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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL COMPARECER AL JUICIO LABORAL COMO PATRÓN QUEDA DESPROVISTO DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD. SEGURO SOCIAL. CARECE DE VALOR PROBATORIO LA HOJA DE SERVICIO SIGNADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO RESPECTIVO, EN LA QUE ASIENTA EL TOTAL DE INASISTENCIAS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO DE SUS TRABAJADORES CUANDO EN ELLA NO SE PORMENORIZAN LAS FECHAS DE ESAS INCIDENCIAS, NI SE RESPALDAN CON DIVERSA INFORMACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2008-SS. · Registro digital (IUS): 20972
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 73.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizó el Magistrado presidente que integra el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y dicho órgano pronunció las ejecutorias en los juicios de amparo directo 883/2007, 887/2007, 915/2007 y 1025/2007, cuyo criterio se denuncia como contradictorio.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 883/2007, determinó en la parte que interesa:

"... la Junta ilegalmente le otorgó valor probatorio al oficio Ref. 209001 710100/REG/7302/06, que contiene el informe de incidencias de la vida laboral de los ahora quejosos, suscrita (sic) por el jefe del departamento de personal. En efecto, de los antecedentes del conflicto laboral, los quejosos Rosa Alicia Martín del Campo Hernández, Laureano Ayala Atrian, Herminia Pauli Venegas, Sonia Moreno Garza y Perla Patricia Carrillo Espinosa, demandaron del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de su antigüedad efectiva y otras prestaciones accesorias. Narraron como hechos de su acción que ingresaron a laborar, el uno de enero de mil novecientos noventa y siete, veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta, veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y uno y veinte de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, en las categorías de médico familiar, op. act. art. Art. plas. 4.0, aux. de traba. Social 6.5 horas, asistente médica 6.5 horas y aux. univ. de oficinas 8.0 horas y, que debía reconocérseles la antigüedad de nueve años, siete quincenas; trece años, veintiún quincenas, seis días; veinticinco años, trece quincenas, tres días; veinticuatro años, veinte quincenas, diez días; y, dieciséis años, dieciocho quincenas, once días, respectivamente. El instituto demandado por conducto de su mandatario, contestó que eran improcedentes los reclamos de los actores, en virtud de que Rosa Alicia Martín del Campo Hernández, inició a laborar el uno de abril de dos mil uno y que efectivamente, los actores Laureano Ayala Atrian, Herminia Pauli Venegas, Sonia Moreno Garza y Perla Patricia Carrillo Espinosa, ingresaron a laborar para su representado el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta, veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y uno y veinte de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, pero que su antigüedad efectiva era sólo de cinco años, once quincenas; cinco años, veinte quincenas, catorce días; veinticinco años, dos quincenas, cinco días; veinticuatro años, cuatro quincenas, cinco días; y catorce años, veintitrés quincenas. Aseveró, que Herminia Pauli Venegas, tenía ciento diecinueve faltas injustificadas y ciento treinta y siete licencias sin sueldo, que Sonia Moreno Garza, incurrió en ciento treinta y siete faltas injustificadas y ciento veintiséis licencias sin goce de sueldo y que Perla Patricia Carrillo Espinosa, en treinta y cinco faltas injustificadas y tres licencias sin goce de sueldo, y que no generaron antigüedad y que el resto de los accionantes no tuvieron faltas ni licencias. Para demostrar su afirmación, el instituto demandado exhibió en el número 9, de sus cinco escritos de pruebas, una relación de incidencias de la vida laboral de los actores, signada por el ingeniero Inokentiev T. Becerril Rodríguez, jefe del departamento de personal y Desarrollo del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como su ratificación para justificar la autenticidad de su contenido y firma. Probanza la cual es del tenor siguiente:

Ver probanza

"El apoderado de los actores objetó dicha prueba por cuanto a su alcance y valor probatorio, expresando al efecto: (se transcribe). El instituto demandado en el apartado 10 de su escrito de pruebas, ofreció la ratificación relativa a la citada documental marcada con el número 9. La Junta desechó dicho medio de convicción en virtud de que sólo fue objetado en cuanto a su alcance y valor probatorio (foja 24). En el laudo que se reclama, la responsable otorgó valor probatorio a la documental que contiene la relación de incidencias de la vida laboral de los quejosos, al considerar que no fue objetada en cuanto a su autenticidad, contenido y firma y que fue emitido (sic) por un funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social en su calidad de autoridad y que por tratarse de una institución de protección social y de interés público, su actuar es de buena fe y, que los documentos que certifica gozan de presunción de legitimidad, y aplicó por analogía la jurisprudencia 39/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, página 271 de mayo de dos mil dos, de rubro: ‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS, APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’. La