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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES DE CONFIANZA REAJUSTADOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS. SU COMPARECENCIA ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA RECIBIR LOS CHEQUES DEPOSITADOS POR LA EMPRESA POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN Y FIRMAR EL FINIQUITO RESPECTIVO, NO PRODUCEN LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SI MANIFESTARON SU DESACUERDO Y DENTRO DEL PLAZO LEGAL DEMANDARON SU REINSTALACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17833
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y DÉCIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, , Pág. 225.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y DÉCIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veintidós de mayo de dos mil tres, al resolver el amparo directo 3427/2003, en lo interesante, consideró lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación que se esgrimen en la demanda de garantías, los que para mayor claridad se analizan en orden diverso, resultan en un aspecto infundados y en otro fundados, por lo siguiente. Cecilia Valdez Flores demandó de Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, entre otras prestaciones, el cumplimiento del contrato individual de trabajo celebrado en forma definitiva con la empresa demandada Pemex Refinación, en la categoría sin clasificación (tabulador), también conocida como ‘analista en sistemas’, con adscripción a la Subdirección de Distribución de ese organismo, Unidad de Sistemas de Apoyo Logístico, Subgerencia de Control Presupuestal y Facturación Int., clasificación 31.99.99, nivel 31, en la plaza con clave número 80050021ME00428, siendo el centro de trabajo en sus oficinas centrales de la Ciudad de México, D.F., y con un salario diario integrado de $727.66; en consecuencia, la reinstalación inmediata en el puesto y categoría mencionadas, por haber sido objeto de despido injustificado y, por ende, el pago de salarios caídos, así como el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, incentivo vacacional que se generen desde la fecha del despido hasta la reinstalación. Narró que comenzó a prestar sus servicios para Petróleos Mexicanos a partir del año de mil novecientos setenta y nueve, empresa que, con fecha primero de enero de mil novecientos noventa y tres, la transfirió a Pemex Refinación, con motivo de la promulgación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; que esta última la contrató con la tarjeta de trabajo para el puesto de confianza número 94013464, para desempeñar la categoría y puesto reclamados, con vigencia a partir del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; que el cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, Marco A. Muñoz de la Torre, jefe del Departamento de Personal de Pemex Refinación, mediante oficio número 04-PXR-SUFA-GRH-DP-0482/97, le notificó su condición de trabajadora ‘disponible’, a partir del diez de marzo de ese año, con motivo del redimensionamiento de la estructura ocupacional de la empresa, para el efecto de que obtuviera su regularización en alguna empresa de Petróleos Mexicanos o de sus organismos, sin que en la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo vigente en la industria petrolera o el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se contemplen las figuras de ‘redimensionamiento’ o de ‘disponible’, menos aún, que un trabajador deba resolver su situación laboral; que a partir del nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, Pemex Refinación dejó de cubrirle su salario, por lo cual, se entrevistó con Marco A. Muñoz de la Torre, jefe del Departamento de Personal, a efecto de que le diera una explicación en relación con la cesación del pago de sus salarios, quien le manifestó que acudiera ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a localizar su liquidación, sin dar mayor explicación al respecto, por lo cual, se constituyó ante la Junta, siendo que el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y siete localizó el expediente paraprocesal número 13/97, radicado ante la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, promovido por Pemex Refinación, en el que refiere que a partir del nueve de abril de ese año había dado por terminada la relación laboral que la unía con esa empresa, en términos de la fracción I del artículo 53 de la ley laboral, y que además, por ser trabajadora de confianza, debería quedar firme tal terminación; lo que es falso, pues en ningún momento dio por terminado el vínculo laboral que la une a esa empresa, ni renunció a su empleo, por lo cual, fue objeto de despido injustificado, el cual ocurrió el nueve de abril de mil novecientos noventa y siete (fojas 1 a 9 y 61 vuelta). Pemex y Pemex Refinación, al contestar la demanda laboral, dijeron que la actora ingresó a laborar a su servicio el trece de marzo de mil novecientos ochenta y seis, y que a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y tres se le otorgó la categoría sin clasificación (tabulador), adscrita a Pemex Refinación y desde el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro se le otorgó la misma categoría, en la plaza reclamada, con el número de ficha y adscripción que señaló en la demanda y un salario diario ordinario de $121.79, conforme a lo establecido en los artículos 41 y 42 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza. Negaron el despido