Corpus
Modo: Corpus Pro

EMBARGO. ES ILEGAL EL TRABADO SOBRE UN INMUEBLE QUE ESTÁ FUERA DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA POR EL QUE SE TRANSMITIÓ NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2007-PS. · Registro digital (IUS): 21277
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 250.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, porque se trata de un asunto civil, cuyo conocimiento es exclusivo de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, órgano que sustenta uno de los criterios en contradicción.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 109/2007, el veintisiete de septiembre de dos mil siete, sostuvo en sus consideraciones, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Es infundado lo aducido por el recurrente en el sentido de que el documento privado de compraventa base de la acción constitucional no se encuentra ratificado por el vendedor, por lo que no existe certeza de la venta y, en consecuencia, no puede ser oponible a su escritura de adjudicación base del derecho real que hace valer, máxime que el inmueble en disputa es materia de la sucesión testamentaria a bienes de ********** y al momento de su adjudicación judicial en el procedimiento mercantil de origen, el mismo estaba inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre del autor de la sucesión en cita; que, por ende, la falta de interés jurídico del quejoso se justifica y fundamenta con las tesis de los rubros: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA ESCRITURA DE PROPIEDAD NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, AL NO SER OPONIBLE FRENTE A TERCEROS, TITULARES DE UN DERECHO REAL, CARECE DE EFICACIA PARA ACREDITARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).’, ‘COMPRAVENTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EL DOCUMENTO DE FECHA CIERTA EN QUE CONSTE ESTE CONTRATO, ES INEFICAZ PARA OBTENER LA PROTECCIÓN FEDERAL CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD CUYO ORIGEN SEA UN DERECHO REAL QUE SÍ LO ESTÉ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ y ‘COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. AUNQUE SEA DE FECHA CIERTA DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS.’. Y, no asiste razón al inconforme, toda vez que, como con acierto lo determinó el Juez de Distrito, un documento privado en el que se contiene un acto traslativo de dominio, como el de la especie, precisa ser de fecha cierta para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, lo cual acontece a partir de que se celebra ante un fedatario público o funcionario autorizado, de que son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Fundamenta el anterior aserto, la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 63 del tomo, Cuarta Parte, LXVI, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.’ (se transcribe). Por lo tanto, si de autos se advierte que el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, **********, como vendedor y **********, como comprador, celebraron contrato privado de compraventa, respecto de una fracción de predio rústico denominado **********, ubicado en el Municipio de **********, **********, con una extensión superficial de dos hectáreas cincuenta y cinco áreas, así como que el treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco falleció el primero de ellos, según copia certificada del acta de defunción glosada a fojas 650 del juicio de amparo, entonces dicho consenso de voluntades adquirió fecha cierta, precisamente el treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco, en la que murió el primero de los contratantes, por lo que es a partir de esta data en la que el referido pacto adquirió eficacia probatoria y empezó a surtir efectos contra terceros. Lo anterior se estima de esa manera, porque conforme a las directrices trazadas por nuestro Máximo Tribunal de Justicia del país, no puede afirmarse categóricamente, que el interés jurídico de quien pretende defender su derecho de propiedad, en virtud de compraventa, se acredite sólo mediante la escritura pública de propiedad correspondiente, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Las consideraciones que llevaron al aludido Alto Tribunal a concluir de esa manera, en esencia, fueron las siguientes: En nuestro sistema legal es preciso destacar que el Registro Público de la Propiedad no genera, por sí mismo, la situación jurídica a la que da publicidad, esto es, no constituye la causa jurídica de su nacimiento, ni tampoco es el título del derecho inscrito, sino que