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Modo: Corpus Pro

SINDICATOS DE UNA MISMA PROFESIÓN O ESPECIALIDAD EN UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL. EL SINDICATO QUE AGREMIE A LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE ÉSTAS, TIENE EL DERECHO A QUE SU OPINIÓN SEA TOMADA EN CUENTA PARA LA FIJACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, ÚNICAMENTE POR LO QUE RESPECTA A LOS TRABAJADORES DE LA PROFESIÓN O ESPECIALIDAD QUE REPRESENTA O, EN SU CASO, EL DERECHO A SOLICITAR SU REVISIÓN. SINDICATOS DE UNA MISMA PROFESIÓN O ESPECIALIDAD EN UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL. PARA LA FIJACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O SU REVISIÓN RESULTA APLICABLE SUPLETORIAMENTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 360, FRACCIÓN I, 388, FRACCIÓN III Y 389 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20475
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SÉPTIMO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 397.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SÉPTIMO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis en asuntos en materia de trabajo, cuyo conocimiento es competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

TERCERO. El criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el diez de enero de dos mil dos, al resolver el amparo directo DT. 17367/2001 se apoyó en las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, son inatendibles en un aspecto, infundados en otro y, fundados pero inoperantes, en otro más, los cuales, por cuestión de técnica, no se estudiarán en el orden en que los formuló el impetrante. De las constancias procesales que integran el expediente laboral, se advierte que Raúl G. Campilla Gómez, demandó, en su carácter de secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el pago de las cuotas sindicales que tiene obligación de otorgarle a partir del 28 de abril de 1997 al 28 de junio de 1999, que descontó en forma indebida a los CTA’S (sic) de la República mexicana y la firma de las condiciones generales de trabajo. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al dar contestación a la demanda (fojas 30 a 38), negó acción y derecho al actor para reclamar las prestaciones referidas, en virtud de que las cuotas sindicales no le corresponden porque la agrupación sindical se constituyó formalmente el 29 de junio de 1999, en que se le otorgó su registro y, además, porque, en su calidad de patrón de los trabajadores del órgano desconcentrado denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), dichas cuotas las cubrió oportunamente al sindicato que ya existía hasta la fecha, y resulta improcedente la firma de las condiciones generales de trabajo de los controladores de tránsito aéreo porque ya existen esas condiciones, las cuales se encuentran vigentes, las que rigen a todo el personal perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluyendo a los trabajadores del (Seneam). Por escrito presentado el día doce de junio de dos mil, la parte actora enderezó la demanda en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su titular, a quien reclamó las prestaciones anteriormente mencionadas. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al dar contestación a la demanda (fojas 138 a 147), negó acción y derecho al actor para reclamar las prestaciones referidas, en virtud de que las cuotas sindicales deberán ser cubiertas por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por haber efectuado el descuento de las mismas a los trabajadores agremiados al Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, en cuya relación laboral se encuentran subordinados y en lo referente a la firma de las condiciones generales de trabajo, resulta improcedente porque no es causa imputable a esa secretaría, que a la fecha no haya recibido el ejemplar correspondiente para que proceda a su autorización, como lo ordena el artículo 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El tribunal del conocimiento, en el laudo impugnado, absolvió al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de pagar las cuotas sindicales por el periodo reclamado, en virtud de que, consideró, que el actor no probó la procedencia de esa prestación ya que son ajenas al periodo de ejercicio de las funciones sindicales y no tiene derecho para solicitar que le sean pagadas. Lo absolvió, además, de fijar por escrito las condiciones generales de trabajo, porque, estimó que esas condiciones ya fueron fijadas, las cuales regulan las relaciones de los trabajadores que laboran para esa secretaría, entre los que se incluye a los del órgano desconcentrado denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), tomando en cuenta al sindicato que represente a la mayoría de los trabajadores, que lo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por otra parte, la autoridad responsable, en la resolución combatida, absolvió al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de cubrir las cuotas sindicales por el periodo reclamado, aduciendo las mismas argumentaciones que tuvo para absolver de esa prestación al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, además, porque, estimó que los descuentos fueron