decisión de la Junta resulta inexacta, por dos razones: la primera, en virtud de que la defensa del instituto demandado, descansó en forma toral en el hecho de que a los actores no les podía reconocer la antigüedad expresada en sus escritos iniciales de demanda, porque los demandantes en su vida laboral, solicitaron licencias sin goce de sueldo e incurrieron en las faltas injustificadas; sin embargo, la documental aportada al juicio con la finalidad de acreditar dicho punto y cuya transcripción se llevó a cabo, no contiene, según se observa a simple vista, de manera pormenorizada las fechas en que se otorgaron a los actores las susodichas licencias sin goce de sueldo, ni los días en que faltaron a sus labores, y en este sentido, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 784, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo, tocaba al instituto demandado demostrar a plenitud su extremo procesal, en virtud de que tales datos constan en los archivos que en forma ordinaria el patrón tiene obligación de tener en su poder, de acuerdo con el citado dispositivo legal, sin que obste para ello que esa antigüedad no evidencie que están jubiladas, pues aún en tal supuesto la carga de la prueba toca al patrón quien está obligado a conservar y exhibir en juicio, pues lo que se debe tomar en cuenta esencialmente, es que esta prestación surge con motivo de la relación jurídica de trabajo y es la causa que propicia el nacimiento de tal beneficio. Es inconcuso, entonces, que cuando se ejerce la acción de reconocimiento de antigüedad o los años de duración del demandante en el empleo respectivo, la carga de la prueba corresponde al patrón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en sus fracciones I y II, por ser la parte que tiene los medios a su alcance para estar en posibilidad de allegar esa información al órgano jurisdiccional del trabajo que conozca del asunto. Lo anterior atento al contenido de la contradicción de tesis 4/99, que dio origen a su vez a la tesis de jurisprudencia 94/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 123, del Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto son: ‘JUBILACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN TENDIENTE A SU OTORGAMIENTO.’ (se transcribe). Así las cosas, tocó al patrón justificar su excepción, es decir, que los demandantes en su vida laboral, solicitaron licencias sin goce de sueldo e incurrieron en faltas injustificadas, aspecto que como ya se dijo no acreditó, puesto que la documental que exhibió para tal efecto, no contiene, de manera detallada las fechas en que se otorgaron las susodichas licencias sin goce de sueldo, ni los días en que faltaron injustificadamente a sus labores, de ahí que con dicha probanza el instituto demandado no demostró el extremo procesal impuesto en términos de lo dispuesto por el numeral 784, fracciones I y II, de la ley de la materia. En segundo lugar, también fue incorrecta la decisión de la Junta de considerar que la documental en cuestión, por el simple hecho de haber sido expedida por un funcionario de una institución de seguridad social e interés público, goza de la presunción de legitimidad y, por ende, tiene plena eficacia probatoria dado que su actuar es de buena fe, apoyando esa determinación por analogía, en la tesis de jurisprudencia número 39/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 271, del Tomo XV del mes de mayo de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: ‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS, APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’; consideración que se reitera es ilegal porque en el caso concreto, ni aún por analogía tiene aplicación la citada tesis de jurisprudencia porque en la especie, el estudio en aquella ejecutoria, se hizo tomando en cuenta la naturaleza de ente público del Instituto Mexicano del Seguro Social, y no como ente privado. En efecto, lo anterior se corrobora pues en la primera hipótesis, es decir, como organismo público descentralizado, es un ente que forma parte de la administración pública y, consecuentemente, del Estado, dotado de autonomía en la que queda comprendida desde luego, su forma de autoformación y autogobierno lo que significa que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y sus recursos financieros se integran con un porcentaje otorgado por el Estado y, con las llamadas cuotas obrero-patronales. A estas últimas se les atribuye naturaleza fiscal, para efectos de su cobro; por esa razón y sólo para los efectos indicados, el instituto asume el carácter de autoridad; es decir, tiene doble actuación: como prestador de servicio y como autoridad. Así, tales facultades de las cuales fue dotado fueron con el afán de que pudiera lograr la finalidad y objetivos de mayor eficacia de la prestación de servicios para la cual fue constituido como son, entre otros, el servicio de asistencia social a los asegurados que no pueden acceder a contratar un seguro privado por el alto costo de éste y los bajos ingresos del trabajador. En una segunda, es decir, entendido como un ente de derecho privado, el Instituto Mexicano del Seguro Social al contar con un patrimonio y personalidad jurídica propia, tiene la capacidad legal de contraer al igual que cualquier persona moral, derechos y obligaciones; en ese contexto, es claro