alegado, argumentando que se canceló la plaza de la actora, en términos del acuerdo del subdirector corporativo de Relaciones Laborales No. SCRL-8318/96, con apoyo en los artículos 84 y 85 del referido reglamento, dada la necesidad de reorganizar las planillas del personal de confianza, lo que fue notificado a la accionante mediante oficio No. 04-PXR-SUFA-GRH-DP-0482/97, de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, haciendo de su conocimiento que a partir del diez de marzo siguiente, adquiría la condición de trabajadora ‘disponible’ a partir del diez de marzo de ese año, con motivo del redimensionamiento de la estructura ocupacional de la empresa, para el efecto de que dentro del término de 30 días obtuviera su regularización en alguna empresa de Petróleos Mexicanos o de sus organismos o, en su defecto, acudiera al Departamento de Pagaduría a cobrar lo que conforme a derecho le correspondiera, sin que así lo haya hecho, por lo cual, le extendieron su finiquito por la cantidad de $98,131.39, negándose la actora a recibirlo y, por ello, se promovió el paraprocesal correspondiente, radicándose ante la Junta Especial Número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el número de expediente 13/97, destacando además que le fue depositado también el importe de $19,075.54, por conceptos de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones correspondientes al último año laborado, siendo el caso que con fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y siete, la actora recibió dichas cantidades, dando con ello por terminada la relación laboral que los unía (fojas 33 a 60). La Junta responsable dictó un primer laudo en el que absolvió a Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación de las prestaciones reclamadas por Cecilia Valdez Flores, por estimar procedente la excepción de prescripción opuesta (fojas 233 a 238). Inconforme con el laudo anterior, Cecilia Valdez Flores interpuso en su contra demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer a este propio Tribunal Colegiado, quien por ejecutoria del uno de octubre de dos mil uno, emitida en el DT. 15097/2001, resolvió concederle la protección constitucional para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y dictara otro en el que declarara improcedente la excepción de prescripción opuesta por la demandada respecto de la acción principal y resolviera lo conducente en cuanto a la reinstalación reclamada, así como de las demás prestaciones que se hicieron derivar de la acción de despido injustificado, debiendo reiterar sus demás determinaciones (fojas 240 a 287). En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Junta responsable dictó un segundo laudo, en el que condenó a los demandados al cumplimiento del contrato individual de trabajo de la actora, en consecuencia, a reinstalarla en su empleo, así como al pago de salarios caídos e incrementos; asimismo, los condenó al pago de aguinaldo, prima vacacional, incentivo vacacional e incrementos, en términos de lo establecido en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, ordenando la apertura de la vía incidental liquidatoria para el cálculo de las condenas (fojas 299 a 307). Inconforme con el referido laudo, Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación promovieron en su contra demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer a este órgano colegiado, quien en ejecutoria del once de julio de dos mil dos, consideró que el laudo reclamado adolecía de la firma del secretario de Acuerdos y, por ende, carecía de certeza y seguridad el sentido de lo fallado, lo que se traducía en una irregularidad que constituía una violación a las reglas esenciales del procedimiento y provocaban que el laudo careciera de validez, por lo cual, determinó concederles la protección constitucional a los quejosos para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el laudo impugnado y en su lugar dictara otro en el que subsanara la irregularidad anotada (fojas 319 a 322). En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Junta responsable emitió el laudo que por esta vía se combate, en el que declaró inoperante la excepción de prescripción opuesta por la demandada; por otra parte, advirtió que las empresas petroleras, al dar contestación a la demanda laboral, argumentaron que dieron por terminada la relación laboral con la trabajadora, dada la reorganización del personal de confianza efectuada en términos de lo dispuesto por los artículos 84 y 85 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, sin que con ninguna de sus pruebas lograran demostrar que esa reorganización se haya realizado conforme a dichos artículos, puesto que si bien es cierto que acorde a los mismos se puede realizar el ajuste de planillas del personal de confianza en cualquier tiempo, ello es posible siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos al efecto en los artículos 433 y 439 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen que se debe obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje antes de tomar la determinación de reducir las plazas de la fuente de trabajo, estimando la responsable que, en el caso, la demandada no demostró haber obtenido tal autorización para la ruptura de la relación laboral que la unía con la trabajadora; ello, con independencia de que en el convenio de liquidación que obra en autos (foja 145) no obra la firma de la actora y, por ello, carece de validez; por lo anterior, estimó la autoridad que la ruptura de la relación laboral no se originó por mutuo consentimiento, en términos del artículo 53, fracción I, de la ley laboral, sino que fue por reajuste de personal que decidió el patrón en forma unilateral, y que si bien es cierto que el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y siete la actora recibió la cantidad consignada a su favor por concepto de liquidación en el paraprocesal número 13/97, radicado ente la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje (fojas 72 a 84 o 132 a 154), también lo es que manifestó su inconformidad, negando categóricamente que tuviera motivo alguno para dar por terminado el vínculo laboral y que si bien solicitó la entrega de los cheques consignados a su favor, ello fue por la precaria situación económica en que se encontraba, toda vez que le habían dejado de pagar sus salarios (fojas 151 a 154); con lo anterior, concluyó la autoridad que toda vez que los demandados no acreditaron haber cumplido con los requisitos establecidos por los artículos 433 y 439 de la ley laboral, por esa razón, la separación de que fue objeto la trabajadora equivale a un despido injustificado y, por ello, condenó a los demandados al cumplimiento del contrato individual de trabajo de la actora y, en consecuencia, a reinstalarla en su empleo, así como al pago de salarios caídos e incrementos que se generen a partir del despido y hasta la reinstalación, ordenando la apertura de un incidente de liquidación para su cuantificación, en el que se debe tomar como base el salario diario integrado de $358.21, que comprende los conceptos de salario diario tabulado, fondo de ahorro cuota fija, fondo de ahorro cuota variable, renta de casa, despensa, canasta básica, gas doméstico, gasolina, tiempo extra ocasional y compensación, conceptos que tuvo por demostrados con las documentales que obran a fojas 81, 82 y 83 o 141, 142 y 143 de autos, consistentes en el recibo de pago por liquidación finiquita y dos recibos de pago ofrecidos por la demandada; asimismo, determinó que en el incidente de liquidación se deberían comprender por igual periodo, las prestaciones de aguinaldo, prima vacacional e incentivo vacacional, con sus incrementos, en términos del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza. Aducen los quejosos que la Junta responsable emitió un laudo incongruente, toda vez que se apartó de la litis fijada en el asunto y no tomó en cuenta las pruebas rendidas en juicio, o bien, las analizó de manera incorrecta, ya que declaró procedente la acción de reinstalación ejercitada por despido injustificado, sin analizar las excepciones opuestas, consistentes en la inexistencia de la relación laboral y la falta de derecho de la demandante para reclamar la reinstalación en su empleo, puesto que se canceló la plaza que ocupaba, en términos del acuerdo del subdirector corporativo de Relaciones Laborales No. SCRL-8318/96, con apoyo en los artículos 84 y 85 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, dada la necesidad de reorganizar las planillas del personal de confianza y la imposibilidad de reubicarla o jubilarla; acuerdo que ofrecieron en juicio y que dejó de valorar la autoridad; que ante la imposibilidad de reubicar a la trabajadora, se formuló su liquidación por el importe de $98,131.39, negándose la actora a recibirlo y, por ello, se consignó su finiquito en el expediente paraprocesal 13/97, depositándose también la suma de $19,075.54, por conceptos de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones, siendo el caso que con fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y siete, la actora recibió dichas cantidades, consintiendo con ello en dar por terminada la relación laboral que los unía, actualizándose así el artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, lo que quedó demostrado precisamente con las copias certificadas del expediente paraprocesal referido, del que se desprende que si bien es cierto que la actora no firmó el finiquito o convenio alguno en el que diera por terminada la relación laboral, sí recogió los cheques consignados a su favor por concepto de liquidación, convalidando así su voluntad de romper el nexo laboral; sin embargo, la responsable, al analizar el expediente paraprocesal, se limitó a transcribir lo expresado por la actora al recoger los cheques consignados a su favor, sin tomar en cuenta lo expuesto por los demandados al dar contestación a la demanda laboral, en el sentido de que diverso Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en un asunto similar, sostuvo el criterio de que desde el momento en que el actor aceptó la cantidad depositada a su favor por concepto de liquidación, aceptó de manera voluntaria dar por concluida la relación laboral, con lo que incurrió en falta de análisis y valoración de todas las constancias de autos. Es infundado el anterior concepto de violación toda vez que, contra lo que se aduce, la responsable sí analizó las excepciones y defensas que aducen los quejosos en su concepto, pues al respecto dijo que las empresas petroleras, al dar contestación a la demanda laboral, argumentaron que dieron por terminada la relación laboral con la trabajadora, dada la reorganización del personal de confianza efectuada en términos de lo dispuesto por los artículos 84 y 85 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, sin que con ninguna de sus pruebas lograran demostrar que esa reorganización se haya realizado conforme a dichos