PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. EN LOS AJUSTES A LAS PLANTILLAS DE SU PERSONAL DE CONFIANZA POR LA IMPLANTACIÓN DE MAQUINARIA O LA INTRODUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS NUEVOS DE TRABAJO, RIGE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 439 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA FACULTAD DE REALIZAR AJUSTES A LAS PLANTILLAS DE SU PERSONAL DE CONFIANZA CONFERIDA POR EL REGLAMENTO QUE LOS RIGE, ESTÁ CONDICIONADA A CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes los criterios que sustentaron en sus respectivas ejecutorias los órganos colegiados involucrados en la posible contradicción de tesis denunciada.
Las consideraciones que en la materia de la contradicción fueron expuestas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la sentencia dictada el primero de febrero de dos mil uno en el juicio de amparo directo DT. 14667/2000 en lo conducente, son las siguientes:
"QUINTO. Son en parte infundados e inoperantes y en otra fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. Camilo Bernal Maza, demandó de Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Petróleos Mexicanos y Luis Manuel Barajas Medina, el cumplimiento del contrato individual de trabajo celebrado con la empresa citada en primer término, la reinstalación en la categoría de administrativo ‘A’, con adscripción al área jurídica contenciosa de la Consultoría Jurídica, clasificación 20.08.18, nivel 20, en la plaza número 90070220ME 01023, en las oficinas centrales del Distrito Federal; el pago de salarios caídos, reconocimiento de antigüedad, expedición de clave y número de cuenta del Infonavit, reparto de utilidades, entre otras prestaciones. Como hechos dijo, que inició a prestar servicios para Petróleos Mexicanos el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, y posteriormente transferido a Pemex-Gas y Petroquímica Básica; que a últimas fechas se le expidió la tarjeta de trabajo para puesto de confianza número GPA96011117, para desempeñar la categoría de administrativo ‘A’ con número de ficha 00235306, con adscripción al área jurídica contenciosa de la Consultoría Jurídica de la Subdirección de Administración y Finanzas, con el número de plaza 90070220ME 01023; que percibe un salario integrado diario de cuatrocientos cuarenta y dos pesos 33/100; que con fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el jefe del departamento central de Recursos Humanos de Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Luis Manuel Barajas Medina le notificó su condición de trabajador disponible a partir del trece de octubre hasta el treinta de noviembre, ambas fechas de mil novecientos noventa y siete, con motivo del redimensionamiento de la estructura ocupacional de la dependencia de su adscripción, para efectos de que procurara su reacomodo en ese lapso y en caso de no hacerlo presentarse el primero de diciembre de ese mismo año para resolver su situación laboral; que no ha existido ningún redimensionamiento ya que se continúa laborando normalmente en esa consultoría. En diverso escrito, la parte actora modificó su demanda inicial, en el que reclamó el respeto y cumplimiento de los artículos 9o., fracciones VI y VII, y 12, fracciones II y VII, del Reglamento de Atribuciones de Petróleos Mexicanos, nulidad del acuerdo del director corporativo de Relaciones Laborales número SAF/010/97 de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y siete, y pago de aportación financiera, expresando como hechos que el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, le notificó a través del expediente paraprocesal 32/97, la cancelación de la plaza que ocupaba y, como consecuencia, la terminación de la relación de trabajo sin solicitar la autorización correspondiente. Pemex-Gas y Petroquímica Básica negó acción y derecho al actor, manifestando esencialmente que con fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventa y dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios donde se otorgó al director general de Petróleos Mexicanos facultades para expedir el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de ese organismo y, de conformidad con la misma, se expidió el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza que entró en vigor el primero de agosto de mil novecientos noventa y tres, del mismo modo que se expidió el Reglamento de Atribuciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en