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Modo: Corpus Pro

PENSIONES JUBILATORIAS. PROCEDE EL AJUSTE DE LAS OTORGADAS POR BANRURAL, CUANDO SE COMPRUEBE EL AUMENTO DE UN 10% EN EL ÍNDICE DEL COSTO DE LA VIDA, MEDIANTE LA SUMA O ACUMULACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE INFLACIÓN QUE MENSUALMENTE PUBLICA EL BANCO DE MÉXICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20175
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 993.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en materia laboral, que es una de las materias de la especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 11653/2005, el ocho de julio de dos mil cinco, en la parte conducente, manifestó:

"... En otra parte de los conceptos de violación, el quejoso sostiene que: a) La Sala violó lo dispuesto en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que determinó que el actor demostró que los porcentajes señalados en el hecho seis de la demanda, de ‘inflación superior al 10%’ correspondían al ‘Índice Nacional de Precios al Consumidor’ proporcionados por el Banco de México, situación que no era cierta porque en el laudo no transcribió en forma correcta y completa el desglose del informe proporcionado por el Banco de México, del cual se desprendía que no concordaba con las manifestaciones del hecho seis de la demanda laboral, además de que los cuadros o tablas que la Sala señaló en el laudo diferían de los datos del informe rendido por el Banco de México. b) El artículo 90 del Reglamento Interior de Trabajo del ex Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, no autorizaba el aumento de las pensiones vitalicias cada vez que la suma del índice del costo de la vida acumulara un 10%, sino que se aumentarían las pensiones cuando haya un aumento del 10% como mínimo al multicitado índice del costo de la vida, lisa y llanamente, como se desprendía de dicho precepto ya que no menciona la palabra ‘suma’ o ‘acumulación’, resultando absurda e ilegal la forma en que la responsable aplicó dichos porcentajes en el laudo reclamado. c) El cálculo del porcentaje del aumento en el índice del costo de la vida no era acumulativo, como se desprendía de las tablas que emitió el Banco de México, sino que se calculaba en comparación al mes anterior y no acumulado al mes anterior, porque de lo contrario, sería para cada individuo y no general para toda la población, por lo que es incorrecta la forma en que la Sala aplicó los porcentajes, ya que los mismos no se podían sumar, de hacerlo así, el aumento en el índice del costo de la vida variaría según el mes y año de cada jubilado y ya no sería de carácter general. Son infundados en una parte e inoperantes en otra los anteriores argumentos, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. De acuerdo con los antecedentes que conforman la presente ejecutoria, Eduardo Rocha Martínez manifestó en el hecho seis de la demanda laboral, lo siguiente: ‘Seis. A continuación se suman los aumentos mensuales que ha tenido el índice en el costo de la vida, en el periodo precisado, para determinar el momento en que se dio un incremento superior al 10%, para aplicar ese porcentaje a la pensión y obtener así la nivelación de la pensión reclamada. Asimismo, se compara la pensión actualizada con la pensión recibida, para determinar el monto de las diferencias adeudadas por la demandada. Cabe destacar que las siguientes cantidades se expresan en nuevos pesos. Monto de la pensión original $72.83 mensuales.

