CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 772 Y 773 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PARA DETERMINAR SU ACTUALIZACIÓN, SE COMPUTAN DÍAS Y MESES NATURALES (TEXTO ANTERIOR Y POSTERIOR AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 122/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS, EN AUXILIO DEL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE OCTUBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER Y JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ. PONENTE: MAGISTRADO EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. SECRETARIA: ANGÉLICA LADRÓN DE GUEVARA GÓMEZ.
II. COMPETENCIA
4. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por la Magistrada **********, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
6. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el amparo directo ********** analizó la figura de la caducidad y la forma de cuantificar o realizar el cómputo del periodo para determinar su actualización, en términos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su Municipios, y considerando lo previsto en el artículo 736 de la Ley Federal del Trabajo, determinó que para que opere dicha figura dentro de un juicio laboral, sólo deben tomarse en cuenta los días hábiles o laborables, mas no los naturales e inhábiles, como se advierte de las siguientes consideraciones:
"SEXTO.—Estudio del amparo principal.
"...
"En el segundo de sus conceptos de violación el quejoso principal señala lo siguiente:
"• Que la autoridad responsable vulneró los derechos de la demandada al condenarla indebidamente al pago de las prestaciones reclamadas, al no declarar la caducidad en el proceso en el juicio natural, no obstante que el juicio burocrático fue abandonado por la parte promovente en un término igual o mayor al de seis meses, es decir, no hubo promoción alguna en ese tiempo.
"• Que el artículo 138 de la Ley Burocrática Estatal establece que la declaración de la caducidad puede ser a petición de parte u oficio por parte del Tribunal responsable, con lo cual, la caducidad asume el carácter de orden público, esto es, que en el caso que se configure dicha figura el tribunal se encuentra obligado a declarar la caducidad sin necesidad de que alguna de las partes promueva su interés en dicha figura, aunque no limita a que las partes lo hagan, puesto que también fue intención del legislador la de incluir esta posibilidad.
"• Que el Tribunal responsable no declaró la caducidad en el juicio de origen, aun cuando ésta se configuró del periodo veintiocho de junio de dos mil dieciséis (fecha que tuvo verificativo el desahogo de la audiencia trifásica) al catorce de febrero de dos mil diecisiete (fecha en lo que se resolvió la admisión de pruebas), pues entre las dos fechas se supera la cantidad de siete meses y diecisiete días de completo abandono, lo que trascendió en el resultado del acto reclamado, toda vez que si lo hubiese decretado, ésta no hubiera determinado condenar a la acción principal, así como a las accesorias, por lo que no hubiese tenido un resultado desfavorable.
"• Para fortalecer sus argumentos señala los siguientes criterios de rubros: ‘CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.’; ‘CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE JALISCO).’ y ‘CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL SE ACTUALIZA AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN RESPONSABLE SE RESERVE LA FACULTAD DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y HAYA TRANSCURRIDO UN PLAZO MAYOR DE 6 MESES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’
"Previo a analizar el argumento expuesto por el quejoso principal, cabe precisar que de las actuaciones procesales que conforman el juicio burocrático, obra la interlocutoria de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró improcedente el incidente innominado de caducidad interpuesto por el Ayuntamiento demandado, atento a las consideraciones medulares siguientes:
"‘... En ese orden de ideas, en el presente caso no se configura la hipótesis de la caducidad que establece el artículo 138 de la Ley Burocrática Estatal, ya que como se puede apreciar de las actuaciones, si bien es cierto entre el periodo del 28 de Junio del 2016, fecha en que tuvo verificativo el desahogo de la audiencia trifásica, al 14 de Febrero del año 2017, transcurrieron en exceso el término de 6 meses que instaura el artículo antes invocado, sin que la demandante en el principal hubiere instado la continuación del proceso; sin embargo, desde el momento en que se presentó el escrito de contestación de demanda por parte del **********, visible a fojas 39 a 49 de autos, y el cual fue presentado el día 27 de Mayo de 2014, esto es, fecha anterior al 28 de Junio del 2016, y la cual la demandada establece como el momento a partir del cual comenzó a correr el término para decretar la caducidad, el demandado solicitó a este H. Tribunal INTERPELAR a la trabajadora actora para que regresara a laborar al Ayuntamiento demandado, en los mismos términos y condiciones en los que se venía desempeñando, siendo omisa esta Autoridad de acordar lo conducente y fijar día hora (sic) pata la diligencia de reinstalación. Por ende, al estar pendiente la diligencia de reinstalación fuera de las instalaciones de este Tribunal, se está en uno de los supuestos de excepción para que opere la caducidad en el proceso, dado que se encuentra pendiente el desahogo de la diligencia de Reinstalación, misma que debe practicarse fuera del local del Tribunal, en donde desempeñaba sus servicios el demandante siendo el Lugar que ocupa las instalaciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN EL **********, DEPENDIENTE DEL **********, ubicado en la **********.
"‘Cabe destacar que la omisión de la Junta de acordar sobre el ofrecimiento y de requerir al trabajador para que manifieste si lo acepta o la rechaza, es una violación procesal análoga a las previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, cuando afecta las defensas de las partes en el juicio laboral y trasciende al resultado del fallo, dado que con dicha omisión se deja de atender un aspecto procesal relevante, como es la determinación de a quién corresponde la carga de la prueba, lo que puede originar un laudo incongruente y deja a las partes en estado de inseguridad al no conocer su situación en el momento procesal oportuno, si se toma en cuenta que es la conducta de las partes en torno a la oferta del trabajo lo que permite saber quién debe probar, así como el objeto de la prueba.
"‘...
"‘Por los motivos y fundamentos señalados, se concluye que al estar pendientes de efectuarse la diligencia de reinstalación fuera de las instalaciones de este Tribunal, en el periodo en el cual la demandada señala operó la caducidad, así como a la presente fecha, se configura una de las excepciones establecidas en el artículo 138 de la Ley de la Materia a efecto de que no se tenga por consumada la figura de la caducidad, por ende, se DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE INNOMINADO DE CADUCIDAD promovido por el Ayuntamiento demandado, ordenándose continuar con el procedimiento en la etapa procesal correspondiente.’ (Fojas 8 a 12 ídem)
"Ahora bien, son infundados sus motivos de disenso por lo siguiente:
"El artículo 138 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, señala:
"‘Art. 138.’ (Lo transcribe)
"Del numeral transcrito se desprende, que para que opere la caducidad la cual se puede declarar de oficio o a petición de parte, es requisito que no se efectúe algún acto procesal ni promoción durante un término mayor de seis meses, salvo cuando esté pendiente el desahogo de diligencias que deben practicarse fuera del local del Tribunal o de recibirse informes o copias certificadas en caso de que hayan sido solicitadas.
"Ahora bien, la Ley burocrática local no establece la forma en que debe hacerse el cómputo de los plazos, esto es, si se trata de días hábiles o naturales. Por tal motivo, es necesario acudir a las normas generales de la Ley Federal del Trabajo, sin que sea dable acudir a las especiales que prevén la caducidad, pues el Alto Tribunal ha considerado que cuando la caducidad se regule de manera distinta en ambos procedimientos, –como en el caso– no puede acudirse a las reglas específicas de la ley laboral; razón por la cual, son aplicables las generales.
"Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 128/2009, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 468, de rubro y texto:
"‘CADUCIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS LA REGULA EN FORMA COMPLETA, POR LO QUE NO OPERA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS ARTÍCULOS 772 Y 773 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (la transcribe)
"En ese contexto, el artículo 736 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que los meses se contarán por treinta días naturales; y el diverso ordinal 734 de la misma legislación dispone, que no se computarán los días en que el Órgano laboral deje de actuar, por ejemplo: sábados, domingos, días decretados como inhábiles, etcétera.
"Por tanto, de la interpretación sistemática y teleológica de la regla contenida en el citado ordinal 138 de la Ley burocrática estatal concatenada con las referidas normas de la Ley Federal del Trabajo permite establecer que, para que opere la caducidad, deben de transcurrir más de 180 días laborables (numerario que se obtuvo de multiplicar 6 –meses– por 30 –días–), sin que exista actividad procesal.
"Una vez sentado lo anterior se tiene que, en el periodo que señaló el quejoso (que operó la caducidad), (audiencia de veintiocho de junio de dos mil dieciséis) y la diversa de (catorce de febrero de dos mil diecisiete, fecha en la que se resolvió la admisión de pruebas), no existió inactividad procesal por más de seis meses.
"Así es, entre ambas fechas sólo transcurrieron cuatro meses con veintitrés días (143 días hábiles), como se desprende de los cuadros siguientes:
"(se insertan imágenes)
"Precisado lo anterior, se ve que entre el veintiocho de junio de dos mil dieciséis al catorce de febrero de dos mil diecisiete, sólo transcurrieron ciento cuarenta y tres días (cabe denotar que se descuenta de dicho intervalo, los días inhábiles de la responsable); de ahí que no operó la caducidad establecida en el artículo 138 de la Ley Burocrática Estatal, pues no transcurrieron más de seis meses sin actividad procesal.
"Sin que beneficien al quejoso los criterios que cita de título: ‘CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.’; ‘CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE JALISCO).’ y ‘CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL SE ACTUALIZA AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN RESPONSABLE SE RESERVE LA FACULTAD DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y HAYA TRANSCURRIDO UN PLAZO MAYOR DE 6 MESES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, en razón de que no transcurrió un periodo de seis meses sin actividad procesal a partir de las actuaciones que señaló el impetrante."
7. Por su parte, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, Colima, al resolver los amparos directos **********, **********, **********, ********** y **********, analizó la figura de la caducidad y la forma de computar el término para su actualización, conforme a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y considerando lo previsto en el artículo 736 de la Ley Federal del Trabajo, concluyendo que, para que opere dicha figura dentro de un juicio laboral, sólo deben tomarse en cuenta los días naturales, incluyendo los inhábiles, como se advierte de las siguientes consideraciones:
a) Amparo en directo **********.
"VIII. ESTUDIO DEL ASUNTO
"...
"31. Se estima oportuno precisar que los conceptos de violación serán analizados en un orden distinto al propuesto y algunos en su conjunto atendiendo a su estrecha vinculación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo.
"32. No de los conceptos de violación propuestos por la quejosa resulta fundado y suficiente para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal.
"33. En el concepto de violación identificado como segundo, la Secretaría quejosa alega que el Tribunal responsable incurrió en una violación a las reglas que rigen el procedimiento laboral, toda vez que omitió analizar oficiosamente la caducidad de la instancia.
"34. La Secretaría quejosa sostiene que en el juicio natural transcurrieron más de seis meses sin promoción alguna que impulsara el procedimiento, de consiguiente, refiere que se actualiza la prescripción prevista en el artículo 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
"35. La quejosa continúa manifestando que el referido plazo transcurrió en exceso toda vez que el 19 de abril de 2017 se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas en la cual el Tribunal responsable se reservó el derecho para analizar las pruebas ofrecidas por las partes, lo que hizo en proveído de 22 de junio de 2018; por lo que –concluye– el juicio natural estuvo abandonado por 1 año, 2 meses y 3 días, según el cómputo realizado por la quejosa.
"36. Así, la quejosa refiere que la caducidad de la instancia se actualiza aun cuando el Tribunal responsable se hubiere reservado la facultad para resolver sobre la admisión o desechamiento de pruebas, pues ello no es impedimento para que la actora del juicio natural acudiera ante el Tribunal responsable a dar impulso al procedimiento a través de alguna promoción e incluso solicitar que se dictara el acuerdo correspondiente; por lo que al no haberlo hecho así, la quejosa considera que el actor abandonó tácitamente la instancia.
"37. En concepto de la impetrante del amparo, esta violación procesal trascendió al resultado del laudo toda vez que el Tribunal responsable se encontraba legalmente impedido para dictar un laudo que resolviera el juicio en lo principal, pues de haber analizado oficiosamente la caducidad debió haber dictado un auto que pusiera fin a la instancia sin decidir el fondo del asunto en cuanto a la acción principal y las demás prestaciones demandadas
"38. Es decir, la quejosa refiere que, de haberse decretado la caducidad, se hubiera ordenado el archivo definitivo del asunto, dada la inactividad procesal.
"39. Como apoyo a sus conceptos de violación, la Secretaría quejosa invoca las tesis de rubros siguientes:
"‘CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y JALISCO).’
"‘CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. SE ACTUALIZA AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN RESPONSABLE SE RESERVE LA FACULTAD DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y HAYA TRANSCURRIDO UN PLAZO MAYOR DE 6 MESES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’
"‘CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.’
"‘CADUCIDAD EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. EXCEPCIONES POR LAS QUE NO DEBE DECRETARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’
"40. Como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación antes sintetizado.
"41. Para justificar este aserto es pertinente citar el numeral 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 162.’ (Lo transcribe)
"42. Del precepto transcrito se colige que la caducidad del proceso opera, –cualquiera que sea el estado en el que se encuentre–, cuando en un lapso mayor a 6 meses no se efectúa algún acto procesal o promoción.
"43. Asimismo, el numeral en cuestión contiene dos excepciones, a saber: i) cuando esté pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal; o, ii) esté pendiente de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitados; en cuyos casos no opera la caducidad, aun cuando el plazo mayor a 6 meses haya transcurrido.
"44. Ahora bien, en el caso a estudio se dice que operó la caducidad de la instancia puesto que, como lo refiere la quejosa en sus conceptos de violación, durante el periodo comprendido del 19 de abril de 2017 –fecha en la que se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas–, al 22 de junio de 2018 –en que el Tribunal responsable dictó el acuerdo en el que se pronunció sobre el desechamiento o la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes–, no hubo promoción o acto procesal alguno que impulsara el procedimiento; dicho de otro modo, el juicio laboral estuvo abandonado por un lapso mayor a 6 meses.
"45. Lo anterior es así, pues conforme al artículo 736 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada en forma supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, por así disponerlo la fracción II de su ordinal 15, para computar los términos, los meses se regularán por el de treinta días naturales.
"46. Atendiendo al espíritu del legislador, para realizar el cómputo del término de la caducidad, es necesario contar cada uno de los días de calendario, a partir del siguiente en que se practicó la última actuación procesal, para obtener el término de los seis meses. Esta premisa se explica porque el propio legislador es enfático al indicar que los meses se regularán por el de treinta días naturales y que los días hábiles se considerarán de 24 horas naturales, contados de las 24 a las 24 horas. "47. Conforme a esta lógica, debe entenderse que para realizar correctamente el cómputo de que se trata, es preciso tener en cuenta que hay meses que cuentan con 31 días, a saber, enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre; en tanto que, con excepción de febrero que es variable, los restantes meses son de 30 días, es decir, abril, junio, septiembre y noviembre.
"48. Esta aclaración es conveniente porque habrá ocasiones en que 1 día de inactividad procesal, podría marcar la diferencia para determinar si se configura o no el plazo de la caducidad y, en consecuencia, una nueva reflexión sobre este tema conduce a este tribunal a reconsiderar la manera en que, atendiendo a la intención del legislador, debe hacerse el cómputo del término de esa institución jurídica en aras de generar seguridad jurídica conforme al artículo 14 constitucional, y atendiendo al principio de que donde la ley es clara no cabe interpretación pues el legislador es categórico al indicar que los meses se regularán por 30 días naturales.
"49. Sirven de apoyo a lo anterior, las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 60/2002-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, que en lo que interesa, son del tenor siguiente:
"‘...
"‘Esto es así, pues si la redacción de los preceptos permiten la adecuación de su sentido a las circunstancias que pretenden regir, sean éstas jurídicas o de cualquier otra índole, y fijan su alcance sin que ese hecho les imprima un cambio sustancial, es inconcuso que en tal supuesto el intérprete debe atender en exclusiva al sentido de las palabras o términos utilizados, pues lo que se busca es evitar desconocer o desnaturalizar los propósitos perseguidos con la promulgación de la normatividad aludida.
"‘Es por ello que, para poder determinar legalmente los fines perseguidos por el legislador ordinario en la controversia que nos ocupa, nace la necesidad ineludible del intérprete de recordar lo que al respecto establece el artículo 14 constitucional, directamente, en lo concerniente a los sistemas admitidos por el Constituyente para resolver una controversia judicial de carácter civil, al ser ésta la materia de los debates litigiosos de los cuales provienen las ejecutorias de amparo que dieron origen a los criterios encontrados que conforman la contradicción de tesis aquí denunciada.
"‘Así, se tiene que el artículo 14 de la Constitución General de la República expresamente establece:
"‘«Artículo 14». (Lo transcribe)
"‘Lo que significa que el Constituyente de Querétaro, otorgando especial preponderancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica, establece textualmente como sistema de interpretación a seguir en las controversias de orden civil o para todas aquellas relaciones o actos jurídicos de esa índole celebrados por particulares como producto de sus actividades cotidianas, al método de interpretación literal o gramatical.
"‘Ello, al establecer con meridiana claridad como lineamiento ineludible el que todo intérprete o encargado de decir el derecho en controversias judiciales civiles debe ceñirse con primacía a la expresión gramatical que contengan las leyes, y sólo a falta de ésta o de que resulte confusa u oscura, sólo entonces, podrán estar autorizados para acudir y, de ser el caso, aplicar cualesquiera otros métodos de interpretación jurídica o, en su defecto, los principios generales de derecho.
"‘De esta forma, a la interpretación literal de la ley que implica el extraer su sentido atendiendo a los términos gramaticales que en su texto se encuentren concebidos, se le debe otorgar total validez legal cuando su expresión literal sea clara y precisa, sin que sea dable eludirla bajo el pretexto de penetrar al espíritu de la ley, puesto que la actividad del intérprete en tales casos debe ceñirse a otorgarle el alcance que conforma su contenido al no presumirse que el legislador, para expresar su objetivo, se haya apartado de las reglas normales y usuales del lenguaje, por lo que, a contrario sensu, cuando el texto de la ley sea equívoco o conduzca a conclusiones contradictorias o confusas, es inconcuso que tal literalidad no puede ni debe ser fuente de las decisiones jurisdiccionales sino que, en tales casos, debe acudirse a otro sistema de interpretación jurídica que permita desentrañar su contenido en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional.
"‘Tal apreciación se robustece con los criterios establecidos por este Supremo Tribunal, en las tesis cuyos rubros, texto y demás datos de identificación son del tenor literal siguiente:
"‘«Quinta Época.
"‘«Instancia: Pleno
"‘«Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘«Tomo: XVIII.
"‘«Página: 894
"‘«INTERPRETACIÓN DE LA LEY.» (La transcribe)
"‘«Quinta Época
"‘«Instancia: Primera Sala
"‘«Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘«Tomo: CXI
"‘«Página: 2244
"‘«LEY INTERPRETACIÓN DE LA.» (La transcribe)
"‘«Quinta Época
"‘«Instancia: Tercera Sala.
"‘«Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘«Tomo: XC
"‘«Página: 2090
"‘«CONTRATOS, INTERPRETACIÓN DE LOS (LEGISLACIÓN DE JALISCO).»’ (La transcribe)
"50. Para efectos de claridad, se inserta el calendario del año en que se configuró la caducidad y un cuadro sinóptico en que se indican los días de inactividad procesal.
"(se insertan imágenes)
"51. Luego, si como se precisó, en el caso concreto se dejó de promover en el lapso de seis meses, esta conducta omisa demuestra la falta de interés del actor en la prosecución del juicio respectivo, conducta que debe ser sancionada de alguna manera, en el caso, con la caducidad de la instancia.
"52. No es óbice a lo anterior que el Tribunal responsable, en la audiencia de ley, hubiera reservado su facultad de proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes, pues esta circunstancia no impide al actor dar impulso al procedimiento e incluso, solicitar al Tribunal responsable que emita el acuerdo condigno.
"53. Así lo interpreta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 246/2012 de la que surge la jurisprudencia siguiente:
"‘CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. SE ACTUALIZA AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN RESPONSABLE SE RESERVE LA FACULTAD DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y HAYA TRANSCURRIDO UN PLAZO MAYOR DE 6 MESES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (La transcribe)
"54. Cabe destacar que la jurisprudencia trasunta es válidamente aplicable al caso a estudio de conformidad con el principio general del derecho ubi eadem ratio, ídem ius, ‘donde existe la misma razón debe imperar la misma disposición’, pues el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, –analizado en la jurisprudencia en cuestión–, es de contenido idéntico al numeral 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, como se evidencia en la tabla siguiente:
Ver legislación
"55. De la ejecutoria de la Segunda Sala del máximo tribunal de nuestro país, destacan, por su vinculación con el presente asunto, las consideraciones siguientes:
"‘...
"‘De esta forma, lo que tiene que resolverse en este expediente consiste en determinar si el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que regula la institución de la caducidad de la instancia en el procedimiento laboral burocrático, transgrede o no el derecho a que se administre justicia previsto en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si la reserva que hace la autoridad laboral en dicho juicio en la etapa correspondiente, respecto a su facultad para resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes del juicio laboral es apta para decretar la caducidad en cita, si entre esa actuación y aquella en que se pronuncia no existe acto procesal o promoción alguna en un término mayor a seis meses.
"‘...
"‘Como se aprecia de lo anterior, esta Segunda Sala consideró que la garantía (hoy derecho humano) relativa a la tutela jurisdiccional (administración de justicia), se puede definir como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el cual se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
"‘Sin embargo, advirtió que tal derecho, de no ejercerse oportunamente en un caso específico, puede caducar, o aun cuando esto se haya hecho pero dentro del procedimiento o juicio respectivo se deje de promover para impulsar éste por un periodo determinado en la ley respectiva también puede operar la caducidad.
"‘En ese tenor, consideró que de la lectura del artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios se advierte que la caducidad operará cualquiera que sea el estado del proceso laboral, si en el lapso de seis meses no se efectúa un acto procesal o promoción alguna, con las excepciones siguientes: a) Cuando esté pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, o b) Cuando esté pendiente la recepción de informes o copias certificadas que hayan sido solicitados.
"‘Lo anterior, porque en relación con el precepto en comento están vinculados los artículos 117 y 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los cuales se prevé el principio dispositivo del proceso, conforme al cual la actividad jurisd
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32026-a73f8aea/caducidad-del-procedimiento-previsto-en-los-articulos-772 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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