que cuenta con facultades legales para celebrar y suscribir actos jurídicos, como son, entre otros, la suscripción de contratos colectivos de trabajo con la representación sindical titular del pacto contractual, el cual desde luego, obliga a ambas partes a su observancia, y por ende, las relaciones obrero-patronales se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe destacar que el concepto de ‘autoridad’ se encuentra definido por el artículo 11 de la Ley de Amparo, siendo aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley. A su vez, este concepto ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándole un contexto más amplio, en el cual estimó en la interpretación del mismo que hay entes que por sus actos pueden tener el carácter de autoridad, al tener como característica inherente a ellos el uso del imperio para cumplirlos, lo cual hizo en la tesis XXVII, publicada en el Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible en la página 118, del tenor literal siguiente: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (se transcribe). Así las cosas, la documental expedida por el jefe de personal de la Jefatura de Desarrollo de Personal y que fue aportada al juicio por el instituto demandado, donde se hacen constar las licencias sin goce de sueldo y las faltas en que incurrieron los trabajadores, carece de eficacia jurídica porque en la especie el jefe del departamento de personal que expidió el oficio en el que consta la antigüedad de cada uno de los actores no es ‘autoridad’ en los términos de la disposición legal citada y la jurisprudencia que lo interpreta, ya que fue elaborada por un simple empleado del seguro social, en su calidad de patrón, por lo que no se trata de un documento oficial, como inexactamente lo consideró la Junta, siendo insuficiente para atribuirle plena eficacia probatoria y además, porque en él no se detallan en forma pormenorizada los datos ahí contenidos. Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación apuntados y dado que su consecuencia será que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio del resto de los conceptos de violación expresados por el quejoso, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la Junta responsable al emitir el nuevo laudo. Es aplicable al respecto, por la identidad en las razones que la informan la tesis de jurisprudencia número 168, visible en la página 113, Tomo VI, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). En mérito de lo anterior, al resultar fundados los conceptos de violación, resulta procedente conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar, dicte otro en el que establezca siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, que la documental consistente en la constancia de antigüedad expedida por el jefe del Departamento de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, carece de valor porque no contiene en forma detallada y pormenorizada las fechas en que se otorgaron a los actores las licencias sin goce de sueldo ni tampoco, las fechas en que incurrieron en faltas injustificadas; establezca además, que la circunstancia de haber sido expedida por un funcionario de una institución de seguridad social e interés público, es insuficiente para otorgarle plena eficacia probatoria."

En similar sentido se pronunció el referido Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el veintisiete de diciembre de dos mil siete y treinta de enero de dos mil ocho los amparos directos 887/2007 y 915/2007, respectivamente.

Por otra parte, las consideraciones que sostuvo al resolver el amparo directo 1025/2007, fueron las siguientes:

"OCTAVO. ... Son fundados estos argumentos porque la Junta ilegalmente le otorgó valor probatorio al oficio Ref. 209001 710100/REG/7354/06, de dos de octubre de dos mil seis, que contiene el informe de incidencias de la vida laboral de los ahora quejosos, suscrito por el jefe del departamento de personal, vista a foja 122 del juicio ... Fue ilegal la decisión de la Junta al otorgarle valor probatorio a la documental expedida por el jefe del personal de la Jefatura de Desarrollo de Personal del instituto demandado porque por un lado, su defensa, la basó en forma toral en el hecho de que a los actores no les podía reconocer la antigüedad expresada en sus escritos iniciales de demanda, dado que en su vida laboral solicitaron licencias sin goce de sueldo e incurrieron en faltas injustificadas; sin embargo, la documental aportada al juicio con la finalidad de acreditar dicho punto y cuya transcripción se llevó a cabo, no contiene, según se observa a simple vista, de manera pormenorizada las fechas en que se otorgaron a los demandantes las susodichas licencias sin goce de sueldo, ni los días en que faltaron a sus labores y, en este sentido, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 784, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo, tocaba al instituto demandado demostrar a plenitud su extremo procesal, en virtud de que tales datos constan en los archivos que en forma ordinaria el patrón tiene obligación de tener en su poder, de acuerdo con el citado dispositivo legal, sin que obste para ello que esa antigüedad no evidencie que están jubiladas, pues aún en tal supuesto la carga de la prueba toca al patrón quien está obligado a conservar y exhibir en juicio, pues lo que se debe tomar en cuenta esencialmente, es que esta prestación surge con motivo de la relación jurídica de trabajo y es la causa que propicia el nacimiento de tal beneficio. Es inconcuso, entonces, que cuando se ejerce la acción de reconocimiento de antigüedad o los años de duración del demandante en el empleo respectivo, la carga de la prueba corresponde al patrón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en sus fracciones I y II, por ser la parte que tiene los medios a su alcance para estar en posibilidad de allegar esa información al órgano jurisdiccional del trabajo que conozca del asunto. Lo anterior atento el contenido de dicho precepto, cuyas fracciones dicen: (se transcribe).’. Así las cosas, tocó al patrón justificar la excepción de que los demandantes en su vida laboral solicitaron las licencias sin goce de sueldo que especificó y, además que incurrieron en las faltas injustificadas precisadas, aspecto que, como ya se dijo no acreditó, puesto que la documental que exhibió para tal efecto, no contiene, de manera detallada las fechas en que se otorgaron las susodichas licencias sin goce de sueldo, ni los días en que faltaron injustificadamente a sus labores, de ahí que con dicha probanza el instituto demandado no demostró el extremo procesal que afirmó. También es fundado el primer concepto de violación, en el que alegan los amparistas que la Junta violó lo establecido en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, al pasar por alto que el Instituto Mexicano del Seguro Social en su excepción debió de precisar las fechas y los días exactos en que ocurrieron las faltas e incidencias. Es fundado porque de la contestación a la demanda se observa una excepción vaga y oscura pues el instituto demandado no precisó las fechas exactas en que afirmó las actoras tenían licencias sin goce de sueldo y faltas, lo que tampoco comprobó el demandado con prueba, pues al respecto sólo mencionó en cada una de las contestaciones hechas por cada actora lo que sigue: (se transcribe). De las anteriores transcripciones se aprecia que el instituto demandado no precisó los días en que ocurrieron esas faltas injustificadas y licencias sin goce de sueldo, por lo que aun cuando trató de justificarlo a través del oficio firmado por el jefe de personal, en dicho documento tampoco se precisan esos datos. A mayor abundamiento, cabe señalar que por el actor Esteban Luis Reyes Cerezo, el instituto demandado no emitió contestación alguna y que sólo ofreció la prueba de inspección con la finalidad de que se demostrara que dicho actor tenía dos licencias sin goce de sueldo, sin que de ese ofrecimiento tampoco se aprecie que haya señalado las fechas en que supuestamente tuvo tales licencias. Del mismo modo, es fundado lo alegado en el tercer concepto de violación, incisos a) y c), en cuanto a que la Junta indebidamente otorgó valor probatorio al oficio firmado por el jefe de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, considerando esencialmente que quien lo firmó es una autoridad apoyando en forma equívoca su determinación de la jurisprudencia 39/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, fue incorrecta la decisión de la Junta de considerar que la documental en cuestión, por el simple hecho de haber sido expedida por un funcionario de una institución de seguridad social e interés público, goza de la presunción de legitimidad, y tenía plena eficacia probatoria, apoyando esa determinación, por analogía, en la tesis de jurisprudencia número 39/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 271, del Tomo XV del mes de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: ‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS, APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’; porque en el caso concreto, ni aun por analogía tiene aplicación la citada tesis de jurisprudencia, pues en la especie, el estudio en aquella ejecutoria, se hizo tomando en cuenta la naturaleza de ente público del Instituto Mexicano del Seguro Social, y no como ente privado. En efecto, lo anterior se corrobora pues en la primera hipótesis, es decir, como organismo público descentralizado, es un ente que forma parte de la administración pública y, consecuentemente, del Estado, dotado de autonomía en la que queda comprendida desde luego, su forma de autoformación y autogobierno lo que significa que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y sus recursos financieros se integran con un porcentaje otorgado por el Estado y, con las llamadas cuotas obrero-patronales. A estas últimas se les atribuye naturaleza fiscal, para efectos de su cobro; por esa razón y sólo para los efectos indicados, el instituto asume el carácter de autoridad; es decir, tiene doble actuación: como prestador de servicio y como autoridad. Así, tales facultades de las cuales fue dotado fueron con el afán de que pudiera lograr la finalidad y objetivos de mayor eficacia de la prestación de servicios para la cual fue constituido como son, entre otros, el servicio de asistencia social a los asegurados que no pueden acceder a contratar un seguro privado por el alto costo de éste y los bajos ingresos del trabajador. En una segunda, es decir, entendido como un ente de derecho privado, el Instituto Mexicano del Seguro Social al contar con un patrimonio y personalidad jurídica propia, tiene la capacidad legal de contraer al igual que cualquier persona moral, derechos y