PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL PUEDE CONFERIR SU REPRESENTACIÓN PARA COMPARECER EN UN JUICIO ESPECÍFICO O EN UN NÚMERO INDETERMINADO DE ELLOS. PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. LA DEL APODERADO DESIGNADO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL SE ACREDITA MEDIANTE OFICIO, SIN NECESIDAD DE COMPROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR QUE LO SUSCRIBE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se transcriben a continuación.
Al resolver el amparo en revisión RT. 517/2000, interpuesto por el secretario del Trabajo y Previsión Social, se sostuvo:
"CUARTO. Los anteriores agravios son infundados. Narda González Serrano demandó del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otras prestaciones, el cumplimiento de su contrato individual de trabajo en términos de las condiciones generales de trabajo para los trabajadores de los demandados, tramitándose el juicio ante la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente número 3967/99, quien mediante resolución dictada el diecisiete de marzo del año dos mil, la responsable declaró infundado el incidente de falta de personalidad. Inconforme la actora con dicha resolución, interpuso en su contra juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, con el número P. 505/2000, quien concedió la protección constitucional a la quejosa ... En contra de dicha sentencia el secretario del Trabajo y Previsión Social interpuso recurso de revisión, asimismo la quejosa Narda González Serrano promovió recurso de revisión adhesiva. En los agravios el secretario del Trabajo y Previsión Social aduce que el Juez Federal efectuó una indebida interpretación del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque estimó que en cada juicio en que sea parte el titular de la dependencia debe exhibirse el documento con el que se acredite la personalidad, entre los que debe constar el nombramiento del titular de la dependencia y el oficio de designación de apoderados, lo que el recurrente considera ilegal porque, según él, no es necesario que los apoderados acompañen el original de un oficio particularizado, pues basta con que el titular tenga acreditado su carácter ante el tribunal y en todo caso en cada juicio se acompañe copia del oficio que así lo acredite y no como lo refiere el a quo, pues la interpretación que éste realizó va más allá del texto mismo de la ley, toda vez que pretende imponer cargas que el mismo legislador no estableció para los titulares de las dependencias, además no tomó en cuenta que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje implementó el registro de apoderados ante la Secretaría General de Acuerdos con la finalidad de acelerar el procedimiento burocrático. Son infundados los anteriores agravios, porque es inexacto que el Juez Federal haya interpretado indebidamente el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que al efecto establece en el segundo párrafo lo siguiente: ‘Artículo 134. ... Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio.’. Esto es así, porque de las constancias que acompañó Adrián Trinidad Palma, quien compareció al juicio laboral a nombre del titular demandado, para acreditar el carácter de apoderado, anexó copia certificada de (sic) promoción dirigida al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por la cual Mariano Palacios Alcocer, en su carácter de secretario del Trabajo y Previsión Social, designó apoderados, entre otros, al citado compareciente, así como copia del acuerdo de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dictado en el expediente varios 46/42, del que se advierte que el secretario general de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tuvo por recibido el escrito de Mariano Palacios Alcocer, en su carácter de secretario del Trabajo y Previsión Social, personalidad acreditada a fojas ciento cincuenta y uno de los autos del expediente V. 46/42, y por designados como apoderados a las personas mencionadas en el escrito de mérito, entre otras, a Adrián Trinidad Palma. De lo que se evidencia que de conformidad al precepto legal en comento, para que se reconozca el carácter de apoderado del titular de una dependencia, es necesario que se acompañe a la demanda el oficio particularizado de designación del titular al juicio en el que se comparece, sin que sea suficiente que dicho carácter se encuentre acreditado ante el tribunal en forma general y que se acompañe copia del acuerdo que así lo demuestre, para que se tenga por legalmente acreditado el carácter señalado, pues en el caso a estudio, quien se dijo apoderado del titular demandado, sólo exhibió un documento en el que en forma genérica se le otorga poder, pero no se acompañó a la contestación de demanda la designación específica para el juicio en que se promovió, aunado a que el referido oficio de designación que se exhibió obra en el expediente varios 46/42, por lo que ningún efecto puede surtir en el diverso 3697/99, y al no haber exhibido los documentos respectivos, es legal la interpretación que del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado efectuó el Juez Federal. En consecuencia, lo que procede es declarar infundado el recurso de revisión y confirmar la sentencia recurrida."