efectuados por la dependencia para la que los trabajadores prestaban servicios subordinados, de lo que resulta que es totalmente ajeno a esos actos y no puede ser responsable de su pago. Lo absolvió, también, del otorgamiento de la autorización previa de las condiciones generales de trabajo que reclama la actora, dado que, consideró, que no se ha enterado por parte del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de las prestaciones económicas que contenga, que signifiquen erogaciones para el Gobierno Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se duele el amparista, en otra parte del sexto concepto de violación, que la responsable emite una resolución sin fundarla ni motivarla, en virtud de que al absolver al demandado de fijar las condiciones generales de trabajo, consideró que ya se encuentran establecidas con el sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores, que lo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contraviniendo con ello el artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues el sindicato quejoso es una persona moral distinta con personalidad y vida autónoma propia que aquél, sin que exista conflicto de intereses. No asiste razón al quejoso en esa parte porque, contrario a lo esgrimido, el tribunal vertió las razones particulares para concluir en la forma en que lo hizo, pues al respecto, adujo que ya se encuentran establecidas las condiciones generales de trabajo, que regulan las relaciones de los trabajadores que laboran para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y fundamentó su resolución en el artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ahora bien, no quedó a discusión si el quejoso era una persona moral con personalidad y vida autónoma propia, pues tal circunstancia quedó debidamente probada con el reconocimiento y registro como ente gremial, otorgado por la responsable. Esgrime el quejoso, en una parte del cuarto concepto de violación y en otra del sexto, que la autoridad responsable realizó un análisis equivocado de la documental consistente en la resolución plenaria del 29 de junio de 1999, con la que se le otorgó el registro sindical, a la que concedió valor pleno, puesto que en ella se estableció, textualmente ‘... Comuníquese la presente resolución al secretario de Comunicaciones y Transportes para los efectos de las relaciones laborales y la entrega de cuotas sindicales; a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y a los interesados para los efectos legales correspondientes ...’ y en las conclusiones determina ‘... Respecto de la pretensión de la parte actora, a su derecho para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fije las condiciones generales de trabajo, tampoco acreditó la parte actora tener derecho a ello ...’, de donde surge la incongruencia en que incurrió la responsable. Es infundada esa parte, por lo siguiente: Si bien es cierto que de la resolución plenaria del veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, que obra a fojas 8, 9, 10 y 11 del expediente laboral aportada por el ahora quejoso, que el tribunal le concedió valor pleno, se advierte que se ordenó notificar dicha sentencia al secretario de Comunicaciones y Transportes con dos finalidades precisas: a) para efectos de las relaciones laborales; y, b) para la entrega de las cuotas sindicales; tal expresión de ninguna manera vincula al tribunal, porque esa resolución es de carácter administrativa y el juicio laboral, de donde emana el acto reclamado, es jurisdiccional, es decir, son procedimientos distintos que persiguen fines, también distintos, pues mientras aquél busca el reconocimiento y registro como sindicato, en éste se pretende el cumplimiento de una pretensión, de donde se sigue que no se da la incongruencia que refiere el impetrante. La autoridad responsable, como ya se expresó, otorgó valor pleno al documento de referencia, y absolvió al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de fijar por escrito las condiciones generales de trabajo, aduciendo que ya existen otras que se acordaron con el sindicato que representaba a la mayoría de los trabajadores, como lo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y esa determinación es legal porque el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acreditó con la fotocopia que ofreció como prueba de las condiciones generales de trabajo, que ya las tiene fijadas con el sindicato que representaba a la mayoría de los trabajadores, las cuales obran a fojas de la 70 a la 102 del expediente laboral, con lo que se dio cabal cumplimiento al artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las cuáles, indiscutiblemente, le deben ser aplicadas a los integrantes del sindicato quejoso, que afilia a los trabajadores que laboran en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que, al no darse el caso de que se pretenda se pacten condiciones particulares de trabajo, no es dable jurídicamente que existan otras condiciones generales de trabajo. Al tenor de las consideraciones anteriores y al no resultar violatorio de garantías individuales, el laudo impugnado, lo que procede es negar al Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, el amparo y protección de la justicia federal solicitados."