Materia de Recursos Humanos y Asuntos Laborales, por lo que con base en criterios de austeridad, racionalidad y planificación presupuestal emitidos por el Gobierno Federal, con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y siete el subdirector corporativo de Relaciones Laborales, Julio Pindter González, emitió el acuerdo número SAF/010/97, mediante el cual se cancelan diversas plazas definitivas de confianza, entre las que se encuentra la del actor. En el laudo que se reclama, la Junta condenó a Pemex-Gas y Petroquímica Básica a cumplir al actor Camilo Bernal Maza su contrato individual de trabajo y a reinstalarlo en la plaza con categoría de administrativo ‘A’, adscrito al área jurídico contenciosa en las oficinas centrales en México, Distrito Federal, jornada 00, clasificación 20.08.18, clave de plaza 90070220ME 01023, y a pagarle la cantidad de ciento ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 23/100, por concepto de salarios caídos y los aumentos salariales que se generen, ordenando abrir incidente de liquidación; a reconocerle la antigüedad; a la nulidad del acuerdo SAF/010/97, de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y siete, y a entregarle constancias del SAR. Lo absolvió de la expedición de clave y número de cuenta del Infonavit, vacaciones, reparto de utilidades, pago de servicio médico, hospitalización y medicamentos, así como del pago de aportación financiera a que se refiere el inciso n) de la aclaración de demanda, absolviendo a Petróleos Mexicanos y codemandado físico de todas las prestaciones. Son infundados los conceptos de violación identificados como primero, segundo y tercero, los que se analizan en forma conjunta atendiendo a la íntima relación que entre ellos existe, al tenor de las siguientes precisiones. En el primer concepto de violación aduce el amparista que el laudo es violatorio de sus garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no está debidamente fundado y motivado atento que en el apartado de resultandos, la responsable refiere la exhibición en juicio de copias certificadas del paraprocesal 92/97, del índice de la Junta Especial Número Siete, de un cheque por la cantidad de cien mil novecientos treinta y un pesos 08/100 y del acuerdo de la propia Junta responsable de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; sin embargo, en la parte considerativa no toma en cuenta la procedencia de sus acciones y defensas y sólo descuenta la suma antes mencionada a la condena líquida, pero omite efectuar un análisis de las constancias mencionadas, ya que de haberlo hecho hubiera concluido que la relación de trabajo con el actor concluyó conforme al artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, ya que al recibir el actor los alcances liquidatorios, se sumó a la voluntad expresada de la demandada en el paraprocesal a fin de disolver el vínculo laboral, al tenor de la ejecutoria emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer Circuito que transcribe, por lo que resultaba irrelevante la legalidad o no de la cancelación de la plaza. Como segunda inconformidad, alega el titular de la acción constitucional que la Junta determina que no acreditó sus excepciones y defensas, en razón de que no consiguió la autorización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ordenada en el artículo 493 (sic) de la invocada ley laboral, lo que en su concepto es incorrecto, porque tal autoridad no considera que conforme a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, el Estado ejerce el control de los hidrocarburos y petroquímica básica; que en términos de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se reglamenta esa actividad; que el artículo 11, fracción XII, de la ley anteriormente señalada establece que los directores generales de dichos organismos tienen las facultades que determinen las leyes y demás disposiciones aplicables, por lo cual el subdirector corporativo de Relaciones Laborales, Julio Pindter González, mediante acuerdo PGPB-GRH-0010/95 (sic), canceló diversas plazas de confianza incluyendo la de Héctor Sergio Mejía Contreras (sic); que en el acuerdo administrativo sindical SAF/010/97 se cancelaron las plazas de confianza que se relacionan en su anexo único, debido a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal emitidos por el Gobierno Federal y conforme a la cláusula 1a., fracción VIII, numeral 3, del contrato colectivo de