se limita, por regla general, a declarar, a ser un reflejo, de un derecho nacido extrarregistralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes, y la causa o título del derecho generado es lo que generalmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa, con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, declarándolo así, para que sea conocido por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés. Los asientos registrales son meramente declarativos y no constitutivos de derechos. Así, los efectos traslativos de dominio que tienen lugar en la compraventa, como consecuencia del acuerdo de voluntades respecto al precio y cosa, surgen instantáneamente ipso jure, sin necesidad de su asiento registral, el cual, se reitera, no tiene efectos constitutivos. La constancia de tal acto en escritura pública, si bien es un requisito de forma establecido en la ley, tiene tan sólo como efecto dejar una constancia de validez plena que acredite la operación realizada, circunstancia que, por otra parte, es exigible al vendedor en forma imprescriptible mediante la acción proforma, pues es un derecho accesorio facultativo que sólo se extingue con el derecho principal del cual emana. De esa manera, la ausencia de estos dos extremos no impide, en forma alguna, se verifiquen los efectos traslativos de dominio, pasando la propiedad del bien del vendedor al patrimonio del nuevo adquirente del mismo. Sin embargo, no debe desconocerse que la eficacia del contrato de compraventa, sin exigir los requisitos de que se viene hablando, conduciría ineludiblemente a socavar la certeza y seguridad jurídica que se pretende exista en el tráfico inmobiliario, pues sin la intervención del fedatario o la publicidad lograda mediante las inscripciones registrales nadie estaría plenamente cierto de las operaciones de compraventa efectuadas, las cuales sólo podrían constar a las partes. No obstante lo anterior, no sería lícito desconocer los derechos adquiridos de buena fe por la parte compradora so pretexto de la falta de inscripción y formalización de la compraventa efectuada, circunstancias accesorias que -como se dijo- no son constitutivas del derecho de propiedad, y que pueden verificarse válidamente y reclamarse en fecha posterior a la operación. Es así que para el efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo no pueda afirmarse categóricamente que el interés jurídico de quien pretende defender su derecho de propiedad, en virtud de compraventa, se acredite sólo mediante la escritura pública correspondiente. Si bien la constancia de la compraventa contenida en la escritura pública y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad constituyen un medio de prueba pleno y perfecto para acreditar el dominio adquirido sobre un bien, no constituyen documentos fundatorios cuya exhibición sea indispensable para acreditar el derecho real de propiedad, pues la ley reconoce otros medios de prueba que, adminiculados debidamente, pueden generar convicción suficiente en el juzgador para tener por acreditada la titularidad del dominio de un bien para efectos del interés jurídico en el amparo. Hay que juzgar la eficiencia de las pruebas, en este caso de la propiedad, frente a dicha autoridad y no frente a los terceros, ya que la consideración de los derechos que pueda haber a favor de éstos o del quejoso es, en todo caso, materia de un juicio de contradicción sobre el dominio que corresponde resolver a un tribunal del fuero común y no una situación sobre la cual deba pronunciarse el Juez de amparo. Sobre esto resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial que a continuación se reproduce: ‘PROPIEDAD. PROTECCIÓN DE LA, MEDIANTE AMPARO.’ (se transcribe). Así pues, se obrará correctamente si al estudiar las pruebas éstas se valoran, no para resolver quién resulte el legítimo dueño definiendo la propiedad, sino para que, reconocido tal derecho en forma suficiente y con base en los medios probatorios ofrecidos, se establezca si hubo o no violación de garantías en perjuicio del aparente propietario, que en la especie analizada resulta, además, ser un tercero extraño a juicio sobre cuyo patrimonio se pretende ejecutar un crédito personal al que, presuntamente, resulta ajeno. En esa tesitura, un principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe de la operación es su fecha cierta. Si bien el asiento registral proporciona total certidumbre sobre la fecha del documento, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido también que la fecha cierta tiene lugar cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia por contradicción de tesis de observancia obligatoria para este tribunal en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, 1a./J. 33/2003, proveniente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 122 del Tomo XVIII, del mes julio de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘INTERÉS JURÍDICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITARLO.’ (se transcribe). En ese tenor, es claro que el interés jurídico del quejoso se encuentra debidamente acreditado con el contrato privado de compraventa de nueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, celebrado entre **********, como vendedor y **********, que adquiere fecha cierta por haberse acreditado el fallecimiento del vendedor, en fecha anterior a aquella en que se realizó el acto reclamado, que ocurrió, como ya se dijo, el treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco. Y es que el embargo reclamado por el promovente del amparo se practicó hasta el uno de septiembre de mil novecientos noventa y siete y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve; luego, es inconcuso que para esta fecha el bien inmueble embargado ya había salido de la esfera patrimonial del deudor, con independencia de que al momento de dicho embargo y de la adjudicación a favor del recurrente, el inmueble en disputa se encontrara inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre del causante del quejoso y deudor en el juicio ejecutivo mercantil de donde derivan los actos reclamados. Sin que en el caso cobren aplicación las tesis a que hace alusión el recurrente, pues además de que constituyen tan sólo criterios aislados que no son de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado, atento a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, las mismas fueron superadas por la jurisprudencia por contradicción de tesis antes transcrita. También resulta infundado lo expuesto por el recurrente, en virtud de que es apegada a derecho la sentencia recurrida en la que el a quo estimó que no era necesaria la inscripción del contrato privado de compraventa para ser oponible a terceros, pues es cierto que el embargo no otorga al acreedor quirografario un derecho real, pues se trata de un derecho personal que sólo se puede enderezar contra la persona, de tal manera que no es factible perseguir los bienes con los que ésta no haya garantizado el adeudo y que ya hayan salido de su patrimonio. De tal manera que si se realiza un embargo en un inmueble que no pertenece al deudor resulta ilegal, aunque el acto traslativo de

ominio no se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad a favor del dueño, porque éste no es un requisito de validez de la compraventa, por tratarse de un contrato que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes, el que sí debe acreditarse cuando surge un conflicto de derechos reales, pero, en la especie, la omisión de inscribir la compraventa no beneficia al acreedor quirografario, ya que no le da el embargo un derecho real sobre la cosa embargada, por ende, si se demuestra, como en el caso, que el inmueble embargado había salido del patrimonio del deudor con anterioridad al registro del embargo, debe dejarse sin efectos y, se reitera, si éste no otorga un derecho de carácter real sino personal proveniente de un crédito quirografario, no puede el acreedor invocar en su beneficio la falta de registro del acto jurídico a través del cual se adquirió el bien inmueble. En efecto, el anterior criterio corresponde en esencia a lo sostenido por la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 7/1994, derivada de los criterios antagónicos suscitados en el análisis de juicios en los que se ejercitaron acciones cambiarias directas donde se embargaron inmuebles que mediante actos traslativos de dominio, debidamente justificados, salieron del patrimonio del deudor; y que tales bienes se encontraban inscritos en el Registro Público de la Propiedad a nombre del nuevo propietario cuando se inscribió el gravamen. Para arribar a la conclusión anotada con antelación, la Tercera Sala, en principio, precisó que el tercero para los efectos del Registro Público de la Propiedad, es aquella persona que mediante un acto o contrato puede ejercer un derecho real sobre determinado inmueble, siempre y cuando se haya adquirido de quien aparezca como su titular ante dicha oficina pública, el que una vez inscrito es oponible a cualquier otro supuesto titular con derecho real anterior pero no inscrito. Asimismo, los señores Ministros anotaron