De la ejecutoria dictada en el amparo en revisión antes precisado derivó la tesis aislada I.7o.T.70 L, publicada en la página 1766, Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero del año 2001, que a la letra dice:
"PERSONALIDAD. FORMA DE ACREDITARLA POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Conforme al artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el titular de una dependencia oficial podrá hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio, por tanto, quien se ostente como tal debe acompañar a la contestación de demanda el oficio particularizado de designación específica del titular para el juicio en el que comparece; consecuentemente, no es suficiente que ese carácter se encuentre acreditado en forma general en el ‘registro de apoderados’ ante la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y que se acompañe copia del acuerdo que así lo demuestre, pues éste es un expediente de naturaleza administrativa que no puede surtir efectos en el juicio laboral referente a un conflicto individual."
Al resolver el amparo en revisión RT. 627/2000, interpuesto por el secretario del Trabajo y Previsión Social, en lo conducente, se determinó:
"CUARTO. Los anteriores agravios son infundados. Raúl Reyes Vargas demandó del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otras prestaciones, la reinstalación en el nombramiento de auxiliar de la Junta Especial con funciones de dictaminador y pago de las prestaciones inherentes al mismo, porque adujo fue despedido, tramitándose el juicio ante la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente número 4094/99, quien mediante resolución dictada el veinticuatro de mayo del año dos mil declaró infundado el incidente de falta de personalidad planteado. Inconforme la actora con dicha resolución, interpuso en su contra juicio de amparo indirecto del que conoció el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, con el número P. 815/2000, quien concedió la protección constitucional a la quejosa ... En contra de dicha sentencia el secretario del Trabajo y Previsión Social interpuso recurso de revisión. En los agravios el secretario del Trabajo y Previsión Social aduce, sustancialmente, que el Juez Federal efectuó una indebida interpretación del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque estimó que en cada juicio en que sea parte el titular de la dependencia debe exhibirse el documento con el que se acredite la personalidad, entre los que debe constar el nombramiento del titular de la dependencia y el oficio de designación de apoderados, lo que el recurrente considera ilegal porque, según él, no es necesario que los apoderados acompañen el original de un oficio particularizado, pues basta con que el titular tenga acreditado su carácter ante el tribunal y en todo caso en cada juicio se acompañe copia del oficio que así lo acredite y no como lo refiere el a quo, pues la interpretación que éste realizó va más allá del texto mismo de la ley, toda vez que pretende imponer cargas que el mismo legislador no estableció para los titulares de las dependencias, además no tomó en cuenta que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje implementó el registro de apoderados ante la Secretaría General de Acuerdos con la finalidad de acelerar el procedimiento burocrático (cita rubros de tesis que estima aplicables), además de que es un hecho público y notorio el cargo que ocupó Mariano Palacios Alcocer, lo que se acreditó en el expediente varios V. 46/42, relativo al oficio de designación de apoderados. Son infundados los anteriores agravios, porque es inexacto que el Juez Federal interpretó indebidamente el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que al efecto establece en el segundo párrafo lo siguiente: ‘Artículo 134. ... Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio.’. Esto es así, porque de las constancias que acompañó Adrián Trinidad Palma, quien compareció al juicio laboral a nombre del titular demandado, para acreditar el carácter de apoderado, anexó copia certificada de la promoción dirigida al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por la cual Mariano Palacios Alcocer, en su carácter de secretario del Trabajo y Previsión Social, designó apoderados, entre otros, al citado compareciente, así como copia del acuerdo de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve dictado en el expediente varios 46/42, del que se advierte que el secretario general de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tuvo por recibido el escrito de Mariano Palacios Alcocer, en su carácter de secretario del Trabajo y Previsión Social, personalidad acreditada a fojas ciento cincuenta y uno de los autos del expediente V. 46/42, y por designados como apoderados a las personas mencionadas en el escrito de mérito, entre otras a Adrián Trinidad Palma (f. 95 a 97). De lo que se evidencia que de conformidad al precepto legal en comento, para que se reconozca el carácter de apoderado del titular de una dependencia, es necesario que se acompañe a la demanda el oficio particularizado de designación del titular al juicio en el que se comparece, sin que