CUARTO. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RT. 15/2005, el diez de marzo de dos mil cinco, en la parte conducente, sostuvo:

"Es infundado lo que aduce el recurrente en el sentido de que la Juez del conocimiento omitió entrar al estudio de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, específicamente en su artículo 360, fracción I, que habla de los sindicatos gremiales, precepto que debe aplicarse de manera supletoria en el presente asunto al ser el quejoso un sindicato de tal naturaleza. Es importante señalar, en primer término, que el derecho burocrático se ha perfilado desde sus orígenes como una rama autónoma que evoluciona a partir del derecho administrativo y tiende a alcanzar para los servidores públicos los beneficios del derecho del trabajo, con las limitaciones que impone la función pública. En esa tesitura de lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución, se desprende que fue intención del Constituyente establecer una diferencia clara entre el trabajo ordinario y el trabajo burocrático, considerando la naturaleza de la relación que existe en uno y otro, así como la posición de los sujetos que en ellos intervienen, pues mientras en el primero se da la libre voluntad de las partes cuyo contenido puede ser determinado por las partes dentro de las normas de orden público tendientes a salvaguardar el equilibrio entre los factores de la producción, en el segundo la relación nace como consecuencia de un acto de nombramiento; además de que el desempeño de la función no se encuentra sujeto a la libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del servidor, sino está predeterminado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; estas notas distintivas permiten considerar que no se puede dar al trabajo burocrático el mismo tratamiento que al trabajo ordinario. Las consideraciones que anteceden se derivan de la tesis XXVIII/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco, página 41, que es del tenor siguiente: ‘RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSA IMPUTABLE AL ESTADO PATRÓN. LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD, POR NO CONCEDER ACCIÓN A LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS.’ (se transcribe). Ahora bien, la distinción que aún existe entre los dos tipos de relaciones laborales que se señalaron, permite establecer que las normas relativas a los sindicatos burocráticos, los cuales son asociaciones de trabajadores que laboran en las dependencias públicas, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de aquéllos, fueron expedidas atendiendo a las características específicas de las relaciones de trabajo entre el Estado y sus servidores, por lo que a un sindicato contemplado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ordenamiento que no prevé distintas clases o tipos de organismos sindicales, no pueden aplicársele las reglas de la Ley Federal del Trabajo concernientes a los sindicatos gremiales, al ser aquél, como se dijo, una organización integrada por trabajadores cuya relación laboral conserva por naturaleza características propias. De ahí que en el caso particular al estar el sindicato quejoso regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, únicamente le es aplicable dicho cuerpo normativo, el cual en su título cuarto ‘De la organización colectiva de los trabajadores y de las condiciones generales de trabajo’, capítulo I, contempla lo siguiente: ‘Artículo 67.’ (se transcribe). ‘Artículo 68.’ (se transcribe). ‘Artículo 69.’ (se transcribe). ‘Artículo 70.’ ‘Artículo 71.’ (se transcribe). ‘Artículo 72.’ (se transcribe). ‘Artículo 73.’ (se transcribe). ‘Artículo 74.’ (se transcribe). ‘Artículo 75.’ (se transcribe). ‘Artículo 76.’ (se transcribe). ‘Artículo 77.’ (se transcribe). ‘Artículo 78.’ (se transcribe). ‘Artículo 79.’ (se transcribe). ‘Artículo 80.’ (se transcribe). ‘Artículo 81.’ (se transcribe). ‘Artículo 82.’ (se transcribe). ‘Artículo 83.’ (se transcribe). ‘Artículo 84.’ (se transcribe). ‘Artículo 85.’ (se transcribe). ‘Artículo 86.’(se transcribe). En otras palabras, si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo también contempla la institución jurídica de los sindicatos en su título séptimo ‘Relaciones colectivas de trabajo’, capítulo II ‘Sindicatos, federaciones y confederaciones’, de los artículos 356 a 385; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contiene un título cuarto denominado ‘De la organización colectiva de los trabajadores y de las condiciones generales de trabajo’, en el que se regula con la amplitud, exhaustividad y profundidad necesarias, a los sindicatos que se pueden formar en las dependencias burocráticas, por lo que no cabe la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, al estar debidamente regulada dicha institución. Luego, la Juez del conocimiento no podía estudiar y aplicar en el presente caso lo que establecen los artículos 184, 360, fracción I, 376, 386, 387, 388, 389, 396, 398, 399, 399 Bis y 400 de la Ley Federal del Trabajo, por el solo hecho de que el sindicato pretendiera su aplicación, pues como ya ha quedado expuesto, la naturaleza de la relación de los trabajadores de empresa privada es distinta de la de los del Estado, por lo que no pueden ser regulados de manera idéntica, sino atendiendo a lo que establece el ordenamiento laboral específico. Son aplicables al caso la jurisprudencia 611, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia de Trabajo, Volumen 1, página 497, que a la letra dice: ‘SUPLETORIEDAD, OPERACIÓN DE LA.’ (se transcribe). Precisado que fue lo anterior, debe señalarse que el artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece lo siguiente: ‘Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente a solicitud de éste, se revisarán cada tres años. ...’