literalmente: Por otra parte, también es pertinente destacar las características más importantes del derecho real, así como del embargo. Al respecto, esta Tercera Sala al resolver la contradicción de tesis número 38/92, en sesión celebrada el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres, consideró lo siguiente: El citado derecho real confiere a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa; lo faculta a exigir de los demás que se abstengan de actuar sobre el mismo objeto o en relación con él; también otorga un derecho de persecución del citado titular sobre el inmueble correspondiente, así como un derecho de preferencia, cuando se trata, naturalmente, de los derechos reales que constituyen una garantía. Por el contrario, el embargo no confiere al embargante el poder directo e inmediato sobre la cosa, ya que ésta se coloca bajo la guarda y custodia de un depositario, que puede ser incluso el propio embargante, pero con limitaciones claras y específicas sobre la citada cosa, derivadas de la figura del depósito. En el embargo, la cosa objeto de él, no está a disposición del embargante, ni tampoco el depositario tiene un poder directo e inmediato sobre la cosa embargada, sólo tiene las facultades y limitaciones que derivan del depósito. Por otro lado, el referido embargo tampoco concede al embargante el derecho pleno de persecución, ya que éste, consiste en la facultad de obtener todas o parte de las ventajas de que es susceptible una cosa, reclamándola de cualquier poseedor, por lo que si bien el embargante puede tener el derecho de reclamar, éste se limita a su carácter de depositario. Bajo este orden de ideas, y atendiendo que todo mandamiento de ejecución descansa sobre el supuesto de que debe practicarse en bienes del deudor y no ajenos, que los Códigos Civiles aplicables al asunto de que se trata, establecen que la traslación de dominio de un bien inmueble es perfecta cuando uno de los contratantes transfiere la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez paga por ellos un precio cierto y en dinero, sin sujetar la validez de esa operación a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, que existe prueba indudable de que el deudor ha transferido el bien a un tercero, que el inmueble se adquirió de quien aparecía como su titular en la oficina registral cuando se encontraba libre de gravamen, y si además atendemos que el Registro Público de la Propiedad sólo produce efectos declarativos y no constitutivos de derechos, ello conduce a determinar que la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles que han salido del dominio del deudor sólo produce como sanción que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral, se refiere a actos o derechos de la misma naturaleza. En esa tesitura, al no constituir el embargo para el acreedor quirografario un derecho real, pues se trata de un derecho personal que únicamente puede enderezarse contra la persona pero no al grado de perseguir los bienes con los cuales ésta no garantizó el adeudo y que ya salieron de su patrimonio, ello da como resultado que el embargo trabado en un inmueble que no es del dominio del deudor sea ilegal, por más que el acto traslativo de dominio no esté inscrito a favor del nuevo dueño, porque este requisito no es obligatorio para la validez de la compraventa, que por ser un contrato consensual se perfecciona con el puro consentimiento de las partes, el cual sí se considera indispensable en todo conflicto de derechos reales, pero de dicha omisión no pueden valerse los acreedores quirografarios, por no otorgarles el embargo un derecho real sobre la cosa embargada; luego entonces, debe estimarse destruida la presunción legal que otorgue el registro respecto de la situación jurídica que guarda determinado inmueble, si se acredita en forma indudable que éste salió del dominio del deudor con anterioridad al registro del embargo, quedando en consecuencia sin efecto dicho embargo. En esa tesitura, si el embargo no tiene carácter real, y sólo da al embargante un derecho personal derivado de un crédito quirografario, no le puede beneficiar la falta de registro del acto jurídico mediante el cual se adquirió el inmueble, en todo caso, debe establecerse que si el acreedor desea asegurar el pago del crédito con alguna propiedad del deudor, debe anotarlo como gravamen de ésta en el Registro Público de la Propiedad, para que así los futuros adquirentes conozcan la situación jurídica del inmueble y les pueda ser oponible dicho embargo, pero no a quien compró cuando el inmueble se encontraba libre de todo gravamen. La tesis de que se dio noticia corresponde a la marcada con el número 3a./J. 22/94, de estricta observación para este tribunal federal en términos el artículo 192 de la Ley de Amparo, dada la identidad sustancial que guarda la legislación motivo de interpretación con la que rige al presente asunto, publicada en la página 21, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: ‘EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). Luego entonces, dado que el mandamiento de ejecución debe recaer en bienes del deudor, es de establecerse que una vez demostrado fehacientemente que el bien ya no pertenecía al deudor, el embargo registrado sobre este bien con posterioridad al acto traslativo de la propiedad, es ilegal, por más que no se encuentre inscrito a nombre del nuevo propietario, de cuya omisión no puede prevalerse el acreedor quirografario. Por otra parte, en el juicio de garantías al que se refiere esta revisión no se resolvió en definitiva, sobre el derecho de propiedad del impetrante, por no ser esa la esencia de la litis constitucional, sino que será materia, en su caso, de un juicio contradictorio que al efecto se tramite ante la autoridad competente; consecuentemente, sólo de manera presuntiva se determinó que el acto reclamado irrumpió de manera inconstitucional en la esfera jurídica del quejoso; por tanto, no correspondía al Juez Federal hacer pronunciamiento alguno y sin que haya sido materia de la litis del amparo, acerca de que si merece o no valor probatorio pleno el contrato de compra venta presentado por el impetrante por el hecho de que en él hayan firmado como testigos ********** y **********, quienes según afirma el recurrente, son parientes directos del quejoso y, que esos mismos testigos suscribieron con esa calidad el contrato de cesión de derechos concertado entre **********, por conducto de su representante legal y por el ahora impugnante **********. Resulta igualmente infundado el agravio en el que se argumenta que el resultado de la prueba de inspección ocular no es suficiente para oponerse a su derecho, toda vez que el quejoso no ofreció algún otro medio de convicción que sirva de apoyo y sustento a su operación de compraventa, como podría haber sido el cotejo de firmas y la declaración de los testigos que aparecen en dicho contrato, habida cuenta que ni siquiera se conoce o se tiene la certeza plena de que la firma que en él aparece pertenezca a la del entonces vendedor **********; que se trata de un documento privado que por no haber sido ratificado con oportunidad, engendra fundada sospecha de su veracidad y autenticidad; que por ello, la escritura número 15,656, constituye un documento privado en el que no se acredita la voluntad del vendedor para trasmitir la propiedad discutida; que tales documentos fueron objetados en su oportunidad, por lo que carecen de valor probatorio, atento a lo previsto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo. Al respecto, cabe reiterar que, como ya se dejó asentado con antelación, a la muerte del vendedor, el multicitado pacto contractual se convirtió en un documento privado de fecha cierta, suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, por lo que era el recurrente quien estaba obligado a demostrar la objeción que hizo valer ante el a quo en torno a la falsedad de dicho documento, pues no es suficiente que se objete una prueba para negarle eficacia demostrativa, sino que resulta necesario que se prueben las causas o motivos en que se funde la objeción. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 4/2005, publicada en la página 266 del Tomo XXI, correspondiente al mes de abril de 2005, Novena Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es como sigue: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998).’ (se transcribe). Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba. Continúa alegando el inconforme que para llegar al remate en el juicio natural se exhibió un certificado de gravámenes donde el único existente es precisamente el que deriva del juicio ejecutivo mercantil, documental que tiene valor probatorio pleno en razón de que la quejosa no lo impugnó ni tramitó la nulidad del mismo, sino que se conformó, con la cual se evidencia la buena fe registral y que él adquirió el inmueble en disputa como tercero de buena fe, pues de su inscripción no se advierte algún vicio que pudiere nulificar el acta traslativa de dominio, ni tampoco que ésta se hubiere celebrado en contravención con alguna disposición prohibitiva o que vaya contra del orden público, además de que se trate de una enajenación onerosa, sirviendo de fundamento las tesis de los rubros: ‘TERCERO DE BUENA FE. LOS ACTOS QUE CELEBRA CON PERSONAS QUE APARECEN CON DERECHO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, NO SE INVALIDAN HASTA QUE SE DECLARA LA NULIDAD DEL REGISTRO EN UN JUICIO CONTRADICTORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).’ y ‘REGISTRO PÚBLICO. CASOS EN QUE OPERA LA BUENA FE REGISTRAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).’. Que además, atendiendo a la buena fe registral, una vez inscritos los actos o contratos no se invalidarán, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito, siendo menester que previamente se declare judicialmente la nulidad, por lo que si en la especie no ocurrió así, debió declararse improcedente el amparo, atento a lo dispuesto en la tesis intitulada: ‘AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA PRIVACIÓN DE UN BIEN DENTRO DE UN JUICIO EN EL QUE EL QUEJOSO NO FUE OÍDO Y VENCIDO, Y AQUÉL FUE ADQUIRIDO POR UN TERCERO DE BUENA FE, PUES CON SU CONCESIÓN SE VIOLARÍAN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE ÉSTE.’. Es infundado lo así argüido, toda vez que precisamente con anterioridad a la fecha del embargo, de la inscripción de éste en el Registro Público de la Propiedad, de la fecha de adjudicación del mismo y de su posterior escrituración, el inmueble objeto de dichos actos jurídicos ya había salido de la esfera patrimonial del deudor, que mediante resolución judicial, como lo es la sentencia que se revisa, se declaró la nulidad de dicho embargo y de todas sus consecuencias legales, por afectar el derecho de propiedad del impetrante, sin antes haber sido oído y vencido en juicio y con el fin de restituirlo en el goce de las garantías individuales que le habían sido vulneradas. Y es que resulta lógico concluir que si a la fecha en que se realizó el traslado de dominio del bien inmueble en litigio, no se había realizado la traba del mismo y menos aún inscrito en el Registro Público de la Propiedad, inconcuso resulta que el quejoso no puede ser considerado como causahabiente del vendedor, precisamente al haberlo adquirido libre de gravamen, de quién aparecía como propietario. Fundamentan la anterior determinación las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables de manera consecutiva, con los siguientes datos página 77 del Tomo XXI, enero de 2005, y página 128 del Tomo XXV, enero de 2007, correspondientes a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los rubros y textos siguientes: ‘CAUSAHABIENCIA. NO SE SURTE RESPECTO DE UN BIEN ADQUIRIDO DESPUÉS DE EMBARGADO, PERO ANTES DE QUE LA TRABA SE INSCRIBA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.’ (se transcribe). ‘CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.’ (se transcribe). Por lo antes razonado, no resultan aplicables las tesis de los rubros: ‘TERCERO DE BUENA FE. LOS ACTOS QUE CELEBRA CON PERSONAS QUE APARECEN CON DERECHO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, NO SE INVALIDAN HASTA QUE SE DECLARA LA NULIDAD DEL REGISTRO EN UN JUICIO CONTRADICTORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).’, ‘REGISTRO PÚBLICO. CASOS EN QUE OPERA LA BUENA FE REGISTRAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).’ y ‘AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA PRIVACIÓN DE UN BIEN DENTRO DE UN JUICIO EN EL QUE EL QUEJOSO NO FUE OÍDO Y VENCIDO, Y AQUÉL FUE ADQUIRIDO POR UN TERCERO DE BUENA FE, PUES CON SU CONCESIÓN SE VIOLARÍAN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE ÉSTE.’; ya que se trata de criterios aislados que no son de observancia obligatoria para este tribunal federal, atento a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Afirma el recurrente, por otra parte, que la sentencia que se revisa se sustenta en el argumento de que el bien inmueble que perteneció a la sucesión de ********** ya había salido de lo que a la postre conformó la masa hereditaria, virtud a un sedicente contrato privado de compraventa entre el de cujus y el ahora quejoso, documento que al adquirir fecha cierta por el fallecimiento del supuesto vendedor, hace fe suficiente para demostrar que lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil número **********, en donde se embargó y finalmente se le adjudicó a él, ya no formaba parte del haber hereditario y, por ello, s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21277-238b8d0d/embargo-es-ilegal-el-trabado-sobre-un-inmueble · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.