obligaciones; en ese contexto, es claro que cuenta con facultades legales para celebrar y suscribir actos jurídicos, como son, entre otros, la suscripción de contratos colectivos de trabajo con la representación sindical titular del pacto contractual, el cual desde luego, obliga a ambas partes a su observancia y, por ende, las relaciones obrero-patronales se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe destacar que el concepto de ‘autoridad’ se encuentra definido por el artículo 11 de la Ley de Amparo, siendo aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley. Este concepto ha sido definido también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándole un contexto más amplio, en el cual estimó, en la interpretación del mismo, que hay entes que por sus actos pueden tener el carácter de autoridad, al tener como característica inherente a ellos el uso del imperio para cumplirlos, lo cual hizo en la tesis XXVII, publicada en el Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible en la página 118, del tenor literal siguiente: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (se transcribe). Sin embargo, ni en el artículo 11 de la Ley de Amparo, ni en la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación del concepto de ‘autoridad’, encaja la figura de jefe del departamento de personal que expidió el oficio en el que consta la antigüedad de cada uno de los actores. Entonces, si no es ‘autoridad’ en los términos de la disposición legal citada y la jurisprudencia que lo interpreta, ya que dicha documental fue elaborada por un simple empleado del seguro social en su calidad de patrón, resultó insuficiente para atribuirle eficacia probatoria, además, porque como antes se dijo, en él no se detallan en forma pormenorizada los datos ahí contenidos. También es fundado lo alegado en el inciso b) del propio concepto de violación por cuanto a que el instituto demandado no cumplió con la carga de probar a través del oficio firmado por el jefe de personal que presentó a juicio para justificar las faltas e incidencias de las actoras. Es fundado, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no justificó a través de ese oficio su carga procesal, pues se repite, en él no se precisaron los días y fechas en que las actoras faltaron a sus labores, o bien, pidieron licencias sin goce de sueldo como refirió el demandado, amén de que no se trata de un documento oficial porque el suscriptor, como se mencionó en consideraciones anteriores, no es una autoridad porque no se encuentra en los supuestos del artículo 11 de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia invocada con antelación de rubro: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’. Finalmente, también es fundado lo señalado en el tercer concepto de violación, inciso d) en el que se alega que con el oficio que aportó el Instituto Mexicano del Seguro Social firmado por el jefe del departamento de personal no equivale a una certificación de derechos, como lo señaló la Junta. Tienen razón las amparistas en señalar que dicho oficio no puede equipararse a un certificado de derechos porque tales documentos son expedidos para fines distintos, por ello no le es aplicable la tesis en la que apoyó la Junta su consideración para otorgarle al oficio, el valor probatorio que refirió en el laudo, pues, se repite, tienen finalidades diversas, ya que el certificado se ofrece para acreditar las semanas cotizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, firmado por las personas facultadas por el reglamento de organización interna de dicho instituto, el cual si bien puede merecer valor pleno, ello depende si no presenta omisión de datos o errores, o bien, es desvirtuado con prueba en contrario. Mas el oficio aportado por el jefe de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social se allegó para demostrar las supuestas incidencias y faltas de las actoras, no está expedido por alguna de las personas facultadas en el citado reglamento para expedir el certificado de derechos, amén de que careció de datos para precisar las fechas en que ocurrieron esas faltas e incidencias. De ahí que a consideración de este Tribunal Colegiado, fue ilegal que la Junta haya aplicado la tesis de rubro: ‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’, como apoyo a su determinación de otorgarle al oficio presentado por el seguro social, eficacia plena. En mérito de lo anterior, al resultar fundados los conceptos de violación, resulta procedente conceder a las quejosas el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar, dicte otro en el que establezca siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, que la documental consistente en la constancia de antigüedad expedida por el jefe del Departamento de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, carece de valor porque no contiene en forma detallada y pormenorizada las fechas en que se otorgaron a las actoras las licencias sin goce de sueldo ni tampoco, las fechas en que incurrieron en faltas injustificadas; establezca además, que la circunstancia de haber sido expedida por un funcionario de una institución de seguridad so

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20972-a0739452/instituto-mexicano-del-seguro-social-al-comparecer-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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