador del Estado recurrente, donde sostiene que la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 1998 mil novecientos noventa y ocho, conforme a la cual se efectuó el anterior canje de placas no determinó lavigencia de 4 cuatro y 6 seis, años que ostentan las tarjetas de circulación, pues en contrario cabe decir que el derecho que el particular adquirió a tales plazos se actualiza en el momento en que la mencionada autoridad aplicadora, jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de Celaya, Guanajuato, expidió los documentos con la vigencia ya mencionada, pues con ello se introdujo una facultad o un provecho al patrimonio de los solicitantes de amparo y tal hecho no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto ni por disposición legal en contrario, y tienen derecho a que se les respete el plazo que ostentan los documentos en cuestión, pues concuerda con el señalado en la exposición de motivos de esa ley. Acorde con lo anterior, debe decirse que el plazo de 6 seis años mencionado en la exposición de motivos de la ley anterior deriva de la interpretación histórica legislativa, al no existir claridad en la ley sobre el particular, aunado a que fue incluso la autoridad aplicadora de la norma quien así lo interpretó. También es infundado el argumento de la recurrente en cuanto a que las placas no ostentan tiempo de vigencia, pues sobre el tema cabe mencionar que las referidas tarjetas de circulación se expidieron con motivo del canje de placas y alta del vehículo, respectivamente, de lo que resulta claro que se relacionan directamente ambos documentos, esto es, las placas y la tarjeta de circulación, documento este último donde sí se precisa la vigencia mencionada, además de que la propia autoridad responsable afirma en sus agravios que el hecho de que las tarjetas de circulación establezcan un ámbito temporal de validez, constituye una mera referencia de que tales documentos se encuentran en vigor por el periodo señalado, hasta en tanto no se lleve a cabo un nuevo programa de cambio de placas, es decir, que se relaciona la fecha de la tarjeta de circulación con la vigencia de los documentos relativos a la identificación de los automóviles. Por otra parte, resulta intrascendente el argumento relativo a la cita desacertada que se realiza en el fallo combatido de la norma oficial mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 treinta de octubre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, pues aun cuando no corresponde exactamente a la fecha en que se realizó en el Estado el canje de las placas del ejercicio fiscal 1998 mil novecientos noventa y ocho, constituye una referencia respecto al periodo de duración del material y pintura utilizada en la elaboración de las placas metálicas de identificación de los vehículos, tal como lo menciona la recurrente, pues en la resolución de amparo, objeto del presente recurso, no se tomó en cuenta dicha norma oficial para establecer el derecho adquirido por los quejosos, sino que expresamente se dijo que tal derecho deriva del término de vigencia que se hizo constar expresamente en las tarjetas de circulación, como documentos de identificación de un vehículo, junto con las placas y calcomanía, y que fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en donde se señaló el tiempo de vigencia de los mismos; por tanto, no causa agravio a la recurrente la mención que se realiza en el fallo combatido de la norma técnica en cuestión. En tal virtud, se estiman infundados los motivos de queja antes analizados, pues no se causa agravio a la autoridad recurrente en la resolución combatida, en la que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2001 dos mil uno, por estimarse retroactiva en perjuicio de los quejosos y, por ende, se debe confirmar la sentencia del Juez Federal que se revisa, en la parte combatida. Acorde con lo anterior, resulta innecesario el estudio de los argumentos planteados por la parte quejosa en la revisión adhesiva, al justificarse el fallo que les otorgó la protección de la Justicia de la Unión."
