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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. SE ACTUALIZA AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN RESPONSABLE SE RESERVE LA FACULTAD DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y HAYA TRANSCURRIDO UN PLAZO MAYOR DE 6 MESES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 246/2012. · Registro digital (IUS): 24162
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Pág. 765.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 246/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE OCTUBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia de trabajo, que es de la especialidad de esta Sala.

No pasa inadvertido para esta Sala que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Tribunal Pleno cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." (Núm. Registro IUS: 2000331. Tesis P. I/2012. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito resolvió el amparo directo 266/2012, por unanimidad de votos, de la siguiente manera:

"II. Estudio del asunto. La lectura de los antecedentes reseñados y acto reclamado, lleva a las siguientes consideraciones: En primer término será analizado un planteamiento de inconstitucionalidad que podría ser de mayor beneficio para la parte trabajadora, en virtud del cual, considera que para que pudiera operar la figura de caducidad en su perjuicio, era menester que la responsable le previniera sobre la falta de prosecución atribuida y atendiera de forma supletoria a las disposiciones relativas a la caducidad de la Ley Federal del Trabajo. Ello, porque con independencia de si tal argumento es acertado -aspecto de fondo-, lo cierto es que tiene como finalidad buscar una tutela más amplia, que el solo hecho de constatar si transcurrió el plazo de caducidad legal. Esto es, en virtud de este planteamiento, quien acude en amparo considera que al juicio burocrático es aplicable este tipo de limitantes, condiciones o presupuestos adicionales de forma supletoria, para que pueda al menos comenzar a transcurrir algún plazo de caducidad. Por ende, que de no ocurrir así, entonces la responsable no podría contabilizar alguna caducidad al respecto, es decir, para el caso de no observar el mecanismo previsto en las disposiciones que se alegan de aplicación supletoria, en materia de caducidad del procedimiento laboral. De ahí la necesidad de contestar de forma preferente esta cuestión, para asegurar un acceso efectivo a la justicia, acorde con el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Por lo que se emiten las siguientes consideraciones: A. Caducidad en el juicio burocrático del Estado de Jalisco, es improcedente la supletoriedad del artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo (requerimiento previo a la parte trabajadora de promover en caso de inactividad procesal). En cuanto este tema, en el primer concepto de violación la parte quejosa refiere que el acto reclamado que dio por concluido el juicio laboral instado, mediante la referida caducidad, es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior, porque después de hacer referencia al contenido del acuerdo de doce de diciembre de dos mil once, la parte agraviada señala que la responsable se apoyó en el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin llevar a cabo el procedimiento previsto en forma supletoria en los artículos 771, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, especialmente, subraya el dispositivo 772, en cuanto a la porción normativa relativa a que en el caso de que sea necesaria promoción del trabajador y éste no la hubiere efectuado en el lapso de tres meses, el presidente de la Junta debe ordenar requerirle para que la presente, apercibiéndole de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que refiere el numeral 773. El inconforme añade que el Pleno de la responsable está integrado por expertos en derecho y que éste no está sujeto a prueba, por lo que estima que no era aceptable afectarle en su derecho al debido proceso, aplicando la referida caducidad sin cumplir con el procedimiento que indica de forma supletoria, porque en el expediente de origen no existía notificación en que la responsable le hubiere requerido dentro del término de tres meses de inactividad procesal, que la presentara, con el apercibimiento de que operaría la caducidad de no hacerlo. Agrega, que se viola el principio in dubio pro operario que rige en derecho laboral y burocrático, el cual refiere está contenido en los artículos 10 y 12 de le legislación burocrática local, ya que no se aplica la ley supletoria en la materia, como era la Ley Federal del Trabajo. Dichos argumentos son infundados. Cierto, estas manifestaciones son incorrectas porque desatienden que no se cumplen los requisitos para la supletoriedad pretendida, ya que no cualquier ausencia de reglamentación normativa del juicio burocrático local, exige acudir a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que ello requiere de un estudio cuidadoso de la figura o institución de que se trate, de los elementos que permiten la supletoriedad de normas y la respectiva interpretación jurídica que puede aplicar en cada caso concreto, según la naturaleza de los componentes normativos en consulta. En la especie, no