SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA REFERIDA PARA EFECTOS DE LA CONDENA A SU PAGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 15 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ABRAHAM CALDERÓN DÍAZ, SERGIO GARCÍA MÉNDEZ, LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ Y EDMUNDO ADAME PÉREZ. PONENTE: EDMUNDO ADAME PÉREZ. SECRETARIA: MYRNA GABRIELA SOLÍS FLORES.
Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, correspondiente al día quince de agosto de dos mil diecisiete.
VISTOS para resolver los autos relativos a la contradicción de tesis número 4/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito recibido por el secretario de Acuerdos del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, **********, apoderado jurídico de ********** y **********, quejosos en los juicios de amparo directo ********** y **********, del índice de los Tribunales Cuarto y Primero en Materia de Trabajo de este Circuito, respectivamente, denunció la posible contradicción de tesis sustentadas por los citados órganos jurisdicciones, al resolver los mencionados juicios de amparo directo.
SEGUNDO.-Mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 4/2017. Asimismo, solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Circuito, Primero y Cuarto, informaran si su criterio se encuentra vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
TERCERO.-Una vez integrado el expediente, por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó se turnara al Magistrado Edmundo Adame Pérez, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que previene la competencia de los Plenos especializados para conocer de las contradicciones de tesis planteadas entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo de este Cuarto Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por **********, apoderado jurídico de ********** y **********, quejosos en los juicios de amparo directo ********** y **********, del índice de los Tribunales Cuarto y Primero en Materia de Trabajo de este Circuito, respectivamente, quien se encuentra facultado para denunciar la posible contradicción de criterios, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-La ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número **********, en sesión de treinta de agosto de dos mil dieciséis, es del tenor siguiente:
"SEXTO.-Antecedentes del acto reclamado.
"Como una cuestión previa, es conveniente realizar una breve relatoría de los antecedentes procesales más relevantes del acto reclamado.
"El actor, hoy quejoso, demandó ante el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Monterrey, Nuevo León, las siguientes prestaciones:
"a) Reinstalación en el empleo.
"b) El pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo.
"c) Pago de salarios retenidos de diciembre de dos mil trece a agosto de dos mil catorce.
"d) Pago del premio por los 25 años de servicios que estaría cumpliendo, de no haberse generado su baja ilegal.
"e) Pago del aguinaldo de los años 2013 y 2014.
"Invocando como hechos fundatorios de su acción, textualmente, los siguientes:
"‘1. Mi relación con el Municipio data de marzo 03 de 1989. Me desempeñé como **********, con número de nómina **********, con un salario quincenal de $********** pesos y con horario de trabajo comprendido de las 7:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes descansando sábado y domingo.
"‘2. Se dio una situación sumamente irregular, porque yo estuve asistiendo en forma constante, diaria e ininterrumpida desde diciembre del 2013, recibiendo siempre la promesa por parte del delegado sindical **********, de que mi caso se estaba tratando con el Municipio para que yo viera regularizada mi situación laboral. En ese periodo no se me cubrió el salario, no obstante mi presencia en el centro de trabajo, por lo que demando se me cubra desde diciembre del 2013 hasta agosto del 2014. Es hasta este año cuando ya me definen mi situación legal, diciéndome que no se me podía arreglar mi problema y que a cambio, el Municipio me ofrecía la cantidad de $********** pesos como yo tengo una deuda con el sindicato, éste me descontaba de la cantidad que yo recibiera y me quedaba únicamente la cantidad de $********** pesos. En esta situación estuvo interviniendo el C. **********, a quien como consecuencia, en su oportunidad, mandaré llamar.’ (f. 1)
"Por acuerdo de catorce de enero de dos mil quince, el tribunal responsable previno al actor para que en el término de tres días, precisara con exactitud la fecha del despido que aducía (f. 8).
"El apoderado legal del actor, hoy peticionario, mediante ocurso presentado el veintiséis de enero del presente año ante la responsable, cumplió con la prevención que se le formuló y precisó que la fecha del despido fue el treinta de noviembre de dos mil trece (f. 10).
