ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE PRECISE EN SU DEMANDA LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS, LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO Y EL TIEMPO EN QUE LAS DESARROLLÓ, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, dado que el tema a dilucidar es de la materia laboral, especialidad de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la hizo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por conducto de su presidenta y dicho órgano pronunció la ejecutoria en el juicio de amparo directo 21343/2006, cuyo criterio se denuncia como contradictorio.
TERCERO. A fin de poder determinar sobre la existencia de la contradicción de criterios, resulta necesario tener en cuenta los antecedentes y consideraciones fundamentales que provienen de cada una de las ejecutorias que participan en el presente asunto.
A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 21343/2006, promovido por José Estrada Hernández tomó en cuenta los siguientes antecedentes del acto reclamado:
Por escrito presentado en la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, José Estrada Hernández demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social, el reconocimiento de que las enfermedades de fibrosis neumoconiótica, hipoacusia bilateral por trauma acústico crónico, conjuntivitis y síndrome orgánico cerebral por inhalación de solventes que padece son de carácter profesional y tienen relación causa efecto con el ambiente contaminante a que estuvo expuesto en el desempeño de sus actividades laborales, lo que le produjo una incapacidad parcial y/o total permanente y consecuentemente el pago de una pensión.
Como hechos fundatorios de la demanda expresó:
"2. El actor laboró en diversas empresas de 1970 a 1979 como ayudante de electricista y finalmente trabaja en la empresa Televisa localizada en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2551, Col. Lomas de San Ángel Inn, México D.F., C.P. 01790 que se dedica a la elaboración, producción y proyección de programas televisivos.
"3. En el desempeño de sus actividades laborales estuvo expuesto a diversos agentes contaminantes."
Seguido el procedimiento laboral, la autoridad pronunció laudo, en cuyos puntos resolutivos determinó que la actora no acreditó su acción y absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social de todas y cada una de las prestaciones reclamadas y consideró en lo conducente lo siguiente:
"... Aun cuando el perito médico tercero en discordia señaló que el actor presenta estos padecimientos se concluye que éstos, no son de tal naturaleza, ya que el actor en su demanda manifestó en los hechos 2 y del 3.1 al 3.5 de la misma que se desempeñó a partir de 1970 en diversas empresas como ayudante de electricista, señalando las actividades que desarrolló, actividades en las que estuvo expuesto entre otros a la inhalación de humos y polvos de aluminio y de acero, así como a ruidos superiores a 120 decibeles. En este sentido, esta autoridad laboral, estima que carece de suficientes elementos de convicción para concluir que los padecimientos antes especificados por el perito tercero en discordia, tuvieron su origen en las actividades que describió el actor; ello es así, en razón de que estos padecimientos no se encuentran complementados con hechos demostrados; tales como: las actividades que realizaba o el ambiente laboral en que se desempeñaba; y así, estar en aptitud de concluir el nexo causal correspondiente; por lo que, dentro del análisis de la acción es necesario establecer la existencia de la relación causa efecto; esto es, el actor debió ofrecer los medios de prueba tendientes a demostrar las actividades que realizaba o el ambiente laboral en que se desempeñaba, para así acreditar la existencia del vínculo de causa y efecto entre el ambiente de trabajo y los padecimientos diagnosticados, para poder concluir en el reconocimiento de etiología profesional; al caso, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número: 2a./J. 14/2004, sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DEBE HACERSE CON BASE EN LOS HECHOS DEMOSTRADOS Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA RENDIDA EN JUICIO.’ ... Así pues, y dado que la actora no ofreció ningún elemento de prueba idónea tendiente a demostrar las actividades que realizaba o el ambiente laboral en que se desempeñaba; esta autoridad laboral, se encuentra imposibilitada para determinar la existencia del vínculo de causa y efecto, entre el ambiente de trabajo y los padecimientos diagnosticados al accionante. Por lo que en consecuencia debe absolverse al demandado del reconocimiento, otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad parcial permanente por estos padecimientos. ..."