trabajo, el señalado Julio Pindter González, por ser representante del patrón sus actos tienen eficacia jurídica. Como tercer argumento, el impetrante insiste en que la autoridad señala que no acreditó sus excepciones y defensas al no conseguir la autorización de la Junta Federal ordenada en el artículo 493 (sic) del ordenamiento laboral antes invocado, lo que es erróneo, dice, porque la única obligación que dicha ley le impone es la de cumplir con la indemnización correspondiente, ya que conforme a los artículos 84 y 85 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, el patrón puede realizar ajustes a las plantillas del personal de confianza, lo que se hizo mediante el acuerdo SAF/010/97 de primero de octubre de mil novecientos noventa y siete, que a través del paraprocesal 92/97, al que se le acompañaron los alcances económicos del actor, y que éste al recibirlos se sumó a la voluntad de romper con el vínculo laboral, siendo aplicable el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el amparo directo número DT. 4294/99 (430), resuelto en sesión de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que determina que no es obligatorio agotar el procedimiento establecido en el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo. Como se ha dicho, los anteriores argumentos son infundados porque por una parte, el hecho de que el trabajador haya recogido el título de crédito por la cantidad de cien mil novecientos treinta y un pesos 08/100, que la empresa demandada aquí quejosa puso a su disposición como alcance liquidatorio, no quiere decir que éste haya optado por su indemnización y por la terminación de la relación laboral en términos del artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que dicho título obraba en un expediente paraprocesal que está fuera del conflicto laboral; y además, tampoco externó su voluntad al respecto y, por la otra, contrario a lo que afirma, sí era necesario en este asunto, que se hubiera agotado el procedimiento establecido por el artículo 439 de la ley laboral, tal y como lo consideró la Junta responsable en el laudo impugnado, toda vez que en el caso que nos ocupa la empresa demandada en forma unilateral, es decir, sin autorización alguna de la Junta, determinó que debía reducir el personal de confianza que tenía a su servicio, tal y como la aquí impetrante lo acepta, procediendo a la cancelación de plazas, entre otras, la que ostentaba el actor; de lo anterior se infiere que la demandada pasó por alto lo dispuesto por el artículo 439 antes citado, que establece como regla general para el caso de que una empresa requiera reducir su personal, debido a la modernización de la maquinaria o la implantación de nuevos procedimientos de trabajo, la autorización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el planteamiento de un procedimiento especial, conforme a lo dispuesto por el artículo 892 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo, admitiendo como excepción a esa regla general, el convenio entre el sindicato y la empresa, en cuyo caso el patrón no tendrá la obligación de cumplir con el requisito aludido, esto es, solicitar autorización a la Junta, pero tal excepción sólo opera cuando la reducción de personal se refiere a trabajadores sindicalizados y, en la especie, se advierte que la plantilla que se redujo fue la de personal de confianza y en este asunto la demandada, para cancelar la plaza de la actora, únicamente se apoyó en que con fundamento en los artículos 84, 85 y 86 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que le otorgan amplias facultades para realizar en todo tiempo ajustes a las plantillas de personal de confianza, cuando así lo requiere el cumplimiento de sus actividades, pasando por alto lo establecido en el artículo 439 antes citado, que evidentemente es de observancia preponderante al referido reglamento, y en este asunto no se demostró que la demandada hubiese cancelado la plaza que ocupaba el actor cumpliendo con el requisito a que alude el referido precepto 439 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no ofreció prueba alguna con la que demostrara que tal cancelación la llevó a cabo con la autorización respectiva de la Junta Federal, por lo que al cancelar la plaza de referencia sin cumplir con tal requisito, la separación del trabajo del reclamante se equipara a un despido injustificado, tal como lo estimó la responsable. ..." (fojas 119 a 143).