resulta aplicable la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, porque tratándose de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, existe un régimen jurídico expreso de regulación de la caducidad del juicio burocrático, como forma de concluir el procedimiento por inactividad procesal imputable a las partes. Por ende, una reglamentación propia de en qué condiciones la prolongación de esa inactividad puede originar que caduque la instancia laboral. En relación al tema de la supletoriedad de las normas de un ordenamiento legal respecto de las de otro, así como de los requisitos necesarios a satisfacer para que pueda operar dicha figura jurídica, se ha considerado que sólo aplica cuando, en determinada institución jurídica prevista por la ley a suplir, existen lagunas u omisiones, las cuales podrían ser subsanadas con las disposiciones que la ley supletoria contenga en relación a dicha institución jurídica, o bien, cuando la figura de que se trate, aunque no estuviere expresamente contenida en la norma a suplir, fuera necesaria o indispensable, pero también compatible, con la naturaleza del ordenamiento que presenta una deficiencia normativa que requiera ser colmada. Así, para que exista supletoriedad de unas normas respecto de otras, deben satisfacerse los siguientes requisitos: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y, d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Por lo que ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra. Esta situación ocurre en el caso a estudio, pues tratándose del Estado de Jalisco y sus Municipios no se satisfacen los puntos ‘c’ (deficiencia normativa a suplir) y ‘d’ (compatibilidad entre las reglas impuestas por la legislación laboral burocrática con las del ordenamiento que pretende suplir), en lo relativo a las condiciones bajo las que puede iniciar el cómputo de la caducidad, ya que el legislador local optó por una configuración normativa de caducidad ordinaria o simple, no así por un mecanismo reforzado y restrictivo, como lo hizo el legislador federal, para los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional, en el numeral 772 de la legislación federal obrera. Para dar sustento a la consideración precedente, es oportuno verificar la diferente forma y matices con las que el legislador federal y el local, decidieron regular respectivamente, esta figura al tenor del comparativo siguiente:

Ver comparativo

"De acuerdo a lo anterior, en el Estado de Jalisco y sus Municipios no existe carencia total de la reglamentación necesaria para determinar lo conducente a cuándo puede actualizarse la figura de la caducidad del juicio burocrático local. Ello porque existe disposición expresa, como es el referido numeral 138, en el que el legislador local optó por diseñar una caducidad ordinaria o simple, como ocurre con gran parte de las normas procesales del país (artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 1076 del Código de Comercio, artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, entre otros), en donde únicamente son señalados los elementos fundamentales o básicos para aplicar dicha figura, sin supeditarlo a requerimientos previos, dirigidos a las partes para que impulsen el proceso. Cierto, en una caducidad reglamentada en forma ordinaria el legislador opta por delimitar los aspectos básicos en los que podrá aplicar tal figura, como son el precisar un determinado lapso o plazo legal de caducidad, el presupuesto de que atiende a la inactividad procesal de la parte interesada y falta de actuación procesal. La fijación de determinados parámetros para advertir en qué contextos procesales puede operar, la forma de transcurrir y las consecuencias jurídicas que derivan de dicha figura. Todo ello como expresión de las facultades del legislador para establecer límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa, en congruencia con el artículo 17 constitucional, que refiere la impartición de justicia expedita conforme a los plazos y términos que fijen las leyes. Por ello, la caducidad del precepto 138 opera cualquiera que sea el estado del proceso, si en el lapso de seis meses no se efectúa un acto procesal o promoción alguna. Dicha regla general tiene como excepciones en la materia burocrática laboral cuando esté pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitados. En relación con este punto, están vinculados los artículos 117 y 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que prevén el principio dispositivo del proceso también en materia laboral burocrática, conforme al cual la actividad jurisdiccional se ejerce a petición de los particulares. Lo anterior, obviamente sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los tribunales como rectores del procedimiento, de hacer cumplir los términos y plazos legales del procedimiento para llegar (sic) resolver la controversia deducida como lo manda el artículo 17 constitucional y realizar las actuaciones que les son propias a su facultad jurisdiccional. Lo que ha dado margen a sistemas procesales mixtos, como es el juicio laboral burocrático. El principio dispositivo en dichos sistemas procesales mixtos, implica que el afectado goza de absoluta libertad para excitar la actividad del órgano jurisdiccional, como también una vez acaecido ello, hacer cesar la actividad jurisdiccional. De manera que ante la ausencia de actividad procesal puede presumirse su falta de interés en su prosecución, ya que los juicios no deben durar de manera indefinida, pues ello constituye un problema para la administración de justicia y genera afectación del orden social. Cierto, una de las razones por la cual las diversas legislaciones admiten la caducidad de la instancia, radica en que el Estado, después de un periodo de inactividad procesal prolongado, tiende a librar a sus propios órganos de la necesidad de proveer y cumplir con todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal; pero para que pueda haber caducidad, se requieren dos condiciones generalmente aceptadas: i) el transcurso de un periodo determinado de tiempo; y, ii) la inactividad consistente en no realizar actos de procedimiento, que tengan importancia respecto de la relación procesal, debiendo la inactividad de que se trata, ser imputable a alguna de las partes. Este criterio tiene apoyo en la tesis siguiente de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.’ (se transcribe). Esta clase de caducidad simple u ordinaria no era ajena a la materia laboral, en específico, a la Ley Federal del Trabajo, que originariamente en su artículo 479 derogado, atendía sustancialmente a fijarla a razón de un plazo legal de ausencia de promoción de las partes e inactividad procesal. Precepto que fue considerado constitucional en su momento por el Tribunal Pleno, analizándose las características de esta figura y su conformidad con los artículos 17 y 123 constitucionales, precisándose que tiende a obligar a las partes a que promuevan dentro de breve tiempo, la terminación de los negocios que hubieran intentado. Obligación que el Pleno refirió, es perfectamente justificada, ya que interesa a ambas partes, esto es, a trabajadores y patrones, que los conflictos de trabajo se resuelvan a la mayor brevedad. La consecuencia del principio dispositivo es que la parte actora actúe y deba promover, cuando esto sea necesario, para la continuación del procedimiento, cumpliendo la carga procesal de impulso, que la ley le atribuye, so pena de la sanción de caducidad. De ahí que ese precepto 479 recogía la institución procesal de la caducidad, lo que refirió el Tribunal Pleno, es aceptada casi universalmente por la doctrina jurídica ‘como hecho objetivo, de la inactividad prolongada del actor, reveladora de su falta de interés jurídico, para continuar el ejercicio de la acción por él deducida’, que responde a un principio de interés público, por su finalidad de que no se acumulen indefinidamente los negocios en los tribunales, sino que rápidamente desaparezcan de la atención de los mismos, para que puedan dedicarla al tratamiento de los nuevos pleitos que se les sometan y a otra razón, también de interés público, la de la prontitud en la expedición de la justicia, ante la que cede todo interés particular. De esa forma, en el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el legislador local decidió reglamentar la caducidad de manera ordinaria o simple, como antes lo hacía la Ley Federal del Trabajo en el artículo 479 derogado, desde el instante en que la configuró normativamente sólo con las condiciones fundamentales en que puede ocurrir. Esto es, al precisar únicamente los siguientes elementos básicos bajo los que puede caducar el procedimiento, que se desprenden de su sola literalidad: La fijación de un plazo legal de caducidad, a razón de una inactividad procesal mayor a seis meses. Sujetar la figura a requisitos básicos como es la ausencia de prosecución procesal, es decir, que no se haya efectuado algún acto procesal, ni promoción durante el lapso mayor a seis meses, así sea con el fin de pedir que se dicte el laudo. Un contexto elemental en que puede ocurrir la caducidad, que es en cualquier estado del juicio con el fin de que sea dictado el laudo. Dispone limitantes normativas mínimas para que transcurra la caducidad, es decir, al restringirla cuando está pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o de recibirse informes, o bien, copias certificadas que hayan sido solicitadas. Declaración de la caducidad a petición de parte interesada, o de oficio, una vez consumada. En consecuencia, no contempla un mecanismo especial o de tutela reforzado para restringir la figura, ni restringe la forma en que puede empezar a transcurrir, más allá de aspectos que son connaturales a la naturaleza de la caducidad, como es no correr si no exista un deber de impulso razonable y exigible. Por lo que dentro de las prescripciones que regulan dicha caducidad en el juicio burocrático no aparece reflejado un mecanismo restrictivo como el que eligió el creador del texto vigente del numeral 772 de la Ley Federal del Trabajo, para que inicie el cómputo del plazo de caducidad (mediante condiciones o limitantes de mayor intensidad para que transcurra), cuyo fin es reducir los casos en que esa institución pueda ocasionar perjuicio a un trabajador, por la sola falta de impulso procesal. Cierto, los trabajos legislativos del que derivó esta norma en su texto vigente (publicada el cuatro de enero de mil novecientos ochenta), revelan que el legislador expresamente decidió reformarla para