sea suficiente que dicho carácter se encuentre acreditado ante el tribunal en forma general y que se acompañe copia del acuerdo que así lo demuestre, para que se tenga por legalmente acreditado el carácter señalado, pues en el caso a estudio, quien se dijo apoderado del titular demandado sólo exhibió un documento en el que en forma genérica se le otorga poder, pero no se acompañó a la contestación de demanda la designación específica para el juicio en que se promovió, aunado a que el referido oficio de designación que se exhibió obra en el expediente varios 46/42, por lo que ningún efecto puede surtir en el diverso juicio 4094/99, y al no haber exhibido los documentos respectivos, es legal la interpretación que del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado efectuó el Juez Federal. Asimismo, es necesario que el titular de la dependencia demandada acompañara a la contestación de demanda laboral su nombramiento que lo acreditara como tal, atento a que el mismo no acude al juicio como persona física en defensa de sus propios derechos, sino en cuanto representante de una dependencia gubernamental, por lo que estaba obligado a acreditar tal carácter, sin que ello traiga como consecuencia, como se pretende, que también se le exigiera el nombramiento del presidente de la República quien lo designó como secretario de gobierno, atento a que éste no es parte en el juicio laboral del que dimana el acto reclamado, sin que sea suficiente, como se pretende, que Mariano Palacios Alcocer tuviera el nombramiento de secretario del Trabajo y Previsión Social, y este hecho sea público y notorio porque, como ya se dijo, al ser demandado en el juicio laboral debe acreditar con los documentos a que se hizo referencia el carácter con que comparece a juicio. Es aplicable al particular el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión 517/2000, siendo recurrente el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, resuelto el veintiuno de septiembre del dos mil, que al texto es como sigue: ‘PERSONALIDAD. FORMA DE ACREDITARLA POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Conforme al artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el titular de una dependencia oficial podrá hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio, por tanto, quien se ostente como tal debe acompañar a la contestación de demanda el oficio particularizado de designación específica del titular para el juicio en el que comparece; consecuentemente, no es suficiente que ese carácter se encuentre acreditado en forma general en el «registro de apoderados» ante la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y que se acompañe copia del acuerdo que así lo demuestre, pues éste es un expediente de naturaleza administrativa que no puede surtir efectos en el juicio laboral referente a un conflicto individual.’. Asimismo, es aplicable, en lo conducente, el criterio jurisprudencial que resolvió la contradicción de tesis 44/2000-SS, sustentada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, jurisprudencia número 80/2000, que al texto es como sigue: ‘PERSONALIDAD DEL APODERADO O REPRESENTANTE EN EL JUICIO LABORAL, DOCUMENTOS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBEN EXHIBIRSE PARA ACREDITARLA. Conforme a lo dispuesto en los artículos 692 y 695, contenidos en el capítulo II, del título catorce, de la Ley Federal del Trabajo, quienes comparezcan por las partes contendientes en un juicio laboral, para acreditar su personalidad deben exhibir en cada una de las controversias, el original o copia certificada del mandato o poder; pueden asimismo exhibir copia fotostática simple de cualquiera de esos documentos, para que una vez cotejada por la autoridad laboral, esta última se agregue a los autos para constancia, lo que regula adecuada e íntegramente el aspecto jurídico de que se trata. De ahí que deba desconocerse la personalidad del compareciente si al juicio se aporta solamente copia fotostática simple del documento en donde consta la representación y, con fundamento en el artículo 798 del citado código laboral, se solicita su cotejo con la copia certificada que obre en diverso expediente laboral. Ello es así, porque en primer lugar la Junta no está facultada para acudir a diverso expediente de aquel en el cual se actúa, puesto que la personalidad debe acreditarse en cada juicio y, tampoco tiene obligación de aplicar en forma prácticamente supletoria, las disposiciones contenidas en el capítulo XII, del referido título catorce de la ley en cita, dado que en él se regula un diverso aspecto del procedimiento laboral, como lo es el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de pruebas.’ ... En el segundo agravio sustancialmente se argumenta que el Juez Federal viola en perjuicio del quejoso los artículos mencionados en el primer agravio, porque hace una incorrecta interpretación del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, respecto a la forma en que el recurrente debe acreditar su personalidad, porque al comparecer ante el tribunal a dirimir sus controversias se excluye que sea aplicada diversa ley incluso del mismo rango o jerarquía de acuerdo a lo establecido en el artículo 123 constitucional, apartado B, pues, en su caso, debería aplicarse lo dispuesto en el artículo 17, en relación con el 11 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el Juez se extralimita en la interpretación del referido artículo 134 de la ley burocrática que no reviste las exigencias del derecho civil para que se le reconozca la personalidad a los representantes de las partes, lo cual puede hacerse, como ya se dijo, con el oficio de designación de apoderados suscrito por el titular de la dependencia en turno; y que es aplicable el criterio de rubro: ‘PERSONALIDAD, EN MATERIA LABORAL PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO EL RECONOCIMIENTO DE LA.’. Lo anterior debe desestimarse por infundado pues, como ya se dijo, en cada juicio en que sea parte el titular de la dependencia demandada debe exhibirse el documento con el que se acredite la personalidad, así como el nombramiento del titular de la dependencia y el oficio de la designación de apoderados, sin que ello implique exigencias del derecho civil como se pretende, porque la misma está establecida en el invocado artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Asimismo, si bien es cierto que la jurisprudencia que invoca el ahora quejoso en este agravio señala que la personalidad de las partes en materia laboral puede reconocerse en forma expresa o tácita; sin embargo, en la misma tesis se señala que esto obedece atendiendo a las actuaciones del procedimiento para desprender el carácter de apoderado de quien comparece a juicio, lo que en el caso no se da por las razones ya expresadas. En consecuencia, lo que procede es declarar infundado el recurso de revisión y confirmar la sentencia recurrida."
CUARTO. Por otro lado, se transcriben a continuación las consideraciones que en relación con la materia de esta contradicción fueron sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Al resolver el amparo en revisión RT. 169/85, interpuesto por la quejosa Juana Alejandra Otero Vázquez, se determinó:
"TERCERO. Los agravios antes transcritos resultan infundados. En efecto, es inexacto lo que señala la recurrente en el sentido de que la Juez Primero de Distrito en el Distrito Federal en Materia de Trabajo, haya omitido el estudio de los argumentos que adujo en los conceptos de violación, toda vez que en la sentencia que se revisa se llegó a la conclusión de que el licenciado Max E. Cymet Ramírez, persona que demandó la autorización para rescindir la relación laboral que unía a la quejosa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, había acreditado su personalidad de apoderado del titular actor con la copia fotostática certificada del oficio número 529-II-8-4021 de fecha catorce de junio de mil novecientos ochenta y tres, por el que el secretario de Hacienda y Crédito Público le otorgó poder para formular y contestar demandas, cumpliéndose cabalmente con lo dispuesto por el artículo 134, párrafo segundo, de la ley burocrática. Ahora bien, de la lectura de los conceptos de violación que se transcriben en el escrito de agravios, se desprende que la agraviada estimó que no debería reconocerse la personalidad del licenciado Max E. Cymet Ramírez, porque no cumplió con lo previsto en los artículos 129 y 134 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no haber acompañado a su demanda el oficio original de su designación como apoderado; sin embargo, esos dispositivos legales fueron, precisamente, los que sirvieron de fundamento a la a quo para apoyar su resolución en la que negó la protección federal a la demandante; por tanto, no es verdad que no se hayan analizado los argumentos del demandado, al menos los destacados. Por otra parte, este Tribunal Colegiado estima que la recurrente hace una incorrecta interpretación del párrafo segundo del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuanto propone que tal dispositivo legal obliga a que a toda demanda o contestación, según el caso, se acompañe el original del oficio de designación de representante del titular, pues tal interpretación va más allá del texto de la ley y le impone una carga que el legislador no estableció para los titulares de las dependencias del Estado, pues basta que esa personalidad se encuentre demostrada en forma fehaciente y reconocida en términos generales por el tribunal para que se reconozca para los asuntos en particular. Tampoco le asiste la razón a la recurrente al sostener que al no haberse tomado en cuenta los argumentos que por vía de conceptos de violación adujo en su demanda, la Juez del conocimiento violó las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en atención a que resulta inadmisible desde el punto de vista jurídico que sea precisamente el órgano jurisdiccional a quien se encarga tutelar los derechos subjetivos públicos mediante el juicio de garantías, quien lleve a cabo la aludida violación. Por tal motivo, su proceder siempre debe ser analizado a través de la Ley de Amparo. En consecuencia, al haber sido infundados los agravios hechos valer por Juana Alejandra Otero Vázquez, procede confirmar la sentencia sujeta a revisión."
