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Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. SU RELACIÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE AQUÉLLAS Y NO CON EL JEFE DE GOBIERNO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2008-SS. · Registro digital (IUS): 20965
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 185.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada corresponde a la materia laboral, especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que es uno de los órganos contendientes.

TERCERO. Posturas contendientes

1. Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Al resolver el amparo directo 8416/2007, el cuatro de octubre de dos mil siete, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, conducen a determinar lo siguiente. En sus conceptos de violación, que dada su estrecha relación se estudian en su conjunto, el impetrante de amparo sostiene que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio las garantías individuales, contempladas en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al emitir un laudo totalmente incongruente, ya que no analizó las excepciones y defensas que hizo valer al dar contestación a la demanda entablada en su contra, en la que sostuvo que no existió relación laboral entre el actor y el ahora quejoso, por lo que realizó una inadecuada fijación de la litis y de la carga probatoria; amén de que no analizó debidamente el acervo probatorio que obra en el expediente laboral, con los (sic) que prueba que el trabajador únicamente laboró para la delegación Tlalpan del Distrito Federal y no para la jefatura de Gobierno. Los conceptos de violación antes sintetizados resultan esencialmente fundados, en atención a las siguientes consideraciones: El actor Jesús Poblano Márquez demandó de los titulares de la delegación política en Tlalpan y del Gobierno del Distrito Federal, su reinstalación en la plaza que ocupaba, el pago de salarios devengados y caídos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Al contestar la demanda entablada en su contra, el ahora quejoso negó la procedencia de la prestación reclamada, entre otras cuestiones, porque el actor prestó sus servicios únicamente para la delegación Tlalpan del Distrito Federal y no para el impetrante, por lo que opuso la excepción de inexistencia de la relación laboral, en los siguientes términos: ‘Carece de acción y de derecho la parte actora para reclamar de mi representado C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la prestación que reclama en el presente inciso, toda vez que entre el actor y el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal nunca existió relación de trabajo alguna, por consecuencia no se generó derecho alguno a la reinstalación de la prestación reclamada, señalando que la calidad de trabajador se adquiere por la expedición de un nombramiento, o bien, por la inclusión en las listas de raya de trabajadores temporales, según texto de los artículos 3o. y 12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que en el caso concreto no sucede, ya que la actora omite exhibir nombramiento alguno a su favor emitido por funcionario facultado para ello, que la acredite como trabajadores (sic) de mi representado, aclarando que el accionista (sic) únicamente prestó sus servicios para el órgano político administrativo delegación Tlalpan, y en consecuencia, es la que lo contrató, le otorgó la categoría y le cubrió su pago, por lo que para el supuesto sin conceder y previa acreditación en el juicio, quien debe determinar la procedencia de la misma es dicha delegación ... Excepciones y defensas. La inexistencia de relación laboral, entre el actor y mi mandante, en virtud de que tal como él mismo lo confiesa, prestó servicios para una dependencia de la administración pública del Distrito Federal diversa a la jefatura de Gobierno, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 2o., 7o. y 87 del Estatuto de Gobierno, 2o. y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el actor a la fecha de la separación de sus labores no prestaba servicios para alguna de las unidades administrativas adscritas a mi representado como dependencia, es decir, para la jefatura de gobierno, por ende, no ha existido relación jurídica de trabajo, ni de ninguna otra naturaleza entre el actor y mi mandante, resultando por ello improcedentes todas y cada una de las prestaciones reclamadas’ (fojas 108, 111 y 112 del expediente laboral). En el laudo que constituye el acto reclamado, la Sala responsable determinó lo que a continuación se transcribe: (se transcribe). La determinación adoptada por la Sala responsable además de resultar incongruente con relación a la excepción de falta de acción opuesta por el ahora quejoso, es incorrecta en atención a lo siguiente: Los artículos 11, 12, 87, 104, 105, 108, 112 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, disponen: ‘Artículo 11.’ ‘Artículo 12.’ ‘Artículo 87.’ ‘Artículo 104.’ ‘Artículo 105.’ ‘Artículo 108.’ ‘Artículo 112.’ ‘Artículo 117.’ (se transcriben). Por su parte, los numerales 1o., 2o., 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, establecen, lo que a continuación se transcribe: ‘Artículo 1o.’ ‘Artículo 2o.’ ‘Artículo 37.’ ‘Artículo 38.’ ‘Artículo 39.’ (se transcriben).’. De una interpretación sistemática y armónica de los preceptos legales transcritos, se arriba a las siguientes conclusiones: Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, como titular de la jefatura de Gobierno, dependencia de la administración pública centralizada del Distrito Federal, sólo es titular de las relaciones de trabajo de aquellos trabajadores al servicio de dicha dependencia. II. Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo el Ejecutivo Local y la administración pública del Distrito Federal, conforme al artículo 52 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. III. Que dicha administración se clasifica en centralizada, desconcentrada y paraestatal; IV. Que la administración pública centralizada del Distrito Federal, se integra, según el artículo 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con la jefatura de gobierno, las secretarías y demás dependencias que la ley señala. V. Las delegaciones en el Distrito Federal son órganos político-administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno que se encuentran incluidos dentro de la administración pública centralizada del Distrito Federal. VI. Los órganos políticos de cada demarcación territorial en que se divide el Distrito Federal, contarán con las atribuciones que señale el Estatuto de Gobierno y las leyes aplicables. VII. Las delegaciones gozan de autonomía funcional de gestión, de competencia en sus respectivas jurisdicciones en materia de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva y de ejercicio de su presupuesto y que sólo tienen que informar sobre ello al jefe de Gobierno, para efectos de la cuenta pública, por tanto, el jefe delegacional cuenta con autonomía funcional de gestión en su presupuesto por lo que posee patrimonio propio. VIII. Las delegaciones tendrán competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones en las materias que señalen las leyes. IX. Son atribuciones de los jefes delegacionales, entre otras, el establecer la estructura organizacional de la delegación conforme a las disposiciones aplicables y designar a los servidores públicos de la delegación, sujetándose a las disposiciones del servicio civil de carrera, pudiendo designar y remover libremente a los funcionarios de confianza, mandos medios y superiores. De lo anterior se obtiene que al jefe delegacional le corresponde dirigir las actividades de la administración pública dentro de su demarcación, teniendo la facultad de designar a los servidores públicos que colaboren con él, sujetándose a las disposiciones del servicio civil de carrera y para lograr su cometido cuenta con autonomía de gestión (sic) su presupuesto; debiendo informar únicamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal; entonces, debe concluirse que es precisamente el jefe delegacional quien administra, aplica y responde por el ejercicio del presupuesto designado a la delegación, en razón de las funciones que le otorga el estatuto que lo rige y, por ende, será responsable de asumir las obligaciones derivadas de la designación o remoción de los servidores públicos de su delegación. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 131/2006-SS entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Octavo y Décimo Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, determinó que los funcionarios a los cuales el jefe de Gobierno del Distrito Federal delega las facultades de las que es titular, son responsables de la administración de las secretarías y dependencias a su cargo, lo que incluye la administración del personal que labora en dichas entidades, es decir, son responsables de la organización y del trabajo de las personas que ahí laboran, pues se involucran en todo lo inherente a la relación laboral que en su caso se establece, como puede ser la expedición de nombramientos o la determinación de baja en el empleo, además de la determinación de las condiciones y características del trabajo que se preste, de ahí que la relación laboral de los trabajadores de la administración pública del Distrito Federal se entabla con el titular de las secretarías o dependencias en las que se presta el servicio. La propia Segunda Sala estableció también que la naturaleza de la administración pública y la distribución de funciones en diversas secretarías y dependencias, sirve para explicar que el vínculo laboral de los trabajadores que prestan sus servicios en esas entidades, se instaura con los titulares de dichas secretarías y no con el titular de la administración pública, pues la delegación de facultades que permite la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, implica que en los titulares de las secretarías y dependencias recae la administración de las entidades a su cargo, lo que involucra decidir respecto del manejo de los servidores públicos que ahí prestan servicios. Asimismo, otra de las razones que explica que la relación de trabajo de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal se da con el titular de la dependencia en la que laboran y no con el jefe de Gobierno, se desprende del contenido del numeral 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece que la relación de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones que se mencionan en la propia ley y los trabajadores de base a su servicio, de donde es claro que el vínculo laboral sólo se da entre los trabajadores y los titulares de las dependencias que los conforman y de ningún modo con el jefe de Gobierno; máxime si se toma en cuenta que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal preceptúa que esas relaciones de trabajo se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria; en consecuencia, al existir disposición expresa que claramente establece con quién se entiende entablada la relación de trabajo, debe concluirse que dicho vínculo se instaura con el titular de la secretaría o dependencia en la que preste sus servicios el trabajador. La jurisprudencia en comento aparece publicada bajo el número 138/2006, en el Semanario Judicial de la Federación (sic), Tomo XXIV, octubre de dos mil seis, Novena Época, página 418, que dice: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU RELACIÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS EN QUE LABORAN Y NO CON EL JEFE DE GOBIERNO.’ (se transcribe). Por tanto, si en el caso, el actor jamás señaló que haya prestado sus servicios en alguna de las unidades administrativas que conforma (sic) la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sino que por el contrario, afirmó que ingresó a prestar sus servicios para el órgano político administrativo, delegación Tlalpan, con la categoría de jardinero del ‘Centro Generador Parque Ecológico Juana de Asbaje’, ubicado en la referida delegación, es evidente que se está en circunstancias similares a las que acontece (sic) con los trabajadores de las dependencias de la administración pública del Distrito Federal, pues los órganos político administrativos en las delegaciones del Distrito Federal, son ‘órganos desconcentrados’ de esa administración pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y, entre sus facultades, se encuentra la de ‘Designar a los servidores públicos de la delegación, sujetándose a las disposiciones del servicio civil de carrera.’, en términos de la fracción LXXVIII del numeral 39 de dicha ley. De ahí que debe concluirse que no existió relación laboral entre el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el actor, por lo que resulta incorrecta la determinación de la responsable de condenar de manera conjunta a los titulares del Gobierno del Distrito Federal y de la delegación Tlalpan del Gobierno del Distrito Federal, en virtud de que los órganos políticos administrativos de cada demarcación territorial gozan de autonomía funcional de gestión, de competencia en sus respectivas jurisdicciones en materia de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva y de ejercicio de su presupuesto y que sólo tienen que informar sobre ello al jefe de Gobierno, para efectos de la cuenta pública y que, por lo tanto, el jefe delegacional tiene autonomía funcional de gestión en su presupuesto por lo que posee patrimonio propio y que, por lo indicado, el (sic) Gobierno del Distrito Federal como titular del órgano ejecutivo local, no le corresponde la titularidad de las relaciones de todos los trabajadores que prestan sus servicios en el Gobierno del Distrito Federal sino al titular de la dependencia de la administración pública del Distrito Federal a la que esté o haya estado adscrito y al no concluir así, la autoridad responsable emitió un laudo violatorio de garantías. Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro, en el que prescinda de considerar que la relación laboral se dio con el titular del Gobierno del Distrito Federal y resuelva lo procedente, sin perjuicio de lo resuelto en el diverso toca DT. 8416/2007. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución del laudo, al impugnarse en vía de consecuencia, con fundamento en la jurisprudencia 22/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/95, consultable en la página 35, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente dice: ‘AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe). ..."

2. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Al resolver el amparo directo 14033/2007, el seis de septiembre de dos mil siete, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"Expuesto lo anterior, debe decirse que del laudo reclamado se advierte que la Sala, al analizar y resolver la controversia, tomó en cuenta que el jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo valer la excepción de falta de acción y derecho de los actores para reclamar lo pretendido, ya que aquél adujo en su contestación que no existió relación laboral con los reclamantes, por lo que la autoridad al fijar la controversia arrojó la carga probatoria a la parte actora ante la negativa de la existencia de la relación laboral y del laudo aparece que efectuó el estudio y análisis relativo a si se demostró o no por parte de los actores la existencia del vínculo jurídico de naturaleza laboral que fue negado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal al oponer la excepción de falta de acción y derecho para reclamar lo pretendido, fundando y motivando su determinación en tal sentido y resolvió, que los actores acreditaron la acción y que por ello tenían derecho al otorgamiento y pago de las prestaciones solicitadas; en este sentido, en principio, no asiste razón al quejoso al argumentar en el concepto de violación que hace valer, que la Sala al condenarlo dejó de analizar y estudiar las excepciones y defensas que hizo valer al contestar la demanda, ya que opuso, entre otras, la falta de acción y derecho, sin que haya emitido alguna determinación acerca de ello, pues, contrario a lo que alega, la Sala al analizar y resolver la controversia sí emitió pronunciamiento respecto a la excepción de mérito y asimismo, fundó y motivó su determinación para desestimarla, como aparece del laudo impugnado. No obstante, tiene razón el impetrante al argumentar que la responsable contravino lo dispuesto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que conforme a dicho precepto los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente, ya que en el caso, no tomó en cuenta los argumentos que expuso al contestar la demanda, tocantes a que al oponer la excepción de falta de acción y derecho manifestó, que entre Carlos Pimentel Godínez y Rafael Fuentes Ruiz y el jefe de Gobierno del Distrito Federal no existió relación laboral, por lo que ante la inexistencia de la relación laboral el aquí quejoso no podía ser condenado, porque dicha relación sólo existió con la unidad administrativa de la delegación Tlalpan, quien cuenta con personalidad jurídica propia, ya que el jefe de Gobierno conforme a los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 7o. y 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal exclusivamente es el titular del órgano ejecutivo local y encargado de la administración pública del Distrito Federal, pero para efectos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es el titular de la jefatura de Gobierno, dependencia de la administración pública del Distrito Federal, motivo por el que se le debió absolver de las prestaciones reclamadas y, que al contestar la demanda y oponer la excepción de que se trata, hizo valer que con fundamento en el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, se debió tomar como confesión expresa y espontánea la manifestación de los actores, al señalar que laboraron para la unidad administrativa de la delegación Tlalpan, quien les asignó el puesto de verificadores o inspectores, de donde se desprendía que, efectivamente, entre el jefe de gobierno del Distrito Federal y los terceros perjudicados no existió relación laboral ni de otra naturaleza, por lo que se debió tener como única responsable de la relación laboral a la unidad administrativa de la delegación Tlalpan. Lo anterior es así, porque efectivamente, del laudo no aparece que la Sala haya realizado el estudio y análisis de la falta de acción y derecho de los reclamantes por inexistencia de la relación laboral, tomando en cuenta las manifestaciones contenidas al contestar la demanda, en los términos que aduce en su concepto de violación referidos en el párrafo precedente, por lo que al dictar el laudo no atendió al contenido del citado artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, el concepto de violación deviene inoperante, porque a nada práctico conduciría la concesión del amparo a fin de que la responsable se pronunciara respecto de las manifestaciones que el jefe de Gobierno del Distrito Federal invocó como parte de la excepción de falta de acción y derecho, toda vez que se estima que es correcta la conclusión a la que arribó la Sala, respecto a que en el caso, los actores demostraron la existencia de la relación laboral que fue negada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y, que el (sic) acreditar el vínculo jurídico de naturaleza laboral entre ellos, se demostró la procedencia de la acción. Al respecto, cabe precisar que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, reformada el treinta y uno de enero de dos mil dos, que se encontraba vigente al momento en que los actores promovieron su demanda, en los artículos 1o., 2o., 3o., fracciones I, II y VII, 5o., 12, 15, 36, 37, 39 y 40, establecía lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ ‘Artículo 2o.’ ‘Artículo 3o.’ ‘Artículo 5o.’ ‘Artículo 12.’ ‘Artículo 15.’ ‘Artículo 36.’ ‘Artículo 37.’ ‘Artículo 39.’ ‘Artículo 40.’ (se transcriben).’. Conforme a los anteriores numerales, se aprecia que la administración pública del Gobierno del Distrito Federal se divide en central, desconcentrada y paraestatal, que en las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la administración pública central contará con órganos político-administrativos desconcentrados; que para atender eficientemente el despacho de los asuntos de su competencia, la administración centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que le estarán jerárquicamente subordinados al propio jefe de Gobierno o de la dependencia que éste determine; que la administración pública centralizada está integrada por las dependencias y organismos desconcentrados, y dentro de estos últimos están las delegaciones del Distrito Federal; que el jefe de Gobierno es el titular de la administración pública del Distrito Federal; que los órganos desconcentrados se crearon para un eficiente, ágil y oportuno estudio, planeación y despacho de los asuntos de la competencia de la administración pública centralizada del Distrito Federal, que estarán jerárquicamente subordinados al jefe del Gobierno del Distrito Federal o de la dependencia que determine; que las delegaciones políticas administrativas, contarán con autonomía funcional en acciones de gobierno. Finalmente, los organismos descentralizados tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten, creados por decreto del jefe de Gobierno o por Ley de la Asamblea Legislativa. Asimismo, los artículos 1o., 3o., fracción III, 14, 15, 17, 120 y 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de diciembre de dos mil, establecen: ‘Artículo 1o.’ ‘Artículo 3o.’ ‘Artículo 14.’ ‘Artículo 15.’ ‘Artículo 17.’ ‘Artículo 120.’ ‘Artículo 121.’ (se transcriben). De lo anterior, se colige que, si bien la delegación política administrativa tiene autonomía funcional en acciones de gobierno en su demarcación territorial, la misma carece de personalidad jurídica propia, por lo tanto, la delegación es un órgano desconcentrado, que pertenece a la administración pública centralizada del Gobierno del Distrito Federal, esto es, depende y está jerárquicamente subordinada al Gobierno del Distrito Federal y carecen (sic) de personalidad jurídica propia, por lo tanto, no es el (sic) titular de la relación laboral. En ese tenor, como se anticipó, aun cuando la Sala al estudiar la excepción relativa a la falta de acción y derecho por inexistencia de la relación laboral, no tomó en consideración la totalidad de los argumentos expuestos por el aquí quejoso al contestar la demanda, tocantes a que entre los actores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal no existió relación laboral, porque dicha relación sólo existió con la unidad administrativa de la delegación Tlalpan, quien cuenta con personalidad jurídica propia, porque con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 7o. y 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal el jefe de Gobierno del Distrito Federal exclusivamente es el titular del órgano ejecutivo local y encargado de la administración pública del Distrito Federal, pero para efectos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es el titular de la jefatura de gobierno, dependencia de la administración pública del Distrito Federal, por lo que se le debió absolver de las prestaciones reclamadas, así como que hizo valer que con fundamento en el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, se debió tomar como confesión expresa y espontánea la manifestación de los actores, al señalar que laboraron para la unidad administrativa de la delegación Tlalpan, quien les asignó el puesto de verificadores o inspectores, de donde se desprendía que, efectivamente, entre el jefe de Gobierno del Distrito Federal y los terceros perjudicados no existió relación laboral ni de otra naturaleza, por lo que se debió tener como única responsable de la relación laboral a la unidad administrativa de la delegación Tlalpan; lo cierto es que la Sala concluyó, que en el juicio laboral se demostró la existencia de la relación de trabajo entre los actores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal que fue negada por este último y que por ello eran procedentes las prestaciones reclamadas, y conforme a lo expuesto, era este último el titular de la relación laboral, porque el artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone que la relación de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias y los trabajadores, entonces, si la delegación política administrativa tiene autonomía funcional en las acciones de gobierno, por lo que carece de personalidad jurídica propia al ser un órgano desconcentrado perteneciente a la administración pública centralizada del Distrito Federal, no es el titular de la relación laboral, además de que no es verdad que los actores hayan manifestado en la demanda laboral que laboraron para la unidad administrativa de la delegación Tlalpan y que ésta les haya asignado el puesto de verificadores o inspectores, toda vez que conforme a los antecedentes del caso, de la demanda laboral se aprecia que adujeron, que el jefe de Gobierno del Distrito Federal de acuerdo con las necesidades del servicio los enviaba a verificar en diversas zonas dentro de la demarcación de la delegación Tlalpan, entre otras cosas, las obras de construcción en proceso, manifestación que de ninguna manera implica el reconocimiento de la existencia de la relación de trabajo con dicha delegación como pretende el quejoso, consecuentemente, es de concluirse, que no podía tenerse a la unidad administrativa de la delegación Tlalpan como responsable de la relación laboral en los términos que el ahora quejoso invocó al oponer la excepción de falta de acción y derecho, a pesar de que, como se dijo, la Sala no se haya pronunciado acerca de esas manifestaciones; de ahí que resulte inoperante el concepto de violación. En consecuencia, tampoco resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que el quejoso invoca, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU RELACIÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS EN QUE LABORAN Y NO CON EL JEFE DE GOBIERNO.’, toda vez que del contenido de dicha ejecutoria, se aprecia que la misma se actualiza cuando se trata de dependencias, las cuales de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal son las secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Oficialía Mayor, Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, no así las delegaciones territoriales, las cuales, como ya se dijo son órganos desconcentrados y no dependencias. Consecuentemente, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. La negativa del amparo debe hacerse extensiva al acto de ejecución atribuido al Magistrado presidente y al actuario adscritos a la Sala responsable, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 298, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos dieciocho, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, cuyo tenor es el siguiente: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía.’."

CUARTO. Existencia o inexistencia de la contradicción

El presente considerando tiene por objeto examinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

1. Para establecer que existe una contradicción de tesis es necesario que se satisfagan los siguientes elementos:

En primer término, es necesar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20965-09dba5e2/servidores-publicos-de-las-delegaciones-del-distrito-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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