"Al contestar la demanda, la representación legal del Municipio de Monterrey, mediante escrito presentado en cinco de febrero de dos mil quince, negó la procedencia de las acciones intentadas, argumentando toralmente que al accionante jamás se le despidió de su trabajo, que era falso que hubiere habido una situación irregular en el sentido de que el actor estuvo asistiendo en forma constante desde diciembre de dos mil trece, hasta agosto de dos mil catorce, para regularizar su situación; que era falso también que se le hubiere despedido el treinta de noviembre de dos mil trece; que la realidad de los hechos era que el accionante causó baja por rescisión desde el día veintiuno de noviembre de dos mil trece y que, por ende, su acción se basa en hechos inexistentes, que se le llevó un procedimiento de investigación número **********, signado por la teniente **********, directora administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, el que concluyó con la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del coordinador de Asuntos Internos de dicha dependencia, en la que se determinó la existencia de responsabilidad del actor, por haber incumplido con las obligaciones contenidas en los artículos 145, fracción I, y 149 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, lo que motivó la destitución del cargo, circunstancia que se hizo saber a la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Monterrey, para que procedieran a la baja del demandante a partir del veintiuno de noviembre de dos mil trece (f. 13 a 15).
"El once de febrero de dos mil quince, fecha señalada para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 95 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, el apoderado del actor aclaró y modificó la demanda inicial, en el sentido siguiente:
"‘Acto continuo, se le concede el uso de la palabra al apoderado jurídico de la parte actora quien manifiesta: «Se hacen precisiones, correcciones, aclaraciones y extensiva la demanda de la siguiente forma: Modificamos el contenido del escrito de la parte actora presentado el 26 de enero del presente año, para quedar como sigue: El tiempo comprendido de diciembre de 2013 a agosto de 2014, debe entenderse como de subordinación y dependencia para con el Municipio, toda vez que ********** estuvo reportándose en forma continua, constante y permanente a su trabajo. La indefinición de su suerte como empleado municipal no impide el reclamo como percepciones que debieron pagarse, la no ejecución material de sus actividades pues, el evento fue ajeno en absoluto a él. Sobre el tema, considérese la actualidad de corresponsabilidad solidaria del delegado sindical **********, y de la propia organización denominada Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey, los que deben ser emplazados y notificados en sede oficial cuyo registro conoce este tribunal en principio, el domicilio es en la Avenida Morones Prieto y Guanajuato, en la colonia Independencia; igual procede que se les finque responsabilidad en el sumario laboral por las consecuencias económicas de la privación del trabajo y de los salarios que deje de percibir hasta la solución definitiva del caso. El despido se ubica en agosto del 2014, por lo que es inoperante la perentoria que hace valer la demandada.». Teniendo a la vista la respuesta que da el Municipio, en términos supletorios de la Ley Federal del Trabajo, en vía de réplica considérese: «Es contradictoria consigo misma la respuesta que dan (sic) ********** pues, invocan excepciones y defensas que se contradicen entre sí. En efecto, sostienen que al actor nunca lo despidieron del trabajo y al mismo tiempo, alegan haberle rescindido del vínculo burocrático. El despido y la rescisión tienen connotaciones idénticas, se destruyen con la negativa de la separación que denuncia el demandante. Toda vez que se habla de un procedimiento por responsabilidad, advierte el tribunal: Que las funciones de **********, siempre fueron de naturaleza administrativa, entiéndase bien, administrativa y, por tanto, ajena en absoluto a las vinculadas con la operación de los servidores públicos de seguridad y vialidad. Entonces, nunca procedía legalmente fincarle la responsabilidad que se aduce en la contestación. B) Cuando se habla de inasistencias, no se especifica cuáles fueron los días que se dice tomaron en cuenta para la investigación y la posterior baja, circunstancia ésta que de suyo hace ilegal la defensa del Municipio; si el demandante estuvo ajeno al ámbito operativo de vialidad y tránsito nunca debió tomar en cuenta oficio de solicitud de la teniente **********, directora administrativa, y tampoco debió participar al coordinador de Asuntos Internos de la secretaría, pues el actor ni desarrolló funciones de seguridad pública ni de vialidad, pues su tarea era administrativa. Luego, se está en presencia de una decisión que proviene de un funcionario carente de competencia para debilitar la baja de mi representado. Se recoge la confesión que vemos en la contestación de que guarda silencio y es omisa en señalar que a mi representado le hubiere notificado el cese decretado por lo que, a mayor abundamiento, su exigencia se ha formulado en tiempo y forma. Al momento de resolver este tribunal aplique supletoriamente el artículo 162 del código laboral federal, al caso particular, pues, se reconoce que el tiempo de servicios ha excedido de los 20 años de trabajo ininterrumpidos por lo que, el cese únicamente podría darse cuando antes su hubiera aplicado suspensión y sólo en caso de reincidencia manejar la ruptura de la vinculación. Entrados al tema del tiempo de servicios, el Municipio debe cubrirle la cantidad que corresponde al premio por los 25 años de servicios que estaría cumpliendo de no haberse generado su baja ilegal. Entonces, agréguese esta exigencia, lo mismo que los aguinaldos que se han generado durante los años 2013 y 2014 en la cuantía prevista contractualmente.» (f. 47 y 48).’
"Ante tales manifestaciones, el tribunal del conocimiento, en el acuerdo de doce de febrero de dos mil quince, señaló las doce treinta horas del cuatro de marzo del presente año, para que tuviera verificativo la continuación de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, contemplada por el artículo 95 de la ley antes citada (f. 50 y 51).
"En el desahogo de la diligencia referida en el párrafo inmediato anterior, la representación legal del Municipio demandado presentó el escrito contestatorio correspondiente a la ampliación, y en él, en esencia, refirió que se insistía que la rescisión acaeció el veintiuno de noviembre de dos mil trece, por lo que resultaba inexistente el despido aducido por el actor; que como motivo de la prevención que se le formuló al accionante, éste manifestó que el despido aconteció el treinta de noviembre de dos mil trece, ya no podía modificar ese aspecto alegando que el despido se dio en agosto de dos mil catorce, sin precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar (f. 58 a 61).
"Las partes contendientes ofrecieron tanto en sus respectivos escritos de demanda y contestación, como en el momento de desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, los medios de convicción que estimaron idóneos para acreditar sus intereses y, bajo ese supuesto, el actor propuso los siguientes:
"1. Instrumental pública.
"2. Presuncionales legales y humanas.
"3. Documental consistente en diversos recibos de nómina (foja 1).
"4. Confesional por posiciones, a cargo de **********, directora administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, de **********, coordinador de Asuntos Internos de la misma secretaría, así como del contraalmirante ********** (foja 48).
"Por su parte, la patronal ofreció:
"1. Confesional por posiciones a cargo del actor.
"2. Documental, consistente en veinticinco recibos de pago.
"3. Pericial calígrafa y grafoscópica.
"4. Documentales, consistentes en las copias certificadas de las resoluciones de diecinueve y veinte de noviembre de dos mil trece.
"5. Compulsa o cotejo de las documentales anteriores.
"6. Inspección a desahogarse en la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Monterrey, respecto del expediente del actor.
"7. Inspección a desahogarse en la Dirección de Servicios Médicos del Municipio de Monterrey.
"8. Instrumental de actuaciones.
"9. Presuncional legal y humana (fojas 17 a 19).
"10. Inspección a desahogarse en la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Monterrey, respecto del expediente de **********.
"11. Inspección a desahogarse en la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Monterrey, respecto del expediente de ********** (foja 61).
"El tribunal responsable, en el auto que recayó a la etapa probatoria, admitió a trámite los medios de convicción ofertados, a excepción de las confesionales ofrecidas por el actor a cargo de **********, ********** y **********, bajo el argumento de que resultaban inútiles, porque los acontecimientos en que participaron fueron reconocidos por la demandada en su contestación, y las pruebas de cotejo e inspección marcadas con los números 8 y 9, ofrecidas por la patronal (f. 67).
"Seguido el juicio laboral por sus demás trámites, el tribunal de arbitraje responsable emitió el laudo de fecha diez de junio de dos mil quince, en el que absolvió a la parte demandada de la acción principal de reinstalación, porque consideró que demostró que fue legal la rescisión del vínculo laboral con el actor (fojas 116 a 131).
"Contra el fallo de referencia, el hoy quejoso promovió diversa demanda de amparo, la que fue del índice de este órgano colegiado, registrada bajo el número de juicio **********, fallado en sesión de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, en donde se concedió la protección federal en los siguientes términos:
"‘En las relacionadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación expuesto, lo procedente es CONCEDER el amparo solicitado para el efecto de que:
"‘1. El tribunal responsable deje insubsistente el laudo reclamado; y,
"‘2. Dicte otro en su lugar en el que considere que la rescisión de la relación laboral, que se pronunció en términos del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, carece de valor pleno, porque no se ventiló en los términos que ordena el artículo 39 de la Ley del Servicio Civil en el Estado; hecho que sea resuelva lo que en derecho proceda (fojas 132 a 185).’
"En cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, la autoridad responsable emitió el laudo que ahora constituye el acto reclamado, en el que se condenó al Municipio de Monterrey, Nuevo León, a reinstalar al actor aquí quejoso, en el puesto que venía desempeñando (**********) en la Dirección de Ingeniería Vial de la Secretaría de Vialidad y Tránsito del Municipio demandado, así como al pago de salarios caídos del treinta de noviembre del año dos mil trece, al treinta de noviembre del dos mil catorce, porque la rescisión de la que fue objeto el accionante carecía de eficacia legal, al no cumplirse con los lineamientos del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil en el Estado.
"Mediante acuerdo plenario emitido por el tribunal que resuelve, de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se declaró cumplida la sentencia de amparo enunciada previamente y, por acuerdo de presidencia de siete de marzo del año en curso, se ordenó el archivo del asunto.
"SÉPTIMO.-Estudio y resolución del asunto.
"Es infundado en una parte el concepto de violación y suplido en su deficiencia fundado en otra, por las razones que enseguida se exponen:
"En el presente considerando, se analizará la parte del concepto de violación que se estima infundado y en uno posterior el suplido en su deficiencia fundado.
"El peticionario, en una parte del motivo de impugnación aduce que la responsable limitó el pago de los salarios caídos a un año, cuando debió condenar hasta que se materializara la reinstalación, es decir, hasta que se cumpla la resolución y al no hacerlo perdió de vista que la reforma constitucional al artículo 1o., del año dos mil once, previene el goce para todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos, de las garantías que en ella se contienen y que se hace extensivo al contenido de los derechos humanos contemplados por los tratados y convenios sancionados por nuestro país, por lo que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia y progresividad.
"Es infundado el concepto de violación sintetizado, habida cuenta de lo que a continuación se señala:
"Es preponderante, para los efectos del estudio que ahora se realiza, precisar que la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, de manera expresa contempla la figura de la supletoriedad para dicho cuerpo normativo, en los casos no contemplados en él, de la Ley Federal del Trabajo, pues textualmente dice el numeral 7, que:
"‘Artículo 7. Los casos no previstos en esta ley o sus reglamentos se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, aplicadas supletoriamente, y en su defecto, atendiendo a la costumbre, al uso, a los principios generales de derecho, y penúltimo extremo a la equidad.’
"Lo antes enunciado toma relevancia en la especie, por lo siguiente:
"El actor hoy quejoso, como se ve de lo relatado en el considerando previo, reclamó, entre otras prestaciones, el pago de salarios caídos, también conocido como salarios vencidos y este concepto jurídico, no está previsto de manera expresa por la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, por ende, debe acudirse a lo que al respecto previene la Ley Federal del Trabajo.
"Así, el concepto de mérito (salarios caídos o vencidos), se encuentra contemplado por el artículo 48 del código obrero federal, mismo que ha sufrido un cambio respecto del periodo que abarca su pago, con motivo de la reforma legal que experimento la Ley Federal del Trabajo, en el año dos mil doce.
"En efecto, la redacción del numeral en cita, antes de la reforma del treinta de noviembre de dos mil doce, textualmente decía:
"‘Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.
"‘Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo.’
"Luego, el texto del precepto en comento, con motivo de la reforma quedó como sigue:
"‘Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.
"‘Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.
"‘Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.
"‘En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento.
"‘Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general, toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general.
"‘Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia.’
"Del análisis del texto de los artículos transcritos, se desprende que ambos son coincidentes en que el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, y en que, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos.
"Empero de lo anterior, existe una diferencia relevante que consistente (sic) en que, mientras el texto previo a la reforma preveía que los salarios caídos se pagarían desde la fecha del despido hasta que se cumplimentara el laudo, el vigente dispone que éstos serán computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses.
"Con base en lo antes precisado, se está en aptitud de concluir que contra lo alegado por el quejoso, el hecho de que el tribunal responsable haya circunscrito a un año, el pago de los salarios vencidos, no constituye violación alguna en perjuicio del peticionario del amparo.