Al resolver el amparo en revisión RT. 246/85, interpuesto por el quejoso Ángel Jesús Aguayo Cruz, se sostuvo:
"III. Son infundados los agravios antes transcritos, hechos valer por el trabajador demandado en el juicio laboral, según se verá a continuación. Es inexacto lo que señala el recurrente en el sentido de que la Juez de Distrito en el Distrito Federal haya omitido el estudio de los argumentos que se adujeron en los conceptos de violación, pues en la sentencia que se revisa se llegó a la conclusión de que el acuerdo en el cual se reconoció la personalidad del apoderado del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es legal y por lo mismo no afecta las garantías del quejoso, pues quedó asentado en dicha sentencia, que ante el juzgador de primera instancia se acreditó, a través de las copias fotostáticas certificadas, que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado; que al escrito de demanda acompañó el apoderado del secretario de Hacienda y Crédito Público, copia certificada de su nombramiento como director de Asuntos Administrativos y Laborales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como copia fotostática simple del oficio de su designación como apoderado del secretario de Estado antes señalado, la cual solicitó se cotejara con el original que obra a fojas 203 y 204 del expediente V. 13/39, relativo al registro de apoderados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se lleva en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, oficio que está marcado con el número 529-II-8-4021 del catorce de junio de mil novecientos ochenta y tres, suscrito por el titular de la antes mencionada secretaría. Ahora bien, de la lectura de los conceptos de violación que transcribe, en lo conducente, el recurrente al expresar agravios, se desprende que el quejoso estima que no debió reconocerse la personalidad del licenciado Max E. Cymet Ramírez, porque se incumplió con lo previsto en los artículos 129, último párrafo y 134, párrafo segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no acompañar a su demanda oficio original de su designación como apoderado; sin embargo, esos dispositivos legales fueron, precisamente, los que sirvieron de fundamento a la a quo para apoyar su resolución en la que negó el amparo al quejoso; por tanto, no puede decirse que no se analizaron en primera instancia los argumentos del demandado, al menos los destacados. Por otra parte, este tribunal estima que el recurrente hace una incorrecta interpretación del párrafo segundo del artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuanto propone que tal dispositivo legal obliga a que a toda demanda o contestación, según el caso, se acompañe, precisamente, original del oficio de designación de representante del titular, pues tal interpretación va más allá del texto de la ley y le impone una carga que el legislador no estableció para los titulares de las dependencias del Estado, pues basta que esa personalidad se encuentre demostrada en forma fehaciente y reconocida en términos generales por el tribunal para que se reconozca para los asuntos en particular. Por tanto, siendo infundados los agravios que aduce el trabajador demandado, procede confirmar en sus términos la sentencia dictada por la Juez Primero de Distrito en el Distrito Federal en Materia de Trabajo, y negar el amparo a Ángel Jesús Aguayo Cruz, que promovió en contra del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje."
De las anteriores ejecutorias se originó la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 205-216, Sexta Parte, página 541, del tenor literal siguiente:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PERSONALIDAD. FORMA EN QUE DEBEN ACREDITARLA LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que los titulares podrán hacerse representar a juicio por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio. Una correcta interpretación de dicho precepto permite concluir, que para que se reconozca esa personalidad no es necesario que se acompañe a la demanda el original de un oficio particularizado al juicio en el que se comparece, pues basta que el carácter de apoderado se encuentre acreditado ante el tribunal en forma general y que se acompañe copia certificada del oficio que así lo demuestre, para que se tenga por legalmente acreditado el carácter señalado, pues sostener lo contrario va más allá del texto de la ley e impondría una carga que el legislador no estableció para los titulares de las dependencias oficiales."
Esa misma tesis aparece publicada con el número 19 en el Informe de labores correspondiente al año de 1986, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 282, con igual texto y el siguiente rubro: "PERSONALIDAD. FORMA EN QUE DEBEN ACREDITARLA LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.".