CUARTO. Por otro lado, se transcriben a continuación las consideraciones que en relación con la materia de esta contradicción fueron sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
En la sentencia dictada el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve en el juicio de amparo directo DT. 4294/99, promovido por la actora laboral María de la Luz Martínez Casasola, se determinó en lo conducente:
"TERCERO. El estudio de los anteriores conceptos de violación, mismos que se analizan en forma conjunta por la estrecha relación que guardan entre sí, conduce a lo siguiente: Son infundados los motivos de inconformidad hechos valer por la quejosa, en virtud de que es inexacto que la Junta responsable al dictar el laudo reclamado lo haya hecho de manera ilegal, pues de la parte considerativa del mismo se advierte que, en un principio dicha autoridad procedió a la fijación de la litis planteada, para después pasar a la relación y valoración de la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral para demostrar los hechos controvertidos, lo que la llevó a considerar que con la documental consistente en tarjeta de trabajo con firma autógrafa, se demostró que la trabajadora contaba con fecha de contratación definitiva desde el dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, para puesto de confianza con categoría de secretaria particular ‘C’, nivel 26, jornada diurna, adscrita a la Subgerencia de Soporte Mantenimiento en Oficinas Centrales, con plaza número 90021300ME 00008 (foja 320), así como que con el oficio número DCRL-3-3040/97 del primero de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el cual se le notificó en esa misma fecha a la actora, mediante el que se le informó que a partir del cuatro de agosto y hasta el catorce de septiembre de ese mismo año, se le consideraba con carácter de disponible, debiendo procurar su reacomodo en otras dependencias (foja 321), prueba que también fue ofrecida por la actora (foja 134) y además la hizo suya (foja 443); probándose con la copia fotostática del acuerdo del subdirector corporativo de Relaciones Laborales número SAF/005/97, la cual se perfeccionó mediante el cotejo ofrecido como medio de perfeccionamiento en caso de objeción, llevado a cabo el cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho (foja 445), la cancelación de plazas del régimen de confianza adscritas a diversas áreas de la Subdirección de Pemex-Gas y Petroquímica Básica, propuesto por el gerente int. recursos humanos, José Luis Anzaldúa Prieto y el subdirector de Administración y Finanzas, Jesús A. Sánchez Sánchez, documento que fue autorizado por el subdirector corporativo de Relaciones Laborales, Julio Pindter González, y que en la primera hoja de su anexo único menciona la plaza de la actora María de la Luz Martínez Casasola (fojas 399 a 402); demostrándose también con la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada bajo el apartado IV de su escrito de pruebas (foja 252), principalmente en el inciso d), que la actora desde su fecha de ingreso y hasta el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y siete, generó una antigüedad general de empresa de diecisiete años y treinta y un días (foja 446 vuelta); pruebas que llevan a considerar a este Tribunal Colegiado que la Junta responsable resolvió conforme a derecho la controversia planteada, toda vez que, si como lo afirma la quejosa, el argumento toral en que la autoridad basó su resolución giró en torno de que la cancelación de la plaza que detentaba la actora se justificó con el acuerdo número SAF/005/97, tal razonamiento es suficiente dadas las características que forman parte del mismo acuerdo, tales como el fundamento legal que se relata en su proemio, consistente en que de acuerdo a lo previsto en los artículos 84 y 85 del capítulo XVI del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se expidió dicho acuerdo, los cuales, en su parte conducente, a la letra dicen: ‘Capítulo XVI. Terminación de servicios. Reajuste. Artículo 84. El patrón podrá realizar en todo tiempo ajustes a las plantillas del personal de confianza, cuando así lo requiera el cumplimiento de sus actividades, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Artículo 85. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el personal de confianza de planta que no sea reubicado, podrá ser jubilado si acredita los años de servicios establecidos para obtener ese beneficio, con dispensa de la condición de edad. En caso contrario se le liquidará otorgándole 4 (cuatro) meses de salario ordinario y el importe de 20 (veinte) días de ese salario por cada año de servicios prestados o fracción mayor de 6 (seis) meses y 10 (diez) días si la fracción es menor. Asimismo se le liquidará una prima de antigüedad, consistente en 20 (veinte) días del mencionado salario ordinario por cada año de servicios prestados o por fracción mayor de 6 (seis) meses, y de 10 (diez) días por fracciones menores. El tiempo extra ocasional y la compensación mensual se aumentarán a la liquidación tratándose de personal de confianza de planta, en el caso que tenga asignados estos conceptos ...’; lo que lleva a considerar que contrario a lo manifestado por la actora, la empresa demandada no estaba obligada a agotar el procedimiento de autorización señalado en el artículo 439, en relación con el 782 de la Ley Federal del Trabajo, ya que precisamente en el reglamento citado se establece que el patrón puede realizar los ajustes de personal que requiera, sin que con ello incurra en el supuesto despido injustificado que pretende demostrar la actora, y aun cuando en efecto se determina que dicho ‘ajuste’ sea con arreglo a la Ley Federal del Trabajo, ello obedece a la forma en que los trabajadores de confianza serán liquidados conforme a las normas señaladas en la ley de la materia, lo cual cumplió la demandada. ... En consecuencia, al no ser violatorio de garantías individuales el laudo reclamado, procede negar el amparo de la Justicia Federal solicitado por la quejosa." (fojas 190 vuelta a 195 vuelta).
QUINTO. El análisis de las ejecutorias transcritas revela la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
Con el fin de corroborar lo anterior, es pertinente precisar el supuesto esencial que conforma el marco fáctico dentro del cual se emitieron las referidas ejecutorias opositoras.
Al respecto destaca que los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus criterios en juicios de amparo directo, en los cuales se controvirtió el respectivo laudo donde se resolvió, en relación con la terminación del vínculo laboral con trabajadores de confianza, si para efectos de dicha terminación que la paraestatal demandada Pemex-Gas y Petroquímica Básica fundó en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, es necesario acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para obtener la correspondiente autorización al tenor de lo dispuesto en el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo.
Con el objeto de precisar los supuestos que conforman el marco fáctico dentro del cual se emitieron las ejecutorias de mérito, conviene puntualizar que en los juicios laborales en donde se dictaron los laudos reclamados en los juicios de amparo directo de que se trata, según deriva de los antecedentes que informan dichas ejecutorias, aparece que en ambos casos:
· Se trata de trabajadores de confianza que demandaron diversas prestaciones de la paraestatal demandada, Pemex-Gas y Petroquímica Básica.
· Entre esas prestaciones los referidos trabajadores actores demandaron, respectivamente, la nulidad de los acuerdos SAF/010/97 y SAF/005/97 de fechas siete de octubre y veinticinco de julio de mil novecientos noventa y siete, emitidos por el subdirector corporativo de Relaciones Laborales, en los cuales se estableció la cancelación de plazas definitivas y temporales de trabajadores de confianza adscritas a las áreas de Pemex-Gas y Petroquímica Básica, entre las que se encuentran las plazas definitivas de los actores.
· La nulidad de los mencionados acuerdos la apoyan ambos actores, entre otros, en el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que la parte demandada procedió en forma unilateral a la cancelación de las referidas plazas sin solicitar y obtener de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la autorización que para ese efecto señala tal precepto.
· El mencionado organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos, al contestar la demanda en ambos juicios laborales, de conformidad con las consideraciones y fundamentos legales expuestos, en síntesis, sostuvo que mediante los acuerdos de que se trata fueron canceladas diversas plazas de confianza, entre ellas las de los actores, debido a la implantación de nuevos sistemas y métodos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos que le son propios; acuerdos de los que derivó la terminación de la relación laboral y la liquidación finiquita para ambos trabajadores de confianza; que fue con motivo de los criterios de austeridad, racionalidad y planificación presupuestal emitidos por el Gobierno Federal, que se establecieron las políticas para el redimensionamiento de sus estructuras organizacionales y ocupacionales en todos sus ámbitos y dependencias, considerando la implantación de nuevos sistemas y métodos de trabajo para el cumplimiento de sus objetivos, lo que implicó una reducción de los trabajos en diversas áreas de los propios organismos, como aconteció en Pemex-Gas y Petroquímica Básica. En consecuencia, los mencionados acuerdos fueron expedidos por el subdirector corporativo de Relaciones Laborales, en su carácter de representante patronal, con fundamento, entre otros, en los artículos 84, 85 y 86 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, aplicables porque los actores, hasta antes de su liquidación, tenían el carácter de trabajadores de confianza por ocupar una plaza de esta naturaleza.
· Los laudos con los que concluyeron los juicios laborales fueron los reclamados, respectivamente, en los juicios de amparo directo de los que conocieron los Tribunales Colegiados de Circuito, controvirtiéndose en éstos, particularmente, la aplicación del artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo en relación con la terminación de la relación laboral de que se trata, que la demandada realizó unilateralmente en términos del reglamento en cita.