Ver tabla 1

"Al resolver acerca de la nivelación de la pensión vitalicia de retiro que el actor solicitó, la Sala responsable determinó: a) El actor demostró, que recibió por concepto de pensión jubilatoria las cantidades señaladas en la columna de ‘pensión recibida’, indicadas en el hecho seis de la demanda, con los recibos de pago que ofreció. b) También demostró, que los porcentajes señalados en el hecho seis de ‘inflación superior al 10%’, correspondían al Índice Nacional de Precios al Consumidor proporcionado por el Banco de México, mediante oficio exhibido el veintitrés de enero de dos mil cuatro. c) No existió controversia en cuanto a que la pensión jubilatoria inicial del actor fue $72.38 (setenta y dos pesos 38/100 M.N.) (sic) en abril de mil novecientos ochenta y cuatro, por lo que a continuación, la Sala indicó las fechas en que dijo que el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó un 10% como mínimo, a efecto de establecer el monto de la pensión exigible a partir de un año anterior a la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 90 del Reglamento Interior de Trabajo, lo que realizó de la siguiente manera:

Ver tabla 2

"d) Indicó que del mes de octubre de dos mil uno, al mes de abril de dos mil dos, el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México no rebasó el 10% como mínimo, por lo cual determinó, que la pensión que el actor debió recibir a partir de un año anterior a la presentación del escrito inicial de demanda, es decir, a partir del mes de abril de dos mil dos, fue de $8,826.15 (ocho mil ochocientos veintiséis pesos 15/100 M.N.), a que condenó al Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, a nivelar la pensión vitalicia de retiro del actor, sin perjuicio de los incrementos que siguieran impactando su cuantía, con apoyo en el artículo 90 del Reglamento Interior de Trabajo. e) La pensión vitalicia de retiro que el actor debió recibir en el mes de abril de dos mil dos fue de $8,826.15 (ocho mil ochocientos veintiséis pesos 15/100 M.N.) y sólo recibió $4,643.40 (cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.), por lo que la Sala sostuvo, que existió diferencia de $4,182.75 (cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 75/100 M.N.); también estableció, que del citado mes y año, al mes de abril de dos mil cinco, fecha que estimó para el cumplimiento del laudo, habrían transcurrido veinticuatro meses, que multiplicó por el monto de la diferencia mensual señalada arrojándole la cantidad de $100,386.00 (cien mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) a que condenó al banco demandado por concepto de diferencias en el pago de la pensión vitalicia de retiro y dejó a salvo los derechos del reclamante para que incidentalmente calculara los incrementos a la pensión jubilatoria que se siguieran generando hasta que la misma se nivelara conforme a derecho, con fundamento en el precepto reglamentario invocado. En el aspecto que aquí se trata, tomando en consideración que de acuerdo con el criterio reiterado en diversas jurisprudencias emitidas por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jubilación es una prestación exclusivamente contractual derivada de un acuerdo de voluntades entre los trabajadores y el patrón, por lo que lo concerniente a esta prestación de carácter extralegal, debe regularse por las disposiciones establecidas al efecto entre trabajadores y patrón; en este sentido, conviene precisar, que el artículo 90 del Reglamento Interior de Trabajo del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Anónima (bajo cuya vigencia se otorgó a Eduardo Rocha Martínez la pensión vitalicia de retiro y cuya aplicabilidad al presente asunto no fue punto controvertido), establecía lo siguiente: ‘Artículo 90.’ (se transcribe). De dicho precepto se infiere, que la voluntad de las partes fue establecer un sistema de aplicación de incrementos a las pensiones vitalicias de retiro otorgadas por el Banco Nacional de Crédito Rural, en igual proporción al aumento en el costo de la vida, en el cual la premisa a considerar, fue preservar que la pensión vitalicia de retiro o jubilatoria, conquistada por el trabajador una vez satisfechos los requisitos establecidos al efecto en la norma contractual correspondiente, como compensación o reconocimiento a los esfuerzos desarrollados en determinado tiempo por el trabajador en beneficio del patrón, no se viera afectada por la evolución que inexorablemente experimenta el costo de la vida con el paso del tiempo, es decir, que permitiera al personal jubilado mantener un nivel de vida digno y decoroso, lo que se explica dada la naturaleza jurídica de la jubilación, al tratarse de una compensación establecida contractualmente entre trabajadores y patrón, por la prestación de los servicios del trabajador durante su vida laboral en beneficio de ese patrón, no obstante que si bien, una vez otorgado el derecho a la jubilación concluye la relación obrero patronal; sin embargo, existe una relación entre ambas partes por el nexo de la jubilación; así, se estableció en el precepto en comento, que cuando se compruebe que el índice del costo de la vida ha aumentado en un 10% como mínimo, conforme a los cálculos estadísticos que proporcione el Banco de México, las pensiones otorgadas por la institución, serán incrementadas en igual proporción al aumento alcanzado, y que dicho beneficio sería para las jubilaciones otorgadas a partir del dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, cuya interpretación debe realizarse en el sentido de que dicha norma no condiciona la aplicación de los incrementos al costo de la vida al importe de las pensiones vitalicias de retiro a la circunstancia de que esos aumentos ocurran en un periodo específico o determinado, sino que dispone que cuando se compruebe que el índice del costo de la vida ha aumentado en un 10% como mínimo, según los cálculos estadísticos que proporcione el Banco de México, las pensiones jubilatorias se incrementarán en igual proporción al aumento alcanzado, precisamente para mantener el mismo nivel de vida ante la situación de aumento en el nivel general de precios, ya que cuando se incrementa el Índice Nacional de Precios al Consumidor (que es el indicador que se utiliza para seguir la evolución que experimenta el costo de la vida con el paso del tiempo), debe gastarse más para mantener el mismo nivel de vida, lo que significa, que sumados los incrementos porcentuales en el índice del costo de la vida, con respecto al periodo anterior, según el informe proporcionado por el Banco de México, hasta alcanzar el porcentaje mínimo requerido (diez por ciento), en esa medida debe incrementarse la pensión jubilatoria para hacer frente a esa situación, lo cual debe entenderse que es el espíritu que rige la disposición de que se trata, por lo que no existe razón lógica ni jurídica para considerar que el incremento a las pensiones jubilatorias debiera ser sólo cuando el aumento en el índice del costo de la vida sea de un 10% ‘lisa y llanamente’, como sostiene el quejoso en los conceptos de violación que se examinan, al señalar que la norma no menciona la palabra ‘suma’ o ‘acumulación’, por lo que aduce que el multicitado índice debería calcularse ‘en comparación al mes anterior’ y no ‘acumulado al mes anterior’, por lo que en este aspecto no le asiste razón en este punto, pues ello equivaldría a sostener, que el monto de la pensión jubilatoria otorgada permanecería estático aun con el paso del tiempo y que sólo merecería ser incrementado una vez que de acuerdo al informe del Banco de México, el índice del costo de la vida haya aumentado únicamente en un 10% como mínimo, lo que rompería con el principio establecido por las partes de preservar el nivel de vida del personal jubilado que obtuvo la jubilación como compensación por los servicios prestados a lo largo de su vida laboral. ..."

El criterio anterior dio lugar a la siguiente tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 1421, que señala:

"BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO (INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO EN LIQUIDACIÓN). PENSIÓN VITALICIA DE RETIRO. APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO. Al ser la jubilación una prestación exclusivamente contractual derivada de un acuerdo de voluntades entre los trabajadores y el patrón, lo concerniente a esta prestación de carácter extralegal debe regularse por las disposiciones establecidas al efecto que se encuentren vigentes al momento de su otorgamiento. En este sentido, en el artículo 90 del Reglamento Interior de Trabajo del entonces Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Anónima, se estableció, que cuando se compruebe que el índice del costo de la vida ha aumentado en un 10% como mínimo, conforme a los cálculos estadísticos que proporcione el Banco de México, las pensiones otorgadas por la institución, serán incrementadas en igual proporción al aumento alcanzado, y que dicho beneficio sería para las jubilaciones otorgadas a partir del dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro; de donde se colige, que la voluntad de las partes fue establecer un sistema de aplicación de incrementos a las pensiones vitalicias de retiro otorgadas por el Banco Nacional de Crédito Rural, en igual proporción al aumento en el costo de la vida, en el cual la premisa a considerar fue preservar que la pensión vitalicia de retiro o jubilatoria, conquistada por el trabajador una vez satisfechos los requisitos establecidos al efecto en la norma contractual correspondiente, como compensación o reconocimiento a los esfuerzos desarrollados en determinado tiempo por el trabajador en beneficio del patrón, no se viera afectada por la evolución que inexorablemente experimenta el costo de la vida con el paso del tiempo; de ahí que dicha norma no condiciona la aplicación de los incrementos al costo de la vida al importe de las pensiones vitalicias de retiro a la circunstancia de que esos aumentos ocurran en un periodo específico o determinado, sino que dispone que cuando se compruebe que el índice del costo de la vida ha aumentado en un 10% como mínimo, según los cálculos estadísticos que proporcione el Banco de México, las pensiones jubilatorias se incrementarán en igual proporción al aumento alcanzado, precisamente para mantener el mismo nivel de vida ante la situación de aumento en el nivel general de precios, ya que cuando se incrementa el Índice Nacional de Precios al Consumidor (que es el indicador que se utiliza para seguir la evolución que experimenta el costo de la vida con el paso del tiempo), debe gastarse más para mantener el mismo nivel de vida, lo que significa, que sumados los incrementos porcentuales en el índice del costo de la vida, con respecto al periodo anterior, según el informe proporcionado por el Banco de México, hasta alcanzar el porcentaje mínimo requerido (diez por ciento), en esa medida debe incrementarse la pensión jubilatoria para hacer frente a esa situación."

TERCERO. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 9487/2006, en sesión de tres de noviembre de dos mil seis, en la parte que interesa, sostuvo:

"CUARTO. Los conceptos de violación, cuyo estudio observa un orden diverso al expuesto por el quejoso, resultan infundados en una parte y fundados en otra. J. Jesús Tiscareño Chávez demandó del Banco de Crédito Rural de Occidente, Sociedad Nacional de Crédito: 1) la rectificación del monto original de su pensión jubilatoria; 2) la nivelación de dicha pensión; 3) el pago de las diferencias de su pensión jubilatoria, existentes entre lo que el demandado le ha cubierto por tal concepto y lo que debió pagarle; y 4) la ineficacia jurídica de la limitante prevista en el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen en el demandado. Expuso como hechos de su demanda los que en seguida se resumen: El dos de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho el actor celebró convenio con el Banco de Crédito Rural de Occidente, Sociedad Nacional de Crédito, mediante el cual obtuvo su jubilación; en la cláusula tercera de dicho convenio se estipuló que la jubilación surtiría efectos a partir del dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, en tanto que en la quinta se cuantificó el monto original de su pensión en la cantidad de $933,749.00 mensuales; el demandado cuantificó el monto original de su pensión con base en el sueldo tabular de la categoría de supervisor, misma que desempeñaba al momento de su jubilación, y que ascendía a $649,348.00 mensuales; el artículo 53 de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen en el demandado, establece que la pensión inicial debe determinarse con base en los ingresos del nivel inmediato superior a la categoría desempeñada, por lo que le corresponde el sueldo tabular de la categoría de jefe de oficina, mismo que en la fecha de su jubilación ascendía a $1'642,520.00 mensuales, de modo que procede nuevamente la cuantificación del monto inicial de su pensión con base en los señalados ingresos de esa categoría inmediata superior; además, al aludido sueldo tabular deberán sumarse las demás prestaciones previstas en el antecedente número 3 del referido convenio de jubilación, conforme al artículo 52 de las invocadas Condiciones Generales de Trabajo; tiene derecho, por otra parte, a que su pensión se nivele en la proporción de un 10%, cada vez que los aumentos en el índice del costo de la vida se acumulen en ese porcentaje, conforme a lo establecido en el artículo 91 del reglamento interior del demandado y al artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo; los incrementos a su pensión conforme a los aumentos en el índice del costo de la vida, deben otorgarse sin el tope a que se refiere el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo, por resultar ilegal conforme al artículo 6o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado ‘B’ del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación de mantener los derechos que tenían los trabajadores en anteriores reglamentos interiores de trabajo, si eran superiores a las condiciones generales de trabajo; el demandado ha omitido incrementarle su pensión conforme al 10% de aumento en el índice del costo de la vida en esa misma proporción, ya que sólo lo ha hecho en cantidades inferiores a las que legalmente proceden, por lo que, a fin de que se le apliquen esos aumentos correctamente, transcribe los informes mensuales proporcionados por el Banco de México, publicados en el Diario Oficial de la Federación por el periodo comprendido del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho a la fecha de su demanda, sin perjuicio de su actualización al momento de la cumplimentación del laudo; para ese mismo fin, y para la nivelación de su pensión jubilatoria, así como para la determinación de las diferencias adeudadas, señala los momentos en que se dio un incremento superior al 10% al índice del costo de la vida, expresando las cantidades en nuevos pesos; el demandado le adeuda a la fecha, por concepto de diferencias entre lo pagado y lo que debió pagarle, la cantidad de $151,255.14; la nivelación de su pensión corresponde a $7,167.63 mensuales; las anteriores cantidades deberán modificarse si se declara procedente la prestación reclamada en el numeral 1 del capítulo de prestaciones de su demanda, pues no la consideró para el anterior cálculo; el monto de la nivelación de su pensión ha sido inferior al monto del sueldo tabular asignado al cargo que desempeñaba antes de su jubilación, de modo que actualmente tiene como sueldo tabular la cantidad de $18,000.00 mensuales ... En los conceptos de violación que comprenden los ordinales primero, segundo, tercero, quinto y el otro aspecto del séptimo, el impetrante combate la interpretación y alcance que la autoridad responsable dio al artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen en el demandado, en relación con las pruebas rendidas en autos, respecto a las condenas establecidas en el laudo impugnado, relativas a la nivelación de la pensión jubilatoria del actor y al pago de las diferencias respectivas, por lo que el estudio de dichos conceptos se aborda de manera conjunta por la estrecha relación que guardan entre sí. En efecto, en los mencionados conceptos de violación, el peticionario de garantías aduce sustancialmente que la autoridad responsable lo condenó a nivelarle al actor su pensión jubilatoria y a pagarle diferencias de la misma, con fundamento en el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo que lo rigen, sin tomar en cuenta las siguientes cuestiones: a) que el referido precepto establece que los incrementos a las pensiones jubilatorias únicamente proceden cuando el aumento en el índice del costo de la vida se produzca en un 10% como mínimo de manera mensual, porque el Banco de México determina este índice mensualmente, mas no dispone dicho precepto que tales aumentos deban sumarse hasta alcanzar ese porcentaje, como ilegalmente lo hizo la Sala; b) que con el informe rendido por la Dirección General de Banca en Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el convenio de siete de mayo de mil novecientos noventa que el demandado celebró con el Sindicato Auténtico de Trabajadores del Banco de Crédito Rural de Occidente, Sociedad Nacional de Crédito demostró la homologación de la categoría de supervisor que tenía el actor al momento de jubilarse, con la categoría de auditor ‘C’, como también demostró la supresión de aquella categoría y que ésta aparece en los tabuladores regionales en el nivel 5 con un salario mensual de $4,513.00 al mes de junio de dos mil tres; c) que para el pago de incrementos a las pensiones vitalicias por el aumento en el índice del costo de la vida, el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo establece un tope o limitante, consistente en que su monto no debe rebasar el sueldo de los trabajadores en activo que desempeñen los puestos que cubrían los pensionados al momento de obtener su jubilación; d) que si en el laudo la Sala lo absolvió de la reclamación relativa a la declaración de ineficacia jurídica del artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo, entonces en estricto derecho dicha absolución significa que, en todo caso, los incrementos deben ajustarse al referido tope o limitación establecida en este precepto, esto es, sin rebasar el salario tabular correspondiente al trabajador activo de la misma categoría que el actor tenía al momento de su jubilación. Resultan esencialmente fundados los reseñados motivos de inconformidad, en virtud de que la autoridad responsable condenó al demandado a nivelarle al actor su pensión jubilatoria y a cubrirle las diferencias respectivas, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen en dicho demandado, por considerar que con el informe rendido por el Banco de México, de fojas 211 y 212 de autos, demostró que del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho al de octubre de dos mil tres, el índice del costo de la vida aumentó en un 10%, sin tomar en cuenta que para que proceda este incremento, el aumento debe registrarse en el periodo de un mes, no en el lapso indicado. Lo anterior es así por las siguientes razones: En el numeral 2 del capítulo de prestaciones de su demanda el actor reclamó la nivelación de su pensión jubilatoria conforme al incremento del índice del costo de la vida y de acuerdo a la información que proporcionara el Banco de México, invocando como fundamento de su reclamación lo dispuesto por el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen en el demandado. Asimismo, ofreció como pruebas el texto de dicho precepto, así como el informe que proporcionara la citada institución bancaria. El Banco de Crédito Rural de Occidente, Sociedad Nacional de Crédito, negó la procedencia de esta prestación aduciendo, entre otras cuestiones, que el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo contiene un tope o limitación para el pago de incrementos a las pensiones vitalicias, consistentes en que su monto no debe rebasar el importe del sueldo tabular de los trabajadores en activo que desempeñen los puestos que cubrían los pensionados al momento de jubilarse. Asimismo, el demandado expresó que, al momento de su jubilación, el actor desempeñó el puesto de supervisor nivel 5; que esta categoría desapareció pero que actualmente la categoría homóloga o similar es la de auditor ‘C’, que tiene un salario tabular mínimo mensual de $3,895.00, mismo que en todo caso debe servir de límite en la determinación del monto de la pensión reclamada conforme al citado artículo 61, por lo que si en el hecho doce de su demanda señala que al mes de noviembre de dos mil uno percibía una pensión de $4,809.80 y esta cantidad es superior a la que percibe un trabajador en activo que tiene una categoría homóloga o similar a la que ostentaba el actor al momento de jubilarse, entonces su pretensión es improcedente. Para acreditar su excepción, el demandado ofreció como pruebas, entre otras, el informe que rindiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el contenido del oficio número 305/V.2/32922 del nueve de agosto de mil novecientos setenta y seis, respecto a la forma y términos del incremento a las pensiones jubilatorias y al salario mensual tabular asignado a la categoría de auditor ‘C’, homóloga o similar a la de supervisor nivel 5, dentro del tabulador de sueldos del Banco de Crédito Rural de Occidente, Sociedad Nacional de Crédito, en esa fecha. El artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo establece: ‘Artículo 61.’ (se transcribe). A fojas 211 a 215 de autos, corre agregada la documental ofrecida por el actor consistente en el oficio de dieciocho de septiembre de dos mil tres y sus anexos, remitido por el Banco de México, donde se expresa: ‘... adjunto a la presente les remitimos cuatro hojas debidamente identificadas con el sello de Banco de México en las que se desglosan las variaciones porcentuales y las variaciones absolutas respecto de los cálculos estadísticos que el Banco de México elabora respecto del Índice Nacional de Precios al Consumidor, mes a mes, durante el periodo de su interés. Finalmente, le expresamos que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se publica en forma mensual en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda ...’. Ahora bien, el texto del artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo, así como el fragmento que antecede del oficio remitido por el Banco de México, permiten establecer que para la procedencia del incremento de las pensiones jubilatorias en el porcentaje que dicho precepto establece, se requiere que se compruebe que el aumento en el índice del costo de la vida se produjo en un mes, toda vez que el referido dispositivo señala que el aumento del 10% se determina conforme a los cálculos estadísticos que elabore el Banco de México, por lo que si esta institución las elabora mes a mes y los publica en el Diario Oficial de la Federación también mensualmente dentro de los primeros diez días del mes siguiente que corresponda, debe entenderse que esos aumentos deben suscitarse en un mes. Por otra parte, por cuanto hace a la limitación o tope a que se refiere el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo, la Sala determinó que dicha limitación resulta inaplicable porque el demandado no acreditó que se haya suprimido la categoría de supervisor ni que se haya homologado con la categoría de auditor ‘C’, y porque la prueba documental de foja 226 de autos, que aportó para demostrarlo, esto es, que eliminó del tabulador la plaza de supervisor, no revela tal extremo. En efecto, en el considerando VI del laudo impugnado la Sala concluyó: (se transcribe). No obstante lo anterior, este tribunal advierte que en la referida documental -consistente en una transcripción del oficio de veintinueve de enero de dos mil cuatro, de foja 228 de autos, misma que forma parte del oficio número 368. VI. 103/04 de treinta de enero de dos mil cuatro, suscrito por la licenciada Sara Sandín Orea, directora general adjunta jurídica de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Banca en Desarrollo-, si bien se asientan los datos que señala la resolutora, también se menciona que ‘El sueldo de $3,895.00 corresponde al tabulador de empleados de bancos regionales, en la cual sí se consideraba la categoría de auditor «C», en el nivel 5, en enero de 2001, sin embargo, dentro del tabulador del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., en esta fecha la categoría de auditor «C», no estaba considerada’, lo que coincide con el tabulador que corre agregado a foja 216 de los propios autos, donde aparece que el auditor ‘C’ en el nivel 5 tiene un salario mensual bruto de $3,895.00. Por otra parte, en el convenio sindical de siete de mayo de mil novecientos noventa, de foja 92 de autos, ofrecido por el demandado bajo el numeral 7 del capítulo de pruebas de su escrito de contestación de demanda, no aparece la categoría de supervisor que el actor desempeñó en la fecha de su jubilación, lo que coincide con el resultado de la inspección de la parte actora, de trece de octubre de dos mil cuatro (foja 312) donde el actuario asentó lo siguiente: (se transcribe). Por tanto, es incorrecta la conclusión de la resolutora relativa a que el demandado no acreditó la desaparición o eliminación de la plaza de supervisor, ni la procedencia de la limitación salarial a que se contrae el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo. Atendiendo a la conclusión alcanzada, resulta innecesario ocuparse del cuarto concepto de violación, donde el impetrante alega: que el laudo es incongruente porque la Sala lo condenó a actualizarle al actor su pensión jubilatoria y a pagarle diferencias en su monto con base en el último incremento del 10.55% que se dio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20175-a90b7af8/pensiones-jubilatorias-procede-el-ajuste-de-las-otorgadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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