En el toca número RT. 257/87, relativo al recurso de revisión interpuesto por Fernando Torices Fernández, en lo conducente, se resolvió:
"TERCERO. Los anteriores conceptos de violación son infundados. En primer lugar, cabe decir que la Juez de Distrito estuvo en lo correcto al considerar acertadamente en la sentencia que se revisa que el tribunal responsable no dejó de aplicar lo establecido en los artículos 129 y 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque se había cotejado con anterioridad a la admisión de la demanda, la copia del oficio 529-II-3-4021 de fecha catorce de junio de mil novecientos ochenta y tres, con su original que obraba en el propio tribunal, por lo que se tuvo, en esas condiciones, por acreditada la representación de quien acudía por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En efecto, el segundo de los preceptos dispone que los titulares de las dependencias podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio, tal como ocurrió en la especie, razón por la cual se cumplieron las exigencias previstas por los citados artículos 129 y 134 del ordenamiento burocrático. Además, cabe agregar que no asiste la razón al recurrente al afirmar que la a quo en la sentencia que se revisa le causa agravio, porque sin haberse expresado que el poder en cuestión era un poder general, o bien, era un poder especial para su causa específica (sic), porque contrariamente a dicha argumentación, los citados dispositivos 129, párrafo final y 134 no obligan al titular de la dependencia actora a que en la demanda laboral acompañe el original del oficio que le confiere el poder respectivo, como tampoco obliga a que en dicho oficio se deba especificar textualmente si la personalidad conferida es especial para determinado juicio, o si este poder es con carácter general; pues basta que al escrito de demanda se acompañe la copia del oficio donde se nombra como representante del titular de la dependencia y que se solicite su cotejo con el original que obre en el propio tribunal, para que se entienda que el poder que se le está extendiendo sea para el juicio laboral que corresponda a la demanda. De ahí que tampoco asiste la razón al inconforme al decir que el demandante licenciado Max E. Cymet Ramírez, no acompañó a su demanda laboral el oficio a que se refiere el citado artículo 134 de la ley en comento. En consecuencia de lo anterior y contrariamente a lo que se indica en los agravios, la Juez de amparo estuvo en lo correcto al haber decidido que el tribunal fue acertado al estimar que con la copia simple que acompañó a la demanda laboral el citado Max E. Cymet Ramírez, cumplió lo que establece la parte final del diverso artículo 129 de la citada ley, y que al haberse ordenado su cotejo con el que existía en el expediente V. 13/39, que aparece en los archivos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cual fue cumplimentado, según se observa del contenido de la interlocutoria reclamada, debía concluirse que en el expediente de referencia sí existía el oficio de designación de representante que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor del citado Max E. Cymet Ramírez y que no era verdad de que dicho profesionista no hubiera acreditado su personalidad en el expediente laboral que se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7372-c4e2283d/personalidad-en-los-juicios-laborales-burocraticos-el-titular · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PETRÓLEOS MEXICANOS. EL BENEFICIARIO QUE EJERZA LA ACCIÓN DE PREFERENCIA PARA OCUPAR LA ÚLTIMA PLAZA DEL ESCALAFÓN GENERADA POR LA JUBILACIÓN O DEFUNCIÓN DE UN TRABAJADOR, DEBE PRE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2003-SS)
- PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. EN LOS AJUSTES A LAS PLANTILLAS DE SU PERSONAL DE CONFIANZA POR LA IMPLANTACIÓN DE MAQUINARIA O LA INTRODUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS NUE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2001-SS)
- TRABAJADORES DE CONFIANZA REAJUSTADOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS. SU COMPARECENCIA ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA RECIBIR LOS CHEQUES DEPOSITADOS POR LA EMPRESA POR CON (CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2003-SS)
- AUDIENCIAS LABORALES. LA OMISIÓN DE LOS AUXILIARES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LLAMAR A LAS PARTES POR TRES VECES CONSECUTIVAS, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DEL PROCEDI (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. (s/clave)
- LAUDOS, CONGRUENCIA DE LOS, EN SUS CONSIDERANDOS Y RESOLUTIVOS. (s/clave)
- LAUDOS, CONGRUENCIA DE LOS. (1578)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis