Corpus
Modo: Corpus Pro

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. AL NO ESTAR CONTEMPLADA EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DICHO BENEFICIO NO LE CORRESPONDE A ESTE TIPO DE TRABAJADORES, SIN QUE PROCEDA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL NO ESTAR FRENTE A UN CASO DE OMISIÓN O LAGUNA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 187/2017. · Registro digital (IUS): 27186
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-06-16
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Pág. 2643.

AMPARO DIRECTO 187/2017. 20 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HERLINDA FLORES IRENE. SECRETARIA: NORMA NELIA FIGUEROA SALMORÁN.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Son fundados pero inoperantes en parte, e infundados en otra, los conceptos de violación planteados por el quejoso.

En el primer disenso, se aduce sustancialmente que la autoridad responsable viola los derechos fundamentales del inconforme al declarar improcedente la acción intentada, relativa a la nulidad del convenio celebrado el once de febrero de dos mil trece, en el juicio laboral **********, tramitado ante la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por contener renuncia de derechos, con lo que se infringió lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, y los artículos 10 y 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que no se le pagaron en el convenio todas las prestaciones a que tuvo derecho, por lo que es evidente que sí procedía declarar su nulidad, pues la propia Procuraduría General de la República reconoció que no le pagó la prima de antigüedad, la indemnización a razón de seis meses, porque sólo le otorgó tres, así como diez días por cada año que laboró; reclamo que hizo en términos del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo; entonces a su parecer es evidente que no debió tenerse por aprobado dicho convenio, sino declararlo nulo, pero la resolutora determinó que una vez que un convenio es sancionado por la autoridad laboral, lo ahí pactado es vinculante para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad.

Lo así alegado es fundado pero inoperante, habida cuenta que de la demanda laboral se advierte que el actor reclamó como acción principal, la declaración de ilegalidad que se decrete sobre el convenio de once de noviembre de dos mil trece, y nulidad del finiquito o liquidación, por contener renuncia de derechos en su contra, al haberse omitido el pago de diez (10) días de salario por cada año de servicio laborado; que no le fueron pagados por concepto de pago de liquidación, tres (3) meses de salario íntegro respecto del primer año de trabajo laborado para la demandada, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, y el concepto de prima de antigüedad que tiene derecho por separación del cargo que venía desempeñando, de acuerdo con el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

Lo que apoyó en el hecho de que ingresó a laborar para la Procuraduría General de la República el uno de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, con un sueldo mensual integrado de ********** pesos ($**********). Fue despedido injustificadamente el veintidós de noviembre de dos mil doce, con un total de veinticuatro (24) años de servicios, los cuales prestó de manera ininterrumpida, por lo que lo reclamó en el juicio laboral **********, pero el once de noviembre de dos mil trece, celebraron convenio ante la unidad de conciliadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y desistió de lo demandado en dicho juicio; pero a su juicio ese pacto contiene renuncia de derechos.

Por su parte, la Procuraduría General de la República, al contestar la demanda, manifestó que carece de acción y derecho para reclamar todas y cada una de las prestaciones del escrito de demanda, toda vez que en el juicio laboral **********, radicado ante la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se celebró convenio suscrito el once de noviembre de dos mil trece, aceptando el pago de tres (3) meses de salario, más diez (10) días de salario por cada año de servicios, recibiendo el cheque correspondiente, mostrando su conformidad ante la Unidad de Conciliadores de ese H. Tribunal. Convenio que mediante acuerdo plenario de cuatro de diciembre de dos mil trece, fue aprobado en todos sus términos, por no contener alguna renuncia de derechos, elevándose a la categoría de laudo ejecutoriado y obligándose las partes, con fundamento en los artículos 125 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 33, 53, fracción I, y 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Y que, además, al haberse desempeñado como trabajador de confianza, se dieron por terminados los efectos de su nombramiento.

Ahora bien, del laudo combatido se advierte que la Sala responsable estableció que un primer punto a resolver constituía la nulidad parcial del convenio de once de noviembre de dos mil trece, por contener renuncia de derechos, el que fue ratificado ante la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en esa misma data, en el que en su primera cláusula el actor manifestó lo siguiente: "Con el fin de dar por concluido el juicio laboral número **********, promovido por el suscrito en contra de la Procuraduría General de la República radicado en la Cuarta Sala de este H. Tribunal, solicito, por así convenir a mis intereses, llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la República, ofreciendo desistirme del citado juicio y las acciones que hice valer en dicho procedimiento y que no me reservaré acción ni derecho alguno a ejercitar en contra de la Procuraduría General de la República, mediante el pago de tres meses de salario y diez días por año de servicios.". En la segunda cláusula ambas partes manifestaron: "que convienen en realizar el pago de 3 meses de salario más diez días por cada año de servicios prestados, exhibiendo el cheque número **********, de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, expedido a favor del actor **********, por la cantidad líquida de $********** (********** M.N.), con cargo a la **********, solicitando ambas partes sea sancionado y aprobado el convenio.". En la tercera cláusula, el actor manifestó: "que acepta el pago de tres meses de salario más diez días por cada año de servicios prestados, recibiendo de conformidad el cheque número **********, de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, expedido a favor del actor **********, por la cantidad líquida de $********** (********** M.N.), con cargo a la **********, desistiéndose de la demanda y acciones instauradas en contra de la Procuraduría General de la República, en el expediente **********, radicado en la Cuarta Sala de este órgano colegiado". En la cuarta cláusula, ambas partes ratificaron el convenio en todos sus términos y solicitaron su sanción y aprobación, entregando la funcionaria conciliadora al actor el cheque **********, de veintitrés de octubre de dos mil trece; de ahí que por no contener cláusulas contrarias a la moral, al derecho y a las buenas costumbres, elevándose a la categoría de laudo ejecutoriado, obligándose a las partes a estar y pasar por él, en todo tiempo y lugar, con fundamento en los artículos 33 y 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y se remitió el expediente al archivo de este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como concluido.

La autoridad de instancia analizó su contenido y concluyó que con aprobación de la Cuarta Sala, los hechos narrados en el convenio, los montos en la liquidación y su clausulado debían surtir efectos y, por tanto, eran vinculantes para las partes, por lo que no procedía que con posterioridad que el trabajador hiciera valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento; de ahí que era improcedente la acción de nulidad del convenio sancionado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que apoyó en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 17/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 699, materia laboral, de título y subtítulo: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 y 2a./J. 1/2010).". Por lo que absolvió a la Procuraduría General de la República de declarar la ilegalidad sobre el convenio de fecha once de noviembre de dos mil trece.

Ahora bien, este tribunal advierte que la Sala responsable aplicó indebidamente la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en perjuicio de la quejosa, ya que el criterio se publicó el viernes diez (10) de abril de dos mil quince (2015) a las nueve treinta (9:30) horas en el Semanario Judicial de la Federación y, es de aplicación obligatoria a partir del lunes trece (13) de abril de dos mil quince (2015), para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 del Máximo Órgano.

Por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo, respecto de que la jurisprudencia, en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona, la citada tesis no aplica al caso, pues de lo contrario, se daría aplicación retroactiva al criterio mencionado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el ámbito temporal de aplicación de la jurisprudencial 2a./J. 17/2015 (10a.), únicamente era vinculante para los juicios promovidos a partir del trece (13) de abril de dos mil quince (2015), por lo que, en los juicios tramitados con anterioridad a esa fecha, debe considerarse que la actora ya había ejercido el derecho para demandar la nulidad del convenio, lo cual resultaba procedente, en atención a los criterios abandonados, anteriores a la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.) aludida pues, en la especie, la demanda laboral se presentó el dieciocho de marzo de dos mil catorce, esto es, previamente a que se emitiera el criterio citado, por lo que no es aplicable al presente asunto.

Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada 2a. LV/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de julio de 2015 a las 9:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 20, Tomo I, julio de 2015, página 821, materia común, de título, subtítulo y contenido siguiente:

"JURISPRUDENCIA 2a./J. 17/2015 (10a.) (*), DE RUBRO: ‘CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J.105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).’. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN. En la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el convenio laboral resulta vinculante para las partes, por lo que si posteriormente el trabajador hace valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral, dicha acción resulta improcedente. Sin embargo, en atención al artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo, que establece que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, la tesis jurisprudencial referida sólo es vinculante para los juicios promovidos a partir del 13 de abril de 2015, lunes hábil siguiente a la fecha en la que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Así, en los casos tramitados con anterioridad a esa fecha, debe considerarse que los actores ya habían ejercido el derecho para demandar la nulidad del convenio, lo cual resultaba procedente en atención a los criterios abandonados por la jurisprudencia aludida."

Sin embargo, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección federal solicitada ya que, aun subsanando tal irregularidad, no se obtendría un fallo conforme a sus pretensiones y, en ese sentido, se actualiza la aplicación de la jurisprudencia 170, dictada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 114, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos rubro y texto a la letra dicen:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."

Ciertamente, la acción ejercida por el actor está apoyada en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo que es (sic) como sigue:

"Artículo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán:

"I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios;

"II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y

"III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta ley."

Es el caso que, por sí misma, deviene improcedente y, por ende, no podría la autoridad de trabajo declarar la nulidad del convenio aludido por falta de cumplimiento a esa disposición legal; puesto que el actor, al haberse desempeñado como **********, adscrito a la Dirección General de Servicios Aéreos en la Procuraduría General de la República, su relación laboral se encuentra regida por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; de manera que si esta normatividad no regula los pagos indemnizatorios a los que aspira el impugnante, entonces, al margen de las razones que dio la emisora del acto en pugna, la absolución habrá de subsistir, porque ésta no estuvo en condiciones jurídicas de aplicar la Ley Federal del Trabajo, por no resultar de observancia supletoria; en la medida en que, de hacerlo, se estaría creando una figura no prevista en la legislación burocrática, como lo es el pago indemnizatorio en los supuestos del artículo 49 de esta última normatividad.

Esto es así, considerando lo que en ese tema sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, de rubro y texto:

"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.-La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate."

Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sustentada por este Sexto Tribunal Colegiado de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1989, página 558, Octava Época, del tenor siguiente:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SUPLETORIEDAD DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.-La reclamación de un trabajador al servicio del estado que demanda el pago de prima de antigüedad e indemnización de cuatro meses y veinte días por año de servicios prestados, resulta improcedente así como inaplicable supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, porque tales prestaciones no fueron previstas en la Ley Federal Burocrática que rige la relación laboral."

Y la diversa I.6o.T.4 L (10a.), también sustentada por este tribunal, publicada en la página 2377 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época, del tenor siguiente:

"-A los trabajadores al servicio del Estado no les corresponde la prima de antigüedad, toda vez que la ley burocrática no contempla dicha figura; en consecuencia, no existe fundamento legal en que pueda apoyarse el hecho que deba aplicarse en su favor el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dado que no se está frente a un caso de omisión o laguna, único en que el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado autoriza la supletoriedad de la codificación laboral común."

Por último, cabe señalar que no se ignora la invocación que hace el quejoso, en relación con diversas tesis y jurisprudencias; sin embargo, la cita de ellas se realiza en apoyo a argumentos que han quedado desestimados, por lo que ningún beneficio conllevaría atender a su texto.

SÉPTIMO.-Dada la negativa del amparo principal, no se analizarán los argumentos expuestos por la Procuraduría General de la República, en su escrito mediante el cual se adhirió al juicio de amparo directo con base en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, porque por tal negativa ha quedado sin materia, puesto que no tiene autonomía en cuanto a su trámite y procedencia, esto es, el interés del quejoso adherente queda sujeto a la suerte del amparo principal.

Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 134/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es visible en la página 849, Libro 14, Tomo I, enero de 2015, materia común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de enero de 2015 a las 9:00 horas», que dice:

"AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL AMPARO PRINCIPAL SE DECLARAN INFUNDADOS. Conforme al artículo 182 de la Ley de Amparo, quien obtenga sentencia favorable a sus intereses puede adherirse al juicio constitucional promovido por su contraparte en el procedimiento natural, expresando los conceptos de violación que fortalezcan las consideraciones del acto reclamado o que expongan violaciones al procedimiento que pudieran afectar sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Ahora, si se toma en cuenta que el amparo adhesivo carece de autonomía en cuanto a su trámite y procedencia, al seguir la suerte procesal del juicio de amparo principal y, por tanto, el interés de la parte adherente está sujeto a ésta, es evidente que cuando los conceptos de violación del quejoso en el principal se declaran infundados y, en consecuencia, el acto reclamado -que le es favorable al adherente- permanece intocado, desaparece la condición a que estaba sujeto su interés jurídico y debe declararse sin materia el amparo adhesivo promovido para reforzarlo."

Consecuentemente, procede declarar sin materia el presente amparo directo adhesivo.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto de la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral **********, seguido por el quejoso contra la Procuraduría General de la República.

SEGUNDO.-Se declara sin materia el juicio de amparo adhesivo promovido por la Procuraduría General de la República, contra el acto y autoridad precisados en el resolutivo anterior.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, integrado por los Magistrados, presidenta Herlinda Flores Irene, Genaro Rivera y Jorge Alberto González Álvarez, siendo relatora la primera de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 110, fracción XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27186-3b71081a/prima-de-antiguedad-al-no-estar-contemplada-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.