Precisado lo anterior, es de significarse que aun cuando ambos Tribunales Colegiados de Circuito parten de un contexto fáctico similar, al pronunciarse sobre el alcance de lo dispuesto en el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo, en el caso concreto, cuando la terminación del vínculo laboral de los trabajadores de confianza que laboran en la paraestatal demandada, se origina por la supresión o cancelación de plazas ante la implantación de nuevos sistemas y métodos de trabajo, llegaron a conclusiones disímiles.
Por su parte, en el juicio de amparo directo 14667/2000, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, respecto de la terminación del vínculo laboral con motivo de la cancelación de plazas de trabajadores de confianza al servicio de la nombrada paraestatal demandada, sostuvo que ésta "pasó por alto lo dispuesto por el artículo 439 antes citado, que establece como regla general para el caso en que una empresa requiera reducir su personal, debido a la modernización de la maquinaria o la implantación de nuevos procedimientos de trabajo, la autorización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje", siendo ésta una regla general que admite como excepción "el convenio entre el sindicato y la empresa, en cuyo caso el patrón no tendrá la obligación de cumplir con el requisito aludido, esto es, solicitar autorización a la Junta, pero tal excepción sólo opera cuando la reducción de personal se refiere a trabajadores sindicalizados, y en la especie se advierte que la plantilla que se redujo fue la del personal de confianza y en este asunto la demandada para cancelar la plaza de la actora, únicamente se apoyó en que con fundamento en los artículos 84, 85 y 86 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que le otorgan amplias facultades para realizar en todo tiempo ajustes a las plantillas del personal de confianza, cuando así lo requiera el cumplimiento de sus actividades, pasando por alto lo establecido en el artículo 439 antes citado, que evidentemente es de observancia preponderante al referido reglamento".
En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 4294/99, en relación con el mismo problema jurídico planteado, no estimó aplicable el procedimiento de autorización señalado en el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo, para efectuar la cancelación de plazas del personal de confianza al servicio de la demandada Pemex-Gas y Petroquímica Básica, y sí, en cambio, consideró apto y suficiente el "fundamento legal" en el que ésta apoyó dicha cancelación y consiguiente terminación del vínculo laboral, como es el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en sus artículos 84 y 85, donde "se establece que el patrón puede realizar los ajustes de personal que requiera", y que la determinación contenida en dicho reglamento en cuanto a que el ajuste de plantillas del referido personal de confianza debe hacerse con arreglo a la Ley Federal del Trabajo "obedece a la forma en que los trabajadores de confianza serán liquidados conforme a la ley de la materia".
De las consideraciones antes precisadas se advierte que respecto de una misma cuestión jurídica los mencionados Tribunales Colegiados arribaron a un punto de contradicción, consistente en que para uno de ellos, la terminación de la relación laboral del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, motivada por la cancelación de plazas de los referidos trabajadores, es aplicable lo dispuesto en el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo, conforme al cual es preciso que la parte demandada, en el caso Pemex-Gas y Petroquímica Básica, solicite y obtenga de la Junta competente la autorización a que se refiere el artículo 439 en cita "que evidentemente es de observancia preponderante al referido Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios", en el que se apoyó la cancelación de plazas que originó la terminación de la relación laboral; en tanto que para el otro Tribunal Colegiado de Circuito, en ese mismo supuesto no consideró aplicable el mencionado precepto legal -439- ni, por ende, necesario agotar el procedimiento de autorización al que se contrae dicho numeral, pues la facultad que a la paraestatal demandada otorgan los artículos 84 y 85 del mencionado reglamento para realizar el ajuste que requiera a las plantillas de ese personal, lo estimó legalmente suficiente para efectuar la cancelación de las plazas de mérito con la consiguiente terminación de la relación de trabajo.
En esas circunstancias, debe concluirse que existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos juicios de amparo directos, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios discrepantes con motivo de las interpretaciones jurídicas disímiles a las que arribaron.
Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno que bajo el número P./J. 26/2001 puede consultarse en la página 76, Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril del dos mil uno, que a la letra dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferenc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7583-2568df89/petroleos-mexicanos-y-organismos-subsidiarios-en-los-ajustes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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