Inconforme con lo resuelto en dicho laudo, José Estrada Hernández, promovió juicio de amparo del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito con el número 21343/2006 y en sesión de fecha treinta y uno de enero de dos mil siete, emitió las siguientes consideraciones, en lo que respecta al tema de la denuncia de contradicción de criterios:
"QUINTO. Los conceptos de violación expresados por el trabajador actor son inoperantes en una parte, e infundados en otra parte. En primer término, procede atender el argumento del trabajador hoy quejoso en el que aduce una violación a las leyes que rigen el procedimiento laboral, la cual apoya en el hecho de que si la Junta fundó la absolución que decretó en el laudo reclamado respecto de las prestaciones demandadas, en cuanto a que en la demanda no se expresaron las categorías que había ocupado en los diversos empleos, así como tampoco describió detalladamente sus actividades laborales, con fundamento en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, debió haberlo prevenido para dentro del término de tres días aclarara la demanda y al no haberlo hecho así, se actualizó la infracción al artículo 159, fracciones XI, en relación con la VI de la Ley de Amparo ya que sostiene, con tal omisión se le dejó en estado de indefensión y ello trascendió al resultado del fallo al haberse absuelto al demandado ahora tercero perjudicado. El argumento anterior deviene infundado cuenta habida que es criterio reiterado de este Tribunal Colegiado que resuelve, que la autoridad laboral no incurre en violación a las leyes que rigen el procedimiento, cuando no consideran prudente prevenir a un trabajador para que aclare su demanda si en esta no proporciona los datos indicados en el párrafo anterior, puesto que siendo estos elementos fundamentales de la acción laboral intentada, en el caso el reconocimiento (sic) pago de una pensión por incapacidad parcial permanente y de invalidez por enfermedades de orden no profesional, al actor tocaba proporcionar los elementos constitutivos de sus acciones, estimar lo contrario equivaldría a infringir el principio de imparcialidad con el que la Junta debe conducirse al conocer de un juicio, es decir, sin favorecer a alguna de las partes. Asimismo, debe decirse que el criterio que asevera el quejoso sostuvo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo DT. 7918/2005, en sesión de treinta de septiembre de dos mil cinco, por las razones sentadas en el párrafo anterior, no comparte este órgano jurisdiccional. Alega esencialmente el peticionario de amparo en sus conceptos de violación, que la Junta del conocimiento al absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de las prestaciones que reclamó en su escrito inicial de demanda, relativas a la determinación de que diversos padecimientos son del orden profesional que le aquejaban y, como consecuencia de ello, el otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad parcial permanente, dicha autoridad del conocimiento actuó de manera superficial e ilegalmente, pues omitió valorar correctamente el resultado de la prueba pericial médica que ofreció y que quedó integrada con los dictámenes rendidos por los peritos nombrados por ambas partes y por el tercero en discordia, con la que dice quedó constatado que presentaba hipoacusia secundaria a cortipatía bilateral de etiología mixta combinada con déficit del dieciséis por ciento y fibrosis neumoconiótica por inhalación de polvos y humos de soldadura, vapores de disolventes orgánicos y polvos de metal, padecimientos que sostiene tuvieron su origen en las actividades que desempeñó como electricista al servicio de diversas empresas, siendo la última Televisa Producciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, dedicada a la elaboración, producción y proyección de programas televisivos, con lo cual transgredió en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo. Son inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer, pues independientemente de las consideraciones que realizó la Junta del conocimiento respecto de la valoración de la prueba pericial médica en el juicio laboral, este Tribunal Colegiado estima que la acción ejercida por el trabajador resultó improcedente, por ello, independientemente del alcance probatorio que pudiese otorgarse a la pericial por la autoridad señalada como responsable, su decisión de absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social, debe prevalecer conforme a lo que a continuación se expondrá, ya que en el caso no se encuentran demostrados los hechos en que se funda la demanda como lo son la actividad y el medio ambiente de trabajo, como tampoco, por consecuencia, la relación de causa efecto de las enfermedades con el trabajo desempeñado. De acuerdo, con lo delineado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 29/98, para abordar el estudio de las pensiones por incapacidad parcial permanente derivadas de enfermedades profesionales, debe atenderse, en primer lugar, al acreditamiento de los hechos en que el trabajador apoye su acción, a efecto de evitar laudos condenatorios fundados en simples afirmaciones que no se encuentran sustentadas en constancias que integren los expedientes laborales. Siguiendo este orden de consideraciones, las Juntas de Conciliación y Arbitraje al abordar el estudio de los asuntos de esta naturaleza, deben analizar primeramente si el trabajador cumple o no con los requisitos establecidos en el texto normativo para acceder al beneficio que reclama, es decir, determinar si se demuestran o no los elementos constitutivos de la acción que ejercen. En la especie, los presupuestos de la acción laboral relativa al otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad permanente derivada de enfermedades profesionales, es menester remitirse al contenido de los artículos 19, fracción I y 21 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, así como el contenido de los preceptos correlativos que son el 15, fracción I y 18 de la nueva Ley del Seguro Social, que establecen textualmente lo siguiente: (se transcriben). Asimismo, es preciso transcribir el contenido de los artículos 15, fracción I y 18 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete: (se transcriben). ... Asimismo, el artículo 50 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, el cual coincide en lo esencial con el artículo 43 de la Ley del Seguro Social vigente, a la letra dice: (se transcribe). Del contenido de los preceptos transcritos se desprende que los riesgos de trabajo son accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo; entonces, dichos riesgos de trabajo los podemos clasificar en dos grupos: A. Accidentes de trabajo, que son las lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales inmediatas o posteriores, e incluso la muerte, con motivo de los siniestros originados en el trabajo, o en trayecto del domicilio al centro laboral; y, B. Enfermedades de trabajo, que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o el medio ambiente en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En este sentido, para que una enfermedad pueda ser considerada del orden profesional o de trabajo, como regla general tienen que comprobarse los requisitos siguientes: a. Los hechos en los que se precisen las actividades que desempeña el trabajador, o bien, el medio ambiente en el cual se vio obligado a prestar ese servicio; b. La existencia de un estado patológico especificando las manifestaciones de la lesión, su gravedad, la posibilidad de complicaciones y la consecuente incapacidad para el trabajo; y, c. La existencia de una relación causal entre el padecimiento y las actividades desarrolladas. Es decir, que tales requisitos resultan ser los elementos de la pretensión en la que se reclame el reconocimiento y pago de una pensión por incapacidad parcial permanente. En efecto, para que un trabajador tenga derecho al pago de la indemnización correspondiente por haber sufrido una incapacidad parcial permanente a causa de una enfermedad de trabajo, ésta debió tener su origen en el trabajo mismo (causa directa), o en las circunstancias y condiciones que rodearan su ambiente de labores (causa indirecta), las cuales debieron ser reiteradas o continuas, de tal manera, que esas condiciones hayan producido en el operario, un estado patológico que haya disminuido sus facultades o aptitudes para trabajar. Es por ello que resulta requisito indispensable que en la demanda respectiva se describan las actividades desarrolladas o el ambiente de trabajo determinante (primer requisito), las cuales habrá de demostrar el actor ya sea por medio de su contrato individual o colectivo, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, testimoniales, periciales, etcétera, pues de no existir tal hecho probado, no podría desprenderse, en ningún caso, la presunción legal, en la medida en que no se tendría el hecho conocido (actividad o medio) para establecer el hecho desconocido (causa de la enfermedad); ya que no es la existencia de la enfermedad lo que hace presumir su profesionalidad, sino la actividad específica desarrollada o el medio ambiente lo que determina la presunción legal en la medida en que es alguno de éstos o los dos, los que resultan ser el hecho conocido del que puede llegarse al conocimiento del hecho desconocido, en este caso, el vínculo causal. De ahí que exista la necesidad de subordinar las enfermedades propiamente dichas a la acción de los trabajos perfectamente identificados y capaces de provocarlas. En cuanto al segundo de los requisitos señalados, esto es, la existencia de un estado patológico, su comprobación es indispensable y obvia, ya que de no existir la enfermedad o afección, por ende, no existirá el riesgo de trabajo, ahora, para su comprobación, la pericial médica es la prueba idónea. Sin embargo, existe la excepción a que se refiere el numeral 476 de la Ley Federal del Trabajo que a la letra señala: ‘Artículo 476. Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las consignadas en la tabla del artículo 513.’. Es decir, conforme al precepto que antecede, existe la presunción legal de ser consideradas como enfermedades profesionales las previstas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto al tercero de los requisitos puntualizados, o sea, la existencia de una relación causal entre el padecimiento y las actividades desarrolladas, ésta debe surgir de un análisis por parte de la Junta de los dos primeros requisitos, antes señalados; es decir, se deben considerar los hechos de la demanda y su contestación (relacionados con el puesto, las actividades del trabajador y el medio ambiente laboral), las pruebas que se hayan aportado para acreditar los mismos (testimoniales, informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, periciales, etcétera) y la pericial médica correspondiente que se haya ofrecido para acreditar el estado patológico. Por tanto, si el trabajador demanda el reconocimiento de que padece una enfermedad profesional y, en consecuencia, el otorgamiento de la pensión correspondiente, deberá atenderse particularmente a los hechos que el actor estima fundatorios de su acción y corresponderá a la autoridad la determinación de si los mismos han sido probados, pues en éstos precisamente descansa un punto medular de toda controversia de la índole de que se trata: la relación directa o indirecta con el origen de la enfermedad, es decir, la existencia de actividades específicas desarrolladas por el trabajador, la industria en que ha prestado sus servicios o la zona que resulte dañina; pues corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje establecer la norma legal aplicable a cada caso en particular y determinar y decidir cuál es el derecho que le corresponde a los hechos demostrados y, dentro de lo que cabe como labor del órgano jurisdiccional, en su caso, subsumir las enfermedades diagnosticadas y las actividades manifestadas y probadas, a las hipótesis legales contenidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. En el caso concreto, el actor en lo referente a las prestaciones reclamadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, precisó en los hechos 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 lo que a continuación se indica: ‘1. El actor durante toda su vida productiva se ha encontrado inscrito en el régimen obligatorio del IMSS desde el año de 1970 y desde ese año expuesto a diversos agentes contaminantes adversos desde ese año tal como se desprende de su número de afiliación 01 (70) 54-7487-0 por lo que ha cotizado aproximadamente 1,700 semanas al instituto demandado y el salario promedio de las últimas 52 y 250 semanas de cotización es de $807.02 y $777.00, respectivamente, mismos que deberán servir de base para el pago de las prestaciones que han quedado detalladas, tal como lo establece el artículo 65, fracción II y 167 de la Ley del Seguro Social anterior. Su clínica de atención médica es la No. 77 de la delegación Estado de México Oriente. 2. El actor laboró en diversas empresas de 1970 a 1979 como ayudante de electricista y finalmente trabaja en la empresa Televisa localizada en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2551, Col. Lomas de San Ángel Inn, México D.F., C.P. 01790 que se dedica a la elaboración, producción y proyección de programas televisivos. 3. En el desempeño de sus actividades laborales estuvo expuesto a los siguientes agentes contaminantes: 3.1 A la inhalación de humos y polvos de hierro, aluminio y de acero principalmente al realizar el maquinado de diversas piezas para las instalaciones eléctricas y sin protección alguna así como los gases del aceite lubricante, grasas, líquido para enfriar metales y desengrasantes. El fundamento legal de la fibrosis neumoconiótica se encuentra en la fracción 13 siderosis relativa a aquellos trabajadores expuestos a inhalación de polvos de óxido de hierro y en la fracción 28 aluminosis por la exposición de polvos de aluminio, del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. La valuación de la misma se contiene en la fracción 372 del artículo 514 de la ley laboral. 3.2 A los ruidos superiores a 120 decibeles producidos por los equipos que se utilizan como los propios tornos, sierras circulares, fresadoras, punteadoras, dobladoras, prensas, rotomartillos, cortadoras, pulidoras, troqueles, cepillos, taladros, esmeriles, soldadoras y lo hace sin contar con equipos de protección, por lo que se vio afectado por el largo tiempo de exposición y lo cual lo (sic) provocó hipoacusia bilateral por trauma acústico crónico misma que se encuentra fundamentada en la fracción 156 del artículo 513 de la ley de la materia. Por lo que hace a su valuación se encuentra establecida en la fracción 351 del artículo 514 del cuerpo legal invocado. 3.3 A la inhalación de solventes como el texol, desengrasantes, diesel, petróleo, entre otros, así como el desempeño del trabajo en el turno nocturno en condiciones extremas de stress y sin descanso lo que ha propiciado en el actor síndrome orgánico cerebral con fundamento en la fracción 161 del artículo 513 y la fracción 240 del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. 3.4 A la exposición de agentes diversos que han afectado su vista como las altas temperaturas (agente físico) y los mismos solventes (agente químico) y que le provocó conjuntivitis ello con fundamento en las fracciones 66 y 68 del artículo 513 y que se valúa con la fracción 311 del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. 3.5 Además durante toda su vida productiva ha desempeñado labores como cargar, levantar, empujar y jalar objetos con peso mayor a 65 kgs., ayudado únicamente por la fuerza física y movimientos constantes de rotación y flexoextensión de la columna vertebral lumbar lo que le ha producido un estado invalidante, aunado a que el actor cuenta con 50 años de edad.’. El Instituto Mexicano del Seguro Social al dar respuesta a la demanda, adujo lo siguiente: ‘1. El hecho que se contesta es parcialmente cierto en virtud de que el número de afiliación y clínica de adscripción son correctos. Mas no así el número de semanas de cotización y salarios promedios de las últimas 52 y 250 semanas de cotización, toda vez que como se desprende de la hoja de certificación y vigencia de derechos de fecha 3 de febrero de 2005, la cual se exhibirá en el momento procesal oportuno el número de semanas reconocidas es de 1690 y los salarios promedios de las últimas 52 y 250 semanas de cotización con (sic) de $841.69 y $698.33 respectivamente. 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Los correlativos que se contestan son falsos y se niegan, y en virtud de contener varios hechos los mismos se controvierten de la siguiente forma: Respecto al supuesto patrón y las supuestas actividades que según dice desarrollaba, las condiciones de trabajo, así como su jornada laboral, le corresponde a mi contrario la carga de la prueba para acreditar su dicho, ya que se debe aclarar que el instituto que represento nunca ha sido patrón del actor, luego entonces, mi mandante desconoce la actividad que desempeñaba y el ambiente laboral al que estuvo expuesto, por lo que no es aplicable lo establecido en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que el patrón, tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio diversa documentación ya que la relación que pudiera existir entre la parte actora y el instituto es la de un asegurado con la de un órgano asegurador. Además de ninguna manera la parte actora ha acreditado la relación causa efecto daño entre las supuestas actividades con los padecimientos que dice tener. En primer lugar cabe señalar que la carga de la prueba para acreditar tales supuestos y la relación causa efecto con los supuestos padecimientos que presenta y su actividad laboral le corresponden a mi contraparte ya que hay que aclarar que el instituto que represento en último de los casos es quien determinará mediante los exámenes médicos correspondientes si el actor presenta dichos padecimientos, en términos del artículo 57 de la Ley del Seguro Social derogada o su equivalente en la ley vigente, artículo 50. Se hace notar, también, que para que el instituto otorgue una pensión derivada de un riesgo de trabajo, es requisito indispensable que se reúnan los requisitos establecidos en los artículos 9o. y 57 de la Ley del Seguro Social derogada o su equivalentes en la nueva ley, artículos 8o. y 50, es decir, que cumpla con los requisitos establecidos en la ley misma o en sus reglamentos y que deberá someterse a los exámenes médicos y los tratamientos que determine el instituto; y al no haber dado el (sic) cumplimiento el actor a lo establecido en los artículos mencionados mi representado no puede ser obligado al otorgamiento de las prestaciones que reclama el actor.’. Por la forma en que el demandado contestó los hechos en los que el actor describió sus actividades, resulta correcto que la Junta haya otorgado la carga de la prueba al actor, ahora quejoso, pues en ellos esencialmente, adujo que negaba los hechos porque las categorías, actividades y demás condiciones de trabajo eran propios del actor los cuales desconocía, que sólo atañen al patrón, por lo que correspondía al accionante la carga de la prueba para demostrar los padecimientos, la relación de causa efecto entre éstos con su medio ambiente laboral en las categorías que dijo haber desempeñado y la incapacidad. Sin embargo, de la revisión de los autos que conforman el juicio laboral de origen, no se advierte, que el actor hubiera exhibido prueba alguna para comprobar los hechos constitutivos de su demanda ... Por tanto, es evidente que con esos medios de convicción no se acreditan ni las actividades que dijo haber desempeñado, ni el medio ambiente al que señaló haber estado expuesto durante su vida laboral. Además, tampoco se puede presumir la profesionalidad de los padecimientos porque la demandada sostuvo que desconocía el medio ambiente de trabajo, dado que el actor no era su trabajador por lo que le correspondía la carga de la prueba. En esas condiciones, es evidente que el actor no acreditó la profesionalidad de los padecimientos de que se queja, puesto que aun cuando pudiera estimarse que se demostró el puesto y la última empresa para la cual labora, no demuestra cuáles fueron las actividades laborales que llevó a cabo, o bien, cuál era el ambiente en el que se vio obligado a trabajar, pues ningún elemento aportaron a los intereses del demandante la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, dado que del acervo probatorio que obra en los autos no reporta elemento alguno en su favor. Y en cuanto a la pericial médica ofrecida, de ésta se aprecia que el perito tercero en discordia manifestó que el actor presentaba los padecimientos: 1. Hipoacusia secundaria a cortipatía bilateral de etiología mixta combinada con déficit del 16%. 