adoptar un mecanismo que ‘matizara’ la caducidad en beneficio de los trabajadores a quienes rige la Ley Federal del Trabajo (los señalados en el apartado A del artículo 123 constitucional). De la respectiva exposición de motivos de la iniciativa de reforma y dictámenes recaídos, se aprecia que en ese caso existió una voluntad específica del legislador de adecuar la figura, incorporando requisitos de mayor tutela obrera, como los señalados en el numeral 772, porque, se dijo, el principio dispositivo llevado al extremo limita seriamente la actuación de los tribunales, de modo que los presidentes de las Juntas debían cuidar de que los procedimientos no quedaran suspendidos salvo en los casos previstos en ley. Aunado a ello, que si bien, se conservaba la figura de la caducidad, se encontraba ‘matizada en beneficio del trabajador’, ya que la Junta requerirá de oficio a éste para que active el procedimiento, en el caso de que haya dejado de promover en los últimos tres meses; y tal figura comenzaría a contarse a partir de la notificación que se hiciera al trabajador de tal requerimiento. Inclusive, al efectuarse la discusión de la reforma en la Cámara de Origen (Diputados), la intervención del diputado Luis Velázquez, quien hizo referencia a esta figura, fue coincidente sobre dicha caducidad matizada, al precisar: ‘... Solicitamos a la Comisión Dictaminadora en su reunión de estudio, que para que (sic) figura de la caducidad esté matizada totalmente en beneficio del trabajador, es necesario seguir otorgando la garantía de audiencia que actualmente consagra el artículo 727 de la ley vigente, pidiéndose incorporar al dictamen de esta iniciativa.’. Luego, la reforma legal de la que derivó el artículo 772 implicó que el legislador federal optó por una caducidad matizada, al fijar como condiciones previas para que pueda empezar a transcurrir el plazo de caducidad de seis meses, en juicio laborales de los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional, los siguientes: i) tratándose de la parte trabajadora cuya promoción sea necesaria, un requerimiento previo de actuar en tal sentido, en caso de inactividad procesal por tres meses, con el apercibimiento que de no hacerlo podrá operar la caducidad; ii) para trabajadores patrocinados por un procurador del Trabajo, el deber de la Junta de notificar el citado requerimiento de impulso procesal, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes; y, iii) de no tener ese patrocinio el obrero, la obligación de hacerle saber a la procuraduría la situación de inactividad procesal, para que intervenga ante el trabajador, le precise las consecuencias legales de falta de promoción (tener por desistida de la acción, según lo dispone el artículo 773), así como proporcionarle asesoría legal en caso de que se la requiera. De lo anterior deriva, que la caducidad reglamentada en la Ley Federal del Trabajo, contiene porciones normativas en que el legislador dejó patente la finalidad de restringirla en mayor medida en pro de los trabajadores regidos por aquella legislación, es decir, reducir los supuestos en que ordinariamente podría actualizarse, al condicionar expresamente a la Junta del conocimiento a que para poderla declarar, previamente debería cumplir con el mecanismo de tutela reforzado materia de la reforma, como el señalado requerimiento previo al obrero, cuando cae en inactividad. En ese supuesto, el legislador federal no deja transcurrir la caducidad en forma simple, como sería en virtud del solo transcurso de determinado plazo legal en donde quedara evidenciada la inactividad procesal que sanciona este tipo de instituciones, como sucede normalmente con la mayoría de normas procesales y atento a que esta figura obedece simplemente al incumplimiento del deber de impulsar el procedimiento para impedir que se extinga la instancia, en miras a cumplir con el principio de administración de justicia pronta y expedita, al igual que el de seguridad jurídica, tutelados también a nivel constitucional (artículos 14 y 17 de la Norma Fundamental). De modo que en el juicio burocrático del Estado de Jalisco, la manera de regular la institución en consulta fue con limitantes simples y mínimas. Por ello es que no se cumple el citado requisito de deficiencia normativa a suplir, para que opere la supletoriedad pretendida, porque el artículo 138 en consulta, sí regula la institución de la caducidad y lo hace bajo una modalidad ordinaria, como en similar sentido está previsto en el artículo 140 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, contenido en el título séptimo ‘Del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del procedimiento ante el mismo’, capítulo III. De ahí que opuesto a lo que pretende la parte quejosa, la ausencia de norma en la legislación burocrática local, sobre el tema de requerimiento previo al trabajador para que impulse el proceso, no implica forzosamente que exista una laguna o deficiencia normativa a suplir. Es decir, puede tratarse válidamente de una forma distinta de reglamentar dicha institució

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24162-b912612f/caducidad-en-el-proceso-laboral-el-articulo-138 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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