"En efecto, si se atiende a que el juicio laboral de origen se inició con el planteamiento de la demanda, presentada el cinco de noviembre de dos mil catorce, ante la autoridad responsable (foja 1v), debe entenderse entonces, que la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al texto de la vigente, esto es, la que entró en vigor a partir del treinta de noviembre de dos mil doce, y ésta, como se detalló en párrafos previos, delimitó el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses.
"En consecuencia, si el tribunal responsable condenó al pago de los salarios vencidos, atendiendo al periodo antes referido, es claro concluir que su proceder no es ilegal y, por consecuencia, infundado el razonamiento de impugnación.
"A mayor abundamiento, contra lo referido por el quejoso, la delimitación del pago de los salarios vencidos hasta por doce meses, no transgrede el principio de progresividad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien su redacción antes de la citada reforma establecía el pago de salarios caídos hasta la fecha en que se cumpliera el laudo, lo cierto es que la finalidad de la prerrogativa contenida en la norma es el derecho a una indemnización, que se sigue garantizando en el artículo reformado; y, la circunstancia de que se limite su pago a un periodo máximo de doce meses, no obedece a la regresividad de un derecho, sino a su interdependencia frente al interés colectivo de conservar las fuentes de trabajo, máxime que con esa medida se privilegia la pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional.
"OCTAVO.-Estudio ... suplencia de la queja deficiente.
"El solicitante del amparo, en la primera parte del motivo de impugnación, sostiene medularmente que en la audiencia celebrada en fecha once de febrero de dos mil quince, realizó precisiones, en el sentido de que el tiempo comprendido del mes de diciembre de dos mil trece, al mes de agosto de dos mil catorce, debería entenderse como de subordinación y dependencia para con el Municipio demandado, toda vez que el trabajador estuvo reportándose en forma continua, constante y permanente a su trabajo, y que la indefinición de su suerte como trabajador municipal, no impedía el reclamo de las percepciones que debieron cubrirse ante la no ejecución material de sus actividades, pues el evento fue ajeno a él; empero, que la contestación que produjo el Municipio, respecto de ese punto del litigio no reunió los requisitos del artículo 94 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, que establece: ‘La contestación de la demanda deberá reunir los mismos requisitos que ésta y será presentada en un término que no exceda de tres días contados a partir de la fecha en que aquélla fuera notificada.’, y que uno de los requisitos de la demanda en términos del artículo 93, fracción IV, de ese cuerpo legal es, precisamente, ‘una relación detallada de los hechos’, por lo que la contestación debe contener igualmente una relación detallada de los hechos, y es el caso que el ahora tercero interesado señaló que desde el veintiuno de noviembre de dos mil trece, el trabajador había causado baja y que sí con motivo de la ejecutoria de amparo dictada por este tribunal en el juicio constitucional **********, se determinó que la rescisión no se había ventilado en términos del numeral 39 de la propia Ley del Servicio Civil, la condena de salarios retenidos debió comprender el periodo señalado.
"Es fundado el concepto de violación previamente reseñado, suplido en su deficiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.
"Como ya se dijo en el considerando precedente, la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León prevé, expresamente, que los casos no previstos en esa ley o sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, aplicadas supletoriamente, razón por la que, en el caso, concreto se advierte una infracción formal al emitirse el laudo que se impugna, consistente en la falta de análisis congruente y exhaustivo de los términos en que se fincó la litis de origen.
"Así es, de las anteriores transcripciones, se advierte que la autoridad laboral responsable no razonó atendiendo la litis planteada, pues omitió estudiar el reclamo referente al pago de salarios retenidos de diciembre de dos mil trece a agosto de dos mil catorce, del premio por los veinticinco años de servicios que estaría cumpliendo el accionante, de no haberse generado su baja ilegal y el del aguinaldo de los años dos mil trece y dos mil catorce; de ahí que lo resuelto por la autoridad responsable resulta violatorio de los principios de congruencia y exhaustividad que se establecen en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues no agotó el estudio de todas las pretensiones formuladas por las quejosas en su escrito de ampliación de demanda laboral, a través de un estudio integral de la controversia, en observancia a los principios antes citados, por lo que es incorrecto el proceder de la autoridad laboral.
"En efecto, en el artículo 17 de la Constitución General de la República, se establece el principio de exhaustividad que debe contener toda resolución, pues al efecto dispone:
"‘Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ...’
"Por su parte, el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, establece:
"‘Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportuna
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27381-cbc254d9/salarios-caidos-de-los-trabajadores-burocraticos-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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