artículos, puesto que si bien era cierto que acorde a los mismos se podía realizar el ajuste de planillas del personal de confianza en cualquier tiempo, ello era posible siempre y cuando se cumplieran los requisitos exigidos al efecto en los artículos 433 y 439 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen que se debe obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje antes de tomar la determinación de reducir las plazas de la fuente de trabajo, estimando la responsable que, en el caso, la demandada no demostró haber obtenido tal autorización para la ruptura de la relación laboral que la unía con la trabajadora, ello, con independencia de que en el convenio de liquidación que obra en autos, no aparecía la firma de la actora y por ello, carecía de validez; por lo anterior, estimó la autoridad que la ruptura de la relación laboral no se originó por mutuo consentimiento, en términos del artículo 53, fracción I, de la ley laboral, sino que fue por reajuste de personal que decidió el patrón en forma unilateral, y que si bien es cierto que el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y siete la actora recibió la cantidad consignada a su favor por concepto de liquidación, también lo era que manifestó su inconformidad, negando que tuviera motivo alguno para dar por terminado el vínculo laboral y que recibió los cheques consignados a su favor, dada la precaria situación económica en que se encontraba, derivada de que no se le pagaban sus salarios; con lo anterior, concluyó la autoridad que toda vez que los demandados no acreditaron haber cumplido con los requisitos establecidos por los artículos 433 y 439 de la ley laboral, por esa razón, la separación de que fue objeto la trabajadora equivalía a un despido injustificado y, por ello, condenó a los demandados al cumplimiento del contrato individual de trabajo de la actora y, en consecuencia, a reinstalarla en su empleo, así como al pago de salarios caídos, por lo que deviene infundado el concepto en estudio, en este aspecto. Por otra parte, si bien es cierto que la responsable no realizó un estudio pormenorizado del acuerdo que sirvió de base en las empresas para cancelar la plaza que ocupaba la demandante, fue en razón de que estimó que omitieron demostrar que obtuvieron la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, antes de tomar la determinación de reducir, entre otras, la plaza de la trabajadora, rompiendo la relación laboral que los unía, acorde a lo dispuesto por los artículos 433 y 439 de la Ley Federal del Trabajo. Tampoco asiste razón a los promoventes, porque en el caso concreto no se actualiza el supuesto del artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, si se toma en consideración que la trabajadora sostuvo que mediante oficio 04 PXR-SUFA-GRH-DPD-0489/97, la parte demandada le notificó su condición de trabajador disponible a partir del diez de marzo de dicho año, en virtud del redimensionamiento de la estructura ocupacional en la empresa demandada y que a partir del nueve de abril, también de ese año, se le dejaron de cubrir sus salarios, hechos que no fueron controvertidos por las aquí quejosas, sino al contrario, lo aceptaron y al contestar la demanda señalaron que a partir de que se le notificó a la actora el oficio antes citado tenía treinta días para reubicarse en alguna de las dependencias de Petróleos Mexicanos y que al no hacerlo, elaboró la empresa un finiquito y que al negarse a recibirlo la trabajadora, lo depositó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el paraprocesal 13/97, el que se radicó ante la Junta Especial Número Siete; de lo que se desprende que legalmente no podía darse por terminada una relación laboral que la empresa demandada unilateralmente y en forma impositiva ya había dado por concluida, sin que resulte obstáculo para concluir que en el caso a estudio no se actualiza lo dispuesto por el artículo 53, fracción I, de la ley laboral por la circunstancia de que el accionante haya recibido los cheques por las cantidades que mencionan los aquí quejosos, en el concepto de violación a estudio, toda vez que la trabajadora en todo momento sostuvo que recibía las cantidades de dinero que se le pusieron a su disposición, dada su precaria situación económica, pero en ningún momento manifestó su conformidad para dar por terminado el vínculo laboral, como así lo requiere el precepto y fracción invocados, es decir, que debe existir la voluntad expresa del trabajador para que se actualice el supuesto que prevé dicho numeral; además, se reitera que no se podía dar por terminada una relación laboral por mutuo consentimiento cuando la parte patronal, como en el caso, en forma unilateral e impositiva ya la había dado por terminada, como así expresamente lo reconocieron las hoy inconformes. Por cuanto hace a lo alegado por los solicitantes de la protección constitucional, en el sentido de que la responsable no tomó en consideración el criterio sustentado por diverso Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en una ejecutoria, debe decirse que no existe disposición legal alguna que obligue a la Junta a tomar los razonamientos esgrimidos por determinado órgano colegiado en una ejecutoria, porque ésta no es jurisprudencia. Por otra parte, por los razonamientos expuestos, este órgano colegiado no comparte el criterio de su similar Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este mismo circuito, por lo cual denuncia la contradicción de criterios."

CUARTO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veintiuno de agosto de dos mil, al resolver el amparo directo 523/2000 (DT. 10451/2000), promovido por Evangelina Domínguez Blando, entre otras consideraciones sostuvo las siguientes:

"QUINTO. El análisis de los conceptos de violación que por encontrarse íntimamente relacionados se estudiarán en su conjunto conduce a determinar lo siguiente: Resulta fundada pero inoperante la parte del concepto de violación en donde la quejosa alega que la Junta responsable omitió proveer lo conducente en relación con el escrito en donde la parte demandada hace valer un hecho superveniente. Para precisar lo anterior, en principio es menester señalar que con fecha doce de enero de mil novecientos noventa y nueve, la Junta responsable tuvo por celebrada la audiencia laboral en su etapa de demanda y excepciones, y en esa misma fecha declaró cerrado dicho periodo señalando fecha para la continuación de la audiencia en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 68). Asimismo, del análisis de las constancias que integran el juicio laboral, se advierte que mediante promoción presentada ante la Junta responsable con fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la parte demandada hizo valer el siguiente hecho superveniente: ‘... Según proveído de 15 de diciembre de 1998, publicado en el Boletín Laboral de 9 de febrero de 1999, dictado en el expediente paraprocesal 57/98 que se tramita ante la Junta Especial Número Siete Bis de esa Federal de Conciliación y Arbitraje, la actora se presentó a que se le hiciera entrega de los títulos de crédito presentados por Pemex Refinación, en dicho paraprocesal, y que son los siguientes:

Ver tabla

"Por tanto, la actora se presentó ante la Junta Especial Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje a cobrar los alcances a que tenía derecho, con motivo de su liquidación, en términos de lo establecido por el artículo 85 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, con lo que se dio el consenso de dar por terminada la relación laboral que la unía con Petróleos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 85 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y los documentos que firmó la actora se encuentran revestidos de plena legalidad, estampando su firma de conformidad; por tanto, resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Apéndice de 1975, 5a. Parte, 4a. Sala, tesis 78, página 85, bajo el rubro: ‘DOCUMENTOS, RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE LOS.’ (fojas 123 a 124). Y con base en tal hecho, hizo valer la siguiente excepción: ‘I. Recibo finiquito liberatorio. Esta excepción la opongo en contra de lo reclamado por la parte actora, ya que la actora al certificar (sic) ante esa Junta la entrega de los títulos de crédito antes mencionados como pago de su liquidación en términos del artículo 85 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás alcances insolutos, que la actora recibió expresando su conformidad con los mismos, así como con las cantidades que se hicieron a que tuvo derecho conforme al paraprocesal en cuestión, significa que su acción principal es improcedente, porque quedó liberada mi mandante de toda responsabilidad por la ruptura de la relación laboral que en forma voluntaria hizo la actora ...’ (foja 124). Luego, en cuanto a dicha promoción, la Junta responsable, con fecha primero de marzo de mil novecientos noventa y nueve acordó lo siguiente: ‘... Como lo solicita la Lic. María Rubio Palomares, se tiene por exhibido el escrito de fecha 15 de febrero de 1999 que en cuatro hojas útiles escritas por una sola de sus caras presentó ante la oficialía de partes de esta Junta el 19 de febrero de 1999 y con el mismo se da vista a la parte actora para que en un término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro del término señalado se le tendrá por conforme con las manifestaciones que se contienen en el escrito de cuenta; notifíquese ...’ (foja 179). Posteriormente, por escrito presentado ante la Junta responsable con fecha tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la parte actora desahogó la vista relativa en los siguientes términos: ‘... Solicito se desechen y se desestimen las manifestaciones vertidas por los demandados al querer pretender manejar un hecho superveniente, como es el expediente paraprocesal número 57/98, radicado ante la Junta Especial Número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que la demandada Pemex Refinación fue la promovente de dicho paraprocesal, como lo manifiesta en el escrito de contestación del juicio en el que actuamos, por un lado, y cuando Evangelina Domínguez Blando compareció ante la Junta Especial Número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje el día 3 de diciembre de 1998, presentó promoción haciendo valer su inconformidad, toda vez que la hoy actora no daba por terminada la relación laboral que la unía con Pemex Refinación, sino todo lo contrario, que era víctima de un despido injustificado de trabajo, y que se reservaba su derecho para hacerlo valer en la vía y forma correspondientes, como lo hizo, en términos del juicio en el que actuamos; por otro lado, la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas se celebró con fecha 12 de enero de 1999, mucho tiempo después de que promovió el procedimiento paraprocesal (como consta del sello fechador de oficialía de partes de fecha 24 de noviembre de 1998) y mucho tiempo después también de que Evangelina Domínguez Blando compareciera al paraprocesal en comento, por lo que al celebrarse la audiencia antes referida, la demandada Pemex Refinación ya tenía conocimiento de la comparecencia de la hoy actora en dicho procedimiento paraprocesal, situación que al no hacerla valer, perdió su derecho. Que no quiera pretender ahora manejarlo como un hecho superveniente. Ahora bien, dado el caso, y no consentido por nuestra parte, según la promoción y anexo que presenta, fue con fecha 19 de febrero de 1999, y salió publicado por el boletín de fecha 9 de febrero de 1999, el PP57/98, un acuerdo en donde se daba vista de la comparecencia de la hoy actora en dicho paraprocesal, por lo que en términos del artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, le transcurrió con exceso el término de tres días para hacer sus manifestaciones correspondientes, por lo que con dicha salvedad deben desecharse la promoción y anexo por el que se contesta la presente, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar ...’ (foja 185). Sin embargo, al proveer respecto al desahogo de la vista respectiva, la Junta responsable únicamente acordó lo siguiente: ‘... Asimismo, téngasele a la parte actora dando cumplimiento con la vista ordenada mediante proveído de 1o. de marzo del año en curso que en una hoja se manda agregar a las presentes actuaciones, así mismo téngaseles realizando las objeciones respectivas a la actora en un escrito de 26 de abril de 1999 que en 3 hojas y anexos se manda agregar a las presentes actuaciones, y respecto a la admisión y desahogo de las probanzas, al efecto se provee se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora y Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, quedando desahogadas las instrumentales públicas presuncional legal y humana y documentales que no fueron objetadas en autenticidad de contenido y firma y a las que se les dará el valor probatorio correspondiente al momento de emitirse el laudo respectivo ...’ (foja 187). De lo que se advierte que la Junta responsable únicamente tuvo por desahogada la vista que se le dio a la actora con el escrito de la demanda en donde hizo valer una excepción superveniente, ordenando agregarla a los autos, pero, ciertamente, omitió acordar si era o no procedente tomar en consideración la excepción que hizo valer la parte demandada como superveniente. Ahora bien, independientemente de que la omisión en que incurrió la Junta responsable no encuadra en ninguna de las hipótesis normativas previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, para ser considerada como una violación a las leyes que rigen el procedimiento laboral, al respecto debe decirse que tal omisión no tuvo trascendencia alguna en el resultado del laudo que por esta vía se reclama, toda vez que no debe perderse de vista que la comparecencia de la parte actora al juicio paraprocesal a que se ha hecho alusión, a recoger los cheques consignados por la demandada con motivo del pago de su liquidación, es un hecho superveniente que aun en el caso de que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17833-480de85b/trabajadores-de-confianza-reajustados-de-petroleos-mexicanos-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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