2. Fibrosis neumoconiótica de etiología mixta por aspiración de polvos y humos de soldadura, vapores de disolventes orgánicos y polvos de metal. 3. Síndrome doloroso de columna lumbar crónico postraumático y espondiloartrosis grado II-III, que condiciona columna inestable. 4. Gonartrosis bilateral grado II y 5. Neurosis obsesiva compulsiva; sin embargo, por si sola dicha prueba no acredita la profesionalidad de esas enfermedades, pues únicamente pondría en evidencia la patología del actor mas no que fueran a consecuencia de la labor desarrollada o del medio ambiente en el que dijo desempeñó su trabajo. En tal razón es evidente que con esos medios de convicción sólo pretendía acreditar el estado patológico que padece, el cual, si bien es uno de los elementos de su pretensión, como ya antes se vio, aun acreditado que sufre los padecimientos que le fueron diagnosticados por el perito tercero en discordia, éstos resultan insuficientes por sí solos para tener por probado el nexo causal entre las actividades y medio ambiente laboral, con la enfermedad o afección, dado que el accionante no demostró cuáles eran las actividades que realizaba o el medio ambiente al que estuvo expuesto, por lo que no es procedente reconocer la profesionalidad de los padecimientos en cuestión. Tiene apoyo la consideración que antecede, en la jurisprudencia número 2a./J. 14/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 17/2003-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 202, que cita el quejoso en su concepto de violación, cuyos rubro y texto son: ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DEBE HACERSE CON BASE EN LOS HECHOS DEMOSTRADOS Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA RENDIDA EN JUICIO.’ (se transcribe). De lo anterior, se colige, que contra lo sostenido por el peticionario de amparo, no se acredita la profesionalidad de los padecimientos, pues éste omitió demostrar los hechos de su demanda, ya que no acreditó cuáles eran las actividades que realizaba como ‘Mtro. Plantas Elect. U.C.R.’, que adujo haber desempeñado y el medio ambiente en que se desarrollaba, máxime que en la audiencia celebrada el cuatro de abril de dos mil cinco, José Estrada Hernández desistió (foja 42) de la prueba documental que ofreció en su oportunidad (foja 36) consistente en copia al carbón del aviso de inscripción a nombre del actor de dieciséis de julio de mil novecientos ochenta, la que ni siquiera aparece agregada a los autos. Por consiguiente, como la categoría aludida en la que sostuvo haber laborado no está prevista en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, como causante de esos padecimientos; era necesario que señalara y acreditara cuáles eran sus funciones o actividades dentro de la empresa o empresas para las que prestó servicios a fin de acreditar la relación causal entre los padecimientos que le dictaminó el perito tercero en discordia y el trabajo desempeñado. Siendo esto así, es inconcuso contrariamente a lo que asegura el quejoso, el dictamen del perito tercero en discordia es inconducente para acreditar la profesionalidad de esos padeci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20176-dc04f7fc/enfermedad-profesional-la-omision-de-la-autoridad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PENSIONES JUBILATORIAS. PROCEDE EL AJUSTE DE LAS OTORGADAS POR BANRURAL, CUANDO SE COMPRUEBE EL AUMENTO DE UN 10% EN EL ÍNDICE DEL COSTO DE LA VIDA, MEDIANTE LA SUMA O ACUMULACIÓN (CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2007-SS)
- TRABAJO. ES DE BUENA FE EL OFRECIMIENTO QUE SE HAGA EN LOS MISMOS O MEJORES TÉRMINOS EN QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO, AUNQUE NO SE MENCIONE QUE SE INCLUIRÁN LOS INCREMENTOS SALARIALES (CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2007-SS)
- SINDICATOS DE UNA MISMA PROFESIÓN O ESPECIALIDAD EN UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL. EL SINDICATO QUE AGREMIE A LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE ÉSTAS, TIENE EL DERECHO A QUE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2007-SS)
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. LOS TRABAJADORES DE BASE JUBILADOS, NO ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 244/2007-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
- LAUDOS, CONGRUENCIA DE LOS, EN SUS CONSIDERANDOS Y RESOLUTIVOS. (s/clave)
- LAUDOS, CONGRUENCIA DE LOS. (1578)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis