Corpus
Modo: Corpus Pro

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. LOS TRABAJADORES DE BASE JUBILADOS, NO ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS (INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA 158 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO RELATIVO VIGENTE EN 1998).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 244/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20705
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 517.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 244/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, constitucionales, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero (en sentido contrario) y cuarto, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia laboral en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el apoderado de una de las partes que intervino en uno de los juicios en que se sustenta uno de los criterios en que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. En relación con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de doce de febrero de dos mil cuatro, en el amparo directo 811/2003, en la parte que interesa, destaca lo siguiente:

"DÉCIMO. Devienen fundados en esencia los conceptos de violación aducidos. La autoridad responsable consideró que la universidad demandada aplicó a la hoy quejosa el contenido de la cláusula 158 del contrato colectivo vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho, en lo atinente a los descuentos en concepto de aportaciones al Fondo de Jubilados y Pensionados, empero estimó que dicha aplicación era legal, pues no obstante que en la época en que la actora alcanzó su jubilación (mil novecientos noventa y dos) no se encontraba obligada a contribuir con dichas aportaciones, tal obligación nació a partir de la adición y vigencia de la cláusula anotada (mil novecientos noventa y ocho). Las consideraciones que orientan la decisión de la Junta laboral se constriñen en los puntos medulares siguientes: Que la actora está obligada a cumplir con la cláusula 158 del pacto colectivo mientras sea afiliada al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues al igual de que goza de los beneficios consagrados en el contrato de trabajo, también se sujeta a las obligaciones, ya que los efectos del pacto laboral alcanzan tanto a los trabajadores jubilados y activos. Que no se han menoscabado los derechos de la actora, ni se le ha dado retroactividad a lo establecido en el pacto colectivo de trabajo, pues sigue en el goce de su jubilación. Que la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo refiere a los ‘trabajadores de base’, y éstos se clasifican de esa manera porque desempeñan una actividad normal en la institución, su labor es permanente y la actividad que realizan continúa, a diferencia de los trabajadores eventuales o por contrato. Que el personal jubilado queda inmerso en el concepto de trabajadores de base porque reciben las mismas prestaciones, bajo los mismos tabuladores, pues no es en función del concepto de salario que debe entenderse extinguida o vigente la relación de trabajo, ni tampoco la circunstancia de que dejen de prestar servicio al patrón significa que queden sin la calidad de trabajador, dado que la condición de jubilado no se opone al concepto de trabajador de base, siendo que, por el contrario, no podría estimarse al personal jubilado como trabajador eventual o de contrato. Que el personal jubilado continúa vinculado al contrato de trabajo mientras disfrute de las prevenciones y prestaciones que el mismo establezca. Por su parte, la quejosa aduce que lo determinado por la responsable infringe los artículos 8o., 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, cláusulas 4o., 40, 42 y 158 del contrato colectivo y, por ende, los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, con base en los conceptos de violación que, en resumen, informan: Que la responsable reconoce que al momento en que la trabajadora accedió a su jubilación no existía disposición contractual que la obligara a aportar a un fondo de pensiones y jubilaciones, mas señala que al entrar en vigor la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo (mil novecientos noventa y ocho), la actora quedó obligada a efectuar las aportaciones atinentes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones que aquella disposición contractual prevé, por la circunstancia de que continúa como afiliada al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León; determinación que la quejosa estima incorrecta, dado que con ello se violenta la diversa cláusula 4 del pacto colectivo y, por ende, el artículo 14 constitucional, pues autoriza la aplicación retroactiva de un acuerdo que menoscaba sus derechos adquiridos, además de que no establece el fundamento que informe que por el carácter de afiliada al sindicato en cita, se pierda el beneficio de la irretroactividad a favor de los trabajadores. Que es ilegal la interpretación que se hace tanto del capítulo de definiciones como de las cláusulas 40 y 42 del pacto colectivo, pues del contenido de ellas no se puede concluir que al trabajador jubilado pueda considerársele como trabajador de base, pues aquél no tiene jornada, horario, empleo, sueldo, como tampoco ocupa un puesto tabulado, además de que existe un contrasentido en la connotación ‘jubilado’ y ‘trabajador’. Que también resulta desacertada la consideración de la autoridad acerca de que la actora se encuentra obligada a cumplir con la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo, con base en que no por la circunstancia de que deje de prestar servicio al patrón significa que quede insubsistente su calidad de trabajador, pues contra ello, se aduce que la acepción de ‘trabajador’ no es equiparable con la del jubilado, atento al artículo 8o. de la Ley Federal del Trabajo. Que la Junta desatendió los principios de buena fe, conciencia y verdad sabida, en función de que no consideró lo resuelto en el expediente 5657/i/7/1998, en el que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 328/200 (sic), pronunciada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, se declaró nulo el convenio de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, celebrado entre el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Sindicato de Trabajadores, así como sus consecuencias y efectos, entre ellas, la obligación de los jubilados de aportar al Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Asiste razón a la quejosa cuando aduce que la responsable interpretó en forma inexacta las disposiciones contractuales por las que arribó a la conclusión de que le era aplicable lo previsto en la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo, cuando se verá que, de suyo, la hipótesis a que se contrae la cláusula de mérito no se adecua a la situación concreta de la actora en su condición de jubilada y, por ende, no le es aplicable. En efecto, la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Sindicato de Trabajadores de dicha institución universitaria, vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho, informa lo siguiente: ‘Cláusula 158. La universidad se compromete a incluir en sus presupuestos anuales de egresos, una partida suficiente destinada al fondo de pensiones, jubilaciones y prestaciones complementarias. La creación de este fondo no releva a la universidad de su compromiso de cubrir las pensiones y jubilaciones en los términos vigentes del contrato colectivo. Este fondo recibirá a partir del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho aportaciones de parte de la universidad, no menor a un 6% de los sueldos de los trabajadores de base, lo anterior se irá incrementando hasta llegar a un 14% en el término de 4 años. La participación del trabajador será de un 12% por esta única ocasión y a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, la universidad aportará adicionalmente un 3% del sueldo como contribución de cada uno de los trabajadores de base como participación al fondo referido. Lo anterior se irá incrementando a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, con aportaciones de los trabajadores a razón de un 0.25% mensual de su salario hasta llegar a un 12% como máximo es decir un 9% adicional en 3 años a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve. Lo no previsto será resuelto conforme al Reglamento de Jubilaciones y Pensiones que para el efecto formulen las partes.’. De la lectura de la disposición apuntada deriva que la universidad demandada asumió el compromiso de incluir en sus presupuestos anuales de egresos una partida destinada al ‘fondo de pensiones, jubilaciones y prestaciones complementarias’; que la creación de ese fondo no eximía a la universidad de cubrir las pensiones y jubilaciones; que el fondo recibiría aportaciones de parte de la universidad, no menor a un seis por ciento ‘de los sueldos de los trabajadores de base’, incrementándose hasta llegar a un catorce por ciento en el término de cuatro años; que el ‘trabajador’ aportaría un doce por ciento por única ocasión, y la universidad, a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y ocho, aportaría adicionalmente un tres por ciento ‘del sueldo de los trabajadores de base’ como participación a dicho fondo, incrementándose, a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, con aportaciones de ‘los trabajadores’ a razón de un punto veinticinco por ciento mensual ‘de su salario’, hasta llegar a un doce por ciento como máximo, esto es, un nueve por ciento adicional en tres años a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y nueve. Luego, la precitada cláusula establece que unas aportaciones están a cargo de la universidad sobre los sueldos de los ‘trabajadores de base’, en tanto que otras a cargo de los ‘trabajadores’ sobre sus ‘salarios’. Interesa en el particular la carga impuesta a los trabajadores sobre sus salarios, pues identificando a éstos se podrá concluir si la pluricitada cláusula aplica o no a la actora en su condición de trabajadora jubilada desde mil novecientos noventa y dos, condición que no fue materia de controversia en el juicio laboral. Así, se tiene que el contrato colectivo de trabajo, vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho, en su apartado ‘definiciones’, al referirse a los trabajadores prevé la clasificación siguiente: Trabajador de base: Es la persona física que ocupa en definitiva un puesto tabulado, conforme a las normas de este contrato. Trabajador eventual: Es la persona física que presta un servicio por determinado tiempo u obra determinada en la universidad. Trabajador por contrato: Es aquel que tiene señalado su lapso de tiempo y actividad en la institución, mediante un contrato. De la clasificación que precede se observa que el pacto colectivo hace énfasis en distinguir a diferentes tipos de trabajadores considerando su estabilidad en el centro de trabajo (trabajador de base), el tiempo y la obra que desempeñen (trabajador eventual), así como el origen de la relación laboral a través de la cual desempeñan, por tiempo determinado, una actividad (trabajador por contrato). Asimismo, en el apartado de ‘definiciones’ apuntado, se advierte la descripción de otros conceptos que son de tomarse en consideración: Salario: Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Pensión: Es la prestación que la universidad otorga a los trabajadores o a sus beneficiarios, en los términos del presente contrato. Jubilación: Es una compensación a los esfuerzos desarrollados por el trabajador durante determinado tiempo en beneficio de la institución. Así, los conceptos anteriores informan que el salario constituye la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo; mientras que la jubilación es una compensación a los esfuerzos desarrollados por el trabajador durante determinado tiempo, a virtud de la cual se les otorga una prestación denominada pensión. Lo anterior autoriza a hablar propiamente de que cuando el trabajador presta sus servicios al patrón recibe una retribución llamada salario, mientras que el jubilado recibe una prestación identificada como pensión. Es decir, al trabajador en activo se le retribuye con salario y al jubilado se le proporciona una pensión como prestación. De igual manera, habrá de entenderse que cuando los trabajadores ya de base, ya eventuales, ya por contrato, realizan una actividad, obra o función a favor del patrón, de manera permanente o temporal, indistintamente recibirán una retribución (salario) por ese trabajo prestado. Relacionando las acepciones antes detalladas, deberá convenirse que cuando la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo refiere que los ‘trabajadores’ participarán con aportaciones al Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones Complementarias, en porcentajes determinados (uno, por una sola ocasión y, otro en forma mensual) de ‘su salario’, es inconcuso que tal disposición está dirigida a los trabajadores activos, mas no a los jubilados. Esto es así, habida cuenta que atenta la interpretación gramatical de la disposición contractual en comento, se tiene que fue voluntad de los celebrantes establecer que las aportaciones de los trabajadores consistían en porcentajes determinados sobre su salario, lo que indica que si bien no establecieron que dichos trabajadores se trataba sólo de los activos, no menos lo es que sí precisaron que la base gravable sobre la cual se harían las aportaciones a su cargo constituía su salario, concepto el cual, según la definición asentada en el contrato colectivo, no es otro más que la retribución que el patrón debe pagar al trabajador por su trabajo; acepción -‘salario’- que se contrapone a la condición de los trabajadores jubilados, pues éstos reciben una contraprestación que ya no responde al intercambio de fuerza por salario sino a una pensión cubierta por el patrón en reconocimiento al desgaste orgánico que sufre todo trabajador. Sobre los matices de la jubilación-pensión y la relación distinta que surge entre patrón y trabajador jubilado, resulta conveniente tener en cuenta las consideraciones que ha sentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insertas en las ejecutorias de las contradicciones de tesis 50/96 y 59/96, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos V, mayo de 1997 y VI, julio de 1997, páginas 266 y 147 siguientes, respectivamente, que en lo que interesan informan: ‘Al analizar la figura jurídica de la jubilación, la Suprema Corte ha establecido con claridad que en ella inciden los siguientes elementos: 1) Se trata de una figura establecida contractualmente, no en la ley, por virtud de la cual el patrón se obliga libremente a cubrir a los trabajadores que han acumulado la antigüedad requerida a su servicio, una pensión (renta vitalicia) como contraprestación por el desgaste orgánico o incapacidad sufridos con motivo de la relación de servicio, que sustituye al salario. 2) En los contratos colectivos de trabajo se fijan los límites mínimos de tiempo de servicios requerido y, aunque puede distinguirse entre diversos tipos de jubilación, todos ellos atienden al estado físico de la persona. 3) El derecho a la jubilación se adquiere por reunir los requisitos contractuales, de tal manera que al ser cumplidos, se configura un derecho adquirido para el trabajador, independientemente de que su ejercicio no se realice de inmediato. 4) El derecho a la jubilación es imprescriptible, inalienable e irrenunciable. Como se ve, la jubilación genera una relación jurídica diversa entre el patrón y el trabajador jubilado, pues ahora las contraprestaciones que se otorgan las partes no son ya el intercambio de fuerza de trabajo por salario, sino una pensión cubierta por el patrón en reconocimiento del desgaste orgánico que incuestionablemente sufre todo trabajador por razones de orden fisiológico, merced al tiempo de servicios acumulado durante su vida económicamente productiva, conocido en términos jurídicos como antigüedad y, en algunos casos, condicionado a la realización de un hecho generador (vejez, incapacidad). Así lo ha sostenido esta Segunda Sala al resolver, por unanimidad de cinco votos, la contradicción de tesis 50/96, entre las sustentadas por el Primer y Noveno Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la sesión de nueve de abril de mil novecientos noventa y siete ...’. Por tanto, si la intención de los signantes del pacto colectivo hubiese sido imponer -mediante la cláusula 158- a los trabajadores jubilados la carga de efectuar aportaciones, no sólo se hubiera plasmado que dichas aportaciones estaban a cargo tanto de los activos como de los jubilados sino, además, que los porcentajes de esas aportaciones se proyectarían sobre las pensiones de estos últimos, de manera que para comprenderlos no bastaría que se proyecten sobre el salario -que es producto de la prestación de servicios- sino requeriría que también se incluyera la pensión en esa proyección; hipótesis que no se advierte de la cláusula en examen, según su interpretación gramatical. De donde se sigue que si en la multicitada cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo, vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho, no fue voluntad de los celebrantes sujetar a los trabajadores jubilados para que efectuaran aportaciones sobre sus pensiones, es incuestionable que aquélla no puede operar contra éstos, en la medida de que si las cláusulas de los pactos colectivos de trabajo que prevén prestaciones contractuales o extralegales deben ser interpretadas en forma estricta, por identidad de razón, deberá convenirse que las cargas que se impongan con relación a dichas prestaciones deberán aplicarse estrictamente conforme a los lineamientos acordados. Se sustenta lo anterior con base en la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada a contrario sensu, que señala: ‘CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDAN A LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA EN TAL ASPECTO.’ (se transcribe). Por lo expuesto, deviene insuficiente la consideración de la responsable en torno a que la disposición contractual 158 resulta aplicable a la actora, por la circunstancia de que al continuar afiliada al sindicato titular del contrato colectivo participa tanto de los derechos como de las obligaciones pactadas, dado que el contrato debe tener aplicación total mas no parcial. Ello es de ese modo, cuenta habida que aun cuando la actora en su condición de jubilada continúa como afiliada al sindicato, el cual, sea de paso señalar, tiene la encomienda de seguir procurando los intereses de sus agremiados que ostenten esa calidad -jubilados-, tal circunstancia no significa que las disposiciones que prevea el pacto laboral deban aplicarse invariablemente para todos los trabajadores por igual, es decir, tanto a activos como a los no activos por jubilación, pues ello dependerá, como cuestión previa y medular, de las hipótesis que regulen, de los sujetos a quienes se encuentren dirigidas y el objeto que con ellas se pretenda. Y es que si bien el jubilado continúa con calidad de trabajador, lo cierto es que a virtud de la jubilación se genera una relación jurídica diversa entre el patrón y el trabajador jubilado, pues ahora las contraprestaciones que se otorgan las partes no son ya el intercambio de fuerza de trabajo por salario sino una pensión cubierta por el patrón en reconocimiento del desgaste orgánico que incuestionablemente sufre todo trabajador por razones de orden fisiológico, merced al tiempo de servicios acumulado, según criterios reiterados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes aludidos. De manera que si en el particular quedó demostrado que la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo, en la parte que impone a los trabajadores efectuar aportaciones sobre su salario destinadas al fondo de pensiones, jubilaciones y prestaciones complementarias, no se consideró a los trabajadores jubilados, no había razón para concluir lo contrario. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que para sostener su determinación la Junta laboral consideró, ‘a mayor abundamiento’, que a la institución universitaria demandada le benefician las respuestas afirmativas de la trabajadora -‘sí es cierto’- a las posiciones dos, doce y veinte del pliego formulado en diligencia de nueve de julio de dos mil uno, habida cuenta que, contra lo estimado, el examen de las precitadas posiciones no reportan perjuicio a la absolvente conforme a lo considerado en esta ejecutoria. En efecto, las posiciones dos, doce y veinte del pliego, así como las respuestas respectivas, informan: 2. ‘Que usted carece de acción y derecho para reclamar de la Universidad Autónoma de Nuevo León la devolución de las cantidades que supuestamente se le sigan rebajando hasta el día en cumplimiento del laudo se le haga la devolución de lo supuestamente descontado’; 2PC ‘Sí es cierto, no estoy de acuerdo’ 12. ‘Que mi representada está en obligación de cumplir con lo establecido por el contrato colectivo de trabajo, especialmente con la cláusula 158 del contrato referido’; 12 PC. ‘Sí es cierto’ 20. ‘Que fuera de los descuentos a que se hace referencia en la posición anterior la institución educativa demandada que represento jamás ha descontado en forma ilegal de los salarios de sus trabajadores cantidad alguna’ 20 PC. ‘Sí es cierto’. Luego, al margen de que la actora haya contestado de manera afirmativa a esas posiciones, lo cierto es que se trata de puntos de derecho que no son objeto de prueba y que, además, se desvirtúa -lo contestado afirmativamente- con la interpretación que se hizo de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo y el cual es fuente creadora de derecho privado entre los celebrantes. Sin que tenga relación al caso la tesis que cita la responsable como sustento para valorar las posiciones de mérito -que sea de paso señalar el rubro y texto correcto es el que sigue y no el que informa la responsable, ‘CONFESIÓN. AL ABSOLVER POSICIONES, VALOR DE LA. Las afirmaciones que formula un litigante al articular posiciones a su contraparte, prueban plenamente en su contra, cuando dichas afirmaciones constituyen la confesión o admisión expresa de un hecho que beneficia a la contraria y que ésta debería probar.’, según Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Cuarta Sala, Quinta Parte, XLI (sic), página 19-, dado que la misma está dirigida respecto a las afirmaciones que formula el litigante que articula las posiciones, mas no a quien las absuelve. En esas condiciones, ha de concluirse que fue contraria a derecho la determinación de la responsable acerca de que la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo, vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho, resultaba aplicable a la hoy quejosa, en la medida en que se ha visto que atento su interpretación gramatical se concluye lo contrario. Quepa señalar que para orientar la decisión de este Tribunal Colegiado se acogió al método interpretativo de que se habla, toda vez que para desentrañar el alcance de la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo, vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho, las partes allegaron como medios de convicción, precisamente un ejemplar de ese pacto colectivo, sin que obren otros que abunden sobre el contexto que motivó la adición de la apuntada cláusula. A mayor abundamiento a lo expuesto, habrá de convenirse que resulta acertado lo esgrimido por la quejosa acerca de que la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo, en la parte materia de controversia, vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho, no era dable que le fuese aplicada en forma retroactiva, a virtud de que no se encontraba vigente en la época en que accedió al derecho de jubilación. Esto es así, atento a que las partes del juicio laboral fueron coincidentes en cuanto a que la aquí quejosa fue jubilada en septiembre de mil novecientos noventa y dos, así como de que el pacto colectivo vigente en esa anualidad no establecía obligación o carga alguna para que los trabajadores aportaran porcentaje determinado para contribuir e integrar el fondo de pensiones, jubilaciones y prestaciones complementarias; todo ello, además lo reconoce la responsable en el laudo reclamado. Luego, es el caso que al momento de su jubilación la quejosa detentaba un derecho adquirido, a saber, en la no obligación de efectuar aportaciones que no estuvieran reguladas en el contrato colectivo de trabajo vigente en la fecha en que alcanzó el derecho jubilatorio, si se tiene en cuenta que ese pacto colectivo constituye fuente creadora de derecho privado entre las contratantes. En efecto, sobre la irretroactividad de las disposiciones ya legales ya contractuales existe más de una teoría, siendo de las más frecuentes, la que relaciona este tema con la de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho. Al respecto, conviene tener presentes los criterios que con relación al tema han sostenido tanto el Pleno como la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales informan: ‘RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA.’ (se transcribe). ‘CONTRATOS. SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN.’ (se transcribe). ‘RETROACTIVIDAD.’ (se transcribe). En el caso, consta que María Dolores Flores González adquirió el derecho de percibir su pensión en los términos del contrato colectivo de trabajo vigente a partir de mil novecientos noventa y dos, mismo que no le imponía obligación alguna en el sentido de que aportara porcentaje alguno sobre su pensión a fin de integrar un Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones Complementarias sino que tal carga -según estimación de la responsable- se estableció con motivo de la adición de la cláusula 158 del contrato colectivo vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho. De donde se sigue que si la Junta estimó legal la aplicación de la cláusula en comento, que hizo la universidad demandada sobre la hoy quejosa en su condición de jubilada, es inconcuso que el acto reclamado convalida la aplicación retroactiva en perjuicio de la quejosa, al adecuar el marco normativo vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho a una situación contractual cristalizada con antelación a aquél. Al respecto es orientadora la tesis de jurisprudencia por contradicción que es visible bajo el número 230 en la página 183, del Tomo V, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo rubro y texto siguientes: ‘FERROCARRILEROS JUBILADOS, APLICABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS 386 Y 396 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, A LOS.’ (se transcribe). Dicha tesis aun cuando se refiere a trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, aplica en cuanto señala que una cláusula del contrato colectivo de trabajo no puede aplicarse en forma retroactiva cuando cause perjuicio al patrón (y diríamos también al trabajador) al establecer: ‘... pero dicha cláusula no es aplicable a aquellos trabajadores que se hubieran jubilado con anterioridad a esa fecha, ya que de aceptarse la aplicación retroactiva de esa disposición contractual equivaldría a desvirtuar la intención de las contratantes en perjuicio de la empresa patronal ...’. En consecuencia, como por las consideraciones que anteceden se advierte que el laudo reclamado es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, debe otorgarse la protección Federal solicitada a la quejosa para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, emita otro en el que considere inaplicable a la quejosa la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo, vigente a partir de mil novecientos noventa y ocho, en la parte que establece las aportaciones de los trabajadores al fondo de jubilaciones, pensiones y prestaciones complementarias; y hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho, atendiendo desde luego las pretensiones de las partes. Dado lo fundado del concepto de violación examinado, se hace innecesario el análisis de los restantes, pues todos van encaminados a combatir que a la quejosa no era aplicable la cláusula 158 del contrato colectivo de trabajo, lo que ya ha quedado resuelto; es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)."

CUARTO. En relación con la resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil siete en el amparo directo DT. 435/2007, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"OCTAVO. ... Es infundado el segundo concepto de violación en la parte que alega el mandatario de los quejosos que si los convenios posteriores obligaran a sus miembros a reducir prestaciones laborales, se tendría que demostrar que las Asambleas Generales Representativas así lo habían decidido, ya que los jubilados se encontraban exentos de aportar al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, pues esa era obligación de la universidad por lo que cualquier cláusula que posteriormente fincara a los jubilados obligaciones que menoscabaran sus ingresos debería tenerse por no puesta y declarar su ineficacia. Es infundado porque como ya se dijo, en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20705-492145d7/universidad-autonoma-de-nuevo-leon-los-trabajadores-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.