"Voto particular del Magistrado José Luis Sierra López. Acorde con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se formula voto particular en los siguientes términos: El suscrito está de acuerdo en la procedencia del recurso de revisión y del juicio de amparo, conforme a los razonamientos contenidos en los considerandos sexto y octavo de la resolución que antecede. Sin embargo, con todo respeto, disiente del criterio de la mayoría en cuanto a las consideraciones de fondo, pues estima que se debe negar el amparo, porque en el caso no se está en presencia de derechos adquiridos. Las razones que lo explican y la propuesta del suscrito es en los términos en que se presentó el proyecto original, mismo que en cuanto al fondo se transcribe. Se alega por parte del gobernador del Estado recurrente, que es incorrecta la sentencia de amparo basada en la supuesta retroactividad de la norma legal reclamada, por el derecho adquirido a una vigencia de cuatro y seis años de las tarjetas de circulación vehicular, pues las placas de circulación no ostentan vigencia alguna y el hecho de que en las tarjetas de circulación se establezca un ámbito temporal constituye un mero referente necesario para la demostración ante autoridades diversas a las del Estado, o incluso particulares, que tales documentos se encuentran en vigor en un momento determinado, mientras no se lleve a efecto un nuevo programa de replaqueo de vehículos. Es fundado lo anterior. En efecto, el artículo 11 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 1998 mil novecientos noventa y ocho, señala: 'Artículo 11. Los derechos de tránsito por registro, circulación y control de vehículos en ejecución de cualquiera de los servicios que señala la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Guanajuato, se pagarán conforme a las cuotas a que se refiere la siguiente: Tarifa. I. Por ministración de un juego de placas incluyendo su calcomanía y tarjeta de circulación, como comprobante del registro y la identificación del vehículo de motor y remolques $290.00. Para el presente ejercicio fiscal, los propietarios o poseedores de vehículos a que se refiere esta fracción, deberán realizar el canje de su juego de placas y tarjetas de circulación dentro de los tres primeros meses del año. El incumplimiento de dicha obligación se sancionará con multa de $150.00. Cuando ocurra un cambio de propietario de un vehículo, una vez efectuado el canje de ellas, y el nuevo adquirente manifieste su deseo de conservar las mismas, únicamente pagará el 50% de los derechos respectivos. II. Por ministración de placas incluyendo la tarjeta de circulación para motocicletas, bicimotos y vehículos similares $75.00. III. Cuando no se devuelven las placas de circulación en los términos del artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Estado se cobrará: a) Por falta de una placa $139.00. b) Por falta de dos placas $278.00. c) Por falta de placa de motocicleta $75.00. d) Por falta de tarjeta de circulación $18.00. Si se trata de placas de servicio público, los montos establecidos en esta fracción se incrementarán al 100%.'. De la lectura de este artículo, se evidencia que en ninguna parte de su texto se estableció la vigencia para el uso de placas por seis años, como se sostiene en la sentencia. No obsta a lo anterior que en la exposición de motivos de dicha ley se argumentara en lo que nos interesa que: 'En este mismo título, se propone que para el próximo año, los propietarios de vehículos de motor realicen el canje de sus placas metálicas. Cabe señalar que el último canje de placas se realizó en 1992 y la norma técnica oficial mexicana que regula las especificaciones técnicas características de prueba de las placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación para automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, establece como duración de la pintura de éstas y por tanto su función de identificación del vehículo 6 años. Por otra parte, con el transcurso del tiempo nuestro padrón vehicular, se ha venido desactualizando por la dinámica del comercio de automóviles y generalmente el propietario del vehículo no da los avisos de baja o cambio de domicilio que la ley establece, lo que trae como consecuencia la evasión de impuestos. La medida del canje de placas, nos permitirá actualizar nuestro padrón, detectar la documentación apócrifa, que en los últimos años se ha acrecentado e incrementar nuestros ingresos en el rubro del impuesto sobre adquisiciones de bienes muebles no afectos al IVA y del impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos. En este sentido se propone un párrafo en el artículo 12, fracción I el cual obliga a los propietarios o poseedores de vehículos a que realicen el canje de placas y que en caso de incumplimiento se hagan acreedores a una sanción de 150 pesos. Por otra parte, en el artículo 14 de la presente iniciativa se establece la opción para que el particular pueda obtener su licencia para conducir vehículos de motor en forma bianual a trianual. Esta opción, trae consigo beneficios para el particular, ya que al obtener su licencia trianual se ahorra un 20% en comparación con una bianual. Asimismo, en el artículo 15 correspondiente a los derechos por servicios de tránsito, se propone la fracción V relativa a los permisos extraordinarios. Esto en virtud de que no se contempla en la Ley de Ingresos vigente y de acuerdo con el artículo 109 de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado, se presta este servicio.'. De lo transcrito tampoco se determina que el pago por ministración de placas, calcomanías y tarjeta de circulación abarcara un periodo de 6 seis años. Resulta pertinente aclarar que si bien los legisladores emiten opiniones, consideraciones y fundamentos en la 'exposición de motivos', no siempre se plasman de manera íntegra en la ley, pues aquélla constituye la intención del legislador y la ley contiene ya los aspectos aprobados por éstos, como sucedió en el caso, pues si bien se externó en la exposición de motiv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17286-ff87ba2d/derechos-por-concepto-de-suministro-de-placas-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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