CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA LABORAL. FORMA DE COMPUTAR EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS JUICIOS DEL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA.
AMPARO DIRECTO 214/2022. 16 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOEL FERNANDO TINAJERO JIMÉNEZ. SECRETARIO: CARLOS VLADIMIR LOBATO ZEPEDA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Por cuestión de técnica, los conceptos de violación serán analizados en un orden diverso al planteado, y algunos en conjunto, sin que ello implique inobservar el contenido del artículo 76(26) de la Ley de Amparo, al no imponer la obligación para este tribunal de analizar que los motivos de inconformidad (sic) sean abordados en el orden en que se plantearon por la parte quejosa.
Se cita en apoyo la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se comparte, de rubro siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO."(27)
Establecido lo anterior, se procede a emprender el análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso.
Con el objeto de controvertir el laudo reclamado, en una parte de su primer concepto de violación, el quejoso sostiene que el tribunal responsable, de mala fe, decretó de manera oficiosa la caducidad de la instancia, con la única intención de que la parte quejosa perdiera su derecho a que se le administre justicia, con lo cual, aduce, se transgrede en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 constitucional.
El motivo de disenso expuesto es ineficaz.
Se afirma lo anterior, ya que el quejoso no controvierte las consideraciones expuestas por el Tribunal Laboral para decretar la caducidad de la instancia, sino que únicamente formula apreciaciones subjetivas, relativas a que la autoridad responsable actuó de mala fe pues, desde su óptica, decretó la caducidad con la única intención de que no se le administre justicia; de ahí lo ineficaz de lo alegado.
Lo anterior encuentra sustento en el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, que se comparte, cuyos rubro y texto establecen:
"AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que procede confirmarse."(28)
En otra parte del primer concepto de violación, el disidente aduce que el laudo reclamado resulta violatorio de sus derechos humanos, toda vez que, asegura, la autoridad responsable se "contradice en la realidad jurídica", al decretar la caducidad bajo el argumento de que entre el 2 de octubre de 2015 "día en que se le notificó a la parte actora el auto de 30 de septiembre de 2015" al 28 de abril de 2016 "día en que el actor presentó su escrito en el cual solicitó se señalara fecha para el desahogo de la audiencia de ley", transcurrieron 6 meses y 26 días, sin que el actor haya promovido impulso procesal; empero, el tribunal responsable continuó con el trámite del asunto para dar conclusión al juicio "hasta la espera" del dictado del laudo.
Agrega el quejoso que el tribunal responsable "utilizó un mecanismo ilegal" para decretar la caducidad, toda vez que "se encontraba en reserva" el acuerdo que debía recaer al laudo respectivo, ya que, como se advierte de las constancias que integran el expediente de origen, el 12 de agosto de 2016 se celebró la audiencia de ley, misma que fue desahogada en sus términos; posteriormente, concluida la recepción de pruebas y, una vez desahogadas, se declaró abierto el periodo de alegatos; es decir, estaba en espera del dictado del fallo final.
Por tanto, el inconforme estima que es ilegal que se decretara la caducidad de la instancia, pues el actor se encontraba bajo la tutela (sic) en el tribunal responsable, para que dictara el laudo respectivo.
El disidente señala que el tribunal responsable fue omiso en analizar las hipótesis que impiden que se actualice la caducidad de la instancia.
En ese mismo contexto, precisa el quejoso que lo relevante en el caso es que el tribunal responsable tiene la obligación de continuar con el procedimiento; de ahí que, posterior a la fecha en que se le notificó la contestación de la demanda se debió señalar día y hora para la celebración de la audiencia trifásica.
Además, señala el disconforme que, verificada la etapa de admisión y desahogo de pruebas, por disposición de la ley el tribunal responsable, de manera inexcusable, debe dictar el laudo correspondiente.
Señala el inconforme que el tribunal responsable, de manera equivocada, argumentó que fue la inactividad procesal del trabajador lo que produjo que se actualizara la caducidad, al carecer, supuestamente, de interés; circunstancia que, desde su perspectiva, no aconteció, pues basta observar los autos para advertir que quien, por una parte, no actuó y, por otra, dejó transcurrir el tiempo con el objeto de provocar la inactividad fue el propio tribunal responsable, aunado a que el actor presentó promociones con el fin de que se dictara el laudo, sin que al respecto se obtuviera respuesta de la autoridad.
Sostiene el disidente que el tribunal responsable, de manera errónea, citó el artículo 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, argumentando la inactividad procesal del trabajador para decretar la caducidad por la falta de interés de la parte actora, siendo que de autos se advierte que la autoridad fue quien dejó transcurrir el tiempo con el objetivo de provocar la inactividad del juicio; actuar que, afirma el quejoso, resulta ilegal y arbitrario, pues es a la autoridad responsable a quien le correspondía continuar con la actividad procesal, lo cual no hizo.
Señala el inconforme que el laudo reclamado se dictó en completa contradicción a lo establecido en el artículo 14 constitucional, que establece como obligación de las autoridades judiciales observar todas y cada una de las formalidades esenciales del procedimiento que se encuentran establecidas en la ley adjetiva aplicable.
Mientras que en el concepto de violación identificado como tercero, el disidente aduce que, si bien el artículo 17 constitucional señala que la justicia debe impartirse en los términos y plazos fijados por las leyes, este precepto conlleva también que la autoridad se sujete a los requisitos exigidos en las leyes procesales y, además, refiere el quejoso que la actividad jurisdiccional es un quehacer del órgano judicial, así como de las partes, pues la falta de interés produce la caducidad en el proceso prevista en el citado artículo 96 (sic), ya que de lo contrario quedaría al arbitrio de las partes establecer (sic) un juicio o ejercer un derecho y dejarlo inactivo o postergarlo.
Resultan infundados los motivos de inconformidad planteados.
El artículo 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima establece:
"Artículo 162. La caducidad en el proceso se producirá cuando, cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de seis meses, así sea con el fin de que se dicte el laudo. No operará la caducidad, aun cuando dicho término transcurra, por estar pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada o de oficio, el tribunal declarará la caducidad cuando se estime consumada."
De la lectura del precepto transcrito se advierte que la caducidad operará, cualquiera que sea el estado del proceso laboral, si en un término mayor de 6 meses no se efectúa un acto procesal o promoción alguna, así sea con el fin de que se dicte el laudo.
La regla general de mérito tiene las excepciones siguientes: cuando esté pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas, no opera la caducidad, aun cuando en el plazo mayor de 6 meses haya habido una inactividad total en el juicio o procedimiento relativo.
En relación con el precepto en cuestión, están vinculados los artículos 142, 148 y 149 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que son del tenor siguiente:
"Artículo 142. El procedimiento ante el tribunal será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Los Magistrados y el auxiliar de instrucción, deberán tomar las medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el procedimiento."
"Artículo 148. El procedimiento ante el tribunal se iniciará con la presentación del escrito de demanda, la cual se notificará a la parte demandada, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción, mediante la entrega de una copia simple, a efecto de que produzca su contestación en el improrrogable término de cinco días hábiles siguientes al del traslado, con el apercibimiento de tener a la demandada aceptando los hechos expresados en la reclamación, en el caso de no hacerlo."
"Artículo 149. Concluido el término mencionado en el artículo anterior, el tribunal a petición de parte, señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, mandando notificar personalmente el acuerdo a las partes."
En las disposiciones preinsertas se prevé el principio dispositivo del proceso, conforme al cual la actividad jurisdiccional se ejerce a petición de los particulares.
En el principio dispositivo el afectado goza de absoluta libertad para excitar la actividad del órgano jurisdiccional y, una vez acaecido ello, también puede igualmente decidir (mediante renuncia, transacción, allanamiento, desistimiento, deserción, etcétera), que cese la actividad jurisdiccional.
En estas condiciones, resulta palmario que el hoy quejoso sí se encontraba obligado a impulsar el procedimiento en el juicio laboral, en oposición a lo invocado en la demanda de amparo.
Lo anterior, porque la garantía de acceso a la justicia no es un beneficio para el particular, sino un derecho del gobernado frente al poder público para que se le administre justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, lo que implica que ese derecho es correlativo de una obligación, consistente en que el gobernado se sujete a cumplir con los requisitos que exijan las leyes procesales, ya que la actividad jurisdiccional implica no sólo un quehacer del órgano judicial, sino también la obligación que tienen los gobernados de manifestar su voluntad de contribuir con el procedimiento, ya que la ley presume su falta de interés cuando no se expresa esa voluntad, como se ve de la exégesis del numeral 162 de la ley burocrática estatal.
Por tanto, si bien el Tribunal de Arbitraje y Escalafón no realizó ningún acto procesal dentro de un periodo mayor a 6 meses –que corresponde a 181 días– a que se refiere el citado artículo 162, con posterioridad al 2 de octubre de 2015, en que se notificó al actor el auto de 30 de septiembre de esa misma anualidad, como bien pudiera constituir la citación a la audiencia trifásica, eso no impedía al actor, hoy quejoso, instar a dicho tribunal a efecto de que resolviera lo conducente, pues se encuentra incólume su derecho a que se le administre justicia, correlativo a su obligación de promover lo conducente hasta lograr el dictado del laudo respectivo, ya que no debe soslayarse que la actividad o intervención de las partes provoca la actuación de los tribunales para decidir los conflictos sometidos a su potestad; máxime que conforme a los artículos 142, 148 y 149 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, los juicios de la naturaleza de la cual derivó el acto reclamado, proceden a petición de la parte interesada; luego, si se deja de promover durante un término mayor a 6 meses, esta conducta omisa demuestra la falta de interés en la prosecución del juicio respectivo, conducta que debe ser sancionada de alguna manera, en el caso, con la caducidad de la instancia.
En otras palabras, la falta de citación a la audiencia de ley o, en su caso, el dictado de la declaratoria de concluido el procedimiento y la citación de las partes para oír el laudo correspondiente, no es un impedimento legal que obstaculice promover ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón responsable, a fin de que cumpla con la obligación de pronunciar oportunamente la resolución respectiva, pues en ese supuesto subsiste el interés de las partes, en virtud de que en ese estado procesal aún no se han satisfecho sus pretensiones, lo cual las legitima para insistir en el dictado de la resolución o resoluciones correspondientes.
De ahí que deba concluirse, como se adelantó, que el actor sí se encontraba obligado a impulsar el procedimiento en el juicio natural, a fin de evitar la actualización de la figura jurídica de la caducidad; de ahí que, en este aspecto, no se actualice la pretendida infracción de derechos alegada.
Este punto de vista tiene apoyo en el criterio que sostuvo la entonces Cuarta Sala del Máximo Tribunal del País, que establece:
"CADUCIDAD, CONCEPTO DE. Por caducidad se entiende no solamente la extinción de la instancia por inactividad procesal de las partes, sino también la extinción del derecho por la inacción del titular durante un tiempo prefijado, sin que para ello sea necesaria la oposición del obligado."(29)
Por otra parte, en una sección del primero, y en el segundo de los conceptos de violación, el quejoso sostiene que el tribunal responsable transgrede en su perjuicio lo previsto en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal, así como lo establecido en los numerales 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo.
Ello es así pues, previo a que se declarara la caducidad en el juicio, el tribunal responsable debió observar lo dispuesto por el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, prevenir al actor a efecto de que promoviera lo necesario para darle impulso procesal al juicio laboral, sólo en el supuesto de ser necesaria la promoción correspondiente y cuando no lo haya efectuado dentro del plazo de 6 meses, de conformidad con los principios de debido proceso, derecho de audiencia y de seguridad jurídica; por tanto, ante la inobservancia del citado artículo, el laudo resulta violatorio del artículo 14 constitucional.
Asimismo, señala que el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo, prevé el desistimiento de la acción del procedimiento laboral cuando no se efectué la promoción necesaria para su continuación dentro del término de 6 meses.
Agrega el inconforme que la autoridad responsable vulneró sus derechos humanos contenidos en los numerales 7, 8, 10 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues la autoridad obstaculizó la impartición de justicia al decretar la caducidad de la instancia.
Refiere el disidente que el principio de impulso procesal de las partes no significa que el trabajador deba estar solicitando que la autoridad continúe con el procedimiento laboral, ya que ésa es su obligación, pues el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los numerales 1o. y 17 constitucionales, señalan que la obligación de los juzgadores es salvaguardar la protección judicial, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la impartición de justicia pronta y expedita.
Por tanto, concluye que la pasividad de la parte actora no elimina la obligación de la autoridad para actuar y resolver oportunamente, evitando la paralización del procedimiento, aun cuando no haya más diligencias por desahogar, en atención al interés particular de las partes.
Para dar soporte a sus razonamientos, la parte quejosa hace referencia a la contradicción de tesis 23/2006-PS, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se analizó el tema de la caducidad en materia mercantil.
Asimismo, el impetrante de garantías en apoyo de sus argumentos cita los criterios 2a./J. 128/2009, 2a./J. 34/2013 (10a.) y P. LXVII/2010, de rubros y título y subtítulo siguientes:
• "CADUCIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS LA REGULA EN FORMA COMPLETA, POR LO QUE NO OPERA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS ARTÍCULOS 772 Y 773 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."(30)
• "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."(31)
• "DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES."(32)
Los conceptos de violación expuestos resultan infundados pues, en el caso, no resultan aplicables supletoriamente los artículos 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, como lo pretende el quejoso, por las consideraciones que a continuación se explican.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 437/2012, determinó que para que opere la supletoriedad de una legislación es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos.
b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, estableciéndolas no las desarrolle o las regule deficientemente.
c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir.
d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen, específicamente, la institución de que se trate.
Lo anterior se encuentra expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), que a la letra dice:
"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate."(33)
Ahora bien, en el caso, este órgano colegiado estima que no se reúnen la totalidad de los requisitos para que opere la supletoriedad pretendida, como se ve a continuación:
El requisito previsto en el inciso a) sí se encuentra satisfecho, en razón de que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en su artículo 15 prevé la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, como se ve a continuación: "Artículo 15. En lo no previsto por esta ley, se aplicará supletoriamente y en su orden;
"I. Los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123, apartado B, de la Constitución General de la República y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
"II. Los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo;
"III. La jurisprudencia;
"IV. La costumbre; y
"V. La equidad.
"En caso de duda en la interpretación de esta ley y una vez aplicada la supletoriedad del derecho a que se refiere este artículo, si persistiere ésta, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador." (énfasis añadido)
Sin embargo, este órgano colegiado estima que no se colman los requisitos previstos en los incisos b) y c) de la jurisprudencia en cita, en razón de que la ley burocrática, en su artículo 162, prevé la figura de la caducidad, como se ve a continuación:
"Artículo 162. La caducidad en el proceso se producirá cuando, cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción, durante un término mayor de seis meses, así sea con el fin de que se dicte el laudo. No operará la caducidad, aun cuando dicho término transcurra, por estar pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada o de oficio, el tribunal declarará la caducidad cuando se estime consumada."
Además, el hecho de que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima no establezca, como lo señala el quejoso, que el tribunal tiene la obligación de requerir personalmente al accionante para que le dé impulso al juicio, con el apercibimiento que, de no hacerlo operará la figura jurídica de la caducidad, no significa que la legislación en cita la regule deficientemente, en razón de que el legislador local, en la ley burocrática del Estado de Colima estableció, de manera simple, el mecanismo para que opere la figura jurídica en comento.
En efecto, el legislador de Colima no tuvo la intención de establecer que la declaración de la caducidad se encuentre supeditada a que previamente a su dictado, el tribunal tenga la obligación de requerir personalmente al accionante para que le dé impulso al juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo operará la figura jurídica en comento, ya que la única salvedad que estableció para su procedencia es que se encuentre pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas.
Por ello, es evidente que no resulta procedente acudir a los artículos 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo para analizar la institución de la caducidad, ya que, de estimar lo opuesto, se estaría contrariando en ese sentido, dado que, si no se encuentra previsto en la ley burocrática de esta entidad federativa que deba requerirse personalmente al accionante para que le dé impulso al juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo operará la figura jurídica en comento, es porque fue voluntad del legislador colimense no plasmarla; ello, en uso de la facultad que le confiere el numeral 116, fracción VI, de la Carta Magna, de expedir la ley que rija las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, con base en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias.
Estimar lo contrario daría lugar a la creación de un supuesto jurídico no contemplado en la ley a suplir, con lo que se desvirtuaría la finalidad de la supletoriedad que, se insiste, es la de colmar las deficiencias de las disposiciones que reglamenta la figura jurídica prevista en el ordenamiento respecto de la cual se aplica, lo que en modo alguno autoriza a sustituir al legislador y soslayar su determinación de no excluir los días inhábiles del término de la caducidad.
En tales condiciones, se considera que no resulta procedente acudir a la Ley Federal del Trabajo para resolver la controversia suscitada en el proceso; de ahí que resulte infundado el concepto de violación en estudio.
Tiene aplicación, por su idea jurídica, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 128/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"CADUCIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS LA REGULA EN FORMA COMPLETA, POR LO QUE NO OPERA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS ARTÍCULOS 772 Y 773 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El citado precepto señala que cuando la actora deje de promover durante el plazo de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para continuar el procedimiento, el tribunal, de oficio o a petición de parte, declarará la caducidad de la acción. Lo anterior no implica que deban aplicarse supletoriamente los artículos 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, pues el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Legislatura Local debe emitir su ley burocrática con base en la ley reglamentaria del artículo 123, apartado B de aquélla, es decir, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que en su artículo 140 prevé que para decretar la caducidad de la acción, de oficio o a petición de parte, basta que la actora deje de promover durante el plazo de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para continuar el procedimiento. Esto es, si bien es cierto que de los artículos 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que la caducidad en materia laboral reviste características excepcionales, pues para que se declare es insuficiente el mero transcurso del tiempo, debiendo mediar notificación al trabajador y, en su caso, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo apercibiéndolos de que, en caso de no promover dentro del lapso señalado, operará la caducidad, también lo es que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado regula un procedimiento diferente y no permite la aplicación del indicado artículo 772, pues limita la caducidad a lo dispuesto en su artículo 140, que a pesar de no prever una audiencia en la que la Junta, después de oír a las partes y recibir las pruebas que ofrezcan, dicte resolución como lo dispone el referido artículo 773, ello no implica que el procedimiento previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se encuentre incompleto o deficientemente regulado, sino que el legislador dispuso la figura de la caducidad en forma diferente, igual a la disposición contenida en el artículo 97 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. De ahí que no opera la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, pues las normas existentes en dicha ley local no son insuficientes para regular la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la regulación necesaria, sino que la caducidad o extinción de la instancia por abandono de las pretensiones de las partes se encuentra cabalmente prevista en el indicado artículo 97, además de que es acorde con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado."(34)
También resulta aplicable la tesis aislada III.3o.T.1 L (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguientes:
"CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. PARA QUE DICHA FIGURA OPERE, ES IMPROCEDENTE REQUERIR PREVIAMENTE AL TRABAJADOR PARA IMPULSAR EL PROCESO EN CASO DE INACTIVIDAD (INAPLICABILIDAD SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 772 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). La supletoriedad de normas exige, entre otros requisitos: a) una deficiencia normativa a suplir; y, b) la compatibilidad de reglas con el ordenamiento supletorio, extremos que no se cumplen tratándose de los presupuestos para que transcurra la caducidad en el juicio laboral burocrático en el Estado de Jalisco y sus Municipios. En efecto, el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios regula los requisitos fundamentales de tal figura, optando por un diseño ordinario o simple de caducidad, como gran parte de las normas procesales del país, es decir, con elementos básicos para aplicarla, sin supeditarla a requerimientos previos, dirigidos a las partes para que impulsen el proceso. Este precepto señala un determinado plazo para que opere ante la inactividad procesal en cualquier estado antes del dictado del laudo, con algunas limitantes mínimas, pues no procede ante la falta de desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, o por estar pendientes de recibirse informes, o copias certificadas que hayan sido solicitadas, expresión de las facultades del legislador de fijar límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa, lo que es congruente con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone la impartición de justicia pronta y expedita conforme a los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora bien, esa caducidad no era ajena a la materia laboral, pues anteriormente la establecía el artículo 479 de la Ley Federal del Trabajo abrogada, incluso, un mecanismo similar existe en el orden burocrático federal, ya que no exige un requerimiento previo de impulso procesal a la parte obrera (artículo 140 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado). En cambio, el numeral 772 de la Ley Federal del Trabajo vigente refleja la decisión expresa de matizarla, según los trabajos legislativos de la reforma publicada el 4
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30996-8df58e77/caducidad-de-la-instancia-en-materia-laboral-forma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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