. Como se aprecia, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contempla la existencia de un solo ordenamiento, denominado condiciones generales de trabajo, por dependencia o entidad, mas no de varios en función de las características especiales de las actividades o trabajo desempeñado, ya que el fin de dicho ordenamiento es regular las relaciones de trabajo entre las dependencias y sus trabajadores de manera general, con el fin de lograr la seguridad y eficacia en el trabajo, establecer medidas para prevenir riesgos profesionales, disposiciones disciplinarias y forma de aplicarlas, reglas sobre exámenes médicos periódicos, en algunos casos, estímulos, para ser aplicadas a los empleados como lo estimó la Juez del conocimiento. Así, en cada dependencia sólo puede haber un ordenamiento denominado condiciones generales de trabajo y no varios, el cual debe ser elaborado, por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, y en el caso concreto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, intervino en la celebración de esas condiciones, las que fueron depositadas y registradas el veintisiete de junio del año dos mil uno, que rigen las relaciones laborales de dicha dependencia y sus trabajadores de base, no siendo factible celebrar otras diversas, en virtud de que, se reitera, la ley contempla la existencia de un solo ordenamiento de esas características por dependencia o entidad. En consecuencia, al estar ya elaboradas las condiciones generales de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y si la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece el procedimiento que ha de seguirse para fijarlas y revisarlas, es claro que, como lo estimó la Juez de Distrito, el sindicato recurrente, no puede exigir que la dependencia aludida celebre otras; sin que ello necesariamente conduzca a estimar que se le esté desconociendo su carácter de sindicato registrado, pues con la limitante apuntada, en uso de sus derechos y con observancia de las normas legales aplicables, está en posibilidad de que se tome en cuenta su opinión cuando las referidas condiciones sean revisadas. Ello, sin importar que el precepto aludido señale el sindicato correspondiente de manera singular, ya que como el mismo quejoso lo considera, en cada dependencia pueden existir varios sindicatos registrados, como se da en el presente caso al existir en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Sindicato de Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en lo relativo a la limitante de que sólo debe existir un sindicato por dependencia. Dados los razonamientos anteriores, al resultar infundados los motivos de agravio aducidos por el inconforme, se debe confirmar la sentencia recurrida."

QUINTO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veintitrés de marzo de dos mil siete, al resolver el amparo directo DT. 21563/2006, se apoyó en las consideraciones siguientes:

"SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer por el sindicato quejoso son infundados por una parte y fundados por otra. Los antecedentes que dan origen al presente estudio son los siguientes: El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo ejercitó acción en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en la que reclamó: a) el otorgamiento de las condiciones generales de trabajo, con base en lo ordenado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en las resoluciones plenarias del veintinueve de junio y cinco de octubre, ambas de mil novecientos noventa y nueve, las cuales ha solicitado en diversas ocasiones y se ha negado a otorgar, a pesar de que el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) que al estar concatenado el citado numeral con los diversos artículos 69, 74, 75 y 87 de la ley en mención, solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de los mismos; c) que con base en lo anterior y en el recuento ordenado en el expediente laboral 3406/98, con el que demostró que el sindicato actor es mayoritario de los trabajadores controladores de tránsito aéreo, el titular de la dependencia demandada debe fijar las condiciones de trabajo, en las cuales deberán incluirse los convenios, acuerdos y pactos particulares suscritos por la dependencia demandada y el sindicato oficial, los cuales se siguen aplicando a todos los controladores de tránsito aéreo, lo que debe reconocerse al sindicato gremial que representa; d) la entrega y rendición de cuentas de las cuotas sindicales desde el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete al veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, lo que se cuantifica en $4'800,000.00 (cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) salvo error u omisión de carácter aritmético. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes negó derecho al sindicato actor, pues afirmó que al ser de tipo gremial, a la fecha contaba con 394 (trescientos noventa y cuatro) agremiados, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía aproximadamente 23,000 (veintitrés mil) afiliados, de los cuales setenta y ocho son controladores de tránsito aéreo que pertenecían a la sección sindical del sindicato citado, de suerte que al ser éste el mayoritario, es quien firma las condiciones generales de trabajo con el titular de la secretaría, conforme lo establece el artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; que los miembros del sindicato accionante son trabajadores adscritos a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo (Seneam), órgano desconcentrado y, por ende, carece de personalidad jurídica y patrimonio propio, de suerte que sus relaciones se rigen por las condiciones generales de trabajo que fijó el titular de la dependencia demandada; que no procede el pago de las cuotas por el periodo reclamado, dado que en ese tiempo no habían obtenido el registro sindical, amén de que ello fue objeto de pronunciamiento en el expediente 898/2000. La autoridad responsable declaró improcedente la acción ejercitada bajo los argumentos de que conforme al artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la dependencia es la que fija las condiciones generales de trabajo, pues aquí no hay acuerdo entre las partes, sino una vez expedidas, pide la opinión del sindicato, de suerte que éste no participa en la elaboración y, por tanto, carece de derecho para solicitar la expedición de las citadas condiciones, pues los sindicatos no son los titulares de éstas sino la dependencia, quien las hace extensivas a los trabajadores; que conforme al artículo cuarto transitorio de las condiciones generales de trabajo se autoriza a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedir condiciones particulares de trabajo por la función de especialización, en las cuales también sólo se toma en cuenta la opinión del sindicato; y que no existe fundamento legal para expedir condiciones especializadas para cada uno de los sindicatos existentes en el centro de trabajo. El sindicato alega que al haberse declarado inconstitucional el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado por contravenir el derecho de la libertad sindical, la mayoría que refiere dicho artículo se encuentra debidamente concatenada con el artículo 87 del citado ordenamiento, el cual por coartar el derecho a obtener sus propias condiciones generales de trabajo a pesar de ser el sindicato gremial mayoritario, atenta contra la libertad sindical; que omite aplicar en su beneficio lo establecido por el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria, así como lo establecido en el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo; que los convenios, acuerdos o pactos se refieren a las actividades de los trabajadores en general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mas no a los controladores de tránsito aéreo y viceversa, pues son diferentes las condiciones de trabajo para unos y otros. Son infundados por una parte y fundados por otra los argumentos de mérito. Las instituciones fundamentales del derecho colectivo del trabajo residen en dos figuras jurídicas, las cuales están íntimamente vinculadas y son: el derecho de asociación y el derecho a la convención o contratación colectiva. El tratadista Néstor de Buen, en su obra ‘Derecho del trabajo’, tomo II, página 580, editorial Porrúa, décimo novena edición, dice: ‘Los fines del derecho colectivo en México son, en realidad, fundamentalmente tres: la nivelación de fuerzas sociales mediante el reconocimiento a los organismos de representación clasista; el establecimiento de sistemas normativos adoptados a las situaciones particulares de las empresas y, por último, el reconocimiento estatal de la autodefensa proletaria.’. El derecho a la libre asociación se reconoce a favor de los trabajadores para la defensa de sus intereses en la Carta Magna en el artículo 123, tanto en el apartado A, fracción XVI, como en el apartado B relativo a los trabajadores al servicio del Estado, en su fracción X, que dicen: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). Igualmente dicho derecho se establece en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado mexicano el dieciséis de octubre de mil novecientos cincuenta, mismo que de acuerdo al artículo 133 constitucional forma parte de la legislación suprema de la Unión, el cual establece: ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 10.’ (se transcribe). La idea sustancial que el derecho colectivo ha buscado desde su nacimiento y busca mediante el reconocimiento del derecho de los trabajadores de unirse en defensa de sus intereses comunes, vía la sindicación, es la de que en ello se produzca una nivelación de fuerzas sociales, pues ante la unión de los trabajadores con una conciencia de clase, la actitud del patrón resulta distinta de la que asume ante un trabajador en lo individual. En cuanto al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los siguientes criterios: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, mayo de 1999. Página 5. Tesis P./J. 43/99. Jurisprudencia. Materia: Constitucional, laboral. ‘SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, mayo de 1999. Página 28. Tesis P. XLV/99. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional, laboral. ‘SINDICACIÓN ÚNICA. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.’. Por otra parte, para que pueda considerarse respetado el derecho de asociación sindical, no basta que a los trabajadores se les tenga afiliados en un sindicato, sino que también deben hacerlo en la organización que democráticamente represente su voluntad, aunado a que se deben dar todas las garantías para que ésta pueda hacer una real defensa de los intereses de sus afiliados, a fin de que: a) tengan efectiva representación en las relaciones obrero patronales; b) puedan tramitar conflictos laborales; y c) intervengan en la fijación de las condiciones generales de trabajo. En relación a la contratación colectiva, institución suprema del derecho colectivo del trabajo, los diferentes doctrinarios en la materia hacen un especial énfasis en que ésta no puede ni debe ser tratada por separado del derecho de sindicación en virtud de que si los trabajadores se organizan en sindicatos es precisamente para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Por ello, aun cuando se tenga el derecho de asociación sindical, si se restringe el de contratación colectiva es como si el primero no tuviera razón de ser. A mayor abundamiento, cabe señalar que en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de mil novecientos noventa y ocho, los miembros de la comunidad internacional consideraron que para enfrentar el reto de la globalización, proceso que sostuvieron no ha sido capaz de extender sus beneficios a toda la población, gran parte de la cual enfrenta una gran inseguridad laboral y los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20475-9b7a23c9/sindicatos-de